EL ESCAPARATE Y LA TRASTIENDA DE NUESTRO SISTEMA DE SALUD

En los tiempos que corren el mantenimiento del Estado de Bienestar se ha convertido en la seña de identidad política para mucha gente. Se da por sentado que su diseño actual es básicamente correcto y que lo único que hay que hacer es preservarlo. Sin embargo, tiene fallos o carencias muy graves.

Tomemos como ejemplo el caso de la salud. En España hay un elevado grado de satisfacción con el sistema de atención hospitalaria, pero el cuidado de la salud implica muchas más cosas. Hace un par de meses, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentaban un informe encargado a 16 especialistas sobre los efectos de los disruptores endocrinos, que son unos compuestos químicos ajenos al organismo pero que pueden alterar su equilibrio hormonal; estos compuestos se utilizan ampliamente en la producción de plásticos y cosméticos, entre otras cosas. Según los autores del estudio estas sustancias constituyen una «amenaza global». El informe apunta la existencia de unos 800 compuestos sospechosos de producir alteraciones en la regulación hormonal, en el desarrollo neuronal, en el sistema inmunitario, etc., y advierte que solo «una pequeña fracción» de ellos han sido convenientemente analizados.

Otro ejemplo: por esas mismas fechas la directora general de Salud británica, Sally Davies, alertaba en el último informe anual sobre el sistema de salud de ese país de que el consumo excesivo de antibióticos «es una amenaza más grave que el cambio climático». Este consumo no solo se debe a la elevada prescripción médica y a la automedicación de la población, sino sobre todo a su utilización en las granjas, tanto para prevenir enfermedades como para acelerar el engorde de los animales. De hecho, según un estudio publicado en una prestigiosa revista científica (PNAS), el 73% de los antibióticos que se comercializan en EEUU los consume la industria alimentaria. Ante este panorama, la Sra. Davies decía: «Tenemos que reaccionar con celeridad y empezar por elaborar un registro con los principales riesgos para determinar cómo combatirlos». Vamos, que nos queda camino por recorrer y como estos hay muchos más ejemplos.

A nadie se le oculta que, además de los medicamentos y los alimentos que consumimos, la mayoría de los objetos de consumo, como la ropa que nos ponemos, los detergentes que usamos, los electrodomésticos, teléfonos móviles y demás aparatos que empleamos en nuestra vida cotidiana, están incorporando constantemente nuevos compuestos y materiales, sea para reducir sus costes o para aprovechar las nuevas posibilidades que brinda el avance tecnológico. Y tampoco se nos oculta que, además, los procesos de producción de la mayoría de estos productos se extienden por todo el mundo, gracias a la globalización.

Pero, ¿quién controla esto? ¿Quién nos garantiza a los ciudadanos que lo que compramos en la tienda del barrio, o en el hipermercado de esa famosa cadena multinacional, está adecuadamente controlado y no nos va a crear problemas algún día? ¿Quién nos asegura que no estamos jugando a la ruleta rusa con nuestra salud? Porque es evidente que controlar todo esto también forma parte, o debería, de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿O no?

Si hiciéramos una encuesta preguntando quién es el responsable de garantizar que lo que ingerimos o utilizamos en nuestra vida cotidiana no es perjudicial para nuestra salud, la inmensa mayoría de los ciudadanos señalaría, sin la más mínima duda, a la Administración en su más amplio sentido. Y, efectivamente, en un Estado moderno es la Administración la que debería proporcionarnos esta garantía. Es una de esas tareas que justifica el papel del Estado. No solo en las áreas citadas, sino en muchas otras de análoga gravedad; con incidencia en la salud, en la seguridad y en tantas otras parcelas de nuestra vida.

Hablamos, en definitiva, de la función supervisora del Estado. Función de la que, desgraciadamente, solo se habla cuando hay un accidente, una catástrofe o una crisis. Así, por ejemplo, fue a raíz del accidente de la central nuclear de Fukushima (Japón) cuando a la Unión Europea le entraron los agobios para revisar los sistemas de seguridad de las centrales europeas. Podríamos poner otros ejemplos referidos a la industria de productos altamente tóxicos y a la forma en que estos productos se transportan o a la contaminación medioambiental que genera su fabricación y sus posibles vertidos. Eso por no irnos a otros ámbitos tan diferentes, pero de tanta actualidad, como el sistema financiero, donde la crisis actual ha puesto en evidencia fallos clamorosos en la supervisión del Estado, tanto en España como en el resto de Europa y Estados Unidos.

