¿En qué momento se jodió la justicia? Imagen de Steve Buissinne en Pixabay

¿En qué momento se jodió el Perú? es una de las frases más conocidas del mejor libro de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Sirve en cualquier ámbito. Hay nudos temporales en los que parece curvarse el espacio-tiempo y tienen una importancia decisiva en el futuro.

Quizá sea un principio demasiado dramático para hablar de la Justicia, pero hay que generar una cierta tensión inicial.

El primer momento decisivo fue la aprobación de la Constitución de 1978. Colocaos en ese instante. La gente vive en esa excitación efervescente de la caída de una dictadura y el nacimiento de algo nuevo. Algo que se empieza a definir en un texto escrito: la Constitución.

Fuera de nuestras fronteras, el constitucionalismo tenía más de dos siglos y nuestros constituyentes podían hurgar en muy distintos textos para construir el nuestro. Y una de las cuestiones esenciales que debían resolver era la de la independencia judicial, ya que bien sabían, desde la Constitución revolucionaria francesa de 1789, que sin división de poderes no hay Constitución. Cualquier dictadura lo primero que pretende es someter a la Justicia. Por lo que, para no volver a las andadas, era esencial no sólo proclamar esa independencia, sino garantizarla frente a las tendencias expansivas del poder.

El modelo elegido fue el italiano (tan perfecto o imperfecto como cualquier otro). La Constitución imaginó un Gobierno de los jueces (el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) de 20 miembros con una duración de 5 años en el cargo. Y, claro, lo determinante era cómo se elegían esos 20 gobernadores de la justicia. La Constitución dijo que 8 se elegirían entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5. Los otros 12 se debían elegir entre jueces y magistrados, aunque la Constitución no dijo quién los elegía.

En el inicial fervor democrático, casi todos intentaban demostrar que la nuestra podía ser de las mejores democracias, dejando atrás 40 años de dictadura. Y la ley orgánica del poder judicial de 1980 fue un buen ejemplo. Todos entendieron y así lo recogió esta ley que lo que quería la Constitución era que 8 miembros del CGPJ se eligieran por el Parlamento y 12 por los propios jueces y magistrados; de forma que estuviera garantizada su independencia del poder político.

El segundo momento estelar es el 1 de julio de 1985 en que se aprobó la vigente ley orgánica del poder judicial y el entonces vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra, dijo aquello de “Montesquieu ha muerto”.

En 1982 el PSOE de Felipe González había ganado las elecciones con mayoría absoluta, pero tenía la sensación de que la cúpula judicial no se correspondía con esa oleada de sentimiento socialista manifestado en las elecciones. El tiempo lo hubiera ido corrigiendo ya que a medida que la judicatura se fuese nutriendo de las nuevas generaciones sería más representativa de la ideología dominante. Pero todo gobernante tiene las prisas derivadas de que su proyecto es de 4 años. Por lo que había que someter a la Justicia. Y, desde entonces, los 20 miembros del CGPJ se eligen por el Parlamento por mayoría de 3/5 (10 por el Congreso y 10 por el Senado).

1986. El Tribunal Constitucional está fuertemente dividido en el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del poder judicial del 85. La presión era enorme; es la primera vez que se afirma en los medios eso que luego hemos oído hasta la saciedad de que se está cambiando la Constitución por la puerta de atrás. Finalmente, la Sentencia 108/1986 validó la ley, pero advirtió de que sería inconstitucional si el Parlamento a la hora de hacer las designaciones distribuyese “los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”. Es decir, exactamente lo que ha ocurrido.

En nuestro viaje en el tiempo, nos encontramos en 2001 con el primer gobierno del PP con mayoría absoluta. Ese partido, que había llevado en su programa cambiar la ley del poder judicial para volver al sistema de 1980, presenta el acuerdo de reforma de la justicia para negociarlo con el PSOE. Y ¡oh sorpresa! Lo primero que se cae del acuerdo es el cumplimiento de ese compromiso programático. ¿Por qué? Porque todos los partidos están encantados de tener a sus vocales en el gobierno de los jueces.

