BECAS

Más que para saber, muchos acuden a la universidad para obtener los títulos que allí se otorgan, porque suponen, o quieren creer, que cuanto mayor y mejor sea la titulación que se tenga, tanto mejores serán los trabajos a desempeñar así como sus remuneraciones.

Pero la titulación no siempre lleva emparejada la cualificación y cuando la cualificación se tiene no siempre se necesita. Entendidos como un bien de mercado, la abundancia de saberes académicos no suele corresponderse con las demandas del desarrollo económico. Ya se sabe, cuando un bien es abundante su precio baja. A lo que se puede añadir que, cuando un bien se fabrica en masa de modo que sea asequible y llegue a más consumidores, su calidad suele resentirse.

Se produce así un desfase entre la formación que puede acreditarse (idiomas, másteres, doctorados, dobles titulaciones, seminarios, periodos en prácticas, etcétera) y las competencias que se demandan para muchos puestos de trabajo. Dicho en términos economicistas: se gasta mucho tiempo y mucho dinero en fabricar un producto mediocre que, además, no se necesita.

En cualquier caso, el mensaje que relaciona el paso por la universidad con la promesa de un empleo mejor en el futuro ha calado en todas las capas de la sociedad. Y en esa concepción que tenemos del estado del bienestar, se considera que el acceso a la educación superior es uno de los servicios a los que tenemos derecho. Y este derecho incluye que esta educación sea muy barata, incluso gratuita, de forma que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para el que quiera recibirla.

Partiendo de esta premisa, hay una especie de beca general para todos los jóvenes que cursan estudios superiores en el sistema público de enseñanza. Alrededor del 80% del coste de los estudios universitarios es pagado por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Y para recibir esta subvención no se tiene en cuenta ni la renta ni la nota, aunque esta última sí condiciona que se puedan elegir unas carreras u otras. El 20 % restante lo tiene que pagar el alumno, aunque existen becas de matrícula para financiar aquellos casos en los que no se disponga de medios para costearlo.

Además de estas becas existen otras destinadas a colaborar en el pago de los desplazamientos, los libros, el alojamiento en una comunidad autónoma diferente de la propia o incluso un salario, con las que se pretende contribuir a que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación universitaria, con independencia de su lugar de nacimiento y su renta familiar.

Se piensa que todas estas medidas garantizan la equidad y reducen las diferencias sociales, que son un mecanismo de justicia social, pero no es cierto. En primer lugar porque los requisitos para recibir algunas de estas becas, como es el caso de las becas de movilidad entre comunidades autónomas, están próximos al umbral de pobreza y su dotación no cubre la cuantía de los gastos a los que están destinadas; lo que determina que, en la práctica, una amplia mayoría de estudiantes no pueda estudiar fuera de su lugar habitual de residencia, lo que limita sus posibilidades de elección incluso dentro del sistema público.

Pero, sobre todo, esta supuesta justicia social es muy discutible porque el reparto no le llega a todos sino solo a aquellos jóvenes que han querido y han podido seguir estudiando, mientras que no se ofrece una ayuda o prestación similar a aquellos que quieren iniciar su vida laboral y necesitarían una financiación para iniciar sus proyectos. Porque tan válido y tan legítimo es invertir en los futuros titulados como en los nuevos empresarios y trabajadores autónomos.

El hecho es que se está pagando con el dinero de todos la educación de unos pocos, sin distinguir entre los que tienen recursos y los que carecen de ellos ni exigir una contrapartida por los privilegios que se están ofreciendo.

Y se da la situación de que un número significativo de alumnos prolongan más allá de lo necesario su tiempo de permanencia en la universidad, empleando para realizar sus estudios muchos más cursos de los que se necesitarían. Son alumnos becados, aunque no se consideren como tales, a los que no se les retira la ayuda ni se les demanda que paguen el precio real de aquello que no están aprovechando. Es más, incluso esta situación se utiliza como argumento para justificar que a los alumnos declaradamente becados, aquellos que reciben un dinero extra además de la subvención general, no se les pida ningún requisito que no se les esté exigiendo a los otros, ya que hacerlo sería una forma de discriminación o de colocarlos en una situación de desigualdad.

Y sorprende la falta de exigencia en uno y otro caso. Porque conviene recordar que, antes de la implantación del estado del bienestar, las becas las concedían los mecenas, las clases más pudientes, con la intención de captar a los mejores elementos de las clases más humildes. Con ello los ponían a su servicio y de paso se renovaban, evitaban la endogamia y la degeneración que traía consigo. Lo que antes hacían los mecenas o las oligarquías hoy le corresponde al Estado, pero las contrapartidas no son las mismas. Quien recibe una aportación que procede del esfuerzo colectivo y le coloca en una posición de privilegio tiene la responsabilidad de aprovecharla y de hacer algo con ella, algo que vaya más allá del propio beneficio personal.

Y al hablar de contrapartidas no me estoy refiriendo exclusivamente a poner al servicio del Estado, o del país, los conocimientos de los ingenieros, técnicos o economistas que ha contribuido a formar, de manera que en conjunto resulte más competitivo y esta competitividad nos revierta a todos. También estoy hablando de otra cosa; estoy hablando de facilitar la vida de los demás, de contribuir a que lleguen a estar mejor de lo que ahora están, de iluminar y enriquecer el mundo sórdido en el que nos encontramos. Aunque para hacer esto no es preciso, y puede ser contraproducente, acudir a la universidad que tenemos ahora.

Es una decisión social, pero parece que estamos optando por una universidad de masas en lugar de hacerlo por una universidad de élite, parece que estamos primando la cantidad sobre la calidad. Y estamos olvidando que poner los conocimientos a disposición del dominio público y facilitar el acceso a ellos, de forma que todo el que quiera aprender tenga la posibilidad de hacerlo, no es lo mismo que lograr que todo el mundo sepa. Especialmente si todo está diseñado para que haya un único lugar donde aprender, solo se pueda aprender lo que allí se determina y haya una única forma de hacerlo.

Si estudiar no tuviera las connotaciones mercantilistas que ahora tiene y además se aplicara el lema de la Academia de Atenas, No entre aquí quien no sepa Geometría, la mayoría de las universidades ya se habrían cerrado o estarían vacías. Aunque estuvieran completamente financiadas y dotadas con todos los medios que fueran precisos y la falta de dinero no fuera un obstáculo para acceder a ellas.

La educación siempre es un bien y nunca se tiene la suficiente, cuanta más educación para un mayor número de personas tanto mejor. Pero no debe confundirse la universalización de la educación con la asistencia masiva a las escuelas, por muy superiores que estas sean. Ni debe confundirse la búsqueda del conocimiento con el aprendizaje de una técnica, aunque sea la que tienen el astronauta o el cirujano.

En un mundo ideal, alguien tendrá que ocuparse de esas cosas, preferiblemente el que tenga más capacidad, más corazón y más generosidad para hacerlas; cada uno la parte que le corresponde y que esté dispuesto a asumir; pero solo lo justo, ni un segundo más. Para dedicar todo el tiempo disponible a los asuntos esenciales: respirar, moverse, dormir, soñar, estudiar, observar, sentir, admirar y maravillarse, y todo aquello que nos haga más ligeros, más humildes y más felices.