¿Debe Sánchez acordar su investidura con Puigdemont?

Cuando gran parte de los españoles estamos pendientes de si Pedro Sánchez y Carles Puigdemont llegan a un acuerdo para saber, en ese caso, qué concesiones se habrán hecho, es un buen momento para repasar la situación de fondo en la que está teniendo lugar esa negociación y valorar desde esa perspectiva las concesiones que presumiblemente se harán.  

No tengo ninguna duda de que, si finalmente llegan a un acuerdo, será a cambio de algo parecido a una amnistía, entre otras cosas. Muchos juristas opinan que, según cual sea su exposición de motivos, la amnistía puede ser inconstitucional. Hay que tener en cuenta que, si su argumentación implicase reconocer la ilegitimidad de la actuación del Tribunal Supremo en relación con aquellos hechos, y por tanto la del propio Tribunal Constitucional, que validó las condenas que dictó el Supremo, obligaría muy probablemente a que el Tribunal Constitucional la tumbase, pese a su actual composición, favorable al PSOE.

Pero, también sería políticamente inasumible plantear ahora que, durante los sucesos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán en el año 2017, la democracia española y su Estado de Derecho no se comportaron como tales y que, por tanto, hicieron bien los independentistas en saltarse nuestro ordenamiento constitucional.  

En cualquier caso, no tengo duda de que, si Sánchez llega a un acuerdo para su investidura con Puigdemont, habrá algo muy similar, en la práctica, a una amnistía, aunque técnicamente se intente presentar de otra forma, como, por ejemplo, un indulto general.

Desde el punto de vista político, ¿es bueno o es malo que haya un indulto total que exima de toda responsabilidad penal a quienes tuvieron algún papel en aquellos sucesos? Es decir, ¿es bueno o es malo que pasemos página de aquellos hechos?

Si el acuerdo conllevara que los líderes independentistas renunciaran a intentar la independencia por vías no constitucionales y, por tanto, estuvieran dispuestos a circunscribir su acción política al Estatuto de Autonomía que hubiera vigente en cada momento, en mi opinión la “amnistía” sería positiva. Sería un acto de generosidad por parte del Estado que contribuiría a encauzar la situación política de Cataluña dentro de España.

El problema es que los propios líderes independentistas no lo están planteando así. Por sus declaraciones e iniciativas parlamentarias es obvio que quieren interpretar la “amnistía” como si fuera una señal de que el Estado español “se arrepiente” de lo que hizo y de que podría acabar comprometiéndose a pactar un referéndum, o algo parecido. De hecho, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo habló de que una futura ley de amnistía “tiene que poner las bases para un nuevo 1 de octubre”, en definitiva, para votar la independencia. En estas condiciones la amnistía carecería de sentido.

Habrá quienes piensen que las cosas no son tan blancas ni tan negras como parece, y que hay que leer entre líneas. En ese sentido, todavía se podría especular con que ese tipo de declaraciones fueran en realidad parte del teatrillo al que se verían obligados los líderes independentistas para ir haciendo digerible a sus bases electorales el viaje a la normalidad constitucional supuestamente pactado en secreto con el PSOE. Pero, igualmente cabría especular con que fuera Pedro Sánchez y su equipo negociador quienes, excesivamente cegados por su deseo de lograr la investidura, hayan calibrado mal las intenciones reales de Puigdemont y compañía para preparar un nuevo intento secesionista tan pronto como pudieran.

Como mínimo, habría que convenir que, en estas circunstancias, la “amnistía” constituye una decisión política de alto riesgo. Porque, si bien es cierto que hipotéticamente podría reducir el victimismo que alimenta al independentismo catalán, condición que parece previa para recuperar la normalidad constitucional en Cataluña, también lo es que esa decisión podría acabar reactivando a un independentismo, que estaba de capa caída, en una legislatura en la que el PSOE va a depender mucho de ellos. Un riesgo que, como luego explicaré, no es necesario correr.

Ahora bien, esa “amnistía” es condición necesaria para el acuerdo de investidura, pero no creo que sea suficiente. Puigdemont tiene que obtener algo más. A él, y a los suyos, les gustaría que fuera el compromiso de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Yo no creo, honestamente, que Sánchez vaya a ceder en este punto. Hay demasiadas fuerzas en contra, desde su propio electorado y la gran mayoría de la opinión pública española, hasta los dirigentes de la Unión Europea que no aceptarían en modo alguno semejante precedente. Sobre todo, después del fiasco del Brexit.

