Debates electorales

En pleno periodo electoral conviene hacer una reflexión sobre los debates entre candidatos, que se celebran durante las campañas y que tienen una indudable relevancia en los resultados.

En sociedades como las nuestras, en las que lo visual tiene una importancia infinitamente mayor que cualquier cosa que se pueda escribir, resulta indiscutible el carácter decisivo de un debate televisado en el que los candidatos se presentan, como en un desfile de modelos, ante sus potenciales clientes/votantes para “venderles” su proyecto y pedirles el voto.

Para que nos hagamos una idea de su importancia, la madre de todos los debates celebrados en España fue el que en la televisión pública enfrentó en 1993 a Felipe González (candidato del PSOE) y José María Aznar (PP). Este debate fue, con diferencia, el más visto, con una cuota de pantalla del 75,3%, y probablemente fuese determinante para que, a pesar de los escándalos que ya asediaban al PSOE, Felipe ganara esas elecciones.

Sin llegar a esa cuota de pantalla, dado que hoy la oferta televisiva es infinitamente más amplia, la cobertura total del último debate celebrado antes de las elecciones del 28/4/2019 por Atresmedia fue de más de 17 millones de espectadores, con lo que cerca de un 38% de la población vio al menos un minuto del debate.

Además, hay que tener en cuenta el altísimo porcentaje de indecisos que suele haber durante la campaña electoral. Por ejemplo, antes de las pasadas elecciones generales, según el CIS, el porcentaje de indecisos alcanzaba el 41,6%. Muchos de esos indecisos deciden su voto a última hora en función del tiempo –mayor o menor- que han visto los cara a cara de los candidatos.

Dada su indudable repercusión, es interesante reflexionar sobre el formato de estos debates. Mucho se habla y se escribe sobre cómo está cada candidato, sobre cuál fue el ganador o sobre la incidencia en el voto; pero poco se ha comentado una decisión de la Administración electoral que pudo tener una importante incidencia en el desarrollo de las votaciones.

Como recordaréis, el debate de Atresmedia estaba inicialmente proyectado por los organizadores para enfrentar a los 5 candidatos que, según las encuestas, tenían las mejores expectativas para poder ganar las elecciones y convertirse en el próximo presidente del gobierno. Así, estaban invitados los candidatos de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox.

Sin embargo, ante la reclamación de algunos partidos minoritarios (como PNV o Coalición Canaria), que se sintieron ninguneados por los organizadores, la Junta Electoral Central (JEC) impidió la participación de Vox y el debate hubo de celebrarse únicamente con los otros 4 candidatos.

Es absolutamente imposible saber cómo la ausencia del candidato de Vox en el debate afectó a las decisiones de voto. No sabemos si la presentación de Vox hubiera supuesto un mayor hundimiento del PP y un éxito todavía más rotundo del PSOE o si, por el contrario, la exigencia que impone el debate de que cada candidato se pronuncie sobre las cuestiones propuestas por los organizadores, hubiera provocado algún desliz del candidato de Vox que hubiera dado aire al PP. Lo que es difícilmente discutible es que la decisión de la JEC de sacar a Vox del “desfile” tuvo consecuencias en las decisiones de voto.

Ante los comicios locales y autonómicos del 26/5/2019 nos encontramos con una decisión análoga de la Junta Electoral que impide a la nueva formación de la alcaldesa Carmena y de Errejón (Más Madrid) tener presencia en los debates televisados, a pesar de sus buenos augurios electorales. Parece que a última hora ha rectificado y dejan debatir a Carmena pero no a Errejón.

En cualquier caso, ante la indudable incidencia de las decisiones de la JEC en el voto, cabe plantearse si están fundadas y si el criterio seguido es razonable. La ley electoral no presta excesiva atención a los debates electorales y simplemente impone a las televisiones privadas que respeten los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales. La JEC, desde una decisión de 2011, entiende que ese principio de proporcionalidad sólo resulta respetado si se otorga a cada partido una presencia en el medio de comunicación equivalente al porcentaje de votos que la misma formación hubiera obtenido en las elecciones que celebradas cuatro años antes. Vox en las elecciones generales de 2016 solo obtuvo un 0,1% de los votos y la JEC se niega a valorar sus expectativas electorales que todas las encuestas le otorgan o el 10,96% de votos que la formación había recibido en las recientes elecciones andaluzas.

A mi juicio, estas decisiones de la JEC resultan profundamente erróneas y pueden estar teniendo graves consecuencias en la competencia de los partidos y en los resultados electorales.

Jurídicamente, un límite tan intenso a la libertad de información sólo puede imponerlo explícitamente el legislador. La JEC se extralimita cuando establece una restricción tan rígida a ese derecho fundamental. Pero es que, además, en sociedades en las que todo va a una velocidad de vértigo, resulta absurdo obligar a que en la campaña se reproduzca la foto fija de las elecciones de hace cuatro años. Los electores debemos poder ejercer nuestro derecho de sufragio activo después de haber comparado a los candidatos que, presentándose en todo el territorio nacional, tienen unas razonables expectativas electorales. El derecho de sufragio pasivo de los nuevos partidos políticos comprende el de que no se les impongan barreras de entrada irrazonables que les dificulte la competencia electoral.

Aunque esta pueda parecer una cuestión puntual ante los graves problemas que afrontan las democracias, la calidad de estas exige que las sometamos a un continuo proceso de escrutinio en el que vayamos cuestionando y puliendo sus imperfecciones.