La mayoría de las Comunidades Autónomas están con el agua al cuello y con extraordinarias dificultades para llegar a final de mes. Es muy posible que si España necesitara un segundo rescate fuera para salvar a las Comunidades Autónomas, que se encuentran sin acceso al crédito y con su deuda rebajada al nivel de los bonos basura. Los planes de pago a proveedores han dejado seco al Instituto de Crédito Oficial que ha asumido su financiación, con lo cual la única solución ahora pasa por que sea el propio Estado quien se endeude, con lo que aumentará la presión sobre la prima de riesgo del país.
La causa por la que las Comunidades están en esta situación es sencilla. También ellas han vivido de la burbuja inmobiliaria. Hasta la crisis se han sobrefinanciado con los ingresos tributarios derivados de la compraventa de viviendas, básicamente el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que está íntegramente cedido a las Comunidades. Ahora no hay transacciones, por lo que esa importante fuente de ingresos se ha desplomado (solo entre 2007 y 2008 ya se redujo a la mitad). Durante los años de vacas gordas (curiosamente aproximadamente 10 años como en el mito bíblico) esa sobre-recaudación se ha despilfarrado, en lugar de ahorrarse en forma de supéravit que permitiera afrontar los años de vacas flacas.
Las Comunidades, cualquiera que sea su color político, reconocen en privado que los recortes del Gobierno en materia de sanidad suponen un alivio para sus finanzas, aunque el discurso político oficial les obligue, en ocasiones, a mostrarse en contra de las mismas e incluso a recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. De hecho, algunas de estas regiones, como Cataluña o Andalucía, han tenido que ir más lejos que el Gobierno estableciendo medidas adicionales de ahorro, como la central andaluza de compra de medicamentos o la tasa sanitaria de la Generalitat.
Mientras este es el panorama de estrecheces que se respira en toda España, el Gobierno del País Vasco saca pecho y se rebela: en esa Comunidad no se aplicarán los ajustes en materia de sanidad. No sólo eso, basta darse una vuelta por Navarra o por el País Vasco para que comprobemos que tienen, con diferencia, los mejores servicios públicos de España: juzgados sin una carga excesiva y que resuelven los asuntos con celeridad, red de transportes envidiable y en buen estado, administración eficiente, funcionarios magníficamente pagados.
Como en Asterix, sólo dos Comunidades Autónomas resisten el empuje de los romanos. Y no, no tienen una poción mágica. ¿Cuál es la explicación para que País Vasco y Navarra sean las únicas Comunidades que no tienen problemas de financiación? El secreto del que casi nadie habla se llama régimen especial (privilegiado) de financiación: el concierto económico del País Vasco y el convenio económico de Navarra. Estos dos “regímenes históricos” funcionan de una manera similar: las administraciones forales recaudan los tributos que se obtienen en la Comunidad Autónoma y pagan un cupo, que se pacta con el Estado, por los servicios que este presta en esa región. Es decir, exactamente al revés que en el sistema de financiación común que se aplica a los demás, en el que el Estado regula y recauda los principales tributos y luego entrega una participación anual a las Comunidades Autónomas.
A nadie le puede extrañar que en tiempos de escasez otras Comunidades reclamen para sí este mismo privilegio. En concreto, quien más lo ha venido exigiendo ha sido Cataluña, que ya lo insinuó en el Estatuto de Autonomía de 2006 y ahora abiertamente lo pide con el nombre de pacto fiscal. Según las últimas encuestas un 75 % de los catalanes estaría a favor de ese sistema de financiación.
El origen histórico del “concierto vasco” es curioso y ciertamente distinto a la lectura que hoy le dan los nacionalistas. La palabra “concierto económico” se utiliza por primera vez en el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, tras la tercera guerra carlista, para incorporar a las “Provincias Vascongadas”, una vez “establecida la unidad constitucional”, al régimen tributario general de la Monarquía, del que hasta entonces estaban exentas. Es decir, históricamente el concierto significó la eliminación del privilegio fiscal que disfrutaban las Provincias Vascongadas; aunque está supresión no llegó a ejecutarse plenamente por simple desidia de la Hacienda española que permitió que transitoriamente fueran las Haciendas forales las que recaudaran (y ya sabemos que en este país no hay nada más permanente que lo transitorio). La habilidad del discurso nacionalista, por nadie rebatido, ha conseguido presentar lo que realmente fue la plena integración del País Vasco en el régimen tributario común, en una singularidad histórica privilegiada y con reconocimiento expreso en la Constitución de 1978.
