Se dice que, en Francia, durante la Tercera República (1875-1940), el ministro de Educación podía saber qué página estaba estudiando cada niño de once años en ese momento sin más que mirar el reloj. Hasta ese punto llegaba el férreo control de la educación por los gobiernos en aquella época. Había, al menos, dos poderosos motivos para ello: por una parte, inculcar un sentimiento de unidad nacional en el que basar un Estado fuerte y centralizado y, por otra, que ese sentimiento tuviera un enfoque laico a fin de erradicar la influencia de la Iglesia y así eliminar su peso histórico como poder político.
Mucho ha llovido desde entonces y, aunque los acontecimientos han discurrido de distintos modos en cada lugar, lo cierto es que el afán de los gobiernos por controlar la educación sigue siendo una constante en muchos países.
En España no solo es así, sino que, incluso, cada vez que un partido llega al Gobierno produce una nueva ley educativa. Y a veces más de una. Desde 1980, ya se han aprobado siete leyes y esta de la ministra Celaá será la octava. Sin embargo, pese a tanto interés por regular la educación, hay aspectos esenciales de la misma que apenas se abordan.
Los perfiles laborales que, en el pasado, podían haber servido de referencia a los planificadores de los currículos educativos, cada vez tienen menos validez dada la velocidad a la que están cambiando los requisitos formativos de los empleos que demandan las empresas.
Por ejemplo, los programas que se vienen impartiendo desde hace mucho tiempo en las escuelas, diseñados y tutelados por las autoridades educativas, están concebidos, en gran medida, para que los niños puedan integrarse con éxito en el mercado laboral cuando sean mayores. Y muchos padres aplaudirán ese objetivo.
Sin embargo, los perfiles laborales que, en el pasado, podían haber servido de referencia a los planificadores de los currículos educativos, cada vez tienen menos validez dada la velocidad a la que están cambiando los requisitos formativos de los empleos que demandan las empresas. Es más, se estima que dentro de 15 o 20 años más de la mitad de los trabajos a los que podrán aspirar los niños actuales no existen hoy en día. ¿Se nota esta difícil perspectiva laboral en el diseño de los currículos? ¿Se nota al menos en el enfoque pedagógico que se practica en las aulas?
Parece lógico que, con un futuro laboral tan indefinido, las escuelas tendrían que dedicar una parte sustancial de su tiempo en actividades con las que los niños aprendieran a desarrollar sus capacidades para poderse adaptar bien a entornos laborales novedosos y cambiantes, como puedan ser su creatividad, innovación, perseverancia y capacidad para hacer frente a la adversidad, entre otras.
En realidad, del sistema educativo deberíamos esperar mucho más.
Ante el proceso de alienación, uniformización y elementalización social que están produciendo las redes sociales y muchos de los medios de comunicación masivos, es fundamental que las escuelas sean capaces de formar en la capacidad de reflexionar, de captar la complejidad de la realidad, de evitar adoctrinamientos y de profundizar en la continua búsqueda y ampliación de las propias verdades.
No solo eso. Ante un futuro cada vez más marcado por el mestizaje étnico y cultural, fruto de una inmigración creciente, es imprescindible que en las escuelas los niños aprendan a convivir con naturalidad en contextos donde las diferencias de costumbres y creencias van a ser cada vez más habituales.
Lo más lógico sería que cada centro escolar tuviera la libertad para llevar a cabo su propio enfoque y, asimismo, los padres pudieran escoger el centro que más se aproximara a sus ideas.
Son numerosas las cuestiones a las que debería intentar dar respuesta nuestro sistema educativo. Sin embargo, ante muchas de ellas es difícil saber, con seguridad, cuál debe ser el enfoque pedagógico adecuado. Por eso, lo más lógico sería que cada centro escolar tuviera la libertad para llevar a cabo su propio enfoque y, asimismo, los padres pudieran escoger el centro que más se aproximara a sus ideas.
Este es el principal motivo por el cual no tiene ningún sentido seguir con un sistema tan centralizado y controlado políticamente, en el que las líneas maestras del programa docente, incluso las que afectan a la forma en que se organizan y gestionan los centros escolares, vengan marcadas desde unos pocos despachos del Ministerio y las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas. ¡Como si en esos despachos hubiera más posibilidades de acertar con lo que se necesita!
Lo que se requeriría, a la vista de los desafíos que tiene ante sí el sistema educativo, es un modelo general ampliamente descentralizado y en el que, por tanto, las interferencias políticas o simplemente centralizadoras fueran mínimas. Un modelo bastante distinto del que se viene imponiendo ley tras ley.
¿Es posible ese cambio de modelo? En mi opinión es perfectamente posible, aunque habría que cambiar bastantes cosas.
