La democracia suicida

A primera vista parece que solo hay un tipo de democracia: la nuestra; pero no es así. Que nos hayamos acostumbrado a esta no significa que no pueda haber otras y, desde luego, según cuál elijamos la clase de sociedad hacia la que nos dirigiremos puede variar mucho.

La democracia consiste, básicamente, en que los políticos hagan lo que esperan de ellos los ciudadanos que les han votado. ¿Y qué es lo que estos esperan? Las demandas pueden ser muy diversas, pero podrían resumirse en una: que el Estado les proteja eficazmente. Protección en muchos sentidos. Por ejemplo, en el ejercicio de sus derechos; frente a los abusos de los grandes bancos y empresas privadas; ante cualquier tipo de catástrofe o adversidad; frente a las amenazas terroristas, etc. Son ámbitos y tipos de protección que tienen en común la exigencia por parte de la ciudadanía de que sea el Estado quien se encargue de ello.

Hoy en día, la razón de ser del Estado es, en gran medida, proteger a los más débiles mediante una política redistributiva que garantice pensiones dignas, sanidad y educación de calidad para todos, ayudas a los que se quedan sin empleo, etc. Prestaciones que, formuladas así, con carácter general, nadie cuestiona, pero que en su traducción práctica pueden irse extendiendo y agregando otras nuevas, fruto de una cultura ciudadana tendente a considerarlas como derechos naturales y a exigirlas cuesten lo que cuesten. Porque esta cultura ha evolucionado de tal modo que no se limita a reclamar estas prestaciones para los más débiles, sino que ya las reivindica para todos, independientemente de que las necesiten o no, o de que su situación económica personal les permita financiárselas por sí mismos. Así, todos los ciudadanos nos hemos convertido en débiles que han de ser protegidos por el Estado. Y lo inquietante de la situación es que, probablemente, mucha gente, que antes se hubiera sentido perfectamente capaz de valerse por sí misma sin ayuda de nadie, ahora se cree débil de verdad.

Ante esta demanda, los políticos compiten entre sí prometiendo más y más. Lo hacen porque el juego democrático se lo exige. Pero, al mismo tiempo, eso les da más poder sobre la ciudadanía, al disponer de más medios (llámese subvenciones, elevación de las pensiones, etc.) con los que dirigir el voto de los electores. Por tanto, alimentar esta dinámica con sus promesas también les beneficia a ellos. Pero son promesas que siempre implican mayor gasto público. Un gasto que, en su conjunto, como ya hemos visto en otro artículo, suele ser muy superior a los ingresos que recauda el Estado y hace que los gobernantes, para financiar ese déficit, recurran todas las semanas a incrementar el endeudamiento. Es lógico que la deuda pública crezca en épocas de crisis pero, cuando también crece en épocas de bonanza, es señal de que estamos en una tendencia de fondo peligrosa.

Es decir, nos hemos metido en un modelo político y económico basado en la creencia de que debemos disfrutar ya, de modo irrenunciable, de todo aquello a lo que nos hemos convencido de que tenemos derecho, exigiendo para ello al Estado que gaste el dinero que el país no tiene y confiando en que siempre habrá manera de hacer que los ricos paguen más o de que alguien nos lo preste. Pero la bola sigue creciendo y no está nada claro cómo se va a parar esta tendencia, una vez que la democracia en que nos hemos instalado conlleva esta espiral de demandas sociales y de promesas de los políticos. ¿Caminamos hacia la quiebra del Estado y hacia la explosión de la burbuja político-económica en la que nos hemos metido?

Pero los políticos no solo nos gobiernan mediante el gasto público. Su otra herramienta preferida es aprobar nuevas leyes. Casi todos los días se publican normas de carácter legal que nos obligan a un determinado comportamiento. Me cuesta creer que, tras ello, se oculte un afán maquiavélico por controlarnos, pero desde luego sí hay una intención de organizar nuestra vida en sociedad para que todo funcione mejor. Sea cual sea la intención de fondo, lo cierto es que con esa tendencia a regularlo todo los ciudadanos estamos cada vez más dirigidos hacia determinados comportamientos, y cada vez más vigilados para comprobar que cumplimos bien todas esas normas.

