La modernización de la Administración Pública es una de las principales reformas que tenemos pendientes en España. Con un gasto público no financiero que, según la Comisión Europea, equivalía en el año 2012 al 43,4% del PIB, cualquier afán de mejorar la competitividad de nuestra economía se quedará en agua de borrajas si esta no se hace.
Desde el inicio de la democracia, uno tras otro todos los gobiernos han fracasado en el intento. Algunos intentaron esta modernización en serio pero la mayoría se limitaron a cambios cosméticos o incluso pasaron de ella. A Rajoy hay que reconocerle el mérito de estar entre los primeros. Ha puesto a su Vicepresidenta a pilotarla, ha explicado en un extenso documento lo que pretende hacer y va informando de sus progresos. Como ya comenté en otra ocasión, esta reforma tendría que reflejar la estrategia que propone el Gobierno para dotarnos del sector público que requiere este país para las próximas décadas. Pero por lo que dice este documento no se pretende tanto. No obstante, si hiciesen todo lo que se contiene en él, el avance sería realmente importante.
¿Cuál es, entonces, su mayor problema? Que se centre en lo urgente y se acabe olvidando del resto. Cualquiera que se lea este documento comprobará que la mayor prioridad y urgencia del Gobierno es recortar drásticamente el gasto público y establecer mecanismos eficaces que le permitan controlar el gasto de las Autonomías y Ayuntamientos. Lo cual, con el problema de déficit y deuda pública que tiene este país, es perfectamente comprensible. Pero que el cirujano en el campo de batalla no tenga más remedio que operar con un serrucho y sin anestesia no cambia el hecho de que la auténtica cirugía, la que de verdad cura enfermos, sea la otra.
Por citar un ejemplo, eliminar por las bravas 420.000 empleos de 3,1 millones que había en todo el sector público en diciembre de 2011, recurriendo entre otras medidas a la eliminación de las Ofertas de Empleo Público de estos tres últimos años y, por tanto, sin poder distinguir entre los casos donde efectivamente se podía prescindir de esos nuevos empleados de aquellos otros en los que estos eran muy necesarios, es una medida muy eficaz para recortar el gasto pero no es la forma adecuada de dimensionar las plantillas que se requieren en cada organismo o empresa, en condiciones normales.
El caso es que esa parte de la reforma destila mucho detalle y voluntad política, mientras que en el resto de las medidas se percibe mucha más tibieza e inconcreción. Da la sensación de que, en realidad, no se sabe cómo llevar a cabo muchas de ellas. El proyecto sería más creíble si estas otras medidas estuviesen bien concretadas en cuanto a su implantación y con calendarios realistas.
Un ejemplo es la implantación de un sistema de medición de la productividad y eficiencia (páginas 67 y 68 del documento). Nadie discute su imperiosa necesidad. Pero tal y como está formulado es más que dudosa su realización. Diseñar sistemas de control de gestión mediante indicadores es una práctica común en muchas empresas, pero lleva tiempo hacerlo y, como reconoce dicho documento, ha de ser coherente con la estrategia y la organización del organismo donde se implante. ¿Qué sucede cuando ese organismo no tiene unos objetivos claros ni una estrategia de futuro? Habría que empezar por ahí. Y me temo que son muchos los organismos de la Administración que están en esa situación.
La simplificación del conjunto de normas legales (página 70) es otro ejemplo. Al parecer se han detectado 5.800 normas que afectan a 28 sectores económicos y que podrían estar afectando a la unidad del mercado. El propósito del Gobierno es que se revisen, se refundan y se extingan las obsoletas, para así reducir ese corpus legal. Totalmente de acuerdo. De hecho, ya me he referido a ello en otra ocasión. ¿Quiénes y cómo lo van a hacer? ¿Acaso los organismos competentes van a “parar máquinas” para dedicarse a esa labor? ¿Les van a dejar los ministros que lo hagan, frenando su deseo de producir nuevas leyes? Y así habría más ejemplos.
Sabiendo que quedan solo dos años de legislatura, que no se puede aumentar el gasto público y que conviene ver los primeros frutos en este plazo, yo propondría cuatro medidas que, sin perjuicio de que también sigan adelante algunas de las propuestas del Gobierno, serían de enorme utilidad para modernizar nuestro sector público.
