Cataluña. Emergencia constitucional

A menudo se olvida que la creación de un nuevo Estado es una cuestión de hecho y no de Derecho. Un Estado es una organización política que ejerce soberanía/poder sobre una población y un territorio. Cuando se dan estos tres elementos -soberanía, población y territorio- y se declara la independencia, lo habitual es que el nuevo Estado vaya paulatinamente recibiendo el reconocimiento de distintos Estados que forman parte de la comunidad internacional.

La Generalitat ha dado pasos importantes en la creación de un nuevo Estado que no se han atajado. Desde septiembre de 2014 está disponible en su web el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, hoja de ruta para la creación de la República independiente. En 2015 el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que dio el pistoletazo de salida al procés y que decía abiertamente que las instituciones catalanas quedaban desconectadas de la legalidad, «no supeditándose a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular, del Tribunal Constitucional (TC)». Y en la práctica así ha sido. Cada resolución del TC relativa al proceso secesionista ha sido ignorada por la Generalitat. Y ya van unas cuantas.

Tras la escenificación del 1-O en Cataluña, la Generalitat está más cerca de conseguir su propósito, ya que el Estado español fue incapaz de imponer plenamente el orden constitucional y, además, fue incapaz de trasladar un mensaje claro y contundente a la Nación. Es cierto, que en el 1-O no hubo referéndum ni nada que se le parezca, sino que fue una farsa sin censo, junta electoral o cualquier garantía exigible a una votación mínimamente seria; pero se vieron numerosos colegios electorales abiertos y la policía autonómica ignoró la orden judicial de cerrarlos.

Ahora el país está paralizado ante la posibilidad de que el Parlamento catalán declare la independencia. En ese momento entraría en vigor –para los separatistas- la Ley de Transitoriedad, provocando una situación caótica, en cuanto, al mismo tiempo, esa Ley está suspendida en su vigencia por el TC. La Ley prevé, entre otras barbaridades, que los jueces y fiscales en Cataluña pasen a depender de la Generalitat, reservándose el Presidente de la Generalitat la facultad de designar al Presidente del nuevo Tribunal Supremo catalán.

Desde 2015 llevan cometiéndose continuos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. El domingo 1-O se cometió, a la vista de todo el mundo, por lo menos el delito de sedición, que sanciona con penas de prisión de hasta 15 años a quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o el legítimo ejercicio de sus funciones por cualquier autoridad o la aplicación de las resoluciones judiciales o administrativas (artículo 544 del Código Penal). Los separatistas estuvieron al borde del delito de rebelión que impone penas de hasta 25 años de prisión a los que se alcen “violenta y públicamente para… derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (artículo 472 Código Penal).
Estos delitos los están cometiendo directamente cargos electos y públicos de la Generalitat con la cooperación de la policía armada catalana, integrada por cerca de 17.000 efectivos.

Que pueda haber 2 millones (o los que sea) de ciudadanos de Cataluña abducidos por los separatistas a través de años de propaganda consentida, no otorga ni un ápice de legitimidad a quienes están cometiendo graves delitos. Como tampoco los más de 17 millones de alemanes que votaron a Hitler en marzo de 1933 legitimaron los delitos que cometió.

Lo primero en estos momentos es restaurar el orden constitucional y dar seguridad a los ciudadanos de todo el territorio nacional, incluidos, por supuesto, los millones de catalanes que están aterrados y paralizados con el curso de los acontecimientos.

En cualquier país normal, ante una crisis de este calibre, las fuerzas políticas constitucionalistas tardarían cinco segundos en formar un Gobierno de concentración. Si el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se siente capaz de liderar este camino debe dar paso a una candidatura que permita esa solución unitaria. Nadie podría poner ningún reparo a una Presidencia transitoria de una personalidad de prestigio, preferentemente catalán y del principal partido de la oposición, como, por ejemplo, Borrell –ex presidente del Parlamento europeo-, que liderara una respuesta unitaria que reponga el orden constitucional, para convocar elecciones una vez restablecido.

La pregunta del millón es cómo se restablece el orden constitucional roto en Cataluña, sin provocar una confrontación civil e incluso armada que no sabemos a dónde nos puede llevar.