Inoculado en la justicia el potente virus de lo político desde 1985 y sin aplicarle un remedio efectivo ¿realmente nos extraña lo que vemos? La justicia convertida en el principal campo de batalla de los partidos.

Como recomienda la Comisión europea lo ideal sería volver al sistema de designación judicial de los 12 vocales. Pero lo cierto es que el PSOE desconfía, porque sigue pensando que la mayoría de los jueces son conservadores, y hoy el PP tampoco lo propone.

En el modelo democrático en el que nos dicen que vivimos, la Justicia no ha de ser democrática, sino independiente y sometida únicamente a la ley. Si eso no está garantizado, el modelo se pervierte y eso del Estado de Derecho empieza a desdibujarse. No nos dejemos engañar.

8 comentarios

8 Respuestas a “¿En qué momento se jodió la justicia?”

  1. pasmao dice:

    Excelente exposición Don Isaac

    O cuando se redactó la C78, por su ¿indefinición?, o cuando el TC aceptó pulpo como animal de compañía. Que en el 85 descabezaran a Montesquieau, o fue posible porque la Constitución no era clara, o fue posible porque el TC se vendió. Que el PP no haya demostrado ningún entusiasmo por volver a 1980 es también muy significativo.

    Lo que nos lleva, de ser éste segundo caso al cómo se eligen los Magistrados del TC, visto lo visto, mucho más importante que la elección de los vocales del CGPJ.

    No sé exactamente que dice la C78 al respecto. Pero que no sea una sala más del Supremo no creo que sea casual. Y la sensación de que sabían muy bien lo que se hacían, ya en el 78, con esas indefiniciones, es algo que según pasa el tiempo parece más que obvio.

    Lo que está claro es que esa C78 después de todas esas modificaciones por la puerta de atrás, como dice usted, sin aprobación por 3/5 (¿o son 2/3?) del Congreso, disolución de cámaras, referéndum, aprobación del referéndum, nuevas elecciones y nueva aprobación… hacen que lo que hay ahora se parezca como un huevo a una castaña; respecto lo que votaron los españoles en 1978.

    Y si lo que votamos no es lo que hay ahora ¿se debe obedecer y respetar?

    Y lo que es peor. Entonces se hizo de la Ley a la Ley, pero si ahora el Estado de Derecho rige mucho menos que el 77, por desgracia. ¿Como se podrían hacer las cosas “bien” si no fuera por la fuerza?

    Porque por otro lado la separación de poderes tiene sentido en un Estado que tenga plena soberanía. Pero ¿Es España un Estado soberano?

    Nuestra dependencia de poderes donde la separación de poderes no existe como, la UE (donde gobierna una camarilla de funcionarios) y de la OTAN, mas una deuda que puede rondar el 140% respecto del PIB hacen que esa separación de poderes local (Nacional) suene a risa.

    Cuando además esa UE y esa OTAN funcionan a su vez de manera cada vez mas despótica, solo hay que ver como apoya la censura y el control de las RRSS, y en vez de garantizar que a pesar de haber cedido soberanía, se sigua velando por nuestros derechos, pareciera lo contario. O sino que se lo digan a Orban.

    Por último tenemos esa última elección de los vocales del CGPJ, por PPSOE bajo el amparo de Bruselas, antes de las elecciones Uropeas; pero enterándonos después. Y que se ha intentado tapar por los medios afines al PP vendiendo primero que poco más o menos que el PP había “engañado” al PSOE, y que además lo había vuelto a hacer (engañar al PSOE) poniendo de Presidente a esa señora, que en teoría no va a responder ante Sánchez.

    Y al que no se lo quiera creer que San Pedro se la bendiga.

    Medios afines al PP, donde jamás se cuestiona que esos vocales que responden en la práctica ante políticos sean los que hayan nombrado Presidente a una señora que responderá ante políticos, y no ante vocales elegidos como en 1980. Medios, como El Debate, que daba sonrojo leer.

    Un atento saludo

  2. Cristóbal dice:

    Felicidades por la reflexión y el comentario .

