Corrupción y Agencia Tributaria

En los últimos años se han destapado más casos de corrupción que nunca. No creo que sea porque antes no los hubiera y ahora de repente sí, sino más bien porque hoy son más eficaces los mecanismos que permiten su descubrimiento y persecución.

Así, el aumento de la colaboración internacional en la lucha contra el fraude fiscal está dando sus frutos. Incluso Suiza se ha plegado a las exigencias de EEUU y de la Unión Europea para transparentar cierta información necesaria para la persecución del blanqueo de capitales. De ahí ha partido la información para destapar importantes casos de corrupción. Hace poco el reciente escándalo de los sátrapas de la FIFA.

Pero sobre todo, el descubrimiento de los casos de corrupción en España ha puesto de relieve la importancia que tiene en su averiguación y posterior enjuiciamiento un concreto organismo estatal: la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Muchos de los casos de corrupción parten de una investigación y denuncia de la AEAT por un caso de fraude fiscal del que van apareciendo ramificaciones que conducen a la detección de otros delitos.

Pues bien, si la información es poder, posiblemente la AEAT sea uno de los entes estatales con mayor poder. Probablemente sepa más cosas de cada uno de nosotros que las que conocen monstruos como Google o Facebook. Estos pueden saber mucho sobre nuestras preferencias de compra o de ocio, incluso pueden saber dónde estamos o por dónde nos movemos, pero ya les gustaría tener la información económico/financiera que la Agencia maneja.

Y sí, hay que reconocer que esa información ha servido para que, a través de la lucha contra el fraude fiscal, se hayan destapado muchos de los grandes escándalos político/financieros que cada día leemos en la prensa.

Sin embargo, lo que está últimamente en cuestión es en qué manos se encuentra esa información y a qué intereses puede servir. En concreto, hemos asistido a cómo en algunos medios se criticaba que la Agencia pareciera defender a la Infanta o al Partido Popular en el caso Gürtel (y no siempre al interés general). O la utilización política de información obtenida a través de la regularización fiscal extraordinaria, conocida como amnistía fiscal; que, nos guste más o menos, fue reconocida y regulada por una norma de rango legal.

No hace falta recordar además que la información de carácter económico de que dispone la AEAT está en el núcleo duro del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18 de nuestra Constitución y en todos los textos nacionales e internacionales de derechos humanos. Así lo han afirmado reiteradamente todos los Tribunales de garantías y, singularmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es decir, la AEAT maneja abundante información de cada uno de nosotros y además una información con un alto poder intrusivo en la vida del individuo.

Desde esta perspectiva, parece difícilmente discutible que un organismo que acumula tanto poder y que resulta esencial en el control judicial de los casos de corrupción debería estar dotado de una cierta independencia del Gobierno de turno.

Con la creación de la Agencia, en 1991, dotada de personalidad jurídica propia y de cierta autonomía, se dio un primer paso al salir del organigrama del Ministerio de Hacienda. Pero el paso, sin lugar a dudas, resultaba insuficiente. Así, basta señalar que los dos órganos directivos de la Agencia son su Presidente -que es el Secretario de Estado de Hacienda o la persona que designe el Gobierno- y su Director General, nombrado por el Gobierno. Es decir, son políticos, del color político del Gobierno de turno y que, por supuesto, pueden ser cesados en cualquier momento por el mismo Gobierno que los nombra.

Por tanto, la única garantía que queda de funcionamiento imparcial de la AEAT es el propio estatuto del cuerpo de funcionarios que la integra. Estos tienen una alta cualificación y gozan del estatuto propio del funcionario. La inamovilidad en el cargo y una carrera profesional reglada siempre se han tomado como garantías de que la Administración tenga un funcionamiento profesional y no sujeto a los intereses y vaivenes políticos. Pero no se puede olvidar que, como en toda organización administrativa, también en la Agencia los puestos más golosos suelen ser de libre designación, dependiendo nombramiento y cese de la voluntad de los directivos del organismo.

Se me antojan pocas garantías para evitar el control político de un pastel tan goloso.

En principio, la independencia de la AEAT suena bien; pero chocamos con el mismo problema de siempre: independiente del Gobierno de turno, pero ¿dependiente de quién? Es difícil imaginar una estructura totalmente independiente: tiene que recibir fondos de alguien y estar sometida a una regulación exógena. Pero si la respuesta a la anterior pregunta es que queremos una organización con la máxima independencia, corremos el riesgo de crear un monstruo con gran poder, que vaya por libre y al que sea difícil someter a responsabilidad. La pregunta de los grandes politólogos de quién guarda al guardián surge con fuerza.

En cualquier caso, como mínimo y ante el poder que atesora, resulta evidente que la AEAT debería estar dotada de un estatuto similar al de los organismos reguladores -como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, pero manteniendo el carácter funcionarial de su personal que, según parece, está funcionando relativamente bien. Sin embargo, la verdadera independencia no estará garantizada hasta que el nombramiento de sus directivos quede fuera del alcance del Gobierno. En otro artículo propuse un procedimiento para la designación de este tipo de dirigentes intermedios, basado en la convocatoria pública de un procedimiento selectivo al que pueda concurrir cualquiera que reúna los requisitos mínimos de la convocatoria; con publicidad y transparencia y en el que la selección se haga por una especie de consejo de sabios de composición interdisciplinar e integrada por gentes que lo hayan demostrado todo en sus respectivos campos y estén en una fase de su vida ajena a las estructuras de poder/interés que tanto pervierten las decisiones.

Ciertamente la creación de organismos independientes del poder político puede cuestionarse desde la perspectiva de la responsabilidad del gobernante de llevar adelante el programa para el que ha sido democráticamente elegido. Sin embargo,  no cabe duda de que todavía hoy demasiados nombramientos dependen del dedo de una misma persona. La calidad democrática exige que seamos capaces de establecer los adecuados diques de contención para evitar que poderes absolutos extiendan sus tentáculos.

Hoy más que nunca no podemos dejar de recordar la famosa frase pronunciada por Lord Acton en 1887:

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

(El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente).