Los focos sobre la crisis del coronavirus son de tal intensidad que impiden ver cualquier otra cosa.
Y lo cierto es que se sigue gobernando y se siguen aprobando leyes de indudable relevancia. Es más, uno de los Gobiernos con el menor apoyo parlamentario de esta etapa democrática y sostenido por dos partidos que difícilmente pueden considerarse constitucionalistas, como son ERC (cuyo Presidente está cumpliendo condena por delito de sedición) y Bildu (heredero del brazo político de la banda terrorista ETA), está abordando la reforma de leyes nucleares del ordenamiento jurídico.
Entre esas leyes, destaca la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR). El Ministerio de Justicia ha desempolvado el antiguo anteproyecto elaborado en la época del Presidente Zapatero. Esa Ley es la que regula cómo se desarrolla el proceso penal. Pero no sólo eso, sino que define quien investiga los delitos (y por lo tanto qué delitos se investigan), quien puede acusar (y a quién se acusa y a quién no se acusa) y qué derechos tienen los investigados y los acusados durante el desarrollo del procedimiento.
Nadie duda de la necesidad de reformar una Ley que fue aprobada en 1882 en el reinado de Alfonso XII. Fue una ley ciertamente innovadora, para la época, y que trató de establecer un procedimiento con garantías. Hay que tener en cuenta que veníamos de una justicia de sesgo absolutista en la que, algunos años antes, los jueces eran nombrados por el Ministerio de Justicia y el acusado carecía de garantías.
La Ley de 1882 ha debido ser modificada desde entonces en numerosas ocasiones y sería conveniente aprobar una nueva norma dotada de mayor sistemática y coherencia interna. Sin embargo, una Ley que lleva vigente prácticamente 140 años, merece que su reforma se haga sosegadamente, con todos los informes preceptivos y con el mayor consenso de los partidos constitucionalistas. No parece, sin embargo, que vaya ser esta la línea que se siga.
En cualquier caso, la reforma plantea un cambio radical del modelo de justicia penal que lleva funcionando en España en un punto esencial.
Hasta ahora la investigación de los delitos correspondía a los jueces y magistrados, que dirigen a la policía judicial y acuerdan la práctica de pruebas.
Para garantizar la imparcialidad del juez que pone la sentencia, decidiendo sobre la culpabilidad o la inocencia, se divide el proceso en dos fases: la investigación o instrucción en la que se recopilan elementos de prueba para determinar si hay motivo para abrir juicio contra una persona determinada, que corresponde al juez de instrucción; y la fase del juicio, que se atribuye a otro juez distinto ante el que se practica toda la prueba y que condena o absuelve.
La reforma pretende atribuir a la Fiscalía la fase instructora, de manera que sean los fiscales los que decidan qué delitos se investigan y contra quien, como se investigan, dirigiendo la actividad de la policía, y qué pruebas se recopilan.
Esta importante decisión plantea graves problemas.
El primero de ellos está relacionado con la falta de las suficientes garantías de independencia de la Fiscalía.
El Fiscal General del Estado es designado directamente por el Gobierno y tiene un indudable poder sobre la actuación de los Fiscales. Mientras esto sea así ¿realmente queremos que el Gobierno, a través del Fiscal General del Estado, pueda decidir qué y a quién se investiga? En los delitos comunes quizá esto no plantee problemas, pero en los delitos de corrupción no cabe duda de que puede utilizarse este poder como azote de la oposición y seguro de vida del Gobierno y sus aliados. Es más, en cualquier delito de relevancia, se podría poner en duda la actuación de la Fiscalía en la investigación.
Por lo tanto, la medida no puede adoptarse sin dotar previamente a la Fiscalía de un estatuto de independencia similar al que actualmente ostentan los jueces y magistrados, incluso integrándola en el propio Poder Judicial.
Pero, además, la reforma plantea un problema general. La Fiscalía tendría un doble papel: el de investigación, con todo el poder que ello supone, y el de ser parte acusadora. Ahora el juez instructor tiene que mostrar la misma diligencia al recopilar tanto las pruebas de cargo como las de descargo del investigado. Sin embargo, para la Fiscalía, como acusación, el “éxito” de su trabajo consiste en lograr la condena, por lo que lo lógico es pensar que será más celosa para la obtención de pruebas de la culpabilidad de los investigados que en la recopilación de aquellas que demuestren su inocencia. Es cierto que la reforma prevé que el investigado pueda acudir a un juez de garantías contra las decisiones de la Fiscalía que vulneren sus derechos. Y eso está muy bien, pero lo cierto es que el fiscal seguirá decidiendo qué línea de investigación se sigue y eso supone lanzar al poder del Estado contra el investigado.