La exigencia catalana de un régimen fiscal parecido tiene cierto sentido. Según cálculos de la Agencia Tributaria, el País Vasco gracias a su “concierto” recibe anualmente y sólo en concepto de IVA 1.820 millones de euros extra de financiación, por encima de la que le correspondería en el régimen común, en el que lo que se recauda básicamente se distribuye en función de la población. Esos 1.820 millones adicionales salen del bolsillo de los residentes en el resto de Comunidades Autónomas, siendo los mayores aportantes los catalanes (340 M), los andaluces (311 M), los madrileños (306 M) y los valencianos (200 M).
La Constitución, en numerosos artículos, proclama solemnemente la “solidaridad interterritorial”. Extraño concepto de solidaridad el que da como resultado que una de las regiones más pobres y campeona del desempleo como Andalucía financie con sus impuestos a las Comunidades más ricas. Andalucía, con la tasa de paro más alta de España de un 30,93% está sosteniendo a País Vasco y a Navarra, que tienen las tasas más bajas de paro con un 12,17% y un 11,68%, respectivamente.
¿Entendemos ahora a los catalanes? Sin duda la postura valiente y generosa sería luchar por la desaparición de los privilegios que degradan la dignidad de un modelo constitucional. Pero claro eso sería ir contra hermanos nacionalistas. Tampoco los grandes partidos nacionales que aspiran a gobernar España o a obtener un buen resultado electoral en el País Vasco o en Navarra pueden permitirse un discurso que se lee como enemigo de esas regiones. Resultado: solo un partido minoritario y sin ninguna aspiración de gobernar ha hecho bandera de esta injusticia: UP y D. ¿Mantendría la misma postura este partido si tuviera alguna posibilidad de gobernar?
Se aprecia más fácilmente lo absurdo que resulta este modelo de financiación si lo trasladamos a otras situaciones conocidas pero algo más lejanas. ¿A alguien le cabe en la cabeza que a Alemania o a Holanda se les ocurriera reclamar que Grecia o Portugal les pagaran una subvención anual por no se qué privilegio histórico? ¿O que el Sr. Botín le reclamara pagos anuales al pobre de la esquina? Pues esto es mas o menos lo que ocurre en nuestra España: las regiones más ricas, País Vasco y Navarra, reciben dinero del resto y claro ahora otra de las Comunidades ricas quiere apuntarse a la fiesta.
Los constituyentes hicieron un gran esfuerzo por redactar la mejor Constitución posible en un tiempo verdaderamente convulso. Sin embargo, las circunstancias históricas dieron como resultado un cuadro bastante confuso. En estos momentos, uno de los retos más importantes que tenemos por delante es empezar a desenredar la madeja que nos dejó la Constitución de 1978. Propongo empezar por uno de los errores más obvios y, sin embargo, uno de los aparentemente más inamovibles: los privilegios vasco y navarro en el sistema de financiación. El ruido y la escandalera serán tremendos. Se escucharán amenazas de secesión, pero el único argumento que se oirá a favor del mantenimiento de los privilegios será el histórico. ¿Y? ¿No existieron los privilegios de la aristocracia? ¿No existió la esclavitud o la pena de muerte? En algún momento políticos valientes decidieron terminar con estos agravios porque sencillamente no existía justificación para su mantenimiento.
En este país hace falta dignificar la política como la primera de las funciones que cualquier persona puede afrontar. Para que la política recupere lo que algunos políticos le han quitado, estos deben olvidarse de las siguientes elecciones. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, y si lo explican bien y son valientes hacerlo les dará votos.
En estos momentos la gran cuestión que plantean las reivindicaciones de Cataluña es la siguiente: ¿o suprimimos los privilegios de las dos Comunidades aristrocráticas o nos hacemos todos aristócratas? Y obviamente es imposible sostener un Estado en el que todos sean privilegiados.
El articulo de Salama escora el problema de las autonomías y yo creo que incurre en dar una opinión sesgada. Ya, en algunas otras ocasiones, se ha discutido sobre el origen de las autonomías llamadas «históricas». Es un tema que ha suscitado polémicas profundas. La Constitución del 78,con sus imperfecciones, intento limar muchas de las heridas de la guerra civil. La transición ha sido reconocida, internacionalmente, como un ejemplo de convivencia entre partidos políticos, opuestos,para constituir una sociedad democrática. Esto vino después de 40 años de dictadura.
