El conciertazo vasco

A raíz de la negociación entre el PP y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y ganar algo más de tiempo de legislatura al actual Gobierno en minoría, se ha vuelto a poner el foco mediático en el llamado concierto vasco.

Según uno de los mayores expertos de financiación autonómica (Ángel de la Fuente), la negociación del Gobierno con el PNV nos va a costar a todos los españoles 4.480 millones € al año en sobrefinanciación al País Vasco, una de las comunidades autónomas más ricas del país.

La Constitución española, en uno de sus preceptos más vergonzantes, introdujo en su disposición adicional 1 el reconocimiento de los llamados “derechos históricos de los territorios forales”, en un vano intento de apaciguar a la banda terrorista ETA.

Este precepto constitucional supuso que, en nuestro Estado autonómico, supuestamente basado en el principio de solidaridad, hoy existan dos sistemas de financiación bien diferenciados: el general, que rige para todas las comunidades; y los regímenes especiales del País Vasco y Navarra.

En el régimen general, los tributos con mayor capacidad de generar ingresos se regulan y recaudan por el Estado. Así, el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA son impuestos estatales. Las comunidades autónomas pueden establecer sus propios tributos, pero estos nunca pueden incidir sobre una manifestación de riqueza ya gravada por el Estado o por un tributo municipal. Esta limitación hace que los impuestos propios de las comunidades tengan poca capacidad recaudatoria. Por tanto, la correcta financiación de las amplísimas competencias autonómicas depende de los fondos que éstas reciban del Estado. Estas cantidades se calculan en función, básicamente, de la población de cada comunidad, tratándose de garantizar una financiación equitativa per cápita.

Recordemos que en España los servicios básicos directamente relacionados con el llamado Estado del bienestar, como la educación o la sanidad, son competencia de las comunidades autónomas. Y, aparte de la eficiencia y honestidad con que los gestores autonómicos apliquen los recursos disponibles, es evidente que la calidad de aquellos servicios dependerá del dinero de que se disponga para financiarlos.

Pongamos un ejemplo: en materia de sanidad, el Estado debe garantizar que en todas las comunidades se presta una cartera mínima de servicios sanitarios. Garantizado ese nivel mínimo, las autonomías pueden reconocer a sus ciudadanos prestaciones adicionales en función de la disponibilidad financiera. Es obvio decir que cuanto más dinero tenga una comunidad mayor será la calidad de la cartera mínima de servicios y más servicios adicionales podrá ofrecer a sus ciudadanos. Incluso es lógico pensar que en las elecciones de cada comunidad los distintos partidos entrarán en una subasta ante el electorado para ver quién puede conseguir más dinero del Estado y ofrecer más servicios a los electores.

Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra se denominan, respectivamente, concierto y convenio económico. En el concierto los impuestos con mayor poder recaudatorio se establecen, regulan y recaudan por las haciendas forales, esto es, las provincias (denominadas diputaciones forales). El cupo es la cantidad que el País Vasco paga al Estado anualmente para sufragar las competencias del Estado (defensa, relaciones exteriores, etc.) y garantizar la solidaridad interterritorial. La forma de cálculo del cupo se establece en una ley de vigencia quinquenal que se negocia bilateralmente entre el Estado y representantes de la comunidad y de las diputaciones forales. El convenio económico navarro es bastante parecido al concierto, con la diferencia de que la hacienda navarra corresponde a la comunidad (y no a la provincia) y el cupo que Navarra debe pagar anualmente al Estado se denomina aportación.

Hay que recordar que los fueros eran privilegios que Reyes en una situación de debilidad otorgaban a determinados territorios para ganarse su adhesión. Mientras los fueros que, por ejemplo, se otorgaron a Valencia fueron suprimidos por los Decretos de Nueva Planta, para no volver a aparecer; algunos de los privilegios otorgados a las Vascongadas y Navarra han subsistido. Curiosamente la expresión “concierto” se utilizó por primera vez en un Real Decreto de 1878 por el que, tras la Tercera Guerra Carlista, las Provincias Vascongadas se incorporaron al régimen tributario general de la Monarquía, una vez “establecida la unidad constitucional”. Es decir, históricamente, el concierto significó la eliminación del privilegio fiscal vasco. Sin embargo, la supresión no llegó a ejecutarse plenamente por la desidia de la Hacienda española, que permitió que transitoriamente fueran las haciendas forales las que siguieran recaudando los tributos. Y ya sabemos que no hay nada más permanente que lo transitorio. El resto lo ha logrado la habilidad del nacionalismo vasco para mantener el privilegio.