Hay que decir que es cierto que en gran parte de los países de nuestro entorno, cuando se pasa del proceso inquisitivo (el de la Inquisición) al acusatorio, al separar las funciones de investigación y de sentencia, la investigación se atribuye a los fiscales. Este es el sistema norteamericano, que tanto hemos visto en series y películas. Sin embargo, en esos países el estatuto de la fiscalía es totalmente distinto y, a pesar de ello, se siguen planteando problemas que no suscita nuestro modelo, como es el de la falta de equilibrio de la fiscalía en la recopilación de pruebas (siempre decantadas a favorecer la acusación que realiza la propia fiscalía).
En definitiva, la reforma no se puede abordar sin un cambio sustancial del estatuto de independencia de la Fiscalía. Pero, incluso en tal caso, nuestro modelo de investigación por los jueces, aunque no sea el general en los países de nuestro entorno, presenta indudables ventajas que no deberíamos perder. Indudablemente, el ciudadano tiene ahora mayores garantías de las que tendrá tras la reforma.
En algo que hacemos mejor que otros ¿por qué cambiar radicalmente el modelo?
Estimado Isaac, salvo tú en el titular del artículo ¿en algún momento se nos ha preguntado qué queremos como ciudadanos (se supone que libres y responsables)?
Estamos asistiendo impávidos a ese «despotismo democrático» que anunciaba Tocqueville, donde el número es el amo. Lo mismo para decidir una cosa o la contraria. Lo importante es la suposición falsa de que hay un número mayoritario de ciudadanos que avalan todo lo que dicen o hacen los gobiernos de turno, sin que exista constancia real de dichos apoyos (el número de votos mayoritario es insignificante con los censos electorales. No digo nada si además se enmascaran en trampas electorales tecnológicas donde las máquinas nos tienen responsabilidad penal). Recuerdo de nuevo al historiador y filósofo alemán Oswald Spengler y su «Decadencia de Occidente, que predijo que, hacia el año 2000, la civilización occidental que se encontraba en estado de degeneración por la influencia del marxismo cultural y sus ideologías de nuevo cuño, estaría en estado de pre extinción, lo que haría posible la aparición de un «cesarismo» omnipotente, extraconstitucional y antidemocrático de los ejecutivos o gobiernos.
Ejecutivos y gobiernos que parecen actuar a las órdenes de otros poderes e intereses mundiales, actuando como tontos útiles (o «listos» inútiles socialmente) y correas de transmisión de tales intereses. ¿No sorprende demasiado las muchas coincidencias ideológicas entre la totalidad del arco parlamentario? (salvo Vox que ha preguntado por ello).
¿Tenemos lo que nos merecemos por irresponsables, ignorantes, cómodos y egoistas o somos la consecuencia de una elaborada estrategia de ingeniería social para convertirnos en bobos capaces de quedar boquiabiertos ante cualquier ilusionista (medios de comunicación) vendido al poder?
Si el poder judicial que ya era la única garantía de aplicación del artº 14 de la C.E. está colonizado o subvertido (ha ocurrido en todos los sistemas totalitarios) a favor del gobierno de turno, están actuando al igual que lo haría una Fiscalía que…. ¿de quien depende? Pues eso.
Tengo entre mis notas el testimonio estremecedor de una jueza en un artículo del blog «Hay Derecho»: «Hemos fallado. Les hemos fallado. Esta vez la responsabilidad es enteramente nuestra. Por haber callado, por tener miedo…..»
No está de más echar una ojeada a la película de los juicios de Nüremberg «Vencedores y vencidos»: Los jueces nazis también tuvieron miedo, callaron y aplicaron las leyes de su estado de Derecho aún sabiendo su mezquindad moral…….
Un cordial saludo.
Lo inaudito es el silencio general.
Imaginen a la Sra. Fiscal General, Delgado, al frente de los Guardianes de la Ley y el Orden supervisados por el dúo Iglesias-Sánchez y a Maduro amenazando con contar todo lo que sabe mientras Garzón se toma una piña colada en Isla Margarita.
Añoro Torquemada.
Entiendo, igual estoy equivocada, que un Estado solo es tal si “distingue el poder de quienes lo ejercen”.
Es decir, monarca y/o presidente, y ministros que conformarían el Gobierno que “tocara”.
Sin esa diferenciación, parece que no “habría lugar” a la concepción del Estado como “persona jurídica sujeta a derechos y obligaciones.
En Democracia, o al menos en la occidentales, entiendo que todo Estado tienen que tener esa concepción jurídica que le dota de potestades y de obligaciones, además del deber dar cuenta de sus acciones y de garantizar los derechos y libertades del resto de poderes y por supuesto de los ciudadanos.