La primera de ellas sería la profesionalización de la mayoría de los altos cargos. Me estoy refiriendo a subsecretarios, directores generales y presidentes de empresas públicas. Como he hablado de ello antes lo expondré más resumidamente. La propuesta sería que se eligiera al candidato idóneo mediante un concurso público, con un comité de selección independiente e integrado por expertos. Una vez elegido el candidato, se firmaría con él un contrato por seis años, prorrogables, y se le blindaría con una indemnización razonable en caso de despido antes de tiempo. Algo parecido se ha hecho, por ejemplo, en la selección del director del Museo de Arte Reina Sofía. Si esta fórmula se aplicase desde ahora a los puestos que fueran quedando vacantes, probablemente a final de la legislatura varias decenas de altos cargos habrían sido elegidos de esta forma. Las ventajas son obvias: tendríamos a buenos profesionales en muchos de los puestos clave del sector público, serían bastante más independientes de las injerencias políticas y dispondrían de un horizonte de estabilidad. La repercusión de esta medida en la mejora de la gestión pública sería muy notable y su aplicación solo depende de la voluntad del señor Rajoy.
La segunda medida sería la generalización de la gestión por objetivos. A cada organismo y empresa se les pediría que definan su plan de objetivos a corto, medio y largo plazo, revisándolos periódicamente. El grueso de sus actividades tendría que estar guiado por ese plan, que además se publicaría en Internet. De acuerdo con ello se fijarían los objetivos de cada uno de los directivos y parte de sus retribuciones dependerían de su cumplimiento. De este modo se conseguiría que los organismos públicos se guiasen por una estrategia a medio y largo plazo, priorizando en su actividad lo que verdaderamente es importante, y se reducirían sustancialmente los vaivenes que actualmente introducen los cambios de gobierno.
La tercera medida que propondría sería la evaluación periódica de todos los organismos públicos por empresas independientes. Algo así se propone en el documento del Gobierno (páginas 217 y 218), pero habría que apostar firmemente por ello. Estas evaluaciones, realizadas por empresas de prestigio contratadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deberían permitir conocer en cada caso la idoneidad de los objetivos fijados, la adecuación a los mismos de las estructuras organizativas y de los recursos asignados, los métodos de análisis y decisión habituales, las posibles mejoras a introducir e, incluso, la necesidad de mantener o no el organismo evaluado. Si el Gobierno adoptase ahora esta medida, en los dos años que quedan de legislatura quizás podrían evaluarse entre 20 y 30 organismos, lo cual fijaría ya una práctica difícil de cambiar por gobiernos futuros.
La cuarta medida sería la generalización de la evaluación del desempeño de los empleados públicos. A ello también hace referencia el documento del Gobierno mencionado, en la página 85. De hecho, no ha habido prácticamente ningún gobierno que no haya anunciado a bombo y platillo su implantación, y la realidad es que sigue siendo una práctica minoritaria. Para ser realistas, en estos dos años habría que concentrarse en los 20 o 30 organismos que hubiesen avanzado más en la implantación de la gestión por objetivos. Los beneficios de esta medida serían muy notables en términos de productividad y de eficiencia.
No sé si estas cuatro medidas son las más importantes para modernizar la Administración Pública. Quizás otros propondrían otras. Pero estoy convencido de que serían de enorme utilidad y que, sin ellas, esa modernización quedaría muy coja. Solo requieren tomar la decisión y ponerlas en marcha.
En principio muy razonable pero me temo que la realidad de la Administración y sus rectores es otra, sólo hay que oir ciertas declaraciones del ínclito Secretario de Estado de AAPP.
Yo siempre me he preguntado qué paso con el EBEP.
Llevo doce años en la Administración (descontando 2 fuera en organismo europeo) y veo muy lejanas, por desgracia, las medidas que se proponen.
Los altos cargos o son claramente políticos o están lejos de ser realmente competentes. El siguiente escalafón está formado por redes de cooptación ligadas a los cuerpos clásicos por lo que si no estás entre estos tu capacidad de llegar a puestos con cierta capacidad de decisión o de innovación es escasa o nula por lo que al final la gente se apoltrona en las rutinas mas simplistas y asume que para qué, que ni agradecido ni pagado.