Los representantes vascos jugaron sus cartas. La dictadura los había castigado por no haber apoyado su insurrección. Esto había que limarlo. Era un momento, como dicho, de transición. No creo que hubiera engaños.
Los artículos de la Constitución que promulgan la igualdad de los españoles y de las regiones han creado mecanismos como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que tiene en cuenta el PIB de las regiones para ayudar a las más desfavorecidas. Todo esto tiene instrumentos como la LOFCA (la ley orgánica de la financiacion de las comunidades autónomas).
En la cuestión del IVA, que lo recauda el gobierno central, hubo interpelación del UPyD sobre el IVA «regalado» a Navarra por las exportaciones de los vehículos Volskwagen, que ha querido mantener el actual gobierno. Creo que el monto total de ese IVA es de 400 millones anuales, que en los últimos cuatro ejercicios suma 1.700 millones de euros.
Yo creo que puede tener criterio, lo que argumenta Salama, sobre el problema autonómico, sin olvidar los defectos del centralismo, pero sesgarlo me parece un error.
La comparación final sobre pobres y ricos es difícil hacerla desde la visión que presenta. El PIB del País Vasco es de 132%, el de Madrid el 130% y la de Cataluña el 117%. Por lo que Madrid no esta tan desfavorecida. Quizás Cataluña se note así misma deprimida.
Lo siento pero sigo sin escuchar ningún argumento a favor del mantenimiento de los privilegios en el sistema de financiación del País Vasco y Navarra, más allá de agravios históricos más o menos ciertos. Tampoco estoy seguro de que pueda afirmarse que en los 40 años de dictadura los residentes en el País Vasco padecieran más que los que vivían en las restantes regiones.
Por supuesto que la Constitución tiene otros mecanismos de solidaridad interterritorial, pero todos ellos resultan distorsionados por el hecho de que dos de las Comunidades más ricas reciban sustancialmente más de lo que les corresponde de los ingresos comunes. En cuanto a ricos y pobres, creo que aceptarás que Andalucía o Extremadura, aportantes netos al sistema de financiación de País Vasco y Navarra, tienen datos económicos bastante peores que estas Comunidades
Los datos que doy en el post sobre el exceso de ingresos por IVA está tomado del estudio más riguroso sobre esta cuestión que conozco, publicado en la revista «Crónica Tributaria» número 142/2012 (157-194), «constitucionalidad, legalidad y justicia del concierto económico con el País Vasco» (Javier Vicente Matilla, Agencia Estatal de la Administración Tributaria)
La situación que estamos atravesando está teniendo consecuencias muy graves para cada vez más personas, y necesita soluciones urgentes. Si nos enredamos en divagaciones jurídico-administrativas, como hace José María Bravo, podemos regalarnos el oído a discreción, pero no estamos siendo realistas. Tampoco estamos aportando nada, y estamos siendo tan inoperantes -por decirlo suavemente- como nuestros políticos. Yo no sé si estos empezaron a dedicarse a la política con intención de ir más allá de su propio egoísmo, cobardía o ignorancia, pero si tenían esa pretensión, es evidente que perdieron de vista hace mucho sus horizontes y hoy están claramente más motivados por la ambición que por trabajar para superar un modelo social de señores y vasallos. Y si ellos no están dispuestos a hacer la más mínima autocrítica, tendremos que dársela hecha, y tendremos que obligarles a escucharla. ¿Cómo?. Absteniéndonos en las próximas elecciones. Dándoles la espalda a azules, rojos y verdes. Sólo son equipos que compiten por ganar un mismo trofeo. ¿No habremos convertido la política un deporte de masas?. Es posible, todo está mezclado y confundido.
Ahora, después de la locura del “progreso económico” que ha enriquecido a algunos pobladores del arrabal, lo que parece más bien es que, lejos de haber superado esa estructura feudal, se haya reforzado. Nuestra democracia tiene la preocupante peculiaridad de que los que entraron en el castillo con la pretensión de derribar las murallas desde dentro simplemente se han quedado a vivir en él. Parece que en algún momento debieron cambiar sus ideales por dinero.