Por tanto, nuestros “Estados Democráticos” deben, o deberían ser, necesariamente “Estados de Derecho”.
Pues bien, ponerme a “bucear” en la forma política organizativa en la que llevo viviendo hace más de cuarenta años, es un hecho muy reciente, lo cual significa que, hasta hace un rato, he sido una completa ignorante, y como poco, una absoluta negligente, a la hora de ir a depositar el correspondiente voto en los momentos electorales.
Porque he votado sin conocimientos suficientes que me llevasen a ejercer ese derecho con la reflexión y responsabilidad que, la importancia de ese acto, requería.
Temo que actualmente nos encontremos ante una especie de “desestructuración” sin pausa de todos aquellos andamiajes que otorgan al Estado la categoría de “persona jurídica” y por tanto de “Estado de Derecho”.
Esa concepción, de poco a mucho, puede estarse desmantelando, desvirtualizando, reduciéndose a “escombros nominativos” únicamente.
Y nosotros, “el pueblo soberano”, boquiabiertos porque no entendemos para nada el lenguaje con el que nos están comunicando que están acabando con los mecanismos que otorgan a nuestra Democracia la garantía de la independencia de los poderes, y por tanto la posibilidad de revocar a tiempo, de no permitir, de reconocer cualquier medida que esté atentando contra esa garantía de justicia y libertad.
Y no entendemos ese lenguaje porque tampoco comprendemos bien a qué se refiere.
Tal es el desconocimiento y el distanciamiento que hemos construido a tenor de saber en qué tipo de sociedad vivimos.
Aún así, se van desgranando normativas y leyes que se nos apetece lejanas de nuestra cotidianidad.
Sin ser, seguramente, conscientes, como así creo, de cómo ello afectará a nuestras vidas, la de nuestros ascendientes y descendientes, en todas sus posibilidades.
“Estado Fallido”, sería interesante ponernos, en serio, a mirar y reflexionar sobre lo que significa, supone, este “enunciado”.
No es ninguna broma.
Entiendo que al menos nos quede la capacidad reflexionar, de cambiar esquemas, de conocer más cosas…como se ha apuntado en otros artículos.
No bajar a la depresión…intentar dejarnos abrazar por la “sorpresa”…aún desde las “incertidumbre más absolutas” a las que parece nos dirigimos, en una una carrera…. algo desenfrenada.
Rogaría al autor que respondiese a la siguiente cuestión desde su experiencia personal: ¿Qué responsabilidad tienen los cuerpos del Estado (especialmente los abogados del Estado) en los desmanes jurídicos de los gobiernos? Se supone que están al servicio de los intereses del Estado que no siempre tienen que coincidir con los del gobierno, cuyos intereses son puramente particulares (de partido).
La cuestión es que no son cuerpos del gobierno, sino que el Estado los prepara para controlar y evitar cualquier irregularidad que, bien por ignorancia, bien por intereses particulares, pueda producirse desde las AA.PP.
Gracias por adelantado: un saludo.
Extraordinaria columna Don Isaac
Por rescatar de entre tanta confusión interesada algo de tanta importancia y que no pase desapercibido. Por lo menos de usted no podrán decir que se calló.
Con cierto ánimo de polemizar, no lo puedo negar, me gustaría plantear (cómo lego, soy de ciencias y la falta de una lógica, cada día mayor, hace que el mundo del Derecho para mi sea algo cada vez mas deprimente) si no han sido los propios jueces, magistrados, fiscales, etc los que han alimentado sin querer la hoguera en la que están siendo inmolados.
De todos es sabido, también por los de ciencias, que la dificultad para llegar a ocupar los cargos de responsabilidad ligados al mundo de la Justicia es grande. Hay oposiciones complicadas, filtros, .. y ahí no llega cualquiera. O no llegaba (se ruega explicación acerca de los jueces de 2º, 3er y 4º turno, de los sustitutos, etc..) . Incluso durante el franquismo.
Se ha comentado mas de una vez que esa carrera de obstáculos, no apta para quienes tenían menos recursos, dejaban un sesgo de «derechas» en la profesión. Cómo si el tener mas recursos, visto el panorama, hiciera que el personal sea necesariamente de derechas; cuando lo que había era mas bien un sentimiento de élite meritocrática, algo que no se porque los de izquierdas asumen cómo de derechas, cuando siendo meritocrática sería mas bien lo contrario. «Mi no comprender», pero éste apunte había que hacerlo.