    INTERPRETE , INTERPRETE ,INTERPRETE . Tres palabras iguales que según donde se ponga el acento cambia su significado significativamente , valga la redundancia . La primera puede referirse a una persona representando una obra , la segunda puede referirse a un mandato de una persona a otra ,y la tercera puede referirse a una acción pasada de una persona , en las que todas forman parte del un mismo gremio profesional , la interpretación . Digo esto para dar importancia de donde se ponen los acentos , algo que se ha obviado en la constitución , faltan puntos y comas . No se puede decir que España es la nación indivisible de los españoles y luego decir que hay un reconocimiento especial hacia ciertas comunidades llamadas históricas y además con unos estatutos a la carta . Donde queda aquí la igualdad entre españoles . Es un nudo gordiano para la justicia y por consiguiente para todos los españoles. Pareciera que la constitución hubiese estado redactada por los que saben sacar provecho de su singularidad, de la que alardean , y de la que tantos ejemplos nos dan a diario .
    No quiero alargarme ,para terminar solo diré que la constitución que tenemos no es la que votaron los españoles o no es como la interpreta la política , alguien se equivoca . Solo queda apelar a la justicia y la razón , para hacer creíble el artículo uno de la constitución .

  3. O'farrill dice:

    La respuesta es obvia: cuando el Derecho suplantó a la Justicia. Cuando el Derecho, simple e importante herramienta para al administración de Justicia, se puso en las manos de los partidos políticos, bien por vía electoral (sistema D’Hont inconstitucional.- artº 14 igualdad ante la ley) o constitucional (artº 87.1) «La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno (en primer lugar), al Congreso y al Senado». Como vemos una total incoherencia juirídica en la separación de poderes. Aún más, cuando una gran parte de las normas constitucionales se dejan a expensas «de lo que digan las leyes» (posteriores). Esto daba lugar y entrada absoluta a las modificaciones por la puerta de atrás de la Constitución como advirtió en su día Pedro de Vega y algunos otros. A la inseguridad jurídica general propia de los «estados fallidos» o de las dictaduras de todo tipo.
    Cuando el llamado «Derecho positivo» (de los gobiernos) suplanta al Derecho Natural de las naciones y pueblos del mundo y a sus normas de convivencia, la Justicia sufrió las consecuencias.
    El Estado es un «constructo» que sirve para someter a los pueblos y gentes a los deseos de élites, oligarquías o simples tiranos («El estado soy yo»),
    «sensu contrario» es la forma de controlar al poder a través de instituciones y servidores públicos, cuya lealtad al Estado puede producir la desobediencia a órdenes inconstitucionales de los gobiernos para proteger la soberanía nacional (artº 1.2 C.E.). A su frente hay una institución responsable de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones» (artº 56 C.E.) con amplios poderes recogidos en el artº 62 de la C.E. entre ellos «sancionar y promulgar las leyes». Que esto se haya interpretado en el artº 91 de la C.E. como una «obligación» del Jefe del Estado, es la más burda e interesada forma de manipulación jurídica del texto constitucional. No es una obligación, sino una atribución (en este caso del Rey como Jefe del Estado) de las recogidas en el artº 62) para sancionar con su firma o rechazar en su caso las normas.
    En cuanto al cambio inconstitucional del sentido del artº 122, 2 y 3 de la C.E.) que acabó con la separación de poderes, no hay que olvidar quién y para qué EE.UU se insmicuyó (como hace siempre) en la tutela política e incluso en la financiación a través de Alemania del nuevo PSOE de Suresnes para colocarlo al frente del gobierno y pasara del «OTAN no» de Suárez al «OTAN,SI» de González porque «hay que ser socialistas antes que marxistas». Un «estado social y democrático de Derecho»(artº 1.1 de la C.E.) como pensamiento único de una Europa destruída en la 2ª G.M.
    La Justicia se resiente porque quienes han jurado lealtad a la Constitución y al Estado, han cambiado la misma y se ponen de perfil (salvo excepciones ejemplares) ante el dilema personal de conocer y aún avalar actos inconstitucionales o perder su situación personal.
    Un saludo.
    .