En realidad, forma parte de un ciclo que nosotros contribuimos a alimentar. Ya que, cuando reclamamos a los gobernantes que garanticen nuestra protección en un determinado ámbito, su reacción es promulgar nuevas leyes. Así si, por ejemplo, se derrumba un edificio y mueren una docena de personas, las autoridades pueden escudarse en que los propietarios del edificio no habían cumplido la normativa en tal o cual aspecto. Una normativa que, aun queriéndola cumplir, precisamente por su abundancia es fácil incumplirla en algún detalle. Y se pueden poner infinidad de ejemplos como este que afectan a cualquier faceta de nuestra vida. Hasta en las más privadas. La espiral así acaba siendo infernal: nosotros les pedimos a los políticos más y más protección frente a las posibles catástrofes y ellos nos hacen cada vez más prisioneros de una legislación que se extiende sin freno.

Esta tendencia no solo lleva a que el Estado se entrometa en aspectos de los que somos claramente conscientes, sino también en otros muchos de los que apenas nos percatamos. Por ejemplo, la educación; es decir, la forma de moldear cómo las nuevas generaciones han de encarar su vida lo deciden las autoridades académicas. Otro: los medios de comunicación, que también influyen mucho en nuestra forma de ver el mundo, dependen de unos accionistas y una publicidad que también están muy mediatizados por los políticos en el poder. Lo cual significa que nuestra forma de pensar está bastante condicionada. Y, por tanto, nuestra libertad.

El hecho es que, entre ese afán por legislar todos los detalles de nuestras vidas y ese otro por gastar más y más, aumentando la presión fiscal y la deuda para financiarlo, los ciudadanos somos cada vez más dependientes de los poderes públicos. A corto plazo, puede parecer que las ventajas compensan los inconvenientes, pero a la larga ¿a dónde nos lleva esto? ¿Hasta cuándo se puede sostener este modelo? ¿En qué situación de orfandad nos quedaríamos si un día el Estado no pudiera seguir ejerciendo las funciones que ha ido asumiendo por incapacidad económica?

¿Es inevitable que esto sea así? ¿Es posible concebir otro modelo de democracia? Claro que es posible, pero para ello es necesario que haya cada vez más ciudadanos que se den cuenta de hacia dónde nos conduce la tendencia actual y reclamen una democracia distinta, en la que ganemos en libertad y autonomía.

Imaginemos, por ejemplo, que la presión social forzase al Gobierno a permitir que los ciudadanos pudieran destinar una parte de sus impuestos (digamos un 20%) a financiar a organizaciones de la sociedad civil, sin afán de lucro, para que llevasen a cabo proyectos de interés social; cada ciudadano elegiría las que le pareciese más conveniente. Solo con este cambio, estas organizaciones aumentarían mucho su actividad y se fortalecería enormemente el tejido social. Con el tiempo, algunas de ellas podrían llegar incluso a reemplazar a los poderes públicos en algunas de las prestaciones que ahora nos proporciona el Estado.

Otro ejemplo: imaginemos que el Estado renunciase a organizar cómo ha de ser la educación y dejase vía libre para que lo decidiesen profesores y padres. Como el tema ya lo he tratado en otro artículo no me extenderé ahora en él, pero el resultado sería que empezarían a florecer diferentes modelos educativos, abriendo nuevas posibilidades en este campo.

Obviamente, no estoy proponiendo que el Estado desaparezca porque es necesario que exista, pero lo que sí hay que plantearse es redefinir sus límites y los ámbitos en los que la sociedad debe solucionar por sí misma sus necesidades. Y, mientras tanto, hay que plantearse qué hacer para que los ciudadanos ganemos cuotas de libertad que hoy están cedidas a los poderes públicos. Aunque conlleven mayores cuotas de responsabilidad.