Muy triste
Seguimos igual o peor, la politización de las empresas públicas sigue siendo el gran mal de la administración, llevo 25 años como empleado público y he visto pasar una media de dos Directores Generales por cada legislatura, con cambio de altos cargos incluido, generalmente cada cambio de ministro.
Si el ministro de turno es Gallego/a, todos gallegos, si el ministro es extremeño/a, todos extremeños ¿Quien puede plantearse una gestión en plazos de dos años?,
son todos cargos digitales, generalmente mediocres, meros transmisores de una cadena.
Son supervivientes, valen para cualquier puesto en cualquier empresa pública, para cualquier cargo, cierto que hay que reconocerles que vivir con esa incertidumbre de cambiar de trabajo cada dos años debe ser duro.
Presidentes, Directores Generales, Secretarios Generales, Directores de Area….. someten toda su gestión mediante propuestas al Consejo de Administración para eludir cualquier responsabilidad, Consejos de administración digitales, sobresueldos de altos cargos de la administración, que hasta la fecha como en el caso de Bankia, no son responsables de nada de lo sucedido.
Aqui nadie es responsable de nada, a los funcionarios que llevan toda la vida gestionado de manera honrada y dedicada, quedan relegados al servicio de los cargos politicos de turno sin mas función que aguantar el sistema interno de la empresa y adecuarlo a la huella generalmente inutíl que cada partido politico quiera dejar como herencia.
Interesante reflexion de Bautista. Lo importante no es la indepencia, considerada como ajena a la consecución de un objetivo, sino la despolitizacion.
Cuantos valiosos funcionarios quedan fuera por cambios de gobierno. No, pero es especialmente llamativo en España. Incluso en paises de Suramerica, vease Chile e incluso Colombía, hay cierta continuidad de altos cargos debido a su capacidad y al y a la continuidad de políticas activas. Por ejemplo en Colombia el Presidente de Colombia es Liberal y su Ministro de Economía es conservar pero su valia pondera su labor
Yo veo lo mismo de siempre: –coge el dinero y corre–
En este caso aplicado a la administración. No es nada nuevo, de hecho es bastante prehistórico aunque con el auge del dinero de amiguitos, el dinero-crédito «político» de los bancos centrales parece se ha convertido en una máxima.
Pues como usted bien dice en post anteriores no existe una genuino gobierno del pueblo ,democracia, aunque no conozco en detalle la precisión quirúrjica griega respecto al kratos de poder y su motivación.
Entonces sin saber hacia dónde o qué debe hacer la administración con respecto a la opinión de los gobernados, pretende como pollo descabezado reformar la administración…
Tenemos un corta césped desbocado y usted pretende afilar las cuchillas para mejorar la eficiencia de corte…¿?
El proceso de civilización y occidente pierde el brillo de la racionalidad, del orden racional de las cosas. ¿será que la globalización no solamente exporta lo bueno
sino también la moralla ascética social?
–coge el dinero y corre–
Aunque fuere pesado debo insistir que la eficaz y efectiva división de poderes no es
solamente la base de la democracia, sino que es la misma base de la civilización. Humanista, con la exaltación del saber sobre el instinto animal.
El control del poder, el orden racional y analítico del estado de la sociedad frente al individuo,balanceado y perfeccionado durante miles de años es lo que nos pone un sapiens más a la especie. ¿Renunciamos a tan alto galardón sólo por tener una administración, falazmente eficiente sin medida comensurable posible?
Sin balances no hay sociedad solamente rebaño. La ley se convierte en el redil y los gobernantes los pastores,…
Lo primero es lo primero, y lo primero es la democracia en España después ya observaremos y decidiremos…
Vaya por delante que Manuel Bautista se mueve como pez en el agua en este asunto reconozco así una situación, la mía. muy desbalanceada.
El tema no es, menor un Sistema de gestión pública sano, justo y eficaz no sólo es un síntoma de una sociedad sana y moderna sino que diferentes estudios lo relacionan directamente con el crecimientos económico.
