¿DERECHOS O RESPONSABILIDADES?

Cada dos por tres nos desayunamos con la noticia de un nuevo recorte en derechos que creíamos poco menos que sagrados. Un día nos dicen que hay que pagar más por los medicamentos, otro día son las tasas judiciales, otro las universitarias, otro el paro o las pensiones… y así suma y sigue. Es lógico, por tanto, que cada vez haya más gente indignada y que no esté el patio para muchas bromas. 

Sin embargo es precisamente ahora, cuando hay señales de que nuestro modelo se está derrumbando y es, por tanto, el momento de repensarlo, cuando nos conviene alzar la mirada y contemplar el bosque en su conjunto, más allá de lo que tenemos delante.

Como nos estamos refiriendo a aquellos derechos que conllevan una determinada prestación, sea en materia de sanidad, de pensiones, de educación, etc., y todas ellas tienen un coste, la primera pregunta que cabe hacerse es: ¿quién paga lo que cuestan mis derechos? La respuesta, en teoría, es clara: lo pago yo con mis impuestos, y si no son suficientes porque mis ingresos, y en consecuencia mis impuestos, no dan para tanto, lo pagan los que tienen más ingresos que yo con sus impuestos. Para eso está la solidaridad y la redistribución de riqueza que promueve el Estado.

Pero como cada vez hay más pensionistas y la natalidad sigue por los suelos, los que sostienen con sus impuestos los derechos de todos son, y serán, cada vez menos. Con lo cual es muy probable que llegue un momento en que las cuentas no cuadren. De momento se ajustan pidiendo prestado. Pero, lógicamente, eso tiene un límite. Hace unos días saltó la noticia de que la deuda pública de España había alcanzado el año pasado un record histórico, situándose en 882.300 millones de euros. En los últimos cinco años ha aumentado en 500.000 M€, de los cuales 146.000 corresponden a 2012: nada menos que 400 millones cada día. Por supuesto que se trata de un aumento excepcional debido a la crisis, que tiene que ver principalmente con la caída de ingresos, el mayor número de desempleados y el brusco aumento en los intereses de la deuda. De hecho, solo para pagar los intereses, los presupuestos del Gobierno para el 2013 prevén 38.660 M€, un 33% más que el año pasado y más que lo que nos cuestan los sueldos de todos los funcionarios (médicos, jueces, profesores, etc.).

Hay quienes creen que esto se solucionará en cuanto salgamos de la crisis y volvamos a crecer. Es posible que así sea, pero a mí me cuesta creerlo. Primero porque en el pasado, en plenas vacas gordas, nuestra economía siguió generando déficit y más deuda. En los 10 años anteriores a la crisis, entre 1998 y 2007, la deuda pública pasó de 345.953 M€ a 382.307. Creció mucho menos que ahora, claro, pero la cuestión es que, si en la que probablemente ha sido la época más boyante de nuestra historia, nuestra deuda aumentó en un promedio de 10 millones de euros cada día, habrá que pensar que eso de reducir la deuda no debe ser tan sencillo. Como tantos otros yo también creo que aún hay mucho margen para ahorrar en los gastos del Estado. Por ejemplo, optimizando el funcionamiento del sector público y reduciéndolo, persiguiendo el fraude fiscal de los grandes patrimonios y empresas, obligando a los bancos y cajas de ahorro a asumir sus pérdidas o racionalizando las inversiones en infraestructuras.

Pero aún así no lo veo claro. El gasto público tiene mucho que ver con una cultura ciudadana que nos hemos creado y que hace que por todas partes surjan nuevas “necesidades” cuya factura siempre se le asigna al Estado, lo cual contribuye a que sujetar las cuentas sea bastante difícil.

Por otra parte a mí me cuesta creer que, tras la crisis, nuestra economía recupere unos niveles de crecimiento que permitan devolver la deuda y, sobre todo, financiar los gastos crecientes de nuestro Estado de Bienestar. Básicamente porque para eso tendríamos que ser más competitivos que los demás y exportarles bastante más de lo que ellos nos exporten a nosotros. 

En resumidas cuentas, no veo nada claro cómo se van a financiar en el futuro esos derechos de los que estamos hablando, porque ni veo que se puedan aumentar mucho más los impuestos ni me creo que se vaya a reducir sustancialmente el gasto público. Es más, aun en el supuesto de que se llegase a gestionar bien el gasto público, creo que llegaría un momento en que sería inevitable recortar el gasto asociado a nuestro Estado de Bienestar.

Esto nos lleva a otra cuestión. Los derechos de los que hablamos son conceptos que hay que llenar de contenido. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la cuantía de las pensiones? A todos nos encantaría que cuando nos jubilásemos nos pagasen una pensión como Dios manda. Pero Dios no se moja en esto. La decisión es nuestra. ¿Qué cantidad es la correcta? En la actualidad hay casi 9 millones de pensionistas y el importe medio de sus pensiones asciende a 827 euros mensuales. Por otra parte, el salario medio neto mensual de los españoles en el 2010 fue de 1.345 euros, mientras que el de los jóvenes de 20 a 25 años apenas superó los 900 euros y el de los de 25 a 29 años no llegó a 1.200 euros. Ante este panorama, y aún considerando incuestionable el pago de las pensiones, ¿es razonable que su cuantía siga siendo la que es? Teniendo en cuenta que en el 2049 habrá más de 15 millones de jubilados ¿cuánto tiempo nos vamos a poder permitir seguir pagando estas pensiones? Otro tanto se podría decir de la sanidad, de la educación o de cualquiera de estos derechos. Creo que siempre será necesario disponer de un Estado de Bienestar pero la cuestión es definir qué prestaciones son las realmente necesarias y cómo financiarlas.