En este aspecto, cabe dudar seriamente de que la famosa transición fuese tan modélica como nos han contado. Porque no resulta muy creíble la idea de que un país pueda pasar praćticamente de la noche a la mañana de una dictadura a una democracia, como supuestamente ocurrió en España. Y habría que ver también hasta que punto el pacto entre partes tan enfrentadas como las que se sentaron a negociar hace cuarenta años fue más un pacto que una complicidad, considerando que la estrella del acuerdo resultante fue una constitución interminable plagada de trampas antidemocráticas. Sin este “defectillo” ¿habría podido crecer tanto la cantidad de cortesanos y a la vez hacerse tan fuerte?. Y, si a juzgar por las medidas que ellos están tomando y aplicando para salir de la crisis, todos los indicadores apuntan a que en lugar de remontarla se está agravando, ¿necesitamos más pruebas de que están mucho más interesados en mantenerse en el poder a cualquier precio que en cualquier otro objetivo?.
Si nuestra constitución es un laberinto legal diseñado para legitimar y perpetuar las diferencias entre ricos y pobres, tendremos que romperla y redactar otra que detenga este bucle tan destructivo. Sustituirla por otra que no contenga repliegues ni escondrijos por los que puedan colarse y escaparse personajes con pocos escrúpulos, para lo cual tendría que empezar por ser muchísimo más reducida. Que legisle con claridad, sin complicar. Que pueda entender todo el mundo y que imposibilite al máximo la interpretación. Que regule derechos y deberes sin reglamentar cada cosa que hacemos o haremos. Y por supuesto, que sea la misma para todos. Isaac dice que “en algún momento políticos valientes decidieron terminar con estos agravios porque sencillamente no existía justificación para su mantenimiento”. Estoy segura de que hay gente nuestro país que reúne condiciones para ser ejercer la política desde el servicio a los demás, pero si los ciudadanos seguimos prestando atención a tanto prestidigitador y dejando nuestra vida en sus manos o viendo en ellos un modelo de progreso, esto no tiene ninguna solución. Es necesario que miremos de frente a la mentira democrática y sentemos de una vez a nuestros políticos para cambiar las reglas. Podemos y debemos conseguirlo.
Puedo aceptar perfectamente la critica de Inés T.G. Y quizás comprender que es el momento de cambiar cosas. Lo que yo le pregunto a ella y a Isaac es como hacerlo. Isaac, antes de de exponer cualquier idea de cambio, hace un preámbulo ideológico que impide estar plenamente de acuerdo. Si usted lee detenidamente su articulo, habla del alivio de las comunidades si se les quita el gasto de la sanidad, habla del periodo de las vacas gordas y el despilfarro de algún gobierno. En fin denota afinidades políticas en las que uno no tiene porque estar de acuerdo. Usted, Inés T.G. me descalifica por inmovilismo. Me lo dice por no estar enteramente de acuerdo que los beneficiados de este sistema sean, simplemente, el Pais Vasco y Navarra?
En su respuesta a mi comentario inicial, Isaac, me remonta a un articulo escrito por Javier Vicente Matilla sobre los ingresos del IVA. Ese articulo menciona la irregularidad o el defecto que, Matilla, encuentra de como se esta tratando,en algunos casos, la gestión del cobro. Pero esto no quiere decir que ese defecto sea causa para estar en contra de la concepción autonomista. Que en la practica haya defectos en un sistema no invalida su principio conceptual.
Isaac, para mi, tiende a ir aplicando doctrina más que a profundizar en la cuestión conceptual del Estado. Esa es mi critica y mis preguntas: Que idea de Estado tiene Salama?- Que idea de Sanidad tiene Salama?. Cual ha sido el despilfarro del Estado y con respecto a que origen de las «vacas gordas»?
Brevemente porque sería muy largo y es mejor que cada uno se informe por si mismo… si quiere.
No existe ningún motivo que justifique el «privilegio». El carlismo fue un movimiento super-reaccionario que se rebeló contra el gobierno de España, afortunadamente fué aplastado.
En la transición no había que «limar» nada. No es cierto que los vascos se «opusieran a la insurrección», la oposición fué minima y rápidamente colaboró con los rebeldes de Franco y posteriormente durante su dictadura.
(*Por cierto que el movimiento carlista cuadra a la perfección con un gobierno militar ultracatolico).
La transición fue un proceso en el que todo el pueblo español fue engañado, y en el que colaboraron los «padres de la patria» vascos y catalanes junto con los «padres de la patria» de los dos partidos mayoritarios de la derecha y de la izquierda y por supuesto el rey, nadie más, (Pactos de la Moncloa), y que nos ofreció una constitución para forjar esta «dictadura parlamentaria» que dura ya casi cuarenta años y que nos está llevando al desastre… ya queda poco.
Salu2