A pocos días de la visita fugaz del rey emérito a España trás casi 2 años en Abu Dabi exiliado por presunta corrupción y por algún que otro escándalo sobre sus finanzas, su vida amorosa y su afición a la caza, se estrena una serie documental sobre la monarquía española que cuenta la historia de Los Borbones, dando una visión muy íntima y familiar de la familia real y relatando la relación, casi tradicional, de los borbones con el dinero y las mujeres.
¿Desprestigian los actos de Don Juan Carlos al rey actual y a la institución monárquica? ¿Cuál ha sido el papel histórico del emérito? ¿Cuánto durará la protección desde los poderes y desde los medios de comunicación? ¿Tienen sentido las monarquías en el mundo actual?…
La gran diferencia entre la monarquía española actual con el resto de monarquías europeas, es que la reinstauración monárquica procede de la decisión personal de Franco (Ley de Sucesión en la «Jefatura del Estado» de 6 de julio de 1947) donde España «se declara constituida en Reino», así como la ruptura en la línea dinástica de sucesión (que correspondería al Conde de Barcelona) y el nombramiento de Juan Carlos «a título de rey» por el régimen anterior con el juramento de los Principios Fundamentales del Movimiento.
La operación «de la ley a la ley» llevada a cabo en su momento como una prestidigitación jurídica por parte de Torcuato Rodríguez Miranda (presidente de las Cortes) dió lugar a la Ley de Reforma Política y a la proclamación de Juan Carlos de Borbon inmediatamente a la muerte de Franco (todavía no era un rey constitucional puesto que no había constitución y, por ello, se blindó la figura en la misma: inviolabilidad de la «persona» del rey, no de la figura institucional de la Jefatura del Estado. Por ello se confunden ¿adrede? la persona real con la función constitucional.
La idea de una monarquía parlamentaria es casi un oxímoron. La monarquía supone poder absoluto del monarca (con su consejo del reino) y la representación política de los ciudadanos por el contrario representaría la «soberanía nacional» (capturada por los partidos y los gobiernos).
La figura de los «borbones» monarcas en España ha sido muy polémica en la mayor parte de los casos desde el siglo XVIII/XIX. «Dos siglos de bribones y algún malandrín» de Miguel Angel Ordóñez es uno de tantos libros dedicados a la investigación histórica de la corrupción en España con sus beneficiarios, entre otros.
Más concretamente, la figura del llamado «emérito» (un eufemismo vacío) constitucionalmente tiene establecidas unas funciones y responsabilidades en el artº 56 de la C.E.: «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones» o el artº 62: «corresponde al rey….» (como prerrogativas reales), mientras que el artº 64 establece que «sus» actos «serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministr os competentes». Es decir, todos los actos institucionales están bajo corresponsabilidad del gobierno de turno, mientras que los estrictamente privados se han acogido a la «inviolabilidad» personal. Esto es lo que está en cuestión en la figura del monarca.
Quizás una renuncia expresa de tal figura (que choca además con los artículos 1º y 14º de la C.E. en cuanto a la «igualdad ante la ley»), además de un conocimiento detallado de los casos supuestamente irregulares que le son atribuidos, contribuiría a aclarar la situación. Romper el «tabú» informativo existente sobre la casa real.
Por otra parte no es cuestión ya de «derechas» e «izquierdas» (ya inexistentes) sino del cumplimiento regular de las funciones constitucionales de poner orden en el caos político, constituional e institucional existente.
Buen debate sin salir de la corrección adecuada.
Un saludo.
En Europa actualmente hay 10 monarquias, 5 de las cuales se encuentran entre los 10 paises menos corruptos del mundo, 6 si contaramos a Nueva Zelanda que no es Europa.
Existen tambien 18 repúblicas centralistas y dos repúblicas federales, Alemania y Austria que presentan algunas diferencias en su funcionamiento.
En España la monarquía asociada a la dinastía borbónica o a las correrias del rey emérito, pesan como una losa sobre el monarca actual Felipe VI, y no me parece justo.
Las funciones actuales del rey suprimidas ya las de promulgar y sancionar las leyes, son de representación del estado, y creo que las está cumpliendo con el decoro necesario, si es que este país puede ser dignamente representado en su actual situación.
Es correcto el planteamiento de la posibilidad estudiada y seria de instaurar una república de corte moderno.
Pero relacionar al actual monarca con el proceso histórico de los borbones que todos sabemos lo que ha sido, me parece tanta falacia como comparar la instauración de una república con la referencia de la segunda nuestra.
Se está cifrando en el intento por la añoranza de unos individuos de traer del pasado una república que fué sublimada por situarse entre dos dictaduras, en la que hubo tres intentos de golpes de estado, la proclamación de Estado Federal Catalán, la sangrienta revolución de Asturias y sucesos como la masace de Casas Viejas.
Evidentemente en Europa hay repúblicas y monarquias que funcionan bien y otras que lo hacen mal, con particularidades propias que tienen que ver con su historia, sus condiciones econónicas y sociales y fundamentalmente con la gestión de sus gobiernos.
Un abrazo
Totalmente de acuerdo con Rafa. Sólo disiento en cuanto a que el rey/jefe de Estado tenga suprimidas las funciones de «promulgar y sancionar las leyes» siempre que no atenten contra la Constitución. En este sentido hay que preguntarse cómo le afecta a la institución haber sancionado y promulgado medidas declaradas inconstitucionales por el TC (eso sí, a toro pasado). Resulta absurdo creer que la institución no cuenta con asesores válidos para advertirle en tal sentido. La pregunta es…. ¿porqué lo hace?
Cuando se están desmantelando las instituciones y el Estado se encuentra en descomposición, alguien por encima de los intereses partidarios, debería poner las cosas en su sitio. Ese es el papel (entre otros muchos) de la figura del rey/jefe del Estado. Salvo que existan circunstancias que lo impidan y que deben conocerse.
La institución tiene la confianza del Estado para actuar en consecuencia (los otros poderes son parte del estado, no el Estado como se pretende). Se demostró en el 23-F, se demostró con la dimisión forzada de Suárez….
Por eso no se trata del maniqueismo simple entre los supuestamente «bueno» y lo supuestamente «malo» en que se mueven estos discursos. Como tampoco se trata de seguir con los «comodines» de «izquierdas» y «derechas» que huelen a naftalina, para esconder la realidad política que vivimos.
El cargo público, cualquiera de ellos, es una delegación de confianza del Estado (de los ciudadanos) en la capacidad, la competencia, la honestidad, la ejemplaridad, la generosidad y el altruismo de los que lo reciben. Cuando esa confianza se pierde por hechos como los conocidos en gran parte de ese mundo «político» no sólo se resienten los responsables, también las instituciones.
Y en esas estamos. «Esperando a Godot» como en la obra de Ionesco o buscando con lamparilla el «hombre honrado» (sea monarca o simple persona) que nos devuelva la confianza perdida.
Un saludo.