¿Cuántos huevos están dispuestos a romper?

Desde el pasado 20 de diciembre los españoles estamos esperando a que se produzca de una vez el pacto que permita formar Gobierno, tanto si hay que repetir las elecciones como si no. Por eso, cuando el PSOE y Ciudadanos presentaron, a finales de febrero, su Acuerdo para un Gobierno reformista y de progresomucha gente lo recibió con alivio: un partido, el PSOE, con amplia experiencia de gobierno, y otro, Ciudadanos, nuevo en estas lides pero decidido a impulsar las reformas necesarias, se habían puesto de acuerdo en lo que había que hacer. Era un buen paso adelante.

Sin embargo, al leer el texto de este acuerdo encontramos un contenido muy desigual. Hay aspectos bastante desarrollados y que, al menos a los no expertos, nos dejan la sensación de que saben muy bien lo que quieren; mientras que hay otros, por el contrario, en los que el tratamiento es muy superficial. Por ejemplo, lo que dicen sobre la educación no universitaria. Tema fundamental. Todo el mundo lo afirma: la educación es la gran herramienta estratégica para construir la sociedad del futuro. Pues bien, de las 10 propuestas que hacen (páginas 26 y 27) solo en la penúltima nos dan alguna luz sobre el tipo de educación por el que apuestan. Según esa propuesta, quieren “Mejorar las competencias cognitivas y no cognitivas, mejorando el aprendizaje de habilidades como el uso crítico de la información, el fomento del trabajo en cooperación, el espíritu emprendedor y la ciudadanía crítica”. Suena muy bien y yo, desde luego, lo suscribo. Pero, ¿eso cómo se consigue? ¿Acaso no implica una reforma a fondo de nuestro actual modelo educativo? ¿O es que se creen que el que tenemos es capaz de hacerlo, con unos simples cambios?

No solo eso. ¿Cómo se logra que los chavales aprendan a usar críticamente la información que les llega, cuando su entorno está mayoritariamente adocenado por unos medios de comunicación y unas redes sociales empeñadas en mostrar una visión de la realidad muy elementalizada y direccionada? ¿Quieren de verdad apostar por formar en las aulas una ciudadanía crítica, que sea capaz por tanto de rechazar en su momento, con argumentos sólidamente fundamentados, muchas de las medidas que planteen los gobiernos? Me cuesta creer que haya habido alguna vez un Gobierno dispuesto a promover este tipo de educación. Para cualquiera que esté en la Moncloa, y que aspire a su reelección, el objetivo suele ser exactamente el contrario: tener una ciudadanía mansa y satisfecha, que aplauda sus políticas. Nada de estimular actitudes críticas ¿Qué han pretendido entonces los redactores del acuerdo con un punto como este? ¿Adornar su texto con una idea bonita pero completamente alejada de sus intenciones? Quizás no se hayan parado siquiera a pensar en sus implicaciones ¿Y qué decir sobre la mejora de las competencias cognitivas y no cognitivas? Más allá de unos pocos ejemplos, ¿alguien tiene claro cuáles son esas competencias y cómo se pueden fomentar desde una acción de Gobierno?

Con todas estas cuestiones flotando en el aire sorprende, sin embargo, las prisas que refleja el acuerdo. En el primer punto dicen: “Pacto Educativo. Constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado. Mientras tanto, se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE (…)”. Es decir, en un plazo record de seis meses pretenden tener una ley que propicie el nuevo modelo educativo. Eso sí, consensuada. Pero, ¿consensuada con quiénes? ¿Con los miembros de esa Mesa, elegidos por ellos? ¿Con la comunidad educativa? ¿Con los empleadores y el mundo empresarial? ¿Con toda la sociedad?

Supongamos que, una vez en el Gobierno, cayeran en la cuenta de que es mucho menos importante ceñirse al plazo de seis meses que definir bien cómo ha de ser el tipo de educación que conviene. En tal caso, lo que se tendrían que plantear es qué método de trabajo es el más adecuado para llegar a ese objetivo, a quiénes habría que consultar y, finalmente, qué clase de consenso sería necesario.