Por ejemplo, se dice que esta ley busca aumentar los fondos para la escuela pública procedentes de los presupuestos públicos, en detrimento de los que recibe la escuela privada concertada. Desde luego, de ser cierto, estaría muy en línea con la apuesta por la educación pública que tradicionalmente ha hecho la izquierda en España.
la idea que se tiene de la educación pública está asociada a un modelo bastante reduccionista, según el cual la única educación que merece ese título es la que se imparte en las escuelas que son propiedad del Estado, por profesores reclutados, pagados y gestionados como funcionarios y que imparten sus clases siguiendo las directrices de sus autoridades educativas
El problema, para empezar, es que la idea que se tiene de la educación pública está asociada a un modelo bastante reduccionista, según el cual la única educación que merece ese título es la que se imparte en las escuelas que son propiedad del Estado, por profesores reclutados, pagados y gestionados como funcionarios y que imparten sus clases siguiendo las directrices de sus autoridades educativas. Un modelo, por cierto, muy rígido y restrictivo, en el que los directores de esos centros apenas tienen autonomía para llevar a cabo sus propias ideas.
Hay, sin embargo, otros posibles modelos con los que se puede definir y organizar la educación pública, y que podrían mejorar la calidad de la misma. De hecho, en otros sectores de actividad del país hay multitud de organismos que también son 100% propiedad del Estado y cuyos gestores disfrutan de mucha más autonomía que los directores de las escuelas públicas para gestionarlos como mejor les parezca y para, por ejemplo, seleccionar y contratar a sus empleados.
¿Pero, qué es lo que realmente hace que la educación pública sea importante? Desde mi punto de vista, no es ni el régimen de propiedad de los centros ni el régimen laboral con el que se gestionan, sino otras dos características. En primer lugar, que es una enseñanza gratuita para las familias, al estar financiada por el Estado. Y, en segundo lugar, que en ella se intenta garantizar una igualdad de oportunidades a los niños, junto con otros derechos.
Pero, para garantizar a los padres la gratuidad de la educación de sus hijos o la igualdad de oportunidades con que van a ser tratados, no es necesario que las escuelas a las que los llevan tengan que ser propiedad del Estado ni que sus profesores sean funcionarios. Las dos características citadas pueden ser igualmente garantizadas en escuelas privadas, que estén financiadas con dinero público y con las cuales las autoridades educativas establezcan los acuerdos pertinentes, tal como evidencia el actual modelo de colegios privados concertados.
No tengo espacio en este artículo para analizar a fondo los principales elementos de este debate, pero, en mi opinión, la clave del mismo no está en quiénes deben ser los propietarios de los colegios a los que van los niños gratuitamente, porque ese es un problema que tiene fácil solución. En este sentido, el debate educación pública o educación privada desenfoca la cuestión. La clave está en que las autoridades educativas renuncien a definir qué programas deben impartir los colegios y cómo deben hacerlo, dejando que sean los centros (de propiedad pública o privada) los que lo hagan.
La clave, en definitiva, es que los poderes públicos renuncien a controlar la educación, más allá de unos mínimos imprescindibles. ¿Por qué se resisten a dar ese paso? ¿Por asegurar que se imparten los ingredientes ideológicos que en cada momento y lugar se consideren políticamente prioritarios? ¿Para evitar que, si se retiraran, su espacio lo ocupasen otros poderes ideológicos y, principalmente, la Iglesia? ¿Para evitar posibles conflictos laborales con sectores del profesorado que puedan inquietarse ante cambios en su estatus funcionarial? ¿Por miedo a un posible desgaste electoral si la opinión pública interpreta cualquier cambio en el modelo actual de escuela pública como un retroceso o una pérdida de derechos? ¿Por pura inercia en la gestión pública? ¿Por una combinación de todo esto?
El caso es que, mientras las cosas sigan como están, los representantes del Estado en el ámbito educativo, están ejerciendo un poder que no les corresponde sobre la formación que deben recibir los niños. Y, para colmo, el debate sobre educación pasando, una vez más, de puntillas sobre todas estas cuestiones.
El análisis es perfecto Manuel. Quizás puede resultar «naive» creer que los intereses económicos e ideológicos no acabarían imponiéndose a ese modelo liberal , profesional y honesto.
Estimado RBCJ,
Es cierto lo que dices. Se mueve mucho dinero y muchos intereses en torno a la educación. Por eso, suponiendo que el Estado estuviera dispuesto a reducir al máximo su presencia directa en las aulas, habría mucho que discutir sobre qué aspectos deberían seguir siendo objeto del control de los poderes públicos.
