¿APOSTAMOS POR LA IGUALDAD O POR LAS DIFERENCIAS?

Uno de los conceptos de nuestra cultura política que goza de mayor apoyo social probablemente sea el de la igualdad. La Constitución española lo consagra, desde el principio, como uno de los valores “superiores” de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, al tener que compatibilizarlo con otros valores, como por ejemplo el de la libertad, es normal que surjan ciertas contradicciones.

Si nos remitimos a los discursos políticos, habitualmente estos se refieren a ciertos aspectos relacionados con la igualdad, y no a otros. Desde luego, hay un amplio consenso en torno a la demanda de igualdad ante la ley, eliminando privilegios y evitando discriminaciones por razones de sexo, edad, raza, religión, opinión, etc.

En cambio, en materia económica hay muchos más matices. Por una parte, todos tenemos plenamente asumido que el Estado debe promover activamente la igualdad de oportunidades, mediante políticas como la gratuidad de la educación, las subvenciones al transporte o la progresividad fiscal, entre otras; es decir, medidas que intenten compensar las desventajas en las que se encuentran los más desfavorecidos, como consecuencia de las peores condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven.

Pero por otra parte, y una vez “muerto” el modelo comunista, nadie pretende imponer la igualdad económica. Entre otras cosas porque se da de bofetadas con la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa y todos esos valores en los que se basa el modelo económico actual. Por tanto, en este aspecto lo que se intenta es poner límites a los excesos de la desigualdad, y punto.

La igualdad, sin embargo, tiene otras connotaciones que apenas solemos manejar en nuestra cultura política. Por ejemplo, ya al nacer somos diferentes unos de otros, de manera que cada cual viene a este mundo con unas peculiaridades y potencialidades que le son específicos; por tanto, su aspiración natural debe ser cultivarlas y desarrollarlas a lo largo de su vida. Esto también forma parte de sus derechos y libertades. Y a ello se estará refiriendo, sin duda, el texto constitucional cuando, en su artículo 10, habla del “libre desarrollo de la personalidad” como fundamento “del orden político”.

La cuestión es si el orden político debe hacer lo que esté en su mano para que se potencie el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo –obviamente, mientras no se trate de un desarrollo patológico– o se debe conformar con “respetarlo”. Si, como en el tratamiento de la igualdad, debe ser un sujeto activo o no.

Oímos con frecuencia declaraciones políticas que hablan de promover el “respeto” a las diferencias, y en general sobrentendemos que se están refiriendo a ciertas minorías étnicas, religiosas o con alguna discapacidad; es decir, damos por supuesto que solo se contemplan las diferencias que pueden constituir un factor de “debilidad” frente al resto de la sociedad. Pero nos sorprendería, por inusual, que hubiera discursos políticos que hablaran de “fomentar” las diferencias asociadas a las genialidades de cada ser humano. Da la impresión de que eso le “chirriaría” a la gente, de que no sería políticamente correcto.

En cambio, en el ámbito de la educación al menos se lo plantean. Así, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de educación que se acaba de aprobar en España, dice: “Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo”.

¿Hasta qué punto podemos compatibilizar el objetivo de potenciar los diferentes talentos de cada individuo con el objetivo de promover la igualdad entre individuos? Dado que al potenciar los talentos de cada uno, se estarán agudizando sus diferencias con los demás, alejándoles de la igualdad, ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a que el sistema político potencie esas diferencias?

Incluso el sistema educativo se mueve también en la contradicción entre potenciar esa diversidad de talentos y asegurar un cierto grado de igualdad. De hecho, como ya hemos comentado varias veces en este blog, en la práctica la educación se rige por un alto grado de estandarización al imponer a todos los estudiantes unos métodos de aprendizaje basados en los mismos cursos, asignaturas, horarios y exámenes, con independencia de cuáles sean sus talentos individuales y qué estrategias docentes fueran las más idóneas para potenciárselos. Parece evidente que, si la prioridad fuese esto último, el sistema tendría que estar organizado de otra manera.

Si nos fijamos en nuestro sistema político el panorama es mucho más inquietante, porque no es solo que se esté primando excesivamente el valor de la igualdad, en perjuicio de otros, es que además hay señales que apuntan a que nos estamos deslizando hacia una igualdad “a la baja”, con un contenido cada vez más pobre. Y cuando digo nuestro sistema político, no solo me estoy refiriendo a los políticos, sino también al grueso de la ciudadanía.

El tipo de democracia al que estamos derivando, con la desafortunada contribución de las técnicas publicitarias y de gran parte de los medios de comunicación, genera una cultura política cada vez más dominada por la mediocridad. En esta cultura a los líderes políticos se les exige que sean, o al menos que lo parezcan, un fiel reflejo del ciudadano promedio, de modo que este se pueda sentir identificado con ellos. Mientras que, paralelamente, ese ciudadano va siendo modelado –en gran medida con su contribución– hacia unos intereses marcados por la elementalidad. Y es un proceso que se va realimentando. Por ejemplo, las televisiones apuestan por los debates vocingleros y de nulo valor didáctico, y según parece el público se enchufa cada vez más a ellos; los líderes políticos recurren en sus actos electorales a los mensajes mitineros, trufados de simplificaciones y medias verdades, como si el personal fuera estúpido o interesara que lo fuera, y esto apenas se explicita en la agenda de los indignados.

A menudo se oyen advertencias sobre el riesgo de que, fruto de la crisis actual del sistema político y económico, surjan líderes políticos “populistas” que arrastren a la sociedad al desastre. Lo que habría que preguntarse es si, poquito a poco, no estaremos creando entre todos las condiciones idóneas para que acabemos inexorablemente inmersos en un sistema político esencialmente popu

Por tanto, ¿a quién le podría interesar en nuestro sistema político que empezasen a proliferar personas que claramente destacasen sobre los demás y que, además, tuvieran proyección pública? Sería una contradicción de base. Ni a la clase política ni al grueso de la sociedad le interesa, hoy por hoy, que emerjan personajes con un elevado nivel intelectual, capaces de pensar por sí mismos y de discrepar con fundamento de las mayorías. Por eso es más que dudoso que quisieran fomentarlos.

Uno de los mayores logros de la humanidad, en los últimos doscientos años, es haber conseguido que se eleve sustancialmente el nivel educativo del promedio de la población. Pero no parece que se haya conseguido eso mismo con la minoría más capacitada. Cabría incluso dudar de que realmente se haya pretendido.

En realidad, no se trata de generar una actitud específica hacia esa minoría. El tema va mucho más allá. A lo único que habría que aspirar es a que cada persona pudiera desarrollar, sin restricciones, todas las capacidades con las que ha nacido, con independencia de que estas sean más o menos útiles, visibles o valoradas por la sociedad. Uno de los muchos resultados que se obtendrían de hacer las cosas así, es que probablemente surgiesen muchos más genios y personajes brillantes de la talla de los Velázquez, Picasso, Beethoven, García Lorca, Einstein, Nietzsche o Juan de la Cruz, por citar solo algunos,  lo cual nos vendría muy bien al conjunto de la sociedad.

Para ello, no hay otra forma que la de apostar de verdad por las diferencias y la diversidad. Pero, ¿eso sería compatible con el actual paradigma político y social? ¿O tendríamos que empezar a pensar en otro distinto?