El coronavirus nos coloca en estado de alarma

Hay legislaciones pensadas para no aplicarlas jamás. Son como el famoso botón rojo del Presidente de los EE. UU. o ese botón del miedo que solo se aprieta en situaciones imposibles.

En los últimos tiempos, en este país las hemos visto casi todas. Cualquiera sabe ya lo que es el artículo 155 de la Constitución y nos hemos vuelto expertos en la difícil frontera entre la rebelión y la sedición.

Parecía que ya no nos podía sorprender nada, pero faltaba el invitado inesperado que ha conmovido los pilares -que hasta hace poco parecían sólidos- de la estabilidad económica, social y política mundial.

Ahora todos sabemos lo que es el SARS-CoV-2, que provoca el temido Covid-19. Y la alarma general que ha provocado su rápida expansión ha supuesto que nos debamos familiarizar con el último mecanismo de defensa constitucional que nos quedaba por experimentar: los llamados estados de excepción.

Cuando los amplios poderes de los que dispone el Estado no son suficientes para afrontar crisis extraordinarias, todas las constituciones prevén el otorgamiento de poderes extraordinarios, que alteran el funcionamiento ordinario de las instituciones y la legislación.

Hay tres estados excepcionales. De menor a mayor intensidad, son el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Cada uno de ellos debe declararse con determinados requisitos, está previsto para situaciones diversas y permite hacer cosas distintas, como establece el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica de 1981 que los regula.

El estado de alarma se decretó por primera vez en 2010 por el Gobierno de ZP para normalizar el servicio público esencial del transporte aéreo ante la huelga salvaje de los controladores aéreos. Las medidas entonces adoptadas acabaron ante el Tribunal Constitucional, que tuvo ocasión de pronunciarse por primera vez sobre estos estados excepcionales en una sentencia de 2016, que aclaró las cosas desde un punto de vista jurídico.

Básicamente, el estado de alarma está pensado para catástrofes, calamidades, desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales o situaciones de desabastecimiento; y se decreta por el Gobierno, dando cuenta al Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de 15 días. La prórroga, por el tiempo que sea necesario, sólo puede acordarse por el Gobierno, previa autorización del Congreso.

En el estado de alarma todas las autoridades y funcionarios (incluidos policías autonómicas y locales) quedan bajo las órdenes directas de la autoridad competente (también Torra). En el caso del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma, se designan como autoridades competentes al Gobierno, al Presidente del Gobierno y, en sus respectivas áreas, a la Ministra de Defensa, al Ministro del Interior, al Ministro de Transportes y al Ministro de Sanidad.

El estado de alarma permite limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en determinadas horas o lugares, requisar bienes o imponer prestaciones obligatorias, intervenir transitoriamente cualquier local o industria (salvo domicilios privados), limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e impartir órdenes necesarias para el abastecimiento de los mercados.

Sin embargo, el estado de alarma no autoriza la suspensión de derechos fundamentales (sí pueden suspenderse otros derechos a los que la Constitución no reconoce tal carácter).

Para la suspensión de derechos fundamentales son necesarios el estado de excepción o el estado de sitio. El primero se decreta por el Gobierno, pero previa autorización del Congreso, y está previsto para una significativa crisis de orden público, permitiendo la suspensión de derechos fundamentales tan básicos como el derecho a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de circulación y residencia, la libertad de expresión e información, el derecho de reunión y manifestación y el derecho de huelga. La duración máxima es de 30 días, prorrogable por otros 30. El estado de sitio es el conocido tradicionalmente como estado de guerra y puede decretarse por una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Se decreta por el Congreso, a instancia del Gobierno y permite a éste asumir facultades absolutamente extraordinarias designando una autoridad militar para ejecutarlas. Ojalá no tengamos que verlo nunca.

Volviendo a la alarma con la que se trata de hacer frene a la crisis desatada por el coronavirus, la intervención acordada por el Gobierno es intensa y bordea los límites de ese estado. Ya hemos dicho que la alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (así lo reconoce el propio preámbulo del RD 463/2020). Sin embargo, ya se han introducido fuertes limitaciones a la libertad de circulación (derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Constitución), autorizando únicamente la circulación por la vía de uso público para la realización de actividades muy concretas. La ley permite limitar la circulación o permanencia en determinados lugares o sitios, pero lo que se ha adoptado es prácticamente un toque de queda. En cualquier caso, la restricción parece proporcionada a la magnitud del desafío.

Además, por Orden de 16 de marzo de 2020 del Ministro del Interior se han restablecido los controles en las fronteras interiores terrestres, sólo permitiéndose la entrada a ciudadanos españoles, residentes en España o trabajadores transfronterizos, no afectando así al derecho fundamental de los españoles de “entrar y salir libremente de España” (artículo 19 de la Constitución).

En el estado de alarma, la autoridad competente puede ir dictando acuerdos que permitan afrontar las situaciones que se vayan planteando. Ayer se adoptó un paquete de medidas económicas para dar liquidez a pymes y familias.

Una de las principales particularidades de los estados de excepción es que tanto el Decreto que lo declare como los acuerdos de las autoridades designadas, aunque se adopten por el Ejecutivo, tienen auténtica fuerza de ley. Esto supone que pueden suspender, alterar o modificar temporalmente (exactamente durante el periodo de excepción) cualquier ley. Por eso el RD 463/2020 ha podido alterar la vigencia nada menos que de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suspendiendo los plazos procesales. También supone que las medidas adoptadas durante el estado de alarma no sean fiscalizables por los tribunales ordinarios, sino por el Tribunal Constitucional.

Decía algún historiador que nuestra convulsa vida constitucional se había regido mucho más frecuentemente por normas de emergencia que por las ordinarias. Parece que tras un periodo de inusitada calma constitucional, nos está tocando vivir tiempos difíciles que nos ponen a prueba.

El Gobierno ha reaccionado tarde y mal a la crisis y las consecuencias las estamos pagando. Ahora ha sacado a pasear un arma potente que le otorga amplios poderes. Pero no basta con desenfundar, lo importante es saber qué hacer con esos poderes, adoptando medidas muy bien pensadas que nos saquen de la tremenda crisis sanitaria y, al tiempo, eviten que nos hundamos en un colapso económico. No es fácil, pero veremos si sabe enderezar el rumbo.