En definitiva, habría que aclarar qué es lo que debería controlar el Estado en la educación obligatoria (por centrarnos en esta) y qué otros aspectos adicionales deberían ser controlados en el caso de la educación que, además, es financiada por fondos públicos.
Parece lógico que si, por ejemplo, un colegio privado fuera realmente subvencionado al 100% de sus gastos, con objeto de que a los padres no les costase nada la educación de sus hijos, el Estado sí debería controlar que a esos padres no se les acabase cobrando por otro lado. Cuestión distinta es si las propias autoridades educativas hicieran trampas y en la práctica estuvieran subvencionando solo una parte de los costes reales de ese colegio.
De todos modos, yo entiendo que, si de verdad se quisiera avanzar hacia un modelo de escuela más capaz de hacer frente a los desafíos que tiene por delante la educación, habría que empezar por hacer un diagnóstico claro y profesional de la situación en la que estamos, procurando eliminar los malentendidos y confusiones que enturbian la realidad.
La pregunta que, en el fondo, subyace en tu planteamiento es si, en el caso de que ni las autoridades educativas ni los partidos más importantes estuvieran interesados en hacer ese diagnóstico (acompañado de las propuestas pertinentes), ¿sería posible que amplios sectores de los propios profesionales de la educación, los padres con hijos en edad escolar y los ciudadanos interesados, hicieran esa tarea?
Muchas gracias por tu comentario (y me alegro de verte de nuevo en este blog).
El modelo para la enseñanza pública estaría basado en la obligatoriedad del alumnado para conocer materias básicas educativas. Esas que serán soporte de todo lo que vaya incorporando cada alumno o cada estudiante en fases posteriores. La uniformidad de contenidos garantiza las mismas oportunidades para los alumnos en esas primeras fases.
Otra cosa diferente es cuando la formación empiece a diversificarse en función no ya de lo que quieran los padres (que podían no estar de acuerdo), sino de lo que quieran los propios alumnos en virtud de sus inquietudes personales derivadas de las primeras fases.
Todavía más distinto es que los contenidos educativos pretendan ser ideológicos (parciales) en lugar de ser objetivos y neutrales, lo que supone la manipulación de las mentes que tanto gusta a los sistemas totalitarios.
Por eso la cuestión no es la «competencia» de la materia educativa, ya que ésta pertenece al Estado (no al gobierno de turno) y su delegación para impartir formación básica requiere que exista un contenido básico, neutral y objetivo de las distintas materias. Tanto en el ámbito público como en el privado. Más tarde, cuando la madurez y el discernimiento obtenidos en las primeras fases formativas lleven a la búsqueda de la formación que cada uno requiera, será el momento de que incluso se pueda preferir hasta el maestro adecuado.
Un saludo.
Feliz Navidad y Feliz año nuevo.
En las actuales circunstancias este sencillo y natural deseo parece extraordinariamente difícil.
Me ha gustado el artículo y lo comentaré en más profundidad en otro momento durante estos días.
Es cuestión importante porque todos los poderes –y mucho más los totalitarios–consideran que tienen el derecho sagrado a educar a nuestros hijos y lo que consiguen es crear parados dóciles y dependientes.
Que es lo que les interesa primordialmente.
«Nos basta con educar a vuestros hijos» fue la frase de Hitler en Septiembre de 1933 a una audiencia que no simpatizaba con él.
Es curioso, no conozco a ninguna familia que haya protestado porque sus hijos estén estudiando en un colegio concertado y se sienta discriminada por ello.
Las habrá, seguro, lo que me llama la atención es que no parece ser una queja que en algún momento haya adquirido la categoría de “demanda social”.
Más bien al contrario, sí que conozco a familias que han temblado pensando que a su hijo le podrían sacar de un colegio concertado para asignarle uno público.
Creo que abrir el abanico fuera de la administración para facilitar el acceso a la educación a la mayor parte de la sociedad posible, ha beneficiado, no solamente a que los sectores más vulnerables de la población accedieran a ella, sino que además lo hicieran en condiciones de igualdad de oportunidades en cuanto a la calidad y libertad en la misma.
Sectores de población que nunca hubieran podido acceder, aunque sea por cuotas, a clases en colegios de solvencia y prestigio probados a lo largo del tiempo, han podido hacerlo, y además….no quieren que se les quite esa posibilidad.
Posibilidad que, entiendo, es una colaboración inestimable para un Estado que aspira a una formación amplia, libre y de la alternativa a una ciudadanía culta y con ilusión por seguir cultivándose y creciendo.
El orgullo de cualquier democracia el tener ciudadanos en ese camino….¿o no?….