La solución más inteligente en estos momentos sería activar, de una vez por todas, el artículo 155 de la Constitución (CE), que está pensado para solucionar crisis mucho menos graves que esta, pero que también nos sirve para afrontar lo que está ocurriendo. El caso de libro, que se pone como ejemplo, para la aplicación del artículo 155 es la rebeldía de una Comunidad a ejecutar las resoluciones del TC. No he echado la cuenta, pero desde 2014, la Generalitat ha ignorado consciente y deliberadamente cerca de una decena de resoluciones de ese Tribunal. En varias de esas resoluciones, el TC requirió personalmente a todos los miembros del Gobierno de la Generalitat para que obedecieran, advirtiéndoles expresamente de las posibles responsabilidades penales en que estaban incurriendo. Se lo han pasado reiteradamente por el forro.

Pero el 155 no es un número mágico cuya sola invocación solucione automáticamente los problemas. Hay que aplicarlo con inteligencia para que el remedio no agrave la enfermedad. Para decidir cómo aplicarlo, viene bien recordar la medida más eficaz que hasta ahora se ha adoptado para impedir el ilegal referéndum: la imposición por parte del TC de multas coercitivas de hasta 12.000 € diarios a los síndicos electorales. Todos ellos dimitieron inmediatamente y el referéndum se convirtió en una farsa sin junta electoral. ¿Alguien sabe por qué el Gobierno no ha pedido al TC que imponga multas coercitivas al Presidente y todos los miembros del Gobierno de la Generalitat? La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite imponer multas de hasta 30.000 € diarios a cualquier autoridad, empleado público o particular que incumpla las resoluciones del TC. Para esto no hace falta activar el artículo 155 CE, ¿cuánto tiempo aguantaría su rebelión con multas de este tipo?

En fin, estamos en 2017, al borde de la descomposición del más sólido e ilusionante proyecto constitucional que jamás haya tenido España y el remedio del 155 sigue esperando. Su aplicación sólo exige que el Gobierno requiera al Presidente de la Generalitat para que cese en su actitud. Dada la gravedad de la situación, se le puede dar un plazo de horas. Si no atiende el requerimiento, el Gobierno debe proponer al Senado medidas concretas que tengan amparo en el 155; y el Senado, tras conceder un trámite de alegaciones, también necesariamente breve, a la Generalitat, ha de aprobar las medidas por mayoría absoluta.

El artículo 155 CE permite que se suspendan competencias autonómicas y se asuman por órganos del Estado. Lo primero es tomar el control de la policía autonómica, para después poder imponer a través de esta las demás medidas que se implementen. Para ello habría que suspender al Mayor de los Mossos y sustituirlo por un agente estatal. Si algunos policías autonómicos se niegan a cumplir instrucciones del Estado, se les debe suspender cautelarmente de empleo y sueldo y, en su caso, imponerles multas coercitivas. No creo que en estas condiciones económicas la revuelta durara mucho tiempo.

A partir de ahí se debe proceder a la suspensión y sustitución por responsables estatales de los titulares de las competencias claves de la Generalitat utilizadas en el proceso secesionista: desde luego al presidente de la Generalitat, pero también a los consejeros de economía y hacienda, asuntos exteriores, interior, justicia e incluso educación. No parece necesario, por el contrario, suspender competencias como sanidad, trabajo y otras no relacionadas con el procés. Es imprescindible también poner a las órdenes del Estado los medios de comunicación públicos de la Generalitat que están haciendo la función de agitprop. De nuevo los empleados públicos que decidan seguir obedeciendo a los consejeros suspendidos, deben ser suspendidos de empleo y sueldo. De este modo, el Estado irá poco a poco tomando el control efectivo de la Generalitat hasta restablecer el orden conculcado y, pasado un tiempo razonable, convocar nuevas elecciones en Cataluña.

En paralelo, es lógico pensar que la fiscalía actuará penalmente contra los cabecillas de la sedición y que se abrirán procesos penales contra los mismos.

Una vez restablecido el orden constitucional, viene la más difícil tarea de recuperar a una buena parte de la sociedad catalana que ha sido manipulada y desvinculada del resto de España.

Pero lo primero es lo primero: si no conseguimos superar esta crisis constitucional, estaremos condenados a repetir la trágica historia constitucional española. No nos engañemos: si esta crisis no se resuelve adecuadamente, detrás de Cataluña viene el País Vasco y unos cuantos reinos de taifas más.

No desesperemos, si lo resolvemos bien, el envite puede ser una oportunidad para hacer lo que no se pudo hacer hace 40 años: recuperado el orden constitucional, acordar una reforma que garantice la solidez del sistema y que nos permita avanzar con confianza y seguridad hacia el futuro, sin la continua amenaza de rupturas internas y el consiguiente chantaje nacionalista.