¿Cuánto vale nuestro voto?

La democracia representativa es una forma de gobierno en la que millones de personas, a través de su voto, eligen a quienes les van a gobernar. La fórmula, casi mágica, a través de la cual nuestro voto se traduce en poder para unos u otros políticos es lo que conocemos como sistema electoral.

Con los mismos votos, distintos sistemas electorales pueden dar el poder a uno u otro partido. Por tanto, a nadie se le escapa la importancia que tiene definir la fórmula que puede dar o quitar la victoria.

Después de la experiencia de 40 años de elecciones democráticas en España, todos los partidos políticos tienen claras las reglas que les benefician y las que les perjudican. Por esta razón es difícil encauzar un debate inteligente sobre el sistema electoral, ya que, por muy estupenda que suene una reforma o muy injusta que parezca una situación, si el statu quo beneficia al partido en el poder, este tendrá pocos incentivos para cambiarlo.

En cualquier caso, desde el debate racional que se merece una sociedad madura, viene bien entender cómo funciona nuestro sistema electoral, cuáles son sus fallos y cómo podríamos mejorarlo.

Es prácticamente imposible encontrar un sistema electoral perfecto. En cualquier caso, sus bondades o maldades se suelen medir en función del grado de igualdad de oportunidades que otorgue a los partidos políticos que aspiran al poder, el peso más o menos equitativo que tengan los votantes y la libertad de que estos disfruten para elegir entre varias opciones.

De acuerdo con estos parámetros vamos a enjuiciar nuestro sistema para seleccionar a los diputados al Congreso, ya que esta es la Cámara donde se cocina casi todo, teniendo en cuenta que es la que elige al Presidente del Gobierno y la que puede cesarlo.

En cuanto a la libertad de opción que otorga al votante, aunque la Constitución no dice nada sobre esta cuestión, la ley electoral ha optado por el sistema más restrictivo: el de listas cerradas y bloqueadas, en el que no podemos hacer nuestra propia lista escogiendo candidatos de las listas de distintos partidos (lista cerrada) ni tampoco cambiar el orden en el que aparecen los candidatos de cada partido (lista bloqueada). Es decir, es un trágala en toda regla. España, Italia y Portugal son los únicos países europeos que siguen utilizando este sistema. En el otro extremo, países pequeños, como Suiza y Luxemburgo, tienen un sistema de listas abiertas. La mayoría de los países de nuestro entorno ha optado por listas cerradas pero desbloqueadas.

Nuestro sistema hace que sea más importante la marca -el partido- que los candidatos, que, salvo el cabeza de lista, suelen ser unos desconocidos. Frente a la evidente ventaja de dar mayor libertad al elector que ofrecen las listas abiertas o desbloqueadas, como desventajas, se suelen citar que puede fomentar el populismo de los candidatos, que debilita la unidad de criterio en el partido y la ejecución del programa y que presenta mayores dificultades de escrutinio. En cualquier caso, parece claro que en un momento como el actual en el que el “empoderamiento del ciudadano” es un mantra político, cabría avanzar hacia un sistema de mayor libertad de voto, antes de dar el salto a una mayor democracia directa como sugieren algunos. En las poco relevantes elecciones al Senado ya se aplica un sistema de listas desbloqueadas y el principal reproche que se hace es que los votantes utilizan poco la libertad que les ofrece. Pero aprovechar la libertad ya es cosa nuestra, ¿no?

En cuanto a la igualdad del voto de cada ciudadano, en el siglo XIX fue relativamente frecuente el llamado voto plural (se aplicó por ejemplo en Francia, Bélgica o Prusia), en el que determinadas personas tenían más de un voto por razones económicas (la propiedad de ciertos bienes o el pago de determinados impuestos), por la posesión de títulos académicos o por su posición social. Las modernas constituciones, sobre la máxima “un hombre, un voto”, suprimieron el voto plural, reconociendo formalmente un voto a cada ciudadano. Esto no significa, sin embargo, que realmente cada voto valga igual. Así, por ejemplo, en las elecciones a nuestro Congreso, el voto de un soriano vale 3,7 veces más que el de un madrileño.

Para explicar por qué se produce esta evidente desigualdad hay que entender cómo funciona el sistema y donde está la trampa. La Constitución fija la provincia como circunscripción electoral. Esto quiere decir que los 350 diputados se reparten entre las 50 provincias más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La ley electoral dispone que en estas ciudades se elija 1 diputado en cada una y en las 50 provincias un mínimo de 2 diputados (esto suma 102 diputados), repartiéndose los 248 restantes en función de la población de cada provincia. Las enormes diferencias de población entre provincias unido al mínimo de 2 diputados por provincia, con independencia de la población, hacen que las provincias pequeñas estén sobrerrepresentadas y las grandes infrarrepresentadas. Cuanto mayor es la población de una provincia menos peso tiene el voto de cada persona y, al revés, cuanto menos habitantes tiene mayor es el poder de voto de sus ciudadanos.