El debate entre un Servicio Profesional de Carrera ( por ejemplo el ascenso por mérito)y lo que se ha denominado Nueva Gerencia Pública (por ejemplo evaluación por desempeño) podemos iniciarlo con las preguntas básicas ¿se puede desarrollar un sistema de
personal que “logre lo mejor y evite lo peor” tanto del servicio civil de carrera
como de la ngp? En otras palabras, ¿es posible alcanzar un sistema
balanceado, un modelo híbrido que equilibre conocimiento institucional
con experiencia externa, valores del servicio público con productividad y
control político con respeto al mérito y profesionalismo? La segunda pregunta
es: ¿qué estrategia se puede seguir para desarrollarlo?
Por ello, en general,cualquier esquema para incrementar la flexibilidad que debilite excesivamente el servicio civil afectará la capacidad del Estado para cumplir con sus
tareas públicas , Banco Mundial dixit
El desarrollo del concepto «burocracia responsiva» como concepto intermedio entre burocracia neutra ly una burocracia «politizada».
En otras palabras, deben existir, por un lado, mecanismos para
asegurar que los servidores públicos implementen en forma y tiempo las
políticas establecidas por los políticos (por ejemplo, una planeación estratégica
acompañada de un sistema de incentivos basado en la evaluación del
desempeño) y, por otro, mecanismos para evitar prácticas clientelares, reconocer
la dignidad del servidor público y respetar y aprovechar el mérito,
las capacidades y experiencia de los funcionarios públicos.
Lo que se propone como 4 medidas en el articulo de Manuel formarían parte de esa «burocracia responsiva», un sistema de evaluación de desempeño riguroso,
pero justo, MUY BIEN INTEGRADO CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE TODO EL GOBIERNO Y DE CADA INSTITUCIÓN, que otorgue certidumbre
laboral sin llevar a la inamovilidad en el puesto, un sistema de incentivos
financieramente sustentable y a la vez efectivo.
Este sistema podría incluir niveles salariales atractivos, incentivos diversos al desempeño y la perspectiva de una carrera profesional, que implique responsabilidades y
salarios ascendentes y finalmente , un sistema de planeación de objetivos institucionales
y necesidades de personal. Por supuesto, debería esperarse una adecuada integración entre todos estos subsistemas administrativos.
Estando de acuerdo con lo exp
Es cierto, tal como sugiere Ubaldo de Azpiazu, que esto no es blanco o negro. Es obvio que a un país moderno no le conviene en absoluto un modelo de funcionarios politizado; esto es, que cambie cada vez que haya un cambio de partido en el Gobierno. Ni tampoco un modelo que los haga intocables e inamovibles.
El ideal sería que fuese un colectivo de profesionales, con suficiente estabilidad como para conocer a fondo las materias de su competencia y con suficiente seguridad en la permanencia en sus puestos como para no tener que someterse a directrices “absurdas” o simplemente electoralistas de sus políticos. Conseguirlo sería clave para lograr una acción eficaz por parte del Estado.
El modelo actualmente vigente ha dotado de mucha de esa estabilidad y permanencia en el puesto, si bien adolece de fallos.
Por ejemplo, el sistema de provisión de puestos de alto nivel (28 y 29) recurre a la “libre designación”, con la posibilidad del cese a voluntad del jefe, en detrimento del “concurso de méritos”, no tanto por un deseo de politización como suele creerse en la opinión pública como por la propia imposibilidad práctica del cese que conlleva el “concurso de méritos”. Traigo aquí, como ejemplo, una conversación que tuve hace años con una subdirectora de recursos humanos de uno de los ministerios con más personal, en la que me reconocía que en sus más de 20 años en ese puesto nunca se había dado el caso de cesar a un funcionario que hubiese accedido a su puesto por el sistema de “concurso de méritos”. ¿La razón? Porque es prácticamente imposible hacerlo. Eso explica, en gran medida, que la mayoría de los gestores promueva la libre designación: por pura eficacia.
Tal y como están las cosas, la tecla que hay que tocar, en mi opinión, es la del eslabón intermedio entre los niveles puramente políticos (ministros y secretarios de estado) y los funcionarios “de toda la vida” (niveles 30, 29, 28, etc.). Y ese nivel es el de los subsecretarios y directores generales. Ahí es donde yo introduciría el tipo de selección y de contratación que he propuesto, frente al sistema de elección directa por el ministro que ahora existe. Esto ayudaría mucho a profesionalizar y modernizar la Administración.