  4. O'farrill dice:

    También se dice que «cuando se produce una sentencia injusta». Es decir, cuando se producen sentencias que no tienen en cuenta la propia Constitución al aplicar leyes inconstitucionales, al adaptarse a una producción determinada de sentencias diarias que impiden profundizar en los casos, al establecer la carga de la prueba no en el demandante sino en el demandado, al dar prevalencia de veracidad a entidades determinadas sobre particulares, al cargar las costas sobre la parte más débil (cuando se produce) desincentivando las reclamaciones… etc.etc..Un simple apunte.
    Un saludo.

  5. Manu Oquendo dice:

    Como de costumbre en nuestra historia, el Socialismo destruyó lo que pudo.

  6. O'farrill dice:

    Querido Manu:Como tú sabes, el socialismo ha hecho lo que le han dejado hacer quienes controlan gobiernos, estados y sociedades.. En este caso concreto del artículo no hay ideología, sino simple desidia, miedo o comodidad de responsabilidades institucionales desde el Estado. Un artículo en «HD» de una magistrada decía: «Hemos fallado, Les hemos fallado. Esta vez la responsabilidad es enteramente nuestra por haber callado, por tener miedo».
    Esto es lo que hay. Si se detecta pasividad en los altos responsables institucionales del Estado ante todo lo que está ocurriendo, de eso no tiene la culpa el socialismo (ahora neosocialismo si quieres) sino todos aquellos que han asumido y jurado lealtad al Estado (no al gobierno) se hayan dejado seducir por su teórica dependencia del mismo. Y digo teórica porque todos ellos gozan de inamovilidad constitucional (salvo situaciones delictivas).
    Que no nos equivoquen.
    Un saludo.

  7. Manu Oquendo dice:

    Tengo que discrepar, querido O’Farrill. Guerra lo dijo bien claro y desde Felipe González arrastramos una grave injerencia en el Poder Judicial que ha prostituido la Constitución. No es la única pero fue muy importante y no tiene excusa posible.
    Una injerencia pertinaz y dolosa que, al ignorarla, indica que no terminamos de conocer al socialismo. No pararán hasta que esto sea un sistema totalitario fetén y a las pruebas me remito a propósito del escandaloso fraude electoral de Maduro en Venezuela y el paralelismo de los pasos seguidos por Chavez y Maduro con los de Zapatero y Sánchez hasta la reciente y vergonzosa toma del TC.

    Además lo explica perfectamente el libro de Laclau y Mouffe «Hegemonía y estrategia socialista» (1987) «Solo habrá inclusividad para quienes acepten de corazón nuestra victoria». Traducción: «Solo habrá alternancia mientras no nos quede más remedio».
    Saludos

  8. O'farrill dice:

    No es una discrepancia, sino una confirmación de lo expuesto.
    Ni Guerra sería Guerra, ni Felipe González líder del PSOE si hubieran sido socialistas de «pura cepa» como eran los que fueron quitando de enmedio siempre bajo la orientación de EE.UU., su apoyo económico y político y el dinero que llegaba de Alemania.
    Otra cosa diferente pero muy importante son los textos de los socialitas de verdad (marxistas) depurados por los nuevos para hacerse con el poder y llegar a establecer un socialismo blando (socialdemocracia) como pensamiento único que interesaba a la hegemonía imperial: un colchón en Europa (por si acaso) que evitase el choque en caso de producirse.
    Nuestro «socialismo» particular tenía además una «hoja de ruta» donde la «autodeterminación de los pueblos de España» se está cumpliendo a rajatabla.al igual que se ha cumplido la desaparición del PCE y, sobre todo, de sus líderes de la vieja escuela, para ser sustituídos por las nuevas religiones «woke».
    Y no sólo en España. También en esa cosa confusa llamada UE controlada por EE.UU con una hábil estrategia de formar a sus dirigentes en gran parte.
    Por eso no se puede situar la situación de la Justicia en un momento determinado. La Justicia, como el resto de las instituciones han mirado siempre a la Jefatura del Estado como ejemplo a seguir y han esperado una actitud firme ante los muchos despropósitos legislativos que había que sancionar a la fuerza. Esa «atribución» no es una «obligación» como se ha intentado colar jurídicamente. Si no se hubieran apoyado y difundido desde el principio normas inconstitucionales o se hubiera exigido el funcionamiento constitucional de las instituciones del Estado. Otro gallo nos cantaría.
    Un saludo.

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