¿Qué otra cosa podría ceder Sánchez que quizás fuera suficiente para Puigdemont? Solo se me ocurre más dinero. Pero, más dinero para Cataluña significa menos para el resto de España. Y aquí no vale la comparación con el régimen especial del País Vasco y Navarra, porque su impacto en la economía nacional es mucho menor. Según el INE, la contribución de Cataluña al PIB español en 2021 fue de un 19% (solo detrás de Madrid, que fue un 19,46%), mientras que la del País Vasco fue de un 5,94%.

Es cierto que el tema de la financiación de las CC.AA., es muy complejo técnicamente. Y por eso, precisamente, cualquiera puede manipular las cifras. Aunque probablemente no hay nadie que pueda presumir de hacer los cálculos de forma neutral, FEDEA, y en particular su director, Ángel de la Fuente, tienen bastante ganada una credibilidad en esta materia. En uno de sus últimos estudios se concluye que de las 15 CCAA (excluidos el País Vasco y Navarra), en el año 2021 12 no pudieron recaudar suficientes ingresos para financiar sus gastos. Esos 12 déficits sumaron un total de 20.000 millones de euros que tuvieron que aportar el Estado (11.000 M€) y las CCAA de Madrid (6.313 M€), Cataluña (2.168 M€) y Baleares (334 M€). Con el matiz de que la aportación que hizo el Estado se recaudó con los impuestos que pagaron todos los españoles, incluidos los catalanes. Según el Instituto Estadístico de Cataluña (IDESCAT), en el año 2022 casi el 20% de la recaudación en toda España de los impuestos estatales correspondió a Cataluña.

Como no es probable que Puigdemont se fuera a conformar con un incremento modesto de los ingresos para Cataluña, el impacto sobre el resto de España de los ingresos adicionales que se llevase Cataluña, a raíz de la investidura de Sánchez, sería considerable.

Esto afecta de lleno al futuro del gasto social y del Estado de Bienestar (pensiones, sobre todo) en el resto de España, así como a las posibilidades de reducir las desigualdades existentes entre las diversas regiones de España. Algo fundamental para un partido que, como el PSOE, hace del Estado de Bienestar y de la igualdad entre los españoles su principal seña de identidad. A corto plazo, Sánchez podría pensar en incrementar la deuda pública de España para sustituir una hipotética menor aportación de Cataluña, pero la Unión Europea, que ha hecho del saneamiento de las cuentas de los estados miembros su prioridad, le va a exigir reducir gastos o aumentar la presión fiscal. Cuestiones ambas difícilmente justificables ante el conjunto de la sociedad española si, paralelamente, se ha pactado una menor contribución financiera y/o fiscal de los catalanes.

En el fondo, no deja de chirriar que un partido de izquierdas, como el PSOE, transija con lo que subyace a esa petición de más dinero para Cataluña: que la segunda comunidad más rica de España quiera contribuir menos al desarrollo de las más pobres. Es el “valor” de la anti solidaridad: los ricos que se niegan a aportar más a quienes menos tienen. Algo impresentable en pleno siglo XXI.

A todo esto, es importante tener en cuenta que, hoy por hoy, son muchos más los catalanes que se alinean con los partidos que quieren a Cataluña integrada en España que los que lo hacen con los partidos independentistas. De hecho, en las elecciones del 23 J, la suma de JUNTS, ERC y la CUP ha quedado por debajo del millón de votos (954.311), con una pérdida de casi 700.000 votos (un 42%) respecto a las elecciones generales de noviembre del 2019, y muy lejos de los 2.448. 694 votos que han tenido en estas elecciones PSOE, SUMAR, PP y VOX.  Aún admitiendo que, ante el miedo a un Gobierno PP-VOX, muchos votantes independentistas hayan optado por el voto útil a favor del PSOE-PSC, es indudable que el sentir de la mayoría de los catalanes no se encuentra reflejado en las posturas independentistas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta.

Frente al riesgo de que el acuerdo con JUNTS y ERC pueda tener un coste elevado para el conjunto de España, tanto en términos de financiación como de integración de Cataluña en España, como de tensionamiento de la vida política, sería preferible que el PSOE optara por la repetición de las elecciones o, directamente, por pactar un programa de Gobierno con el PP, partido con el que seguramente las discrepancias implicarían menos riesgo para el conjunto de los españoles.