¿ESTÁ NUESTRO LEGISLADOR DESBOCADO?

Estamos rodeados de leyes. Hay leyes para todo. Leyes que rigen los aspectos más nimios de nuestra existencia. Hay normas sociales que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, cómo hemos de vestir en cada ocasión o cómo debemos hablar. Hay leyes escritas que nos dicen cómo tenemos que conducir, donde podemos y donde no podemos vivir, cómo tenemos que comportarnos en las calles o cómo tenemos que relacionarnos con nuestra pareja y nuestros hijos.

Pero ¿sabemos realmente lo que son? Están entre nosotros. Controlan casi todo lo que hacemos y, sin embargo, estamos tan habituados a ellas que ni siquiera percibimos su presencia.

Hay muchos tipos de leyes. Leyes naturales, leyes morales, leyes sociales y leyes en un sentido jurídico que, en ocasiones, recogen algunas de las anteriores. Aquí voy a hablar de las leyes en un sentido jurídico. ¿Qué son y qué deberían ser?

Para saber qué son las leyes es preciso saber qué han sido y qué las ha llevado a convertirse en lo que hoy conocemos. Los antropólogos afirman que las primeras leyes fueron obra de los jueces: al aplicar la misma solución a casos parecidos creaban una costumbre que se iba imponiendo con fuerza de obligar (en el mundo anglosajón una buena parte de sus leyes siguen siendo de creación jurisprudencial: el juez hace la ley). El mito de los grandes legisladores que habrían liberado o configurado a sus pueblos ha existido en casi todas las culturas: Moisés, Numa, Solón, Licurgo, Confucio. Estas eran leyes breves y potentes, fácilmente retenibles en la memoria de los pueblos y que trataron de reflejar y dibujar el espíritu de una comunidad. Leyes que transformaron profundamente la sociedad.

Los primeros filósofos del Derecho afirmaban que la ley positiva debía ser el reflejo de la “ley eterna”. Hasta tal punto era así que consideraban ilegítima una ley que no estuviera fundada en la ley natural del hombre, es decir, aquella que surgía de una Ley con mayúsculas. Obviamente el problema radicaba en identificar esa Ley inspiradora, sin hacerla coincidir con puras leyes morales o códigos religiosos. Es así como los revolucionarios acaban por desvincular la ley del Derecho natural, uniéndola a la razón pura. Para Rousseau una ley era justa siempre que viniera establecida por la “voluntad general”, cuya varita mágica hacía imposible la ley opresora. La función de la ley era articular la coexistencia de derechos y libertades en una sociedad, a través de códigos de leyes sistemáticos, fácilmente conocibles y que ordenaran de forma lógica los grandes sectores de la vida social. La aspiración roussoniana era que unos pocos códigos establecieran con sencillez los principios de las relaciones en sociedad, acabando con la confusión de leyes, privilegios, fueros, servidumbres y limitaciones del antiguo régimen. El siglo XIX fue el siglo de los grandes códigos (Civil, Mercantil, Penal, Procesal).

Pronto comenzaron a aparecer de nuevo leyes especiales que trataban de solucionar problemas específicos. Tan abundantes han llegado a ser éstas que hoy los códigos son casi la excepción. La situación actual es tan absolutamente caótica y confusa que un profesional del Derecho sólo conoce una ínfima proporción de la legislación vigente en cada momento. Desde hace tiempo se habla del legislador motorizado (por su velocidad para dictar leyes) o del legislador desbocado. Cada vez que hay un problema el político presenta la ley salvadora, que normalmente no soluciona nada. En nuestro país este panorama se agrava por la existencia de 17 Parlamentos autonómicos tan desbocados como el estatal. La Unión Europea merece página aparte, con una abundantísima legislación que se integra en nuestro ordenamiento jurídico y que nadie llega a conocer mínimamente.

Todo este proceso ha conducido a que hoy la ley sea simplemente el vestido jurídico que se da a una decisión política para otorgarle una determinada fuerza de obligar. Es decir, la ley se ha convertido en el envoltorio que sirve de escudo a una medida. Se habla así de la ley-medida, alejada de aquellos principios generales de la ley-código.

Esta diarrea legislativa está provocando una descomunal confusión social. Tengamos en cuenta que una ley acota una parte de la realidad (por ejemplo, el tráfico) y nos dice qué podemos y qué no podemos hacer, es decir, qué está bien y mal. La ley así contribuye a perfilar nuestro modelo de sociedad. La histérica actividad del legislador está configurando un modelo desconcertante en el que nadie sabe por dónde se mueve, nadie sabe con certeza hasta dónde puede llegar. Nadie da un paso sin tener cerca un abogado. Es una sociedad temerosa de individuos confusos que no saben lo que pueden y no pueden hacer.

Es cierto que el ideal codificador era ingenuo: leyes simples y breves que crearan una sociedad justa orientada a la felicidad. Pero entre ese ideal y el confusionismo actual hay una amplia gama de grises.

Esto es en lo que se ha convertido la ley, pero ¿qué debería ser? El legislador ha perdido la consciencia de la esencialidad de la herramienta que maneja, herramienta que hoy se encuentra banalizada. ¿Por qué se está malbaratando ese instrumento de conformación social? Entre otras razones, porque las leyes se suelen aprobar cuando el político percibe que su impulso puede recibir el aplauso público y reportarle el ansiado voto. Las leyes se suelen plantear como reacción precipitada ante acontecimientos y no con una sosegada visión a largo plazo.

Cada ley debería ser fruto de una profunda reflexión sobre qué queremos hacer de nuestra sociedad. Por tanto, lo primero que debería tener en mente el político que pretende impulsar una ley es hacia donde debe caminar la sociedad. En segundo lugar debería abrirse un debate social sobre el modelo que queremos, en el que el político asuma que debe explicar lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. En último lugar vendría la redacción concreta de la ley, que debería hacerse por los mejores profesionales en la materia.

En definitiva, la ley como instrumento de configuración social debería tener para los políticos que la apoyan un carácter casi sagrado. Con esa actitud, se dictarían muchas menos leyes. Cada ley sería el resultado de una detenida consideración sobre sus objetivos y su contenido concreto, sobre la dirección en que lleva a la sociedad y sobre cómo la conduce a ese destino colectivo. La ley debería aspirar a impulsar cambios que poco a poco vayan acercando el modelo a esa Ley mayúscula a que nos referíamos. Entiéndase por Ley mayúscula aquella que tiene la intención de aproximar la sociedad en que vivimos al ideal de sociedad en que nos gustaría vivir. Si todas las leyes se hicieran con esa simple intención las cosas empezarían a cambiar y la ley a asumir el papel que le corresponde.

Los ciudadanos debemos exigir esa claridad del legislador. El nuevo Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, prometió dictar pocas leyes: “las leyes tienen que servir para generar oportunidades, no para crear obstáculos. Necesitamos menos y mejores leyes, procedimientos administrativos más simples, con menos trámites y con plazos más ágiles”. Estaremos vigilantes para exigirle el cumplimiento de ese compromiso.