¿DEBE EL ESTADO DECIDIR CÓMO HAY QUE EDUCAR A NUESTROS HIJOS?

Nuestra vida está llena de tradiciones y rutinas. Muchas de ellas llegan a arraigar de tal modo que ni se nos pasa por la cabeza plantearnos por qué las perpetuamos. A primera vista nos parecen buenas y no le damos más vueltas. Solo si algo o alguien nos obliga a cuestionárnoslas podemos descubrir que había otras opciones mejores. Pues bien, con muchos de los asuntos públicos pasa lo mismo.

Fijémonos en el caso de la educación. Estamos acostumbrados a que el Estado (léase, el Ministerio o las Consejerías de Educación) sea quien decida lo que han de aprender nuestros hijos, diseñe cómo y cuándo han de aprenderlo, y contrate a los profesores que han de enseñárselo. En la práctica, esto significa que unos cuantos funcionarios, con mayor o menor experiencia docente, son los que deciden en gran medida el modelo de educación al que deben someterse varios millones de niños (y sus respectivos padres). ¿Por qué ha de ser así? ¿No existen otras alternativas mejores? Dada la importancia que tiene la educación convendría que al menos nos lo planteásemos. Máxime cuando además hay datos (como, por ejemplo, la tasa de abandono escolar o de repetición de cursos) que ponen de manifiesto que nuestro sistema educativo adolece de graves problemas.

Así pues, ¿qué es lo que justifica la intervención del Estado en la educación, desde el punto de vista de la ciudadanía? Se me ocurren dos razones de peso. La primera, porque garantiza que todos los niños puedan recibir una educación hasta cierta edad, con independencia de la situación económica de sus padres. Eso ya es importante, porque además de contribuir a la igualdad de oportunidades también lo hace a elevar el nivel de formación y conocimientos de la población, lo cual ayuda entre otras cosas a mejorar sus posibilidades futuras de encontrar empleo. La segunda razón es que así el Estado puede certificar que cada título académico conlleva los conocimientos básicos correspondientes. Y eso nos permite que, por ejemplo, podamos ir al médico con la confianza de que su título garantiza que sabe lo que tiene que saber. Claro que todo esto es cierto en teoría, porque luego la casuística es compleja y depende mucho de cómo aplique en la práctica.

Ahora bien, ¿qué inconvenientes tiene que el Estado intervenga en la educación del modo en que lo hace? El primero es el ya citado de que, en lugar de ser los profesores que están en contacto diario con los alumnos y sus necesidades educativas, sea un grupo de funcionarios y políticos, mucho más alejados de esa realidad, los que deciden cuáles son esas necesidades y cómo han de ser atendidas. El segundo inconveniente, y no menor, es que impide en gran medida que cada centro escolar diseñe y organice el proyecto educativo que considere más acorde con la realidad que tiene entre manos. También impide que, ante la diversidad de ofertas educativas que se producirían, los padres pudiesen elegir la que considerasen más idónea para sus hijos.

Ligado a todo esto hay otros inconvenientes de fondo. Por una parte, ante la dificultad de diseñar la educación que a cada uno nos gustaría que recibieran nuestros hijos, tanto por las diversas prioridades que cada cual asignaría como por la cantidad de factores a tener en cuenta, se está centralizando en unas pocas personas (los funcionarios y políticos mencionados) esa decisión; cuando lo mejor sería no poner todos los huevos en una misma cesta y dejar que esa decisión se resolviera de múltiples formas, abriendo así la posibilidad de que surgieran nuevas fórmulas educativas y que los padres tuvieran más donde elegir.

Por otra parte, dejar en manos del Estado la educación implica el riesgo de que esta se manipule por intereses políticos ajenos a los criterios estrictamente educativos. En otros artículos hemos expuesto cómo los nacionalismos utilizan la educación en beneficio de sus propios intereses. Pero el riesgo mayor es que, sean quienes sean los que dirijan el Estado, la tentación suele ser siempre la misma: utilizar la educación para hacer que la sociedad “comparta determinados valores cívicos”, cosa que en principio suena muy bien pero que, fácilmente y sin que nos demos cuenta, nos puede acabar deslizando hacia niveles crecientes de monolitismo y de pensamiento único. Frente a esta tendencia, es muy probable que a los padres que les preocupe la formación de sus hijos les interese mucho más que estos puedan desarrollar sus propios talentos, ideas y criterios, aunque eso genere una diversidad en la sociedad muy superior a la actual. Lo cual, dicho sea de paso, también sería muy bueno para la propia sociedad, aunque su gobernabilidad se complicase. Pero, para rebaños ya es suficiente con las ovejas.