Lo que quiero en verdad reseñar es que es posible al ser un cuerpo tan exquisito, donde sólo unos cuantos han «condescendido» a rozarse con el pueblo (los Garzónes y demases) .. es muy posible que pensaran que la corrupción que ha afectado a gran parte de la «Administración» podría pasar por ellos sin mancharlos. Que «eso» no iba por con ellos y que si detectaban algún caso lavando la ropa sucia en casa sería suficiente.
El no haber puesto pie en pared cuando Guerra se cargó a Montesquieu, o con el caso de Marino Barbero e Ibarra, unos de los que ahora se presenta cómo de los que se mesan los cabellos con lo que está pasando en la izquierda, pero que cuando tuvo poder hizo todo lo posible para que lo que está pasando, pase. El tragar con que los componentes del TC sean en algunos casos «manifiestamente mejorables» (el caso de Maria Emilia Casas, por ejemplo). .. Pasado el tiempo y en un caso, el 11M, que ha marcado el inicio de la deriva en que nos encontramos vemos que la sentencia judicial, la que establece la «verdad oficial» hace aguas por todos lados. Y para rematar, las «ensoñaciones» de la sentencia del golpe catalán han acabado por dejarnos muy claro a muchos que no parece que sepan muy bien a donde vamos y las consecuencias de sus decisiones. Todo ello aliñado con sentencias que han sentado jurisprudencia cómo el «caso Botín». O cómo se persiguió a la Juez Alaya.
¿Realmente no se han dado cuenta de a donde les llevaba esta deriva?
¿Se creían tan seguros que no pensaron jamás que el allanar el camino con casos cómo los que he citado, y muchos mas.. no significaba que cuando los déspitas estuvieran suficientemente seguros se iría contra ellos sin piedad?
¿Realmente se puede ser tan ingenuo o vivir tan alejado de la realidad?
La ventaja del sistema anglosajón no estriba en la forma de entender el derecho en los procesos judiciales, que como ha comentado aquí, en España, es posiblemente mejor.
La ventaja es que los jueces están mucho mas en boca de la gente, en USA algunos fiscales son elegidos directamente por la gente, hay continuas series de TV sobre jueces, la elección de los Jueces del Tribunal Supremo es seguida por muchos… eso obliga a que los jueces están en la realidad. Guste o no.
Aquí el anonimato del que disfrutan muchos de los componentes del sistema judicial, que es algo positivo porque evita que se les presione, por otro lado parece que ha evitado que tengan que exponer públicamente sus diferencias contra el Ejecutivo y Legislativo desde tiempo atrás, que enfrentarse con situaciones incómodas.. en cierta manera ha pasado con ellos cómo ha pasado con la Monarquía; que de querer ¿protegerla? tanto alejándola de la prensa y del «candelabro», cuando ha tenido que afrontar situaciones incómodas la ha fastidiado.
Porque no se daban cuenta (cómo institución) de su verdadera posición.
Espero que aún haya margen de maniobra. Pero para ello deberían de eliminarse muchas de las diferencias que hay entre facciones diversas y plantarse seriamente. Ellos abrán cómo realmente pueden hacer efectivo su poder. Obviamente hay riesgos. Pero es que si no se arriesgan acabarán con ellos, y de rebote con nosotros.
Un cordial saludo
Por responder a una cuestión, –el mérito o merecimiento– suscitada lateralmente en el post anterior del compañero «Pasmao», es necesario tener en cuenta que el Marxismo actual y el vigente sistema de Poder Globalizador niegan la existencia del «Mérito» («Dessert» «merecimiento») en inglés.
El mérito comenzó siendo negado por John Rawls en su obra «Justice as Equity» que es la base filosófica de toda la legislación social desde los años 80 en Europa y NorteAmérica. Recientemente, uno de los principales críticos de Rawls (Michael Sandel) se está acercando hoy a las posturas de Rawls.
Si procede lo resumiré en otro instante porque se nota mucho cuándo una obra de algún autor se trata de difundir con rapidez porque así interesa al poder globalizador vigente. En estos casos suelen ser simultáneas la versión original y su traducción.
La obra de Sandel que ofreció en su día la crítica más demoledora de John Rawls se tituló «Liberalism and the limits of Justice» es de los años 80 y no se publicó en español hasta bien entrado este siglo. La última «The tiranny of merit» –mismo título en español– se publicó simultáneamente en 2020.
Así trabaja el sistema: lo que no interesa se retrasa todo lo posible. Lo que interesa al mundo «Woke» se publia urbi et orbe de inmediato.
Esta tendencia no es más que otro disparo a la línea de flotación de la clase media trabajadora. Ahora lo que queremos es masa dócil acrítica e infradotada intelectualmente y «capataces» que «podamos dirigir» con facilidad. La ley Celáa se ocupa precisamente de eso.
Saludos