El desbordamiento autonómico

La preocupación entre los españoles por el proceso independentista catalán «baja 12 puntos desde la aplicación del artículo 155». ¡Aleluya! Parece que la niebla se disipa y vuelve a salir el sol. Ya podemos dedicarnos a nuestro quehacer diario y olvidarnos del engorro catalán.

Siento ser agorero, pero me temo que no. Es lógico que después de vivir varios años metidos en un “procés”, que parecía una olla a presión a punto de reventar nuestra forma de Estado, tengamos la tendencia a desconectar no sólo del proceso mismo, sino incluso de todo lo político. Sin embargo, esta es la estrategia del avestruz, que evita mirar al problema hasta que le pega una cornada.

En los últimos tiempos, ingenuamente nos hemos alegrado de ciertas declaraciones de líderes independentistas en las que reconocían que al proceso soberanista le faltaba respaldo popular para poder imponerse. Sin embargo, en todas esas manifestaciones la palabra clave siempre era “todavía” y el reconocimiento se matizaba, acompañándose de la voluntad de “convencer a más personas” para unirlas a las filas del independentismo.

Es decir, si los separatistas bajan el diapasón y, aparentemente, dan un pequeño paso atrás es simplemente para coger impulso y volver con más fuerza a su objetivo último, que no es otro que romper España tal y como la conocemos y crear una Cataluña independiente.

Pero con ser grave, no es este el único problema. En Baleares, con distintos gobiernos autonómicos –incluidos los del PP-, se ha seguido una política educativa y lingüística muy parecida a la que ha convertido a media Cataluña al independentismo radical. Ya se empiezan a ver los frutos: el Parlamento balear defendió el referéndum ilegal de Cataluña, se están dando subvenciones a organizaciones favorables a la independencia y algún instituto de Mallorca obligó a los alumnos a apoyar en horario lectivo la consulta catalana.

En Valencia, de forma absolutamente contraria a la Constitución, el anterior Gobierno autonómico del PP impulsó iniciativas legislativas para la recuperación en esa Comunidad de los antiguos fueros de Jaime I, derogados por Felipe V tras la Guerra de Sucesión en 1707 y que, desde entonces, habían perdido totalmente su vigencia. En 2016 el Tribunal Constitucional ha tenido que ir anulando cada una de las leyes valencianas orientadas a recuperar tales fueros.

Desde el Big Bang de la Constitución del 78, nuestras autonomías han seguido un movimiento de crecimiento exponencial que, de seguir la tendencia de estos 40 años de democracia, conducirá a la jibarización del Estado central y a la creación de Regiones cada vez más poderosas y emancipadas, con tendencias independentistas. Si no al tiempo.

Cuatro décadas de dictadura franquista hicieron que este país abominara de todo lo que aquella representó. Si el franquismo fue centralista, ¡muerte al Estado y vivan las autonomías! Ya es hora de que ese movimiento pendular, de cierta lógica en los momentos iniciales de la democracia, cese, para dar paso a la construcción de un Estado eficiente, al servicio del ciudadano y que impulse el crecimiento social y económico.

Si este objetivo nos parece demasiado ambicioso, por lo menos deberíamos aprovechar estos años para evitar que se vuelva a producir una crisis constitucional como la que se ha planteado en Cataluña y que podría reaparecer, como el sarampión, no sólo en esa Comunidad sino en otras que vienen copiando el mismo modelo.

Como acaban de pasar los Reyes Magos, si tuviera que hacer mi carta de deseos para este año, lo primero que pediría es que abandonáramos la descabellada idea de que el problema del “encaje” de Cataluña en España se soluciona aumentando las competencias autonómicas o pasando a un Estado federal. Cada nueva competencia que se otorgue sería utilizada para dar el paso hacia adelante y lograr la ansiada independencia. Sobre esta cuestión ya he hablado en otros artículos y no me extenderé. En cualquier caso me alegra que los padres de la Constitución del 78 hayan enfriado la reforma federal.

Pediría que, en lugar de una Administración mastodóntica, al servicio de la mayor gloria y poder de los políticos regionales, pensáramos en la mejor forma de organizar un Estado al servicio de todos. Teniendo en cuenta que el Estado solo es una organización instrumental que se debe al ciudadano y no al contrario.

En mi carta a sus Majestades incluiría el deseo de un solo Legislador para todos y no los 17 autonómicos más el estatal que tenemos ahora. La Constitución del 78 no atribuyó claramente a las Comunidades el poder de legislar, pero, dado que sí preveía la existencia de Parlamentos autonómicos, se entendió que el Parlamento estaba para legislar y todas ellas se han puesto manos a la obra, convirtiéndose en legisladoras voraces y absolutamente desbocadas. En unos tiempos en los que hay poca discusión sobre que la uniformidad y la simplicidad legislativas facilitan la vida al ciudadano y favorecen la libertad, la iniciativa y el crecimiento económico, nosotros seguimos estancados en nuestras 17 normativas divergentes. Para un abogado es imposible conocerlas todas, con lo que al ciudadano lo vuelven literalmente loco.

Paralelamente a la supresión del poder legislativo autonómico, sería interesante un Senado a través del cual las Comunidades pudieran participar en la creación de la legislación única para todo el Estado. Tendríamos menos leyes, pero más elaboradas.

También pediría un modelo educativo homogéneo y no 17 poderes autonómicos adoctrinando a su conveniencia quizás a futuros detestadores de lo común y de España. Creadores de artificiales particularismos y agravios inventados que justifican separaciones y compensaciones (la famosa deuda histórica). Los grandes pensadores del siglo pasado ya advirtieron de que en las sociedades industrializadas el verdadero símbolo de poder del Estado era la educación universal obligatoria. Este es un poder demasiado serio como para que estén jugando con él a su antojo 17 pequeños Reinos de Taifas.

Por último, pediría reflexión sobre cómo se presta mejor cada servicio al ciudadano: si desde un poder central o desde 17 descentralizados. Aunque el ejemplo pueda parecer no generalizable, España es líder mundial en pocas cosas; pero curiosamente lleva 26 años siendo el líder indiscutible en trasplantes, por encima de Estados Unidos, Australia o Canadá y con más del doble de trasplantes que la media de la Unión Europea. Es verdad que al frente de la Organización Nacional de Trasplantes ha estado durante 25 años una persona de gran eficiencia, pero también lo es que uno de los secretos del éxito es que es una organización Nacional, que opera en todo el territorio y puede coordinar dónde existe un donante que pueda satisfacer una necesidad inmediata en otro punto geográfico (aunque esté en otra región). No hay unidades de trasplante en cada Comunidad, sino grandes hospitales en varios puntos geográficos absolutamente especializados en la materia y que han alcanzado la excelencia.

En fin, una organización nacional facilita la solidaridad entre personas: el corazón de un centralista madrileño puede salvar la vida a un separatista catalán, o la inversa, y el médico especialista puede devolverle al afortunado una vida normal, aunque no hable catalán (ni siquiera en la intimidad).

Queridos Reyes Magos, sé que no os pido poca cosa. Pero también sé que realidades aparentemente inamovibles se han transformado con más facilidad de la prevista.