Pero, también es cierto que, entre los máximos responsables políticos de un ministerio los hay que solo les interesa su propia imagen política (el político en mal sentido) y los hay que también les interesa promover los cambios que él o ella creen de verdad que necesita el país. En el segundo caso (menos infrecuente de lo que se cree) se requieren funcionarios que se comprometan y que se impliquen con los nuevos proyectos. Mi experiencia personal es que el modelo actual funciona razonablemente bien y se da ese compromiso.
Otra cuestión distinta es si, al reclutar a la inmensa mayoría de los altos cargos entre funcionarios con poca o ninguna experiencia profesional fuera de la Administración, se está en condiciones de entender adecuadamente el funcionamiento y las necesidades del “mundo civil”. Y ahí también hay un problema.
Un saludo
Buenos días.
Una de las bases filosóficas del sistema es la inexistencia del mérito –y posiblemente del demérito–. Se puede incluso argüir que el sistema desconoce la existencia de cualquier valor o principio exógeno a los que por procedimiento reglado el propio Estado –u órgano superior– haya decidido imponer.
No es asunto menor pero hasta que nos ponemos a estudiar el papel de John Rawls no comienza uno a entender esto en sus sutiles ramificaciones.
Rawls permea todas las estructuras jurídicas occidentales y guía la labor legislativa silenciosa e inexorablemente.
Desde una perspectiva formal, política y jurídica, el mérito es incompatible con el sistema político vigente.
Por ello, un sistema de evaluación de desempeño establecido por un Ente que no puede creer en el mérito, no deja de ser algo que nace con dificultades insalvables porque terminará convertido en otra herramienta a disposición del poder para excitar la obediencia debida y el celo en la satisfacción de las necesidades de la «satrapía osmótica» imperante.
La burocracia nos suena a mala pero también tiene su lado bueno: Garantizar el cumplimiento de las leyes sirviendo de defensa del ciudadano ante desmanes políticos. Ante el «Como Sea».
Saludos
Demasiada teoría en los post anteriores. La privada si reconoce el mérito y capacidad de sus empleados o desaparece, a no ser que sea un monopolio y pueda permitirse unos muy pocos que carezcan de esos principios. Nuestro modelo de incorporar «memorizadores» de 25 años, sin experiencia,(que no siguen otros Estados con más RNB /habitante que nosotros), hacen que a los 35 «enloquezcan» por subir peldaños de la escalera política. En la privada difícilmente tienes un 10% de personal improductivo, te come la competencia y desapareces y sus dueños se arruinan. ¿Qué rector se arruina en la función pública porque un 50% de la plantilla este sobredimensionada y no rinda, incluso ellos a 20 horas efectivas semanales, ¡¡Y unas retribuciones¡¡¡¡ Qué se pusieron hace años porque sino se iban a la privada. El Ministro se pondrá 20 millones de euros al año ya que P. Isla los gana.VERDADERAMENTE REPUGNANTE Y MADE IN SPAIN,mientras la PRIVADA QUE GENERA EL PIB, les paga. Patético modelo, impresentable en los 11 países de la UE con más renta por Habitante que España. Nuestro módelo es de 1.900 y no funciona,solamente hace seguir el de esos 11 países y dejar las TEORÍAS ESTÉRILES, CONFUSAS. ¿20 horas por semana para un «memorizador» de 25 años, que solo piensa en la «escalera política», que cobra 6/7.000 euros netos al mes, que entra sin experiencia y que para encima ya llega «quemado» desde el primer día de «toma de posesión». Definitivamente: Made in Spain, y así nos va.
