MERITOCRACIA E IGUALITARISMO

En nuestro afán de simplificar el mundo, para hacerlo más manejable, es habitual polarizar el pensamiento político en dos tendencias, la izquierda y la derecha, cada cual con su correspondiente ideología y los comportamientos asociados que se esperan de ella. Así, por ejemplo, de un gobierno de izquierdas se espera que redistribuya la riqueza y reduzca las diferencias entre las clases sociales, beneficiando a los más desfavorecidos, mientras que de un gobierno de derechas se espera lo contrario, que actúe respetando la iniciativa privada y las reglas básicas del mercado, en el que unos tienen éxito y otros fracasan. Unos practican una política más social, más centrada en el colectivo, y los otros ejercen una política más individualista, más orientada hacia el individuo.

En esta línea, y siendo muy esquemático, una política de derechas preconizará un sistema educativo basado en la meritocracia mientras que una política de izquierdas defenderá un modelo que busca el igualitarismo; es decir, en un caso se busca seleccionar a los más inteligentes a costa del resto mientras que en el otro se persigue eliminar las diferencias, perjudicando con ello a los que podrían destacar.

Y en ninguno de los dos casos se beneficia a los más inteligentes, sino a los más listos; a aquellos que saben aprovechar en su propio interés los automatismos, los vicios y las debilidades de cada sistema. Porque alguien realmente inteligente, más que títulos, necesita desafíos a su inteligencia y ninguno de los dos modelos se lo ofrece. El primero solo le suministra una sucesión de contenidos y saberes encadenados que conducen a una meta establecida de antemano mientras que el segundo simplemente le aburre o le hastía.

En ambos casos tampoco se ayuda a los que no dan la talla, cualquiera que sea lo que se entiende por talla y cualquiera que sea la talla que se establezca. Porque tan poca ayuda es exigir lo que no se puede dar como pedir menos de lo que cada uno podría llegar a alcanzar. El resultado es el mismo: que el afectado no se mueva o se mueva muy poco, que no dé todos los pasos que podría dar para recorrer su propio camino.

Y los sistemas educativos que se construyen sobre uno u otro modelo están llenos de contradicciones. Porque no se puede implantar una escuela inclusiva que mantiene los ingredientes de la meritocracia ni se pueden formar élites con prácticas igualitarias. Y muchos de los que critican la meritocracia y ponderan la educación pública como garante de la equidad, han accedido a ella mediante el sistema meritocrático por excelencia, que es la oposición.

En este enfrentamiento, cada bando se apropia de ciertas palabras, con las que pretenden reforzar sus argumentos. En un lado se habla de esfuerzo, calidad, exigencia y excelencia, mientras que en el otro se habla de diversidad, equidad y colaboración. Y todas estas cualidades son necesarias en el proceso educativo y está por encontrar la fórmula en la que unas no excluyan a las otras.

Dicen que toda acción provoca una reacción. Y esta es la impresión que da la futura ley de educación, la LOMCE: una reacción extrema ante los excesos de la ley que deroga. Una ley que ha sido elaborada sin consultar a los directamente implicados, que solo se justifica con razones de eficiencia y competitividad pero que carece de pensamiento pedagógico. Una ley cuya principal fuerza reside en la que proporciona la mayoría absoluta, pero que no goza de ningún apoyo entre los partidos de la oposición. Una ley que pierde lo que podría tener de razón por su total falta de consenso, incluso entre los miembros del propio partido.

Aunque hay que decir que los rechazos que provoca y el consenso que se busca responden más a razones políticas y de reparto de poder que a un intento sincero de mejorar la educación y el sistema educativo. Así, la pérdida o ganancia de atribuciones de las Autonomías, la lengua en la que se imparten las enseñanzas, el tratamiento que recibe la religión en el currículo y el aumento o disminución de los conciertos educativos han primado sobre cualquier otro planteamiento o discusión sobre lo que debería hacerse para proporcionar la educación que cada uno precisa y armonizarlo con lo que la sociedad, en su conjunto, necesita.

Pero esta discusión no se ha producido. No ha habido ninguna intención de construir un modelo educativo que sea capaz de perdurar al margen de los vaivenes políticos. No se ha buscado la aportación de los colectivos de profesores, padres, alumnos, empresarios, trabajadores, parados, jubilados, artistas o economistas; como tampoco se ha pedido o se ha tenido en cuenta la opinión de pedagogos, filósofos, historiadores, científicos o cualesquiera otros expertos, generalistas o pensadores con el suficiente peso como para ser escuchados por separado.

Y este ideal de crecimiento y mejora personal y global, no va a conseguirse mientras que la política consista en una lucha de intereses y poderes, mientras que cada derrota electoral venga acompañada de una nueva Ley de Educación, mientras que en el debate sobre esta ley, y sobre cualquiera de las que la siguen, prime el rencor sobre la inteligencia.