¿A dónde vamos con tanto Estado de Derecho?

Inicialmente el Estado de Derecho surgió por oposición al Estado absolutista, donde el poder del Rey no tenía ninguna limitación, salvo la de la ley divina. Posteriormente fue evolucionando con la maduración de las democracias constitucionales, la división de poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) y el desarrollo de un ordenamiento jurídico capaz de asegurar que toda persona sería tratada por igual ante la justicia. Fue, por tanto, un avance histórico que protegió los derechos de los ciudadanos frente a las arbitrariedades del gobierno. Desde este punto de vista pocos peros habría que ponerle al Estado de Derecho.

La duda surge cuando vemos que la aplicación de este concepto ya no se limita solo a las relaciones de los ciudadanos con los poderes institucionales o económicos, sino que también se ha extendido a las relaciones entre ellos. Esto ha producido un cambio de actitud sustancial. Ahora el ciudadano no solo quiere sentirse protegido legalmente frente a los abusos de los grandes poderes sino que también quiere que le amparen ante cualquier conducta que le parezca abusiva por parte de sus vecinos, compañeros de trabajo o de cualquiera que pase a su lado.

Es evidente en muchos casos la necesidad de una legislación que nos proteja, incluso de otros ciudadanos. Por ejemplo, cuando una de las partes no tiene la posibilidad de defenderse, sea porque el asunto que genera el conflicto es técnicamente difícil de entender, porque la otra parte tenga el poder de imponer su criterio sin atender a razones, o por cualquier otro motivo.  

Pero una cosa es eso y otra, muy distinta, son aquellos casos que tradicionalmente se resolvían directamente entre las personas afectadas, a poco interés que hubiera por ambas partes, y que, con el tiempo, de una u otra manera se van regulando. El resultado es que, en muchos casos, las personas afectadas por esos conflictos encuentran más cómodo recurrir a la norma, o a la autoridad competente, que esforzarse en resolverlo por ellas mismas. Casos cotidianos hay muchos. Algunos hasta pueden parecer ridículos, pero reflejan cómo van evolucionando nuestras costumbres. Llama la atención, por ejemplo, que, para que los que tienen alguna clase de impedimentos puedan sentarse en un transporte público, ahora tenga que haber una norma que reserva una serie de asientos para ellos, como si ya no se pudiera confiar en la solución de toda la vida: que alguien se levante sin que nadie se lo pida para dejarle su asiento a una de estas personas. O que, si el vecino pone la televisión muy alta, en vez hablar con él y sugerirle amablemente que la baje, ahora llamemos a la policía para que nos lo resuelva.

El problema, claro está, es que para que esa protección pueda surtir efecto tienen que existir las leyes o normas correspondientes que establezcan, y regulen con detalle, qué comportamientos deben considerarse abusivos y qué sanciones deben penalizarlos. No solo eso, sino que también debe haber algún organismo público que vigile e imponga el cumplimiento adecuado de esas normas porque, de lo contrario, se entiende que su mera existencia, sin amenaza de sanción, tendría tanta eficacia como un brindis al sol.

Llegados a este punto habría que preguntarse qué es lo que origina tanta norma. En mi opinión, básicamente son el resultado de dos tendencias que se realimentan. Una de ellas es la que se ha ido impregnando en la sociedad, consistente en reclamar que el Estado resuelva todo lo que pueda constituir un problema para la convivencia. Tendencia que, dicho sea de paso, se ve reforzada por la creciente vinculación que se está produciendo entre el concepto de ciudadanía (más bien calidad de la misma) y el de los derechos que deben ser reconocidos (y, por tanto, protegidos). A esta se le suma la tendencia instalada entre los políticos de creer que su gestión será tanto más apreciada cuantas más leyes consiga que se aprueben; sobre todo, si dan la impresión de que van a servir para solucionar alguno de los problemas que más molestan a la gente o, al menos, que más presencia tienen en los medios de comunicación.    

