Demo… ¿qué?

Democracia es lo opuesto a Poder. Lo primero se asocia a concordia y cooperación, lo segundo a enfrentamiento y sometimiento. Llegar a un ideal democrático, es un largo proceso con el que todos debemos tener un compromiso y, nuestro país, desde hace ya algún tiempo, no está yendo por ese camino de profundización en la democracia, más bien, al contrario.

Como sabemos, Sánchez, para sobrevivir en él poder, va a afrontar su próxima investidura con un programa de gobierno que incluye medidas jurídicas que, a juicio de un sector doctrinal significativamente mayoritario, desbordan nuestro orden constitucional. Pero para ello, ya cuenta con condiciones preexistentes bien asentadas. En primer lugar, ha conducido la degradación democrática apoyándose en el mantenimiento de un consorcio estable con los partidos nacionalistas, a los cuales ha otorgado, no solo tener en su mano la clave de la legislatura, sino, además, les ha situado “de facto”, si ya no lo eran antes, como árbitros principales del devenir político e institucional del país.

Ha envenenado el sistema político llenándolo de cuestiones territoriales y dejando de lado cualquier agenda de reformas. Dejación de responsabilidad también de cualquier asunto incomodo, valiéndose para ello, de agresiones a otras fuerzas políticas, para conducir sin remedio, a un ambiente de crispación y polarización, donde ninguna iniciativa crezca y se anule la posibilidad de aportaciones venidas del diálogo y consenso.

Cuenta también con los mecanismos que facilitan sus propósitos y, para ello, ya en la pasada legislatura, ha “gripado” cuanto ha podido, mediante la colonización e intimidación, el funcionamiento del resto de poderes institucionales del país, de los contrapesos del poder gubernamental. Convirtió así, el Congreso de los Diputados en un auténtico mercado persa, un espacio de mero contrabando de acuerdos donde se apagaba la transparencia y, donde los nacionalistas “pescaban” a placer; solo cuando esos acuerdos llegaban a la luz pública, se podía calibrar el alto precio al que cotizaban y el importante poder de unos pocos. Por otra parte, esa intimidación y colonización de instituciones afectó, de modo primordial, a las judiciales. En este caso, siempre buscando acomodar la ley a conveniencias gubernamentales, a pesar de la reprobación, en diversas ocasiones, de altos tribunales de Justicia que resaltaron la enorme gravedad de esas decisiones reformadoras que Sánchez proponía.

Ahora, como sabemos, después de las últimas elecciones, Sánchez necesita para ganar la investidura, añadir 57 diputados a los 121 del PSOE. Aquellos deberán salir, de fuerzas políticas de ámbito nacional junto a otras de carácter nacionalista, con las cuales precisa renovar los pactos de colaboración anteriores. Dicho y hecho; pero ahora el precio de esos pactos ha subido, y para mantenerse en el poder hay que traspasar los límites que marca la Constitución. Sánchez busca justificaciones para convencer al país, de que todas las exigencias nacionalistas están dentro de esos límites, aunque, el mismo antes reconociera que, alguna de esas pretensiones, se sitúan extramuros y, por tanto, él nunca aceptaría.

¿Por encima de intereses partidistas, no debería la acción política tener una actitud exquisita y lejos de cualquier sospecha, respecto a las reglas de juego fundamentales, que rigen la convivencia en un país que se dice democrático? Quizá, entonces, la única forma de poder explicar esta alianza de Sánchez con el resto de partidos que le apoyan sea, desde del interés de todos en un fin o ideal común: demoler la Constitución. Sánchez proporciona a los nacionalismos la oportunidad para ello, que, de cualquier otra manera, estaría fuera de su alcance. Los nacionalismos a su vez, son el soporte necesario para que Sánchez y los otros partidos de izquierda permanezcan en el poder.

Desde que finalizó el recuento de las elecciones todo ha consistido en conseguir los siete votos de JxCAT y la necesidad de añadir a la alianza a su líder Puigdemont, un huido de la justicia que, si pisara este país, seria detenido. Como sin él no había nada que hacer y con él la investidura estaba resuelta, el primer paso a dar para conseguir este propósito, tuvo que ser, el de su rehabilitación como negociador del Gobierno.

Y resultado de esa negociación, en la que media como maestro de ceremonias un dirigente del PNV, lo mejor que se lleva Puigdemont es la amnistía a los promotores y participes en el “procés” y que, para él, le supondrá poder volver a España sin ser detenido. Ello sin que le haya hecho falta ningún paripé de arrepentimiento por la declaración de independencia o promesa de no hacerlo nuevamente. También de dicha negociación y aunque no se hayan hecho públicos todos los acuerdos pactados, sí que ha trascendido que existen otras carpetas que acompañan a la amnistía, y una de ellas, con miles de millones.

El perímetro de esa ley de amnistía parece que cubrirá hasta a los encausados por Tsunami Democrátic (entre los que están altos cargos de ERC) y la causa de los CDR acusados de terrorismo. ¡Que poco solidarios son estos políticos nacionalistas que se olvidan de presos comunes que solo robaron patatas o cometido delitos de similar gravedad!

Para justificar toda esta aberrante operación y buscar su aprobación, Sánchez se fue ante la cúpula de su partido: aludió a intereses generales, mejorar la convivencia entre españoles, utilidad pública, ¡por el bien de España! Se acuerdan de aquello que decía “Todo por la Patria”; pues igual. La patria está en peligro si se repiten elecciones y la ultraderecha entra en el Gobierno; una necesidad coyuntural de la que hay que hacer virtud o, una victoria del entendimiento entre quienes piensan diferente, decía también Sánchez. Y él sabe, además, que este acuerdo, para los separatistas, solo se trata de un “punto de partida” no de “llegada”, tal como ellos mismos han aseverado. La cúpula del PSOE aceptará la transacción amnistía por investidura, aunque para justificarla, Sánchez les hubiese solo leído cualquier página del Quijote. Todo vale para impedir la alternancia política o la acción en curso de los tribunales de justicia y, contravenir así, los principios básicos de toda democracia que se precie.

Pretender decir que la amnistía (o como sea llamada la ley que la conceda) es algo sensato y razonable, resultado de una reflexión acerca de los intereses del país y no, un mero pago por “servicios prestados”, no deja de ser tomar por imbéciles a los ciudadanos. Seguramente no se acuerdan, pero alguien muy lúcido dijo hace ya mucho tiempo, “el patriotismo es el último refugio de los canallas”.

Estamos pues ante una operación de partido que divide a la sociedad, ataca el principio de igualdad entre personas y territorios y, supone mayor degradación del Estado de derecho que pasará a ser una mera proclama formal. Eso sin contar que se pueda estar perpetrando un auténtico fraude electoral.

Parece que pronto estará listo el texto definitivo de la ley de amnistía; hay muchos “pajaritos” que dicen que el presidente del Tribunal Constitucional (llevado a ese cargo por el propio Sánchez), estaría implicado en su preparación. Nadie podrá dar la menor prueba fidedigna de ello. Dado que ese tribunal será arbitro del futuro litigio que seguro vendrá con esa ley y, de ser cierta esa “fabula”, estaríamos, no solo ante un escándalo institucional sino una indecencia cuyo asombro alcanzaría más allá de nuestras fronteras.

A mi terraza llego uno de esos “pajaritos” y me lo confirmó. Yo le creo.