¿Es posible una educación gratuita y sin interferencias de los poderes públicos?

Se dice que, en Francia, durante la Tercera República (1875-1940), el ministro de Educación podía saber qué página estaba estudiando cada niño de once años en ese momento sin más que mirar el reloj. Hasta ese punto llegaba el férreo control de la educación por los gobiernos en aquella época. Había, al menos, dos poderosos motivos para ello: por una parte, inculcar un sentimiento de unidad nacional en el que basar un Estado fuerte y centralizado y, por otra, que ese sentimiento tuviera un enfoque laico a fin de erradicar la influencia de la Iglesia y así eliminar su peso histórico como poder político.

Mucho ha llovido desde entonces y, aunque los acontecimientos han discurrido de distintos modos en cada lugar, lo cierto es que el afán de los gobiernos por controlar la educación sigue siendo una constante en muchos países.

En España no solo es así, sino que, incluso, cada vez que un partido llega al Gobierno produce una nueva ley educativa. Y a veces más de una. Desde 1980, ya se han aprobado ocho leyes. Sin embargo, pese a tanto interés por regular la educación, hay aspectos esenciales de la misma que apenas se abordan.

Por ejemplo, los programas que se vienen impartiendo desde hace mucho tiempo en las escuelas, diseñados y tutelados por las autoridades educativas, están concebidos, en gran medida, para que los niños puedan integrarse con éxito en el mercado laboral cuando sean mayores. Y muchos padres aplaudirán ese objetivo.

Sin embargo, los perfiles laborales que, en el pasado, podían haber servido de referencia a los planificadores de los currículos educativos, cada vez tienen menos validez dada la velocidad a la que están cambiando los requisitos formativos de los empleos que demandan las empresas. Es más, se estima que dentro de 15 o 20 años más de la mitad de los trabajos a los que podrán aspirar los niños actuales no existen hoy en día. ¿Se nota esta difícil perspectiva laboral en el diseño de los currículos? ¿Se nota al menos en el enfoque pedagógico que se practica en las aulas?

Parece lógico que, con un futuro laboral tan indefinido, las escuelas tendrían que dedicar una parte sustancial de su tiempo en actividades con las que los niños aprendieran a desarrollar sus capacidades para poderse adaptar bien a entornos laborales novedosos y cambiantes, como puedan ser su creatividad, innovación, perseverancia y capacidad para hacer frente a la adversidad, entre otras.

En realidad, del sistema educativo deberíamos esperar mucho más.

Ante el proceso de alienación, uniformización y elementalización social que están produciendo las redes sociales y muchos de los medios de comunicación masivos, es fundamental que las escuelas sean capaces de formar en la capacidad de reflexionar, de captar la complejidad de la realidad, de evitar adoctrinamientos y de profundizar en la continua búsqueda y ampliación de las propias verdades.

No solo eso. Ante un futuro cada vez más marcado por el mestizaje étnico y cultural, fruto de una inmigración creciente, es imprescindible que en las escuelas los niños aprendan a convivir con naturalidad en contextos donde las diferencias de costumbres y creencias van a ser cada vez más habituales.  

Son numerosas las cuestiones a las que debería intentar dar respuesta nuestro sistema educativo. Sin embargo, ante muchas de ellas es difícil saber, con seguridad, cuál debe ser el enfoque pedagógico adecuado. Por eso, lo más lógico sería que cada centro escolar tuviera la libertad para llevar a cabo su propio enfoque y, asimismo, los padres pudieran escoger el centro que más se aproximara a sus ideas.

Este es el principal motivo por el cual no tiene ningún sentido seguir con un sistema tan centralizado y controlado políticamente, en el que las líneas maestras del programa docente, incluso las que afectan a la forma en que se organizan y gestionan los centros escolares, vengan marcadas desde unos pocos despachos del Ministerio y las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas. ¡Como si en esos despachos hubiera más posibilidades de acertar con lo que se necesita!

Lo que se requeriría, a la vista de los desafíos que tiene ante sí el sistema educativo, es un modelo general ampliamente descentralizado y en el que, por tanto, las interferencias políticas o simplemente centralizadoras fueran mínimas. Un modelo bastante distinto del que se viene imponiendo ley tras ley.

El problema, para empezar, es que la idea que se tiene de la educación pública está asociada a un modelo bastante reduccionista, según el cual la única educación que merece ese título es la que se imparte en las escuelas que son propiedad del Estado, por profesores reclutados, pagados y gestionados como funcionarios y que imparten sus clases siguiendo las directrices de sus autoridades educativas. Un modelo, por cierto, muy rígido y restrictivo, en el que los directores de esos centros apenas tienen autonomía para llevar a cabo sus propias ideas.

Hay, sin embargo, otros posibles modelos con los que se puede definir y organizar la educación pública, y que podrían mejorar la calidad de la misma. De hecho, en otros sectores de actividad del país hay multitud de organismos que también son 100% propiedad del Estado y cuyos gestores disfrutan de mucha más autonomía que los directores de las escuelas públicas para gestionarlos como mejor les parezca y para, por ejemplo, seleccionar y contratar a sus empleados.

¿Pero, qué es lo que realmente hace que la educación pública sea importante? Desde mi punto de vista, no es ni el régimen de propiedad de los centros ni el régimen laboral con el que se gestionan, sino otras dos características. En primer lugar, que es una enseñanza gratuita para las familias, al estar financiada por el Estado. Y, en segundo lugar, que en ella se intenta garantizar una igualdad de oportunidades a los niños, junto con otros derechos.  

Pero, para garantizar a los padres la gratuidad de la educación de sus hijos y la igualdad de oportunidades con que van a ser tratados, no es necesario que las escuelas a las que los llevan tengan que ser propiedad del Estado ni que sus profesores sean funcionarios. Las dos características citadas pueden ser igualmente garantizadas en escuelas privadas, que estén financiadas con dinero público y con las cuales las autoridades educativas establezcan los acuerdos pertinentes, tal como evidencia el actual modelo de colegios privados concertados. 

No tengo espacio en este artículo para analizar a fondo los principales elementos de este debate, pero, en mi opinión, la clave del mismo no está en quiénes deben ser los propietarios de los colegios a los que van los niños gratuitamente, porque ese es un problema que tiene fácil solución. En este sentido, el debate educación pública o educación privada desenfoca la cuestión. La clave está en que las autoridades educativas renuncien a definir qué programas deben impartir los colegios y cómo deben hacerlo, dejando que sean los centros (de propiedad pública o privada) los que lo hagan.

La clave, en definitiva, es que los poderes públicos renuncien a controlar la educación, más allá de unos mínimos imprescindibles. ¿Por qué se resisten a dar ese paso? ¿Por asegurar que se imparten los ingredientes ideológicos que en cada momento y lugar se consideren políticamente prioritarios? ¿Para evitar que, si se retiraran, su espacio lo ocupasen otros poderes ideológicos y, principalmente, la Iglesia? ¿Para evitar posibles conflictos laborales con sectores del profesorado que puedan inquietarse ante cambios en su estatus funcionarial? ¿Por miedo a un posible desgaste electoral si la opinión pública interpreta cualquier cambio en el modelo actual de escuela pública como un retroceso o una pérdida de derechos? ¿Por pura inercia en la gestión pública? ¿Por una combinación de todo esto?

El caso es que, mientras las cosas sigan como están, los representantes del Estado en el ámbito educativo, están ejerciendo un poder que no les corresponde sobre la formación que deben recibir los niños. Y, para colmo, el debate sobre educación pasando, una vez más, de puntillas sobre todas estas cuestiones.