ENTRE LA MEDIOCRIDAD Y LA EXCELENCIA

Al hablar de educación, existe la opinión generalizada de que la LOGSE ha sido un fracaso, así como los sucesivos intentos de modificarla. Y hay también una cierta nostalgia por el modelo que la precedía, el de la EGB y el BUP, cuando los niveles académicos, el rendimiento y la actitud de los alumnos eran superiores a los de ahora. Una sensación parecida a la que podían tener aquellos que hicieron el antiguo bachillerato, con sus dos reválidas. Ya se sabe que cualquier tiempo pasado fue mejor y siempre se cae en la tentación de remediar lo actual volviendo a lo anterior, como si fuera posible enmendar la historia retrocediendo hacia el pasado.

Los que ahora claman por aquellos tiempos están olvidando las razones, de peso, por las que fue necesario el cambio. La primera de ellas el aumento de la edad de escolarización obligatoria, primero hasta los 14 años, lo que supuso la implantación de la EGB, y después hasta los 16, que vino acompañada de la ESO. Si todos tienen que ir a la escuela hay que diseñar un sistema que les acoja y que no excluya a nadie por su diferencia. Y esto implica que las aulas estén abiertas tanto a los pobres como los ricos, los sanos y los enfermos, los inmigrantes y los locales, los esforzados y los vagos, los listos y los menos listos y cualquier otra categoría que nos queramos inventar.

La Ley General de Educación de 1970, la de la EGB y el BUP, dio un tímido paso en este sentido; la LOGSE de 1990 fue más ambiciosa y radical. Antes de esta ley, si tu hijo tenía algún tipo de discapacidad o minusvalía era muy difícil encontrar una escuela ordinaria a la que pudiera asistir; ahora las escuelas públicas, además de los maestros, disponen de personal puesto allí para atenderlo. Antes de la LOGSE si, por las circunstancias que fueran, no cumplías las expectativas académicas, el sistema te desviaba a los 14 años hacia una formación profesional en la que nadie creía, a la espera de cumplir la edad legal para poder trabajar. Ahora, al menos, dispones de dos años más y la formación profesional, además, está diseñada de otra manera.

Antes de la LOGSE ni siquiera se hablaba de atención a la diversidad, ni de inteligencias múltiples, ni de alumnos superdotados o con síndrome de Asperger. Todo el que tenía alguna dificultad o suponía algún problema era apartado del sistema, desviado a algún tipo de enseñanza menos exigente o hacia alguna institución que lo acogiera. Ahora, antes de deshacerse de un alumno, hay que pensárselo dos veces; entre otras cosas porque la misma ley impide que esto se haga sistemáticamente. Esto explica en parte, aunque no lo justifica, que la ley incluya limitaciones en cuanto a la repetición de curso y obligue, con independencia del número de aprobados o suspensos, a la promoción automática o PIL (Promoción por Imperativo Legal).

Pero la integración y el respeto a la diferencia no se pueden conseguir por decreto. No basta con que estén recogidos en una ley y se impongan en los colegios. No es suficiente con concienciar al profesorado mediante cursillos, ni con dotar a las escuelas de logopedas, orientadores, terapeutas, psicólogos y demás personal especializado. No se consiguen rebajando la dificultad de los contenidos, bajando el listón para que haya más que lo puedan saltar. No se llega a ellos ni se puede llegar mientras que la escuela y la sociedad de la que es reflejo confundan la igualdad con la igualación y, al mismo tiempo, sigan siendo selectivas. Es decir, no se puede implantar un modelo de escuela inclusiva y mantener  las prácticas de la escuela convencional.

Si se sigue enseñando en masa siempre habrá alguien que se quede rezagado. Si se siguen poniendo notas siempre habrá alguien que suspenda. Si se entiende el saber como mera acumulación de contenidos siempre habrá quien no haya almacenado lo suficiente. Si uno se ve obligado a estar donde no quiere siempre opondrá resistencia. Todo ello añadido a la impresión errónea de que el derecho a la educación también otorga el derecho a que todos obtengan los mismos resultados, no tanto en cuanto a los saberes adquiridos sino más bien en cuanto a los privilegios que estos otorgan. Y tal vez esté ahí el problema, en concebir la educación como un derecho y una obligación en lugar de pensar en ella como una responsabilidad que cada uno asume.

Mientras que se piense en la educación como en una especie de inversión o de requisito para ascender en la escala social y no como en algo necesario para alcanzar lo mejor que tiene de sí cada persona, mientras no se crea firmemente que cada uno tiene el compromiso de educarse para contribuir a que los otros estén mejor de lo que ahora están, uno tras otro fracasarán todos los sistemas educativos.

Entre tanto se van dando pasos y no es honesto desentenderse de la parte que a cada uno le corresponde y descargar todo el trabajo en los maestros. No es honesto demandarles que consigan un equilibrio imposible entre la mediocridad y la excelencia, entre la necesidad de distinguirse y el miedo a verse excluido por hacerlo; no es honesto exigirles (también ellos se lo exigen a sus alumnos) virtudes y comportamientos que uno no practica.

Pero, dicho esto, ¿de qué sirve un maestro si solo enseña a los que no tienen problema en aprender? ¿Dónde está su oficio? Con apoyos o sin ellos, es el que da la cara, el que ha elegido desempeñar esa función y, por tanto, el que tiene que soportar mayor carga de trabajo; igual que es el médico el que recibe a los pacientes y al que se hace responsable de su curación, aunque los enfermos no pongan de su parte para estar sanos.