Educando a las élites

Le Rosey, ubicado a orillas del lago Ginebra, es el colegio más caro del mundo. En él se han educado y se educan príncipes, aristócratas, hijos de multimillonarios y, en general, los descendientes de las élites internacionales.

Se trata de un internado con dos lugares de residencia, uno de invierno y otro de verano, dotado con las instalaciones que se le suponen: piscinas, canchas de tenis, instalaciones ecuestres, centro naútico, estación de esquí, campo de golf… además, por supuesto, de laboratorios, ordenadores, bibliotecas y demás accesorios necesarios para la docencia.

Entre sus ex alumnos se cuentan el rey Balduino I de Bélgica, Aga Khan IV, el Príncipe Eduardo de la Familia Real Británica, Dodi Al-Fayed, el Rey Juan Carlos I de España, el rey Rainiero de Mónaco,  Fuad II último rey de Egipto, Mohammad Reza Pahlevi último sha de Irán… Tal vez estos nombres nos sirvan como referencia para valorar si el hecho de ser el colegio más caro del planeta también lleva implícito que sea el que proporciona la mejor educación. Aunque está claro que sí proporciona unas excelentes relaciones.

Hay otros colegios de este estilo, como Eton College y Harrow School en Reino Unido, la École des Roches en Francia o Phillips Academy en Estados Unidos, y a cada uno de ellos se le puede asociar una lista de alumnos notables: Aldous Huxley, George Orwell, John Keynes, Wiston Churchill, Jawaharlal Nehru, el príncipe Rahim Aga Khan, George Bush padre y George Bush hijo y un largo etcétera. Parece que es en estos colegios donde se educa a las futuras élites, como ellos llegan a afirmar, aunque bien pudiera suceder que fueran los lugares en los que se concentran sus hijos, con la intención de seguir siendo élites en un futuro.

Y al plantear este debate hay que tener claro que una educación de élite no es lo mismo que una educación clasista, aunque es habitual que una conduzca a la otra; como también es frecuente que por intentar evitar la segunda se impida o dificulte la primera.

Desde que tenemos memoria de ello, siempre ha habido aristocracias, noblezas, jerarquías, oligarquías y castas privilegiadas, siempre ha existido una clase dirigente; pero el concepto de élite es relativamente reciente y procede de la Revolución Francesa, queriendo simbolizar con él la aspiración republicana de que aquellos que ejerzan el poder deberían ser escogidos por sus virtudes y sus méritos y no por su origen familiar o los privilegios heredados.

Lo cierto es que, con independencia del mecanismo mediante el que se forman, las élites son un hecho, como también lo son las clases sociales y los grupos de poder. Todos ellos se confunden y es posible que el único matiz que permita diferenciarlos sea su menor o mayor intención de perpetuarse, su propósito de impulsar y posibilitar el cambio de una sociedad o de impedir que se produzca; su intención de servir a la comunidad o atender a sus propios intereses.

En todo ello juega un papel clave la educación, como transmisora no solo de conocimientos sino sobre todo de ideologías, valores, patrones y estilos de vida. Y se plantea la pregunta de si corresponde al Estado, o no, intervenir en la formación de las élites y hasta qué punto debe hacerlo.

Parece claro que en las autodenominadas sociedades democráticas el Estado no puede prohibir la iniciativa privada, y esta iniciativa incluye la creación de escuelas y universidades exclusivas. Cierto es que, al establecer las leyes de educación, prescribir los currículos y homologar las titulaciones, las está condicionando de alguna manera; pero este marco común de referencia suele referirse a los contenidos académicos y no parece que suponga un gran obstáculo para su ideario, metodología o forma de funcionamiento, sino que incluso resulta beneficioso para algunas de ellas. La principal intervención del Estado debe consistir en proporcionar una alternativa, un sistema de educación público y, en consecuencia, equitativo.

