Amnistía o indulto

En un día normal, un ciudadano normal, con una familia y un trabajo normales, circulaba por una carretera normal. Nadie sabe por qué se metió en sentido contrario por una autovía. Otro ciudadano normal circulaba correctamente por la misma autovía. Chocaron frontalmente. El segundo ciudadano falleció. El primero sobrevivió. Cosas del destino. Fue condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción con grave desprecio para la vida en concurso con un delito de homicidio. Gobernando el PP y siendo Ministro de Justicia Ruiz Gallardón, el Gobierno le concedió un indulto parcial, conmutando la pena de prisión que restaba por cumplir por la de multa (previa indemnización de los daños). El indulto se basó en que el penado dio explícitas muestras de arrepentimiento, aparte de que el hecho ocurrió en 2003, la condena recayó en 2012 y en ese tiempo había acreditado una plena reinserción, finalidad prioritaria de la pena.

El indulto causó un enorme revuelo mediático y fue recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por familiares de la víctima. En una Sentencia de 2013 en la que el Pleno de esa Sala quedó partido por la mitad (de los 36 magistrados, 13 firmaron votos particulares discrepantes), el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia sobre los indultos. Hasta entonces había dicho que el indulto era una potestad discrecional y que sólo eran revisables los elementos formales de la decisión, es decir, el respeto al procedimiento; pero no eran fiscalizables los motivos del Gobierno para indultar. En esa sentencia del Pleno todo cambió. El Tribunal Supremo puede controlar la motivación que da el Gobierno para indultar en relación con las “razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justifiquen”.

Es ya bastante evidente que el Gobierno presidido por Sánchez va a indultar a los políticos catalanes condenados por el procés (recordemos que nada menos que por delitos de sedición y malversación de caudales públicos). Y eso, aunque, según las encuestas, el 80% de los españoles se opone a esa medida de gracia (entre ellos, el propio Presidente del Gobierno de hace poco más de un año, aunque ahora esté en otra cosa).

El derecho de gracia siempre ha sido algo polémico. No deja de ser un residuo del poder del Monarca absoluto, del que, por la gracia de Dios, emanaban todos los poderes del Estado, incluido el judicial. Por ello, el Rey se reservaba la última palabra en materia de Justicia.

En ese derecho de gracia se suelen distinguir la amnistía, el indulto general y el indulto particular. La amnistía es la figura más radical, dado que supone que se deje de considerar el acto como ilícito, de manera retroactiva. Es una petición de disculpa al condenado diciéndole que nunca debió haberlo sido, por lo que se borra por completo la propia existencia del delito. Por eso se considera que la amnistía sólo puede otorgarla el Parlamento a través de una reforma legal (¿es esto lo que prepara el Gobierno cuando habla de reformar el delito de sedición?).

El indulto parte de la ilicitud del acto y simplemente trata de suavizar la sanción por razones de “justicia, equidad o utilidad pública”. El indulto particular lo hace para una persona en concreto mientras que el general es para una pluralidad de personas o supuestos. Nuestra Constitución prohíbe los indultos generales en una regulación que se ha recogido prácticamente inalterada en nuestro constitucionalismo desde la Constitución de Cádiz de 1812. De hecho, todavía estamos aplicando una ley de indultos de 1870 que, como todo lo que dura en el Derecho, se aprobó como Ley Provisional.

En el indulto es trámite esencial el informe del Tribunal sentenciador (en los indultos normales el Ejecutivo suele seguir ese criterio). Habiendo sido la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que sentenció a los políticos del procés, el pasado 26 de mayo esa Sala emitió su informe negativo a “la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre”. El informe es contundente y destaca la inexistencia de “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento… El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática”. Los condenados no solicitaron los indultos, sino que lo hicieron terceras personas; pero, antes de emitir su informe, el Tribunal Supremo les permitió hacer alegaciones. Uno de los pocos que alegó fue el condenado Jordi Cuixart que volvió a decir “que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hizo lo volverá a hacer porque no cometió ningún delito y que está convencido de que es lo que tenía que hacer, volviendo a hacer un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente”.

Esto es como si el ciudadano normal del inicio del post pidiera el indulto diciendo que no se arrepiente y que volverá a conducir en sentido contrario.

Es bastante evidente que lo que prepara el Gobierno no es un indulto. No es atenuar la pena por razones de equidad. Más bien parece una amnistía encubierta en la que el mensaje que se transmite es que no había ilicitud en lo que se hizo y por eso se elimina la pena a quienes dicen que volverán a hacerlo.

Si la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene el criterio de la sentencia de 2013, estos indultos deberían ser anulados. Pero la decisión judicial va a tensionar enormemente la relación entre poderes del Estado y erosionar, inevitablemente, a la Justicia (y también al Ejecutivo).

La gran duda es si hay alguien que, con legitimación, vaya a recurrir los indultos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia muy restrictiva en materia de legitimación, exigiendo que el recurrente pueda obtener de la sentencia que se dicte un concreto beneficio o ventaja en su esfera jurídica, no bastando para recurrir el simple interés en la legalidad. En principio, el interés así definido sólo recaería en los perjudicados por el delito que se indulta. Pero ¿quiénes fueron los perjudicados directamente por los delitos del procés? En el proceso penal sólo intervinieron como perjudicados la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Vox lo hizo como acusación popular y, por lo tanto, no como perjudicado. Obviamente, la Abogacía del Estado no va a recurrir los indultos. Y, a pesar de que la Fiscalía en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo se opuso a los indultos, no parece imaginable que los recurra teniendo en cuenta que la actual Fiscal General del Estado es la antigua Ministra de Justicia con el Presidente Sánchez.

En el fin, parece que se avecina un terremoto político y judicial con los indultos, con resultados finales difíciles de prever.