Con las nuevas tecnologías se ha puesto de moda lanzar consultas por Internet para que opine todo el que quiera. Naturalmente, hay que partir de una propuesta que alguien tiene que elaborar. Con todo y con eso no debe ser nada sencillo. Por ejemplo, Podemos, que en su breve existencia acumula ya cierta experiencia en este tipo de consultas a la ciudadanía, sin embargo se presentó a las pasadas elecciones generales con un programa en el que tampoco aporta más luz sobre esta cuestión. Es decir, la cosa debe ser más complicada de lo que parece.

Cabe suponer que una amplia consulta a padres y profesores proporcionaría mucha información sobre los aspectos que funcionan bien y los que funcionan mal del actual sistema educativo, lo cual sería muy útil para tener un buen diagnóstico de partida. Pero, si ya quisiéramos pasar a preguntarles sobre cómo debería ser el modelo educativo que nos convendría tener y cómo aproximarse a él, es muy probable que las respuestas que recibiéramos fueran mucho más difusas e inconcretas. Simplemente porque, más allá de reclamar que se arreglen los problemas que les preocupan del sistema actual, muy poca gente habrá dedicado el tiempo suficiente para reflexionar sobre ello y poder hacer propuestas relevantes. 

En este sentido sería más útil que el Gobierno designase a un equipo de personas a trabajar full time, examinando los numerosos trabajos y estudios que se habrán hecho de un tiempo para acá, en España y en otros países de nuestro entorno cultural, familiarizándose con las experiencias educativas que vienen desarrollándose sobre el terreno por aquí y por allá, y analizando con especialistas en las diversas disciplinas que convergen en el mundo infantil y juvenil las fórmulas pedagógicas que serían más idóneas. De todo ello debería salir una propuesta con calado y bien estructurada, a partir de la cual organizar un amplio debate social y político. Es poco probable, sin embargo, que se pudiera llegar a un consenso sobre qué hacer, tras ese debate. En realidad, cuanto más ambicioso fuera el nuevo modelo educativo propuesto, más cambios introdujera y más se alejara de aquello a lo que nos hemos acostumbrado, más dividida estaría la opinión pública, más reticencias suscitaría y, por consiguiente, más difícil sería ese consenso. Y, precisamente por esto, menos ganas tendría el Gobierno de sacar adelante un proyecto con esa imagen de contestación social, en vista de sus posibles costes electorales.

Con todo esto pretendo, básicamente, sacar dos conclusiones.

Una, que las grandes reformas que necesita este país (sea la educativa o cualquier otra) requieren, por lo general, que antes de pasar a legislar y a dotar de nuevas partidas en los presupuestos públicos (que es lo que les gusta a los políticos), se haya llevado a cabo una larga fase previa de estudio en profundidad, si no se quiere caer en la improvisación y en la chapuza. Esta primera fase solo se puede abordar de dos formas: o la encarga, nada más llegar al Gobierno, el partido que ha ganado las elecciones o la trae hecha bajo el brazo de su etapa de oposición. Como lo segundo es prácticamente imposible que suceda porque, desafortunadamente, los partidos no ven la utilidad de este tipo de trabajos, solo queda abordarlo de la primera forma. Eso significa que cualquier partido o coalición que pretenda hacer una ley de estas “en seis meses”, o algo similar, casi con toda seguridad nos estará tomando el pelo.

Y segundo, si además nos dicen que van a hacer una reforma ambiciosa por consenso, y de verdad pretenden hacerlo así, es muy probable que asistamos a la segunda tomadura de pelo, porque ni será ambiciosa ni resolverá la mayoría de los principales problemas pendientes. Ya que, en definitiva, como dice el dicho no es posible hacer tortillas sin romper huevos.

Por tanto, a quienes no paran de repetirnos que son necesarias grandes reformas, habría que preguntarles dos cosas: ¿cuánto tiempo y gente han dedicado a prepararlas? ¿Y cuantos huevos están dispuestos a romper?