Diputados que siguen la corriente

El 11 de septiembre de 2001 los EEUU sufrieron el peor ataque terrorista de la historia, cuando 19 miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales para estrellarlos contra diversos objetivos. A todos los que en ese momento teníamos cierta edad se nos ha quedado grabada la imagen de la caída de las Torres Gemelas tras el impacto de dos de esos aviones. El resultado fue aterrador y conmovió al mundo: el World Trade Center de Nueva York quedó arrasado y los atentados dejaron alrededor de 3000 muertos y 6000 heridos.

Tras estos terroríficos sucesos, el Presidente Bush habló para el mundo con la famosa frase: “Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts”.

Poco después el Presidente pidió autorización al Congreso para poder utilizar cualquier fuerza apropiada y necesaria para atacar a cualquier nación, organización o persona que el Presidente determinara que hubieran tenido alguna participación en la planificación, autoría o que hubieran apoyado los ataques del 11 de septiembre. Fue el comienzo de lo que se ha conocido como “guerra contra el terrorismo” y quién sabe si los historiadores del futuro la bautizarán como la tercera guerra mundial.

No hace falta imaginar el ambiente que existía en los Estados Unidos tras esos horripilantes hechos: miedo, confusión y un clamor unánime para que se hiciera justicia contra los autores de la masacre. En este clima, el Congreso de los Estados Unidos apoyó de forma casi unánime la petición del Presidente Bush. Solo una Congresista, la demócrata Barbara Lee, votó en contra de la solicitud del Presidente, convirtiéndose en una de las personas más odiadas del momento, siendo calificada poco menos que de traidora y condenada a vivir con guardaespaldas, dadas las fuertes amenazas que recibió.

En el reportaje de la BBC que os enlazo, Barbara Lee explicó que, en un primer momento, la rabia que sentía como consecuencia de los atentados la impulsaba a votar afirmativamente a la petición del Presidente. Sin embargo, después hizo la siguiente reflexión: fui elegida por los ciudadanos para que, colocándome por encima de las corrientes de opinión y de mis impulsos personales, tomara las decisiones que en conciencia creía mejores para la nación y para mis conciudadanos. Después de hacer ese ejercicio, Barbara Lee decidió votar no, ya que pensó que las acciones que pretendía emprender el Presidente, sin control parlamentario, tenían enormes riesgos que no se estaban valorando en la situación de shock en la que se encontraba el país.

No sé si Barbara Lee acertó o no con el sentido de su voto, lo que sí tengo claro es que siguió el camino más difícil: ir contracorriente. También tengo claro que tomó su decisión desde la actitud exigible a cualquier cargo público: la de colocarse por encima de sus intereses o su bienestar personal, por encima de las presiones y corrientes de opinión y decidir lo que, en conciencia, creía que era mejor para su país y para los ciudadanos de este.

Esta historia nos permite reflexionar sobre el papel del Parlamento y de los cargos electos y sobre su relación con el Ejecutivo.

El origen histórico del parlamentarismo se encuentra en el intento de limitar el poder absoluto del monarca. Así, en las Constituciones germánicas del siglo XIX, como límite al principio monárquico, se comenzó a introducir un listado de cuestiones en las que el poder normativo del príncipe debía ejercerse parlamentariamente intervenido. Para el resto de materias permanecía la plenitud del poder del soberano. Por ejemplo, en las Constituciones de Sajonia-Weimar (1816), Baden (1818) o Baviera (1818), se establecía que “sin el consejo y consenso de los estamentos no podrá ser dictada ley que afecte a la libertad de las personas o a la propiedad de los súbditos”.

Por tanto, en el constitucionalismo europeo, el Parlamento surge de la confrontación de dos legitimidades: la divina, personificada en el monarca absoluto; y la democrática, que encarnaban los incipientes Parlamentos. Estos limitaron el poder regio, acotando determinadas materias que sólo podían regularse con la intervención de los representantes del pueblo. Como hemos visto, estas cuestiones eran fundamentalmente las que afectaban a las libertades de los ciudadanos o a su propiedad y las de carácter tributario. Surgió así lo que luego se denominó reserva de ley o reserva de Parlamento como principio esencial del Estado de Derecho que se empezaba a configurar. Posteriormente, el Parlamento, además de conservar la reserva de determinadas materias, asume la función de ejercer, en nombre de la ciudadanía, el control político del poder Ejecutivo.

Decaído en las modernas democracias el principio monárquico y siendo el democrático el único principio legitimador del poder, se mantuvo, no obstante, la dualidad entre el Gobierno, heredero de los poderes del príncipe, y el Parlamento, como encarnación de la representación ciudadana. Sin embargo, dado que actualmente la legitimidad democrática ampara tanto al Legislativo como al Ejecutivo, este ha venido asumiendo funciones tradicionales de aquel en lo que se ha denominado una división de poderes atenuada. Esta intromisión de los Gobiernos en las tradicionales funciones del Parlamento genera una comprensible confusión que hace que resulte inevitable la pregunta de quién controla  a quién o incluso de si realmente sigue siendo necesario el Parlamento, desaparecido su fundamento histórico.

