El pacto educativo

Que la educación es una de las principales herramientas para la transmisión de ideología queda patente en la dificultad que supone alcanzar un pacto sobre aquello en lo que se debe educar, cuándo, cómo o dónde hay que hacerlo y a quiénes corresponde esa función. Aunque no se trata únicamente de ideología, sino también de defender los intereses enfrentados de los distintos grupos de poder.

Al diseñar, desde la política, un sistema educativo, se olvida que la esencia de la democracia es la pluralidad, el diálogo y los acuerdos. No consiste en que un partido consiga imponerse temporalmente sobre los otros, ni tampoco en que utilice todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder o para implantar una forma única de pensar. Se trata de que convivan personas que tienen diferentes intereses y planteamientos, negociando, cediendo, y concediendo hasta alcanzar acuerdos que beneficien al colectivo. Sin olvidar que este colectivo  está compuesto de individualidades, que no son intercambiables y que no se pueden anular por un supuesto bien común.

Esta búsqueda del equilibrio entre lo individual y lo colectivo es el telón de fondo de cualquier pacto político que se pretenda alcanzar, no solo en educación. Se podría resumir en la cantidad de Estado que uno está dispuesto a soportar; situando en un extremo, el liberalismo más puro  y, en el otro, el colectivismo máximo que se pueda obtener, amparado por un Estado protector. Sobre esta escala, se superponen muchas otras: la que existe entre la competencia y la cooperación, entre los nacionalismos y la globalización, entre lo privado y lo público, y así sucesivamente.

En cualquier caso, parece que una de las prioridades actuales del sistema educativo de cualquier país es conseguir que sus ciudadanos, en particular, y el país, en general, sean más competitivos en la economía global. Lo cual, cuando se trata de educación, conduce a múltiples contradicciones. Por ejemplo, la que hay entre la educación obligatoria y el modelo inclusivo de escuela que lleva implícito y la necesidad de formar élites mejor preparadas que las de los restantes países competidores.

En este contexto de libre mercado, otros aspectos esenciales de la educación, como el ayudar a cada cual a encontrarse a sí mismo y dotar de sentido a su vida, mediante el estudio no utilitarista, el arte, la espiritualidad y todo aquello que descubra y ponga en juego sus potencialidades, pasa a un segundo plano. Lo que no impide que se cite como algo deseable, cuando conviene al discurso del legislador, en esta pugna por imponer una determinada manera de educar.

Pero, además de la pugna entre distintos modelos económicos, en las negociaciones sobre educación, se mezclan otros conflictos históricos, como la oposición ancestral entre la Iglesia y el Estado o las secuelas de las distintas guerras civiles por las que ha pasado este país; de manera que, la búsqueda de un posible pacto educativo está cargada de memoria y contaminada de rencores, y este es un mal contexto para negociar.

La derogación de la LOMCE parece inminente. Sea cual sea la coalición que gobierne, tendremos una nueva ley educativa; una ley que no podrá imponerse por mayoría absoluta, sino que se tendrá que pactar. Sin embargo, entre otros escollos, va a ser difícil que los nacionalistas renuncien al control que tienen sobre sus escuelas y sobre la lengua, la historia y la geografía que se maneja en ellas, va a ser difícil que la Iglesia se conforme con perder presencia en los currículos y va a resultar complejo que los defensores a ultranza de lo público acepten otras modalidades de escuela y otras formas de financiación. Pero la lengua o lenguas en la que se imparten las enseñanzas, el que la religión sea o no sea una asignatura evaluable y la necesidad o no de los colegios concertados no son los únicos aspectos a pactar.

La mayor o menor autonomía pedagógica y organizativa de los centros, las atribuciones de sus directores, los contenidos que se deben tratar, las evaluaciones externas, los itinerarios educativos, la forma de acceso a la Universidad, la conveniencia o no de la enseñanza bilingüe, el estatus legal del homeschooling y de las distintas formas de educación no reglada y la homologación de las titulaciones, son algunos de los múltiples asuntos en los que existen posiciones enfrentadas.

Como puede verse, en la anterior relación apenas se ha hablado de didáctica y pedagogía o de organización escolar, de cuál es la mejor manera de aprender o de educar y cuáles son los momentos, agrupaciones, espacios y medios más adecuados para hacerlo. Sobre estos temas tampoco hay acuerdo, aunque cada vez se dispone de más evidencias sobre las prácticas, hábitos y decisiones que convendría erradicar.

No corresponde a los políticos decidir sin escuchar, aunque sea una práctica común. Y no puede haber una reforma educativa sin articular un mecanismo que recoja todas las perspectivas: la de los expertos y teóricos en educación, la de los profesores que están en el aula y la de los alumnos y sus padres o tutores; y no solo ellos, sino también la de los educadores de calle, los filósofos, los científicos, los artistas y los guías religiosos. Y, por supuesto, la de los empresarios, empleadores, empleados, autónomos, parados y jubilados; los sociólogos y los psicólogos, pediatras y geriatras, y cualquier otro colectivo que queramos incluir. La educación, como la salud, es un asunto de todos.

Una reforma educativa en profundidad no se puede improvisar; pero se pretende derogar inmediatamente la ley educativa actual y, no más tarde de seis meses, presentar y aprobar una ley nueva, supuestamente pactada e inmune a los vaivenes políticos. De hacerse así, lo que se consiga tendrá poca o ninguna credibilidad.