¿Ha llegado el momento de que se pongan las pilas en el Parlamento?

A finales de enero, la Encuesta de Población Activa del INE nos daba una alegría: el año 2015 había terminado con casi 700.000 parados menos, una bajada record en la serie histórica. Como es habitual, el Gobierno lo achacó a su reforma laboral y la oposición a otros factores, como la política del Banco Central Europeo de regarnos con dinero barato, el cambio tan ventajoso del euro frente al dólar y el bajísimo precio del petróleo. Pero, incluso con este descenso del número de parados y al margen de quién tenga más razón, el problema de fondo sigue ahí: ¿por qué en España el paro es muy superior al del resto de la Unión Europea? Según Eurostat, en febrero de 2015 nuestro paro superaba el 23% mientras que el promedio de la UE era del 9,8%. Da igual que estemos en época de vacas gordas o flacas: nuestros índices de paro son siempre muy superiores al resto de Europa. ¿Qué sucede en este país para que esto sea así? ¿Por qué llevamos ya tres crisis económicas desde principios de los años 80 (esa, la de los años 92-93 y la actual) viendo como una y otra vez el paro se dispara a niveles insólitos y, después de 30 años, seguimos sin dar con la solución? Siendo un problema tan grave, ¿por qué en todos estos años el Congreso de los Diputados no ha creado una comisión de estudio encargada de analizar a fondo el problema y dar con una solución definitiva?

Otro ejemplo: muchos analistas afirman que, en este mundo tan globalizado, es fundamental para la economía de un país tener un sector industrial potente, competitivo y muy orientado a la exportación. Pues bien, mientras que en 1980 el sector industrial de nuestro país contribuía a la economía nacional (Valor Añadido Bruto) en un 30,2% y empleaba al 27,2% de la población ocupada, más de treinta años después este sector ha quedado reducido a menos de la mitad, de modo que en 2012 ya solo contribuía en un 15,2% y empleaba al 12,3%. El problema es tan gordo que los últimos gobiernos se han visto obligados a anunciar sucesivos planes de reindustrialización. Es cierto que no es un asunto nada sencillo. Ni siquiera es evidente qué teclas clave conviene tocar para llevar a cabo esa reindustrialización, qué tipo de industrias tienen futuro y cuáles no, y qué papel deberían jugar los gobiernos y cuál no. Pero, igual que en el tema anterior, sería lógico que en estos años el Congreso hubiera creado una comisión de estudio, que escuchase a los expertos de los diversos sectores industriales, que analizase la experiencia de aquellos países que nos podrían servir de modelo y que, finalmente, elaborase una serie de propuestas y líneas de actuación a corto, medio y largo plazo.

Podrían ponerse muchos más ejemplos de ámbitos importantes en los que estamos atascados en problemas de fondo desde hace años (como la justicia, la educación, las Administraciones Públicas, la natalidad, etc.) y en los que los sucesivos gobiernos no parecen haber dado con la estrategia de actuación adecuada. Todos ellos tienen en común que son asuntos muy complejos y que, para intentar solucionarlos, hay que estudiarlos y debatirlos a fondo, para diagnosticarlos correctamente, y después establecer los planes de acción que se precisen con una visión de largo plazo.

Aquí topamos con una de las mayores carencias que tiene nuestro sistema político:

–          Ni los partidos suelen estudiar este tipo de problemas del modo indicado, al haberse acostumbrado a hacer sus programas electorales deprisa y corriendo en unos pocos meses y con la ayuda de unos pocos expertos.

–          Ni las Administraciones Públicas suelen dedicar tiempo y recursos a producir ese tipo de libros blancos con el análisis y la visión estratégica que se necesitan, en gran medida porque a menudo los políticos que acceden al ministerio correspondiente no quieren perder tiempo en cosas cuyos frutos no van a poder rentabilizar ellos.

–          Ni el Parlamento, acostumbrado a funcionar como una mera correa de transmisión del partido gobernante, se ha planteado actuar de modo autónomo y tomar sus propias iniciativas en los temas fundamentales.

Estamos, pues, ante el resultado de una cultura política dominante en España, que prima la miopía del cortoplacismo y de las iniciativas de rentabilización electoral fácil y rápida.

En otras ocasiones hemos hablado de lo que tendrían que hacer los partidos y las Administraciones Públicas ante esta cuestión. En cuanto al Parlamento, esta legislatura ofrece una gran oportunidad, precisamente por estar tan repartido el número de escaños entre los cuatro partidos principales y porque muchos de los parlamentarios son nuevos y vendrán con ganas de cambiar cosas. Esto debería incentivar un mayor protagonismo del Parlamento y una mayor autonomía respecto del Gobierno de lo que hemos visto en el pasado. Pero sería conveniente que, además, se adoptaran algunas medidas. Una, desde luego, es la que ya hemos mencionado: que los partidos con mayor representación parlamentaria se pongan de acuerdo en crear comisiones de estudio sobre los problemas que consideren más prioritarios de la agenda política. Sería un paso importante porque supondría pasar de una actitud pasiva, a remolque de los proyectos del Gobierno, a tomar la iniciativa con decisiones emanadas del propio Parlamento.

Otra medida importante sería dotar a cada uno de los grupos parlamentarios de un presupuesto que les permitiese contratar a un determinado número de asesores o encargar a universidades u otras entidades especializadas los estudios que precisen para profundizar en aquellas materias consideradas más prioritarias por cada grupo. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la reindustrialización al que me he referido antes. Un grupo parlamentario no tiene por qué tener expertos en esa materia y lo lógico es que, si de verdad quiere comprender a fondo toda su complejidad y ser capaz de elaborar las propuestas que de verdad se requieren, dedique gente a estudiar documentos, reunirse con los auténticos expertos, saber cómo lo han hecho en otros países y qué experiencias aprovechables ha habido en el nuestro. Esa gente tendría que ser, en primer lugar, los propios diputados; pero, en la medida en que dispongan del apoyo de otro personal cualificado que les pueda ayudar, su labor será mucho más efectiva y, en consecuencia, lo será también la del propio Parlamento.

Naturalmente, todo esto pasa porque se cumpla, como requisito previo, que los diferentes grupos parlamentarios, y por consiguiente sus respectivos partidos, se convenzan de la necesidad y utilidad de este trabajo, asuman su responsabilidad de encontrar soluciones realmente válidas sobre el tipo de asuntos mencionados, al margen de su rentabilidad mediática, y decidan tomar este tipo de iniciativas, sin esperar a lo que haga el Gobierno.

En realidad, el cambio tiene mucha más trascendencia de lo que pueda parecer, porque implicaría que, por fin, uno de los tres poderes que debe tener cualquier democracia sana, el Legislativo, asume su propia autonomía y empieza a funcionar con su propia agenda política. Algo parecido a lo que sucede en otros países que, como Estados Unidos, tienen democracias más maduras. Pero, ¿alcanzará a esta cuestión la regeneración política que nos anunciaron los nuevos partidos?