Entiendo que esa colaboración administrativa y privada supone, además, un alivio importante en cuanto a costes presupuestarios de ese mismo Estado que se encuentra a su disposición instalaciones, profesorado y programas muy diversos entre los que puede escoger criterios y también pedirlos, para, si ese fuera el caso, ofertar lo mejor de la educación a sus ciudadanos.
Repito, si ese fuera el caso.
Porque, francamente, no sé que institución educativa que se precie antepondría como finalidad de la formación de sus alumnos la consecución de títulos y cursos frente a la adquisición de conocimientos y de valores.
Justo lo que implanta, no sé bajo qué paragüas argumental que lo sostenga, la actual Ley Celáa, ni tampoco con qué necesidad justifica la ignorancia avalada por titulaciones inútiles…..porque la forma de conseguirlas no es a través de la solvencia en las materias, sino simplemente el paso de año en año en unas aulas, que aunque no estés sentado en ellas…y no demuestres ninguna gana de aprender…(ya me contarán el estímulo que eso también supone a los docentes), cuando se cumpla el tiempo determinado en la Ley, la persona estará en posesión del título en cuestión, poco importa que no lo esté en conocimientos.
Es un poco de locos.
Hace poco un grupo de personas paraban a la gente enfrente de una papelería en mi barrio, y al parecer lo estaban haciendo en muchos más, para solicitar a las personas que accedían al establecimiento un pedido de material escolar para los “niños más desfavorecidos que acudían a los colegios públicos”.
Vale, me parece loable.
Pero cuando pregunté por qué eran solo los de los colegios públicos, y no también los niños de sectores más vulnerables que acudían a los colegios concertados, pues…bueno, no había respuesta consecuente, porque claro, esos niños iban a una instituciones privadas, sí, pero es que ellos tampoco tenían recursos para darse muchas fiestas en cuanto a material, pero hoy por hoy, nuestro sistema educativo sí que les da la oportunidad de asistir a colegios a los que de otro modo hubiera sido impensable, a través del “concierto educativo”.
Por lo que entiendo que no había ninguna razón para que esos “pedidos solidarios”, no les llegara a esos niños también.
Pues resulta que no…que como no iban a colegios públicos, no…que protestaran y que pidieran salir de donde estaban para ir a otro que a lo mejor no les gustara a las familias, por las razones que fueran….y que se pasaran a lo “público”…entonces sí, entonces se pedía material escolar para ellos.
Todo ello muy “solidario” y “democrático”.
En definitiva, y como en casi en todo lo que últimamente se viene legislando hacia aspectos sumamente importantes y trascendentes en la vida de las gentes, creo que nos topamos ante una fuente inagotable de etiquetas y neologismos con que responder antes de pasar a darnos cuenta de que el principal problema es…que no sabemos en qué sistema nos desenvolvemos, y lo que puede ser peor, que la capacidad de reflexión y de tener criterios….se está obnubilando.
Me ha parecido muy oportuna e incisiva la entrada de Loli con la que coincido.
De hecho, el debate, la pregunta misma, es fruto de un entorno de político y de poder con un claro sesgo totalitario en el cual se buscan simultáneamente varios objetivos entre los cuales la enseñanza –aprendizaje de materias que conduzcan a la eficaz inserción en las estructuras productivas de la sociedad mejorando su competitividad y eficacia– no es el principal objetivo. Este objetivo se ve reemplazado por otros entre los cuales, lamentablemente, ocupan principalísimo lugar los siguientes.
1. Ideologización encubierta bajo la etiqueta grosera de «socialización» a manos de una clase docente que ya lo está.
2. Evitar el acceso de los jóvenes a la «demanda activa de empleo» y a la formación «on the job» –independiente del Estado– creando una fuerza de reserva con grandes dificultades para incorporarse rápidamente como miembros activos de la sociedad. Estas generaciones tienen un mínimo de 4 años más de «aparcamiento» que las de hace cuarenta años y consiguen peores resultados tras el paso por los colegios, institutos y universidades.
3. Creación de masas acríticas de ciudadanos a través de técnicas de modelización gregarias inducidas asumiendo de paso los roles comportamientos deseados por el poder. Las técnicas pedagógicas de Kohlberg extendidas hoy en toda la UE que ya se ha puesto a la cola del mundo en los Rankings de producción intelectual que lideraba hasta no hace tanto.
El mero hecho de que estas cuestiones tengan que ser planteadas indica bien a las claras que la población es agredida en sus derechos naturales –previos al Estado– desde los Gobiernos tratando de evitar el papel de las familias en la educación de sus hijos. Esto es un claro reflejo, en mi opinión, de que estamos ya en un sistema despótico camino de uno totalitario.
Y todo ello casi sin darnos cuenta y en medio del clamor de tantos y tantos docentes silenciados desde hace décadas en todos los niveles de formación reglada.
Saludos cordiales.