Aunque los defensores a ultranza de lo público pretenden hacer creer lo contrario, la enseñanza privada concertada no está concebida para suplir las carencias de la enseñanza pública, llegando únicamente donde no lleguen los centros estatales, sino que es una forma alternativa de prestar el mismo servicio: la enseñanza obligatoria y gratuita.
En su fase obligatoria, nuestro sistema educativo es dual, formado por centros públicos y privados concertados; al margen de que, además, puedan existir colegios privados que oferten estas enseñanzas. Los padres y tutores de los alumnos pueden optar por cualquiera de los tres sistemas y no hay motivos para retirar un concierto educativo siempre que exista una demanda que lo justifique; es decir, siempre que haya un número suficiente de alumnos que quieran asistir a este tipo de centros.
Así lo establecen la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, de 1985, y la Ley Orgánica de Educación, de 2006, y así lo ha entendido también el Tribunal Supremo, que recientemente ha corregido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía, por la que se ratificaba la decisión de no renovar el concierto de una de las unidades del colegio San Juan Bosco de Morón, a pesar de que había el número necesario de solicitudes para mantener la ratio profesor/alumnos que marca la ley.
Ahí está la clave, en la posibilidad de elección. De no ser así, la Administración podría ir aumentando plazas progresivamente en los centros públicos e irlas suprimiendo correlativamente en los centros privados concertados, hasta que finalmente desaparezcan estos últimos, aunque la demanda de los mismos se mantenga, o incluso aumente, y se cumpla la ratio. Es una opción por la que apuestan algunas formaciones políticas, pero no es lo que en este momento fija la legislación.
Entre los argumentos que manejan los que se oponen al sistema de conciertos educativos, los más habituales son que se trata de un sistema que no garantiza la equidad y facilita el beneficio privado sosteniéndolo con fondos públicos. Se da además la circunstancia de que muchos de los colegios concertados están regidos por órdenes religiosas cuando la educación debe de ser laica, lo mismo que el Estado. Además, reciben conciertos educativos ciertos colegios que segregan por sexo, cuando en la oferta educativa obligatoria no debería existir ningún tipo de segregación. A esto hay que añadir que, aunque la enseñanza que ofrecen los colegios concertados es gratuita, lo mismo que en la pública, dicha gratuidad no es tal, ya que estos colegios piden a los padres el pago de una cuota voluntaria, para financiar otros servicios que no se cubren con la aportación estatal. En definitiva, los que se oponen a la educación concertada sostienen que esta forma de educación segrega, que selecciona a sus alumnos o discrimina de distintas maneras.
Los que, por el contrario, apuestan por la gestión privada de este servicio público, también tienen sus razones. Entre ellas, que le resulta más barato al Estado y a los contribuyentes, aunque en algunos casos sea un sistema más o menos encubierto de copago, que los proyectos educativos que se ofrecen en los colegios concertados no pueden encontrarse en los colegios e institutos públicos, que el trato es más personal e individualizado o que este tipo de centros son menos conflictivos.
Tanto unos argumentos como los otros, conteniendo una parte de verdad, se pueden rebatir, se pueden matizar y, sobre todo, muchas de las problemáticas que plantean se podrían solucionar; para eso están las normativas y las becas, entre otras medidas. Pero lo que realmente se está discutiendo es la libertad de elección y hasta dónde deben llegar las atribuciones del Estado.
En lo que se refiere a la educación, el planteamiento de un gobierno puede ser centralizador, con tendencia a la uniformidad, o permitir cierto tipo de autonomía, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos. No tiene necesariamente que ser así, pero parece que un sistema educativo formado mayoritariamente por centros públicos se presta más a la centralización, mientras que un sistema en el que interviene la iniciativa privada permite, y necesita, que haya más autonomía.
Si esta autonomía fuera real, si tanto los centros públicos como los privados pudieran realmente diseñar sus proyectos educativos y seleccionar y gestionar su personal de acuerdo con ellos, la oferta educativa sería mucho más diversa de lo que ahora es y, posiblemente, las diferencias no se buscarían en la titularidad sino en la línea pedagógica. En la situación actual, en lo que se refiere a la gestación y mantenimiento en el tiempo de proyectos propios, los centros públicos están en desventaja.
Aunque también hay que decir que, en este momento, incluso si solo nos centramos en lo académico y en los resultados que miden las pruebas estandarizadas, son más los parecidos que las diferencias, y la falta de centros educativos, tanto públicos como privados, que realmente estén impulsando otro tipo de educación es la tónica general.