Hay, sin embargo, otros aspectos que me parecen relevantes en torno a este tema. Uno de ellos es el papel del Estado en general y el de los gobiernos y los políticos en particular. Parece evidente que gobernar se ha convertido, sobre todo, en un ejercicio de gasto del presupuesto público. En principio cabe justificarlo cuando ello sirve para proteger a los sectores de la población más débiles o cuando tiene por objetivo incentivar el desarrollo inicial de actividades importantes para el futuro del país, como por ejemplo la investigación. Lo que pasa es que como todo en la vida esto tiene su cara y su cruz.  

Para cualquier gobierno es muy tentador tirar del presupuesto para satisfacer las demandas que constantemente surgen por aquí y por allá. Siempre se podrá alegar que es por razones de interés social, pero a estas alturas pocos dudarán que detrás de muchas de estas medidas hay un cálculo electoral. Para beneficiarse o para no verse perjudicado. Es más, si no existiera en absoluto ese cálculo, es probable que esas medidas ni se planteasen. Cuesta trabajo creer que, por ejemplo, ese afán por subir las pensiones de que hacen gala todos los gobiernos a la mínima que pueden se deba tan solo a una bondadosa preocupación por el bienestar de los jubilados. Y el problema es que, en este como en muchos otros casos, los gobiernos tratan de ganar votos con medidas que financian nuestros impuestos, o los de nuestros hijos, nietos o bisnietos. Cunde por tanto la sospecha de que los políticos que administran nuestro dinero, en demasiadas ocasiones, no lo gastan en función de los intereses generales sino en función de los suyos. De los suyos para perpetuarse en el poder y para ramificarlo. Y digo ramificarlo porque es muy fácil extender y extender el papel del Estado, de su sector público, a cuenta de las nuevas necesidades sociales que van surgiendo con más o menos fundamento. Pero, ¿un sector público cada vez más amplio es lo que más nos conviene? ¿A quién le conviene?

Desde luego a una ciudadanía que sueñe con que el Estado se lo de todo resuelto le parecerá de perlas. Pero no nos engañemos el precio de eso es que cada vez somos más dependientes del Estado y vivimos en una libertad más tutelada por él. Y en la medida en que el Estado está gobernado por unos partidos, dependemos cada vez más de lo que decidan los pocos que mandan en ellos. Lo cual se contradice, obviamente, con la creciente desconfianza que inspiran los políticos en la ciudadanía. No podemos, por tanto, exigir más y más derechos que, a su vez, se traducirán en más y más Estado, en más y más poder para los partidos, y al mismo tiempo lamentarnos de que cada vez estamos más en sus manos. 

La única solución que yo le veo a esto es que los ciudadanos renuncien, al menos en parte, a esa dependencia del Estado y desarrollen una actitud donde cada uno ejerza más sus responsabilidades en lugar de transferírselas al Gobierno. Una actitud, en definitiva, de sustituir en la medida de lo posible esta cultura de “reclamar mis derechos” por una cultura de “ejercer mis responsabilidades”. Una cultura que signifique pensar menos en lo que me conviene a mí y más en lo que le conviene a los demás. Soy consciente de que traducir esto en la práctica es complejo y está lleno de claroscuros, pero voy a tratar de ilustrarlo con algunos ejemplos.

Uno de los más claros es el del mecenazgo: emplear tu dinero (quienes lo tengan, obviamente) en financiar proyectos culturales o de interés social. En una línea similar irían las llamadas empresas sociales cuyo objetivo principal es solucionar algún problema comunitario. Para quienes solo puedan aportar su tiempo y esfuerzo personal hay un vasto campo de actividades en el ámbito de las ONG´s, fundaciones u organizaciones sin afán de lucro.

En otra perspectiva podríamos hablar de quienes tienen un piso vacío y ceden su uso temporal a personas que han sido desahuciadas o que simplemente lo necesitan. Del mismo modo se podría hablar de quien siendo propietario de un terreno sin ningún uso, lo cede temporalmente para su explotación agrícola a otros que lo puedan necesitar.

Una cultura de la responsabilidad debería implicar que cuando alguien sabe positivamente que no tiene ciertas necesidades, o que ya las tiene resueltas por su propia situación personal, debería renunciar, total o parcialmente, a los derechos que la sociedad le reconoce para solucionarlas. Así, por ejemplo, una persona que tiene dinero para vivir bien el resto de sus días debería sentir la responsabilidad de renunciar a su pensión pese a tener derecho a ella. Nadie debería obligarle a ello y mucho menos el Estado, pero su responsabilidad tendría que llevarle a no usar los recursos colectivos cuando él no los necesita y otros sí.

Se trataría en definitiva de generar, en la medida de las posibilidades de cada uno, una actitud de autosuficiencia y de autonomía, tanto a nivel individual como colectivo, recurriendo al Estado como solución de último recurso.

Fue famoso el discurso de investidura de John F. Kennedy el 20 de enero de 1961, y quedó para la posterioridad aquella frase que dirigió a sus compatriotas: “preguntad, no qué puede vuestro país hacer por vosotros; preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país». Si al hablar de su país se estaba refiriendo a sus ciudadanos, esta frase, dicha hace más de 50 años, tendría hoy todo el sentido.