Hay poca discusión sobre que el resultado de la aplicación del concierto vasco y del convenio navarro ha sido que en estas comunidades se disfrute de una auténtica sobrefinanciación y, consiguientemente, de una mayor calidad de servicios y prestaciones. Y manda narices que, en un modelo constitucional supuestamente basado en la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y en la solidaridad, dos de las comunidades más ricas reciban todos los años dinero de las demás regiones, incluidas las más pobres, para mantener un nivel de vida privilegiado. Esto no sería muy diferente a si Alemania o Francia pretendieran financiar sus servicios a costa de Grecia o Rumanía.

Sin embargo, siempre que se discuten estos regímenes forales -que yo sepa actualmente sólo lo hace Ciudadanos como partido de ámbito nacional-, los partidos vascos, sean o no nacionalistas, saltan ofendidos esgrimiendo, como único argumento, que el concierto es un régimen histórico reconocido en la Constitución. Sobre esta cuestión conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional tiene declarado que los regímenes forales subsisten porque así lo quiso la Constitución de 1978 y no por su existencia histórica, dado que no existen, jurídicamente, derechos históricos que puedan imponerse a la propia Constitución, como máxima expresión de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Esto es, igual que el pueblo español decidió incorporar el privilegio en la Constitución, podría suprimirlo, mediante una reforma constitucional, sin que la historia pueda imponerse a la soberanía nacional.

Un sistema constitucional no es más que un intento de realizar una ordenación racional de una sociedad a partir de una serie de principios rectores que se consideran positivos. Si una institución, por mucho arraigo histórico que tenga, no sólo no responde, sino que se opone a la realización de tales principios, no existe ninguna justificación válida para su mantenimiento. Así, la esclavitud o la discriminación racial tuvieron reconocimiento histórico y, sin embargo, fueron suprimidas normativamente en cuanto se oponían al principio de igual dignidad de cualquier ser humano, con independencia de sus diferencias.

Aparte del nada persuasivo argumento histórico, se suele decir que el problema no es el concierto o el convenio económico, sino la forma de calcular el cupo o la aportación de la comunidad al fondo común. Esto es, el defectuoso funcionamiento de los regímenes forales se debería a la habilidad negociadora de los representantes autonómicos y a la correlativa impericia de los estatales. Si esto es así cabría plantearnos generalizar a todas las comunidades los regímenes ahora especiales. Lo que no es de recibo es que a estas alturas sigamos manteniendo privilegios históricos. Así, si la tarta de la financiación autonómica es común y debe repartirse equitativamente entre todos ¿por qué el País Vasco y Navarra mantienen el privilegio de la negociación bilateral con el Estado y no se sientan en la misma mesa con el resto de Comunidades Autónomas?

Pues bien, si el mantenimiento del privilegio es ciertamente injusto, su generalización sería un suicidio colectivo. En un Estado como el nuestro, con importantes fuerzas centrifugas que pretenden su destrucción, una de las principales herramientas para mantener la cohesión, siguen siendo los dineros. No me cabe ninguna duda de que el Estado no hubiera sido capaz de afrontar con el mismo éxito el proceso de secesión catalán, sin tener el control de la hacienda. Pero es que, además, mantener 17 sistemas fiscales diferentes y 17 haciendas recaudadoras no sólo es un disparate, sino que llevaría incorporado el germen de la insolidaridad y el egoísmo. El todo para mí y que se pudra al vecino en que se basa cualquier nacionalismo, florecería en la pesadilla de sistema autonómico que significaría la generalización del concierto.

Si esto es así, debemos preguntarnos por qué ciertos partidos que hacen bandera de la solidaridad y la igualdad, no discuten estos privilegios. La respuesta es fácil: los vascos y los navarros siguen queriendo vivir mejor que los demás y es difícil que cualquier partido tenga opciones de ganar en esos territorios si discute los fueros. Además, el sistema electoral otorga mayor peso a los partidos políticos que concentran sus votos en una comunidad frente a los que obtienen el mismo número de votos dispersos por el territorio, lo que ha dado una enorme capacidad de influencia a los partidos nacionalistas. Cada vez que un Gobierno en minoría (sea del PP o del PSOE) ha dependido del voto del PNV, el apoyo nos ha salido por una fortuna a todos los españoles, aumentándose la desigualdad entre personas que residen en distintas regiones.

En fin, si realmente pretendemos lograr una sociedad justa y sin privilegios, deberíamos hacérnoslo mirar. No tiene ninguna justificación que regiones ricas sigan viviendo del cuento de privilegios históricos.