Se da la situación de que alguien que esté buscando un centro realmente diferente en el que educar a sus hijos, tiene grandes dificultades para encontrarlo, aunque este centro sea totalmente privado y disponga de los recursos necesarios para costeárselo. Puede encontrar mejores y lujosas instalaciones, un amplio surtido de actividades extraescolares, una enseñanza realmente bilingüe, talleres completamente dotados para aprender programación y robótica… pero el esquema básico es el mismo que el de las otras escuelas menos afortunadas; es decir, está basado en el modelo que todos conocemos, salvo que parte de una situación más privilegiada.
Para que estos centros innovadores lleguen a existir se necesita que haya personas que los demanden y que la legislación sea más flexible (en cuanto a currículos, horarios, distribución de los alumnos, etcétera) que la que ahora tenemos. También se precisa que las opciones políticas que apuestan prioritariamente por la educación pública no pretendan, desde el poder, suprimir sistemáticamente las iniciativas privadas, limitando la posibilidad de elegir e intentando implantar un modelo único de educación: la educación estatal. Pero, sobre todo, se necesitan proyectos, se necesitan ideas. Sin ellas, con educación concertada o sin ella, lo que tenemos no consigue otro resultado que perpetuar lo que ya hay.
Me gustaría hacer una precisión al artículo cuando habla de educación laica.
El laicismo es tan doctrinal como pueda serlo cualquier confesión religiosa o filosófica.
El laicismo no solo no es neutro sino que es sectario y, añado para animar la cuestión, bastante más a-científico que, por ejemplo, la religión cristiana en su teología esencial. Los llamados dogmas de fe católicos son, en mi opinión y no sin fundamento, otra cosa. Son un añadido temporal humano que en absoluto altera los dos fundamentos (arjés) del cristianismo: la existencia de una Causa Primera y el Amor Fraterno como tejido cósmico. Etienne Gilson no es hombre sospechoso para la ortodoxia católica y así lo expresó.
En este sentido el cristianismo entronca directamente con lo mejor de la tradición filosófica universal y con la ciencia moderna. Ciencia que, por ejemplo, el laicismo lleva 100 años demorando su divulgación en el entorno educativo aún anclado en el mecanicismo de Newton. No lo hacen porque su doctrina se derrumbaría al ver que al principio de los tiempos no estuvo la materia sino el Logos, el Espíritu.
Por tanto lo que se denomina enseñanza laica es una forma «confesional» de enseñanza que se arroga el derecho a enseñar del mismo modo que Hitler o Stalin. Dos laicistas exacerbados.
Viene a cuento la célebre frase de Hitler en Septiembre del 33 en la Siemensmotorwerke dirigiéndose a los obreros de la fábrica: «No nos importa no estar en vuestros corazones ni en vuestras mentes: nos bastará con educar a vuestros hijos»
El laicismo es eso mismo: negar derechos humanos. Hoy, en los estados lacistas o aconfesionakes — la constitución española es aconfesional, no laicista– , se conculca sistemáticamente el derecho de los padres y de los niños a ser educados en libertad a pesar de que Supuestamente la Constitución garantiza el derecho universal a la educación gratuita.
Saludos cordiales
Tanto la Educación como la Sanidad se consideran servicios esenciales del Estado hacia sus ciudadanos en cuanto a la supuesta «esencialidad» de los mismos. Es decir, deben cubrir las necesidades reales de los usuarios en cuanto a formación educativa y atención sanitaria. Otra cosa es cuando se entra en una especie de competencia publicitaria para ofrecer y vender servicios que obedecen a otros intereses. Es muy fácil recibir ofertas educativas en el sentido de instalaciones, equipamientos o hasta menú…. no digamos de «extraescolares» para cubrir horarios escolares más orientados a una especie de «guardería» para los padres que acaban por agobiar a los alumnos y provocan el consabido «fracaso» escolar.
¿Qué decir de las materias educativas dejadas en manos de ciertas editoriales y, como en el mundo de la Sanidad, seducir a los enseñantes para su elección? ¿qué decir de la obligación de comprar nuevos libros que no aportan nada nuevo todos los cursos? ¿qué decir de las «vocaciones» educativas sujetas a convenio? ¿qué decir por último de la lengua oficial del Estado que no se puede utilizar e el mundo educativo?
No es cuestión de blancas (públicas) o negras (privadas) sino de los contenidos formativos de unas y otras. De la satisfacción tanto de los alumnos como de los padres (complicado en tiempos de separaciones o divorcios) y, sobre todo, de la efectividad de los resultados finales.
Llevo muchos años haciendo una educación complementaria a mi hija donde la antigua «enciclopedia» sigue siendo básica para una formación inicial con las materias clásicas. Aporto además mi modesta experiencia profesional y, sobre todo, procuro inculcarle lo más elemental: el interés o la curiosidad por conocer… de todo, sin sesgos de ningún tipo.
Por el contrario he visto falta de interés en muchos de sus profesores, intentos de adoctrinamiento social (feminismo) y en el fondo, sujección al «sistema» establecido, no sólo en España….
Un saludo.