Anacronismo y corruptela como las de otras sociedades de hace siglos y siglos hasta el siglo XX, en que van desapareciendo. En España se perpetúan aún. ¡Suerte España, 100% de Deuda pública, 7% de deficit, ratio funcionario habitante de los más altos del mundo(compárese con USA y su eficiencia)¡… ¡¡¡ Y el 5% de la población activa generadora del PIB, en otro mundo distinto del de la Función Pública española¡¡¡.Puro anacronismo e ineficiencia, sino malversación, de los recursos públicos, que hoy escasean. Desapareceré conelsiglo pero ustedes continuarán. No hay que ser Enstein para copiar a corto plazo, lo que ya funciona en os países más ricos de la UE. Ya se ha creado el FUNCIONARIO POLÍTICO SUPER RETRIBUIDO de cuando Dato, Canovasd y Castelar y ustedes con la entelequía del mérito y capacidad, bien para el acceso, pero ya se entra sin valores de trabajo desde el primer día en la Administración española desde el primer día de trabajo. El siglo terminara con ello, en la decadencia de España. De su modelo económico, de su población,de la ineficiencia de su Administración. Escandaloso para los que hemos trabajado en multinacionales, opositado con éxito a OOII (Organismos internacionales), que conocemos los métodos de otros países más ricos por habitante y con mejor estructura social.La Administración española es la pseudo-política, aprofesional, oportunista, y claro….. Costosa, ineficiente y modelo injusto para los ciudadanos. Fácil de cambiar y ya inventado, solamente hay que COPIAR. Desde sus oposiciones a sus dirigentes, si queremos hablar de efectividad y honradez con el resto de los ciudadanos. No olvidemos que la FP es de 3 millones(excesiva a todas las luces) frente a los 20 millones de población empleada que /tendrá/tuvo España. Una simbiosis, un parasitismo del 14% de los que trabajan en España. Hay que hablar de CASTAS. No me preocupa, el siglo, con el deterioro mundial que nos espera para España, lograrán que este anacronismo sea insostenible. A disfrutar, que son dos día lo que le quedan.
Copia de los lectores a una noticia sobre la Función Pública en el diario EL País de 11/05/14.
(Copio: I y II).
He trabajado 15 años en multinacionales, en la crisis del 87 no me quedó otro remedio que opositar a la AGE y me pasé 20 años hasta el retiro. Las diferencias entre ambos son alarmantes y lesivas para el ciudadano y el indefenso (organización, esfuerzo, responsabilidad personal, entrega, rendimiento, concienciación,etc y,entre otras, rentabilidad de la persona(Vía PIB, Renta, riqueza generada…) a los habitantes de la nación. Hay otras máculas. El alto funcionario a los 50 llega a ser más político que eficiente, y le va mejor. Ellos opinan que son los mejores funcionarios de la UE.Mentira. He sacado 2 oposiciones de la UE, entre los 100 mejores de la UE-27, solían exigir experiencia profesional de unos años, en el área de la oposición, para presentarse a las oposiciones. Los holandeses, Británicos, también suelen exigir experiencia previa y exámenes más light, 200 temas de los Reyes Católicos me parecen excesivos para ser funcionario Diplomático. Adquiero textos sobre la función pública en Francia y en francés en la Documentation française, también es distinto, y a eliminar les grands ecoles et corps(1)
(II).-
(2) He visto gran diferencia entre las multinacionales en las que trabajé que ampliaron sus plantillas y aportaciones impositivas a los Estados por 40,50, gracias al esfuerzo de sus directivos y jefaturas (80 Horas a la semana sin h extras pagadas). La Función pública es de 37,5 presenciales, y menos de 20 de trabajo. Un grupo A en la AGE (No nombro cuerpos) se lleva los 6/7.000 netos al mes por 20 horas, en la privada te los llevas por 80. Resumen: he tenido más utilidad social en la privada que en el Estado. Me contenta. Cuando la privada se ahoga, se ahoga España y se ahoga la Función Pública de España. España o no lo sabe o no lo explica.¿No es necesaria una reforma de la Función Pública equiparable a la de las 5 mejores economías de la UE? ¿No interesa? En USA hay un funcionario por cada 145 habitantes, en España uno por cada 15. En Usa si tu ganas menos de 3.000$ al mes no pagas el IRPF equivalente, entre otras decenas de ventajas.¿Podemos sobredimensionar el funcionariado y retribuir en exceso a nuestros funcionarios? .Ah, ya. La respuesta de la hija de Fabra al productivo empleado privado español.