El caso es que estamos metidos en una dinámica en la que, con el fin de que todos nos sintamos protegidos ante los posibles abusos de alguien, nuestro Estado de Derecho se va dotando de un denso entramado de leyes y normas de todo tipo que regulan nuestros comportamientos para asegurar que somos buenos ciudadanos. Y esto, desde luego, no nos sale gratis; al contrario, tiene unas consecuencias que conviene tener bien presentes.

En primer lugar, cuantas más leyes o normas codifiquen determinados aspectos de nuestras vidas menor será nuestro margen de libertad para actuar de una u otra manera, y para solucionar nuestros problemas como creamos más conveniente. Una norma que nos dice cómo debemos comportarnos significa, explícita o implícitamente, que se nos puede castigar por hacerlo de otro modo, aun cuando no estemos perjudicando a nadie. Significa estar un poco (o un mucho) más aprisionados.

Quizás, a algunos les pueda parecer que estoy exagerando y que tampoco es para tanto. Bueno, pues yo les recomendaría entonces que se preguntaran lo siguiente: ¿por qué no se revierte esta tendencia? ¿Por qué es mucho más fácil ver cómo se aprueban nuevas normas que asistir a la eliminación de otras ya vigentes y que se nos libere de su obediencia?

En segundo lugar, es evidente que esta tendencia nos uniformiza un poco más a todos. Son pasos que nos aproximan al funcionamiento del rebaño. Da igual cuánta libertad de pensamiento y de opinión hay en nuestra sociedad si, en la práctica, nuestras conductas se van haciendo cada vez más homogéneas a golpe de leyes. Podemos alabar el respeto a la diversidad todo lo que queramos, y decir que nos enriquece mucho, pero es difícil negar que cuantas más normas nos digan cómo debemos actuar en tal o cual aspecto de nuestras vidas, menos diversidad habrá y más iguales serán nuestros comportamientos. 

En tercer lugar, avanzando por esta senda es obvio que el Estado va disponiendo de más instrumentos para controlarnos. Legisla sobre cuál debe ser la conducta adecuada y después tiene la obligación de vigilarnos de alguna manera para sancionar al que no cumpla lo establecido. Quizás, la gran mayoría de los políticos no pretenden tal cosa cuando promueven la aprobación de una nueva ley, pero aunque no se busque el resultado es ese.

Además, al transferir al Estado nuestra responsabilidad como individuos, para negociar y resolver entre nosotros nuestros conflictos, por una parte estamos perdiendo práctica, y con ello recursos y habilidades personales, para entendernos y solucionar pacíficamente nuestros problemas, y, por otra parte, nos estamos creyendo que afrontar y solucionar esos conflictos no es responsabilidad nuestra sino del Estado. Si nos vemos con ganas de hacer el esfuerzo de arreglar nuestros asuntos por nosotros mismos lo hacemos, pero si no nos apetece o lo vemos un poco complicado, llamamos a la autoridad competente para que actúe “como es su obligación” y “defienda nuestros derechos”. De este modo, vamos reduciendo los ámbitos y los motivos donde ejercer nuestra responsabilidad individual, acercándonos a una categoría poco mencionada, pero cada vez más real: la de los irresponsables estructurales. Y no solo eso, sino que, además, nos vamos colocando en una situación, psicológica y real, de dependencia creciente frente al Estado. Cada vez lo necesitamos más. Lo cual, si lo pensamos un poco, equivale a ir haciéndonos cada vez más infantiles, en lugar de más adultos. Justo lo contrario a lo que, al menos en teoría, pretendemos inculcar en nuestros hijos cuando son pequeños.

Por ello, una de las pautas que deberían inspirar un cambio en profundidad de nuestro actual modelo político es la revisión y, en su caso, eliminación de las leyes y normas que no sean realmente necesarias. Acompañado de un amplio debate público sobre lo que implican para nuestras vidas y nuestro crecimiento como personas.