Equidad y atención a la diferencia son dos de los principios sobre los que se sustenta cualquier sistema educativo que se tenga por progresista; pero ambos se entienden y se aplican mal y suelen estar en conflicto. Y forma parte de esta discusión si una política social equitativa es incompatible con la existencia de escuelas y universidades públicas de élite; es decir, instituciones con los mejores medios y profesores y un sistema riguroso y propio de selección de alumnos, dando por sentado que los condicionantes económicos no iban a ser un impedimento y que todos estos alumnos estarían becados.

Porque, en este momento, asistir a las universidades de nuestro país, tanto públicas como privadas, no garantiza que se vaya a recibir una educación superior, por mucho que así se llame a las enseñanzas que allí se imparten.

Tenemos muchos más alumnos y profesores, muchas más universidades y titulados que hace cuarenta años pero seguimos teniendo los mismos premios Nobel o las mismas medallas Fields (ninguna) y seguimos ocupando, más o menos, las mismas posiciones en las valoraciones internacionales (más de 150 posiciones por debajo del MIT, que encabeza la lista) con todas las reservas que deben tenerse con cualquier escala o clasificación.

Si realmente quisiéramos mejorar la calidad de nuestra educación superior, hay un camino claro: fundar instituciones encaminadas a la formación de élites científicas, artísticas, tecnológicas, políticas o de cualquier otro tipo capaces de impulsar a la sociedad. Es decir, crear centros que tuvieran las virtudes de las Grandes Escuelas francesas o de la Universidad de Cambridge pero evitaran sus defectos; en concreto aquellos vicios y condicionantes que facilitan la formación de minorías privilegiadas y endogámicas. Se estaría preparando conscientemente, desde lo público, a los que más pueden, y deben, dar.

Para ello habría que ser rigurosos tanto con los que enseñan en estas instituciones como con los que pretenden estudiar en ellas. Exigiendo a unos y otros, no solo que reúnan los méritos y requisitos que se consideren necesarios, sino también que cumplan con el compromiso adquirido, los primeros trasmitiendo sus saberes y propiciando la mejor manera de adquirirlos y los segundos entregándose al proceso, gracias a la confianza que sus profesores les merecen. No cumplir este compromiso debería ser motivo suficiente para no continuar enseñando o aprendiendo en estos centros. Pero la vigilancia de este cumplimiento no debería ser competencia directa del Estado sino de la propia institución, que tendría que labrarse su prestigio. Incluso habría que cuestionar si correspondería al Estado la selección de los que trabajan en estos centros y si estas personas deberían tener la condición de funcionarios. El intervencionismo excesivo, el afán de legislar hasta el detalle, hace muy difícil que llegue a practicarse algo diferente de lo que tenemos. Sin autonomía y sin confianza difícilmente puede actuarse de otra manera.

Con nuestros referentes actuales, es muy posible que la creación de estas Escuelas viniera acompañada de un nefasto proceso de selección como el que ahora tienen en Corea del Sur, donde se exige y se elige a los futuros universitarios desde la infancia. Un proceso que recuerda la manida exaltación de la excelencia que se viene manejando en el discurso de la actual reforma educativa, con las reválidas, la selección temprana y los itinerarios educativos supuestamente adecuados a cada talento. No es eso lo que propongo. Si todo el sistema educativo está orientado a conseguir el acceso futuro a unas titulaciones que van a proporcionar dinero, poder y prestigio personal a una minoría, sin que la sociedad reciba una contrapartida, no estaríamos consiguiendo un cambio sino potenciando lo peor del sistema que ya tenemos. Habría que buscar la fórmula, una especie de pacto o de contrato, que garantizase que esta contrapartida se produce; por ejemplo, estableciendo la obligatoriedad, una vez obtenida la formación, de trabajar en lo público durante un cierto número de años.

Suele ser habitual que las élites ejerzan sus privilegios y descuiden las responsabilidades que llevan asociadas, al mismo tiempo que mantienen su estatus mediante el empleo del poder en sus múltiples facetas, en vez de hacerlo mediante el reconocimiento de sus obras. Eso es lo que está sucediendo ahora y de ahí el rechazo que suscitan. Pero el concepto sigue siendo válido: que la sociedad avance subiendo el listón y apoyando a aquellos capaces de elevarlo.