Cada vez hay una mayor crítica a las diferencias en el “poder del voto”, aunque formalmente se garantice la “igualdad en los derechos de voto”. El Tribunal Constitucional alemán ya ha dicho que el derecho de sufragio no sólo implica una igualdad formal, sino que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso. También el Tribunal Supremo americano viene señalando que el voto de cada persona “debe valer igual que el de cualquier otra, tan aproximadamente como sea posible”.

No tiene ninguna justificación mantener diferencias de poder de voto tan gigantescas como las que existen en España, por razón de residencia.

Nuestro sistema tampoco saca buena nota en relación con el criterio de la igualdad de oportunidades que otorga a los distintos partidos. Así, aunque formalmente las reglas son iguales para todos, la realidad es que hay enormes diferencias entre el número de votos que necesitan las distintas formaciones para conseguir 1 diputado. Nuestro sistema favorece a los partidos políticos más grandes (PP y PSOE) y a los pequeños que concentran sus votos en una o varias provincias; y discrimina gravemente a los partidos medianos o pequeños que tienen el voto repartido por todo el territorio. Así, por ejemplo, uno de los mejores estudios, referido a las elecciones generales de 2011, refleja cómo, a los independentistas vascos de Amaiur, cada uno de sus 7 escaños le costó 47.785 votos, al PP, 58.422 y, en cambio, al partido más perjudicado, que fue el desaparecido UPyD, cada uno de sus 5 escaños le costó nada menos que 228.645 votos (es decir, casi 5 veces más que a Amaiur). Esto significó que UPyD con 1.143.205 votos tuviera 2 diputados menos que Amaiur con 334.495. Sin embargo, frente a lo que se suele pensar, los grandes partidos nacionalistas, vasco (PNV) y catalán (la desaparecida CiU), obtienen un número de diputados bastante proporcional a los votos que reciben. Así, por ejemplo, al PNV cada uno de sus diputados le sale en torno a los 65.000 votos. Algo más caro que a los dos grandes partidos nacionales, pero mucho más barato que los partidos medios o pequeños con presencia en todo el territorio nacional.

La principal culpa de esta absolutamente injusta traducción del voto en escaños la tiene la provincia como circunscripción electoral o, más concretamente, la heterogeneidad entre ellas y la abundancia de provincias poco pobladas. Si todas las provincias fuesen homogéneas en población, el voto de cada ciudadano valdría lo mismo; y, si todas las provincias tuvieran mucha población (como por ejemplo Madrid), los partidos tendrían una mayor igualdad de oportunidades. Así, las enormes diferencias entre provincias hacen que, con las mismas reglas, el sistema electoral funcione de forma totalmente distinta en las más pobladas que en las de menor población. En las primeras es bastante proporcional y equitativo el trato a todos los partidos. Así, en 2011, UPyD con un 10,40% de los votos obtuvo en Madrid un 11% de los diputados de la región; mientras, en las poco pobladas provincias de Castilla y León, el mismo partido, con un 6,12% de los votos, obtuvo 0 escaños.

En definitiva, cuanto más homogéneas y grandes fueran las circunscripciones, más equitativo sería el sistema: el voto de cada ciudadano valdría parecido y el precio por escaño sería más o menos el mismo para todos los partidos. Esto exigiría una reforma constitucional, si bien, mientras tanto, podían hacerse avances uniendo provincias y creando circunscripciones más pobladas.

Por supuesto todo tiene sus contrapartidas. Un sistema más justo en abstracto como el descrito daría lugar a un Parlamento mucho más plural, sin mayorías absolutas y mucho más difícil de gobernar. Si quisiéramos mantener la justicia del sistema, dándole una prima a la gobernabilidad, cabría plantearse exigir un mínimo del 5% de los votos nacionales para tener representación y un porcentaje mínimo en un número determinado de circunscripciones. Esto excluiría a los partidos más pequeños y eliminaría las evidentes tensiones que ha ocasionado que en una Cámara como el Congreso, que representa la soberanía nacional del pueblo español, tengan peso proyectos exclusivamente locales o regionales.

En definitiva, en las democracias representativas tiene una importancia capital la fórmula a través de la cual nuestros votos se transforman en gobierno. Y esto depende del sistema electoral. Sorprende, por tanto, que, más allá de las quejas puntuales de los partidos perjudicados, no se abra un gran debate sobre cómo mejorar nuestro sistema electoral.

Si os interesa el tema, este informe del Consejo de Estado es uno de los más interesantes sobre esta cuestión.