La división Parlamento-Gobierno se mantiene en cuanto se sigue percibiendo la necesidad de separar los poderes para huir de los peligros de los que advertía Lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Imaginemos a un Presidente electo democráticamente y con poder absoluto para cambiar Constituciones y leyes sin tener que pasar por un Parlamento y sin otro límite que el del Poder Judicial, al que podría estrangular con cambios normativos y recortes presupuestarios. Con esta imagen resulta relativamente sencillo visualizar la necesidad de un Parlamento que limite al Ejecutivo. No obstante, un Parlamento inoperante no es más que una farsa, un escudo de paja inútil para garantizar la supervivencia de la democracia ante un Ejecutivo que se extralimitara.

Volviendo la mirada al funcionamiento de nuestro sistema constitucional, vemos que el Parlamento ha funcionado con mayorías absolutas, que rebajaban a la insignificancia su papel frente al del Gobierno y el partido que lo apoya; o con mayorías simples sustentadas en partidos nacionalistas, a cambio de ventajas para sus respectivas Comunidades. Sin embargo, ahora que, con la aparición de nuevos partidos, las mayorías absolutas resultan cada vez más difíciles de alcanzar y que las pretensiones rupturistas de los partidos nacionalistas hacen  imposible el acuerdo con estos, el sistema parece colapsar.

Y es que quizás el principal problema de nuestra democracia sea que nuestros parlamentarios votan siempre como un solo hombre en función de las directrices del partido al que pertenecen. Esto determina que cuando el Gobierno está apoyado por una mayoría absoluta de parlamentarios del mismo partido, estos se limitan a seguir las instrucciones del Gobierno y convalidar todo aquello que este proponga (ya sean proyectos de ley, presupuestos, etc.). Cuando el Gobierno depende de dos o más partidos, la cuestión depende de lo que negocien los líderes de estos -por supuesto fuera del Parlamento-, trasladándose después de forma automática tales acuerdos a las correspondientes votaciones, en las que los parlamentarios actúan como simples autómatas. Siendo esto así, la pregunta sería: ¿Para qué pagar a 350 diputados y 266 senadores, cuando bastaría con que al correspondiente líder de cada partido se le concediera un derecho de voto ponderado por la representación electoral que hubiera obtenido su partido?.

El problema radica, en definitiva, en que el Gobierno y los partidos políticos se han apropiado del Parlamento, con lo que este difícilmente puede controlar nada. Pero la percepción de esta realidad y el eslogan del no nos representan, resultan insuficientes sin aportar soluciones. Y estas van por dos caminos. En primer lugar por una democratización de los partidos. Si estos han de intervenir en el funcionamiento de los poderes, deben tener una fuerte legitimidad democrática, que únicamente se la puede dar el que sus líderes salgan de primarias en las que puedan votar todos los titulares de la soberanía y no sólo los afiliados.

La otra línea fundamental es la de contar con parlamentarios de peso que voten en conciencia y respondan más a la ciudadanía que les ha votado que a los propios partidos. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que el escaño, una vez conseguido, es del parlamentario y no del partido, dado que la relación constitucional se entabla entre los electores y los elegidos. Pues bien, para que esto realmente sea así y no se quede en grandes palabras vacías, es imprescindible que se establezca un sistema en el que los parlamentarios tengan mucho más peso del que tienen ahora.

Imaginemos un Parlamento de menos miembros, elegidos en circunscripciones más amplias que la provincia, que fueran personas respetadas y cuyas opiniones fueran escuchadas y conocidas. Obviamente para que todo esto fuera posible deberíamos pasar del sistema de listas cerradas y bloqueadas, que supone “una injustificada restricción de la libertad de elección de los votantes” (como afirmó el Consejo de Estado), a un sistema de listas abiertas en el que cada elector disponga de un número de votos igual al número de candidatos que deben elegirse en su circunscripción y pueda utilizarlos para votar a cualquiera de ellos, ya sean del mismo o de otro partido. Como comenté en otro artículo, de los países de nuestro entorno, solo Portugal e Italia siguen utilizando listas cerradas y bloqueadas; y las razones de su establecimiento en España tuvieron que ver con la necesidad de que, en los momentos convulsos de la transición, partidos fuertes pudieran controlar disidencias internas que hubieran podido dar al traste con un proceso ya de por sí bastante frágil.

Unos partidos y un Parlamento de este tipo sin duda revitalizarían la democracia. Recordemos que los estudios sociológicos apuntan a que cuanto mayor sea la libertad de voto, más intenso y cercano será el vínculo que tienda a crearse entre elector y electo. Además, estos cambios permitirían al Parlamento ejercer un verdadero control sobre el Ejecutivo.

Si queremos ver parlamentarios valientes que, en decisiones difíciles, votan en conciencia; este es el camino. Es un camino que exige mucho más de la ciudadanía, que no se limita a votar a la marca electoral de turno, sino a personas con perfiles determinados. Nadie dijo que vivir en democracia fuera fácil, pero el objetivo de un funcionamiento democrático fluido y en continuo proceso de perfeccionamiento, sin duda, lo merece.