¿Se podría hacer de otra forma? Seguro que sí. Se pueden imaginar varias alternativas. Por ejemplo, una sería que el Gobierno renunciara a imponer su programa educativo y cediera esa decisión a los centros escolares, de manera que cada uno de ellos fuera libre de diseñar su programa y la forma de ponerlo en práctica. En tal caso el Gobierno se limitaría a comprobar que el dinero público se utiliza correctamente, porque los centros disponen de los profesores y alumnos que declaran. A su vez, el Gobierno fijaría los controles mínimos necesarios, cada cierto número de cursos, para poder certificar que los títulos académicos se corresponden con los conocimientos y las competencias que avalan, sin entrar en la forma en que estos se adquieran. En esta alternativa las escuelas públicas y los centros privados concertados seguirían existiendo como ahora, pero con una autonomía superior a la actual. Naturalmente, los padres deberían tener la libertad de poder elegir el centro que más les gustase para sus hijos, con la única restricción de las plazas libres existentes, y además poder participar de algún modo en el diseño del programa educativo del centro elegido.

Otra alternativa sería que, además de lo anterior, el Gobierno convirtiese las escuelas públicas en centros privados concertados. Una fórmula preferencial sería que los profesores de cada una de esas escuelas se asociasen y constituyeran la correspondiente empresa que gestionase su escuela. Seguirían recibiendo el mismo dinero del Estado, pero no tendrían que sujetarse a las restricciones del régimen laboral del funcionariado. Si esta fórmula no fuera posible, también se podría recurrir a un sistema de concurso público en el que otra empresa accediera a la propiedad de la escuela en cuestión. No obstante, cabría la posibilidad de que un sector de la sociedad quisiera seguir llevando a sus hijos a colegios públicos, en tal caso podría preverse que un cierto número de colegios se mantuvieran en su estatus actual o en el de la primera alternativa citada. En cualquier caso, los controles del Estado seguirían siendo los mismos en esta alternativa que en la anterior.

No obstante, alguien podría decir que mientras el Gobierno financie la educación siempre existirá el riesgo de que los políticos de turno quieran intervenir en ella y puedan, incluso, retrotraer la situación a la actual. Y es cierto que ese riesgo existe, sobre todo para la primera de las dos opciones indicadas, que es fácilmente reversible. Sea por el interés que tienen los políticos por controlar la educación o porque, en la diversidad de planteamientos educativos que pudieran emerger, se dieran casos puntuales que promovieran valores claramente rechazables desde nuestra cultura actual, alimentando con ello un cierto clamor social para que el Gobierno interviniese. A fin de cuentas, cuando la libertad se amplía en un determinado ámbito siempre pueden surgir ejemplos de mal uso de la misma. Por supuesto, eso no implica que la mejor forma de combatir esos casos sea haciendo que el Estado los gestione directamente. No hay que olvidar que los medios de comunicación gozan de una gran libertad y es muy discutible que los valores que promueven algunos de ellos sean positivos para la sociedad.

De todos modos para que la financiación pública pudiera disminuir, reduciendo por tanto esos riesgos, también cabría la posibilidad de que el Gobierno permitiese que, cuando pagamos nuestros impuestos, una parte de ellos (por ejemplo, un 10%) los pudiera destinar cada ciudadano a su criterio para contribuir a la financiación de tal o cual centro educativo, reduciendo en proporción la subvención pública que ese centro recibe y con la condición de que una parte de esa contribución ciudadana se destinase a financiar becas para que otros padres, en peor situación económica, pudiesen enviar a sus hijos a ese colegio.

Seguramente hay otras posibilidades sobre cómo mejorar la educación y ello debería ser objeto de un mayor debate social. Pero, la cuestión que aquí planteo es que esas posibilidades dependen, en gran medida, de dotar de una mayor libertad y, por consiguiente, de responsabilidad a los profesores y padres; y por tanto a la sociedad. Que, en definitiva, este es un ámbito en el que seguir acudiendo a Papá-Estado para que nos lo de todo resuelto no es la mejor opción. Si damos por válido que los medios de comunicación, con la enorme influencia que ejercen en la educación de la sociedad, sean independientes del Gobierno, no se entiende bien por qué no han de serlo también los centros escolares. Una sociedad madura debe ser capaz de sustituir al Estado, en aspectos como la educación, tanto como se pueda y sea posible.