Pero lo que ahora me importa destacar es que todos estos problemas tienen en común básicamente una cosa: los descuidos, omisiones o equivocaciones en el ejercicio de la función supervisora que correspondía en cada caso. Y probablemente la insuficiencia de medios. ¿Sería posible tener una Administración que ejerciera su función supervisora de forma realmente eficaz en todas las áreas que le correspondan? Yo sí lo creo, pero desde luego eso implicaría hablar de otra Administración y encontrar la solución de algunos problemas que tiene la actual.

En primer lugar, en cada una de las áreas donde ejerciera esa labor de supervisión, la Administración debería tener profesionales muy familiarizados con las prácticas de la industria correspondiente a lo largo de su cadena de producción, tanto en España como en los demás países donde haya proveedores o empresas que participen en esa cadena. Si pensamos en la industria alimentaria, por ejemplo, significa que el organismo supervisor debería tener expertos que conozcan muy bien cuáles son las prácticas agrícolas que se emplean, qué tipo de semillas se usan, qué insecticidas y demás productos químicos se utilizan, en qué condiciones está el agua con que se riega, los abonos, el suelo, los envases, etc.

Para extender el control por todos los países incluidos en la cadena de producción lo lógico sería, por economía de recursos, que recurriesen a alguna fórmula de cooperación a nivel europeo e incluso a la posibilidad de subcontratar empresas auditoras certificadas para ello.

Naturalmente, ese organismo supervisor también debería disponer de los laboratorios necesarios para analizar los materiales y componentes utilizados. Y debería contar con el apoyo de los equipos de investigación capaces de identificar los efectos «secundarios», o de largo plazo, que pudieran derivarse de los nuevos ingredientes, materiales o tecnologías empleados. Pensemos, por ejemplo, en los alimentos manipulados genéticamente: quiero creer que alguien, cualificado de verdad, habrá estado investigando, el tiempo que haya hecho falta, sobre los posibles efectos secundarios que pudieran emerger al cabo de 10 o 20 años, antes de autorizar su comercialización para que yo lo compre en la tienda de mi barrio.

Es cierto que si esto se llevara al extremo tendría graves repercusiones para el comercio mundial, por eso hay que buscar un equilibrio razonable entre el nivel de riesgos asumido y las ventajas de disponer de nuevos productos.

Pero, como decía, todo esto requeriría de profesionales muy avezados en las tripas del funcionamiento del sector de actividad que les corresponda, además de los medios técnicos y económicos adecuados para que puedan desempeñar su función. En mi opinión, sin embargo, en muchos casos la Administración está lejos de disponer de estos recursos. Principalmente porque sería bastante costoso y, sobre todo, porque requeriría un modelo de gestión de personal diferente y más flexible. Un modelo en el que, por ejemplo, esos expertos pudieran ser seleccionados y contratados mediante un concurso público en el que primasen sus conocimientos y experiencia profesional. Un modelo en el que, naturalmente, debería atraerse a esos expertos pagándole a cada uno el sueldo que hiciera falta. Como ya he comentado algo sobre esto en otra ocasión (aquí y aquí) no me extenderé más sobre ello.

Por supuesto, tener buenos expertos es condición necesaria pero no suficiente. Además hay que contar con buenos sistemas de inspección (procedimientos, bases de datos, indicadores y sistemas de alerta precoz, etc.) y un sistema sancionador que sea eficaz, proporcionado y disuasorio.

Con todo, habría que resolver otro problema peliagudo: cómo evitar que las grandes empresas del sector supervisado tengan una influencia determinante sobre las decisiones del organismo supervisor. Por una parte, el supervisor tiene que escucharlas y colaborar con ellas para evitar caer en un sistema de control desmedido que las asfixie. A fin de cuentas son las empresas las que crean riqueza. Pero por otro lado es clave que el supervisor preserve su independencia. Y este es un tema que, probablemente, nunca llegará a estar del todo resuelto. Bien sea porque esos grandes empresarios consigan que el Gobierno presione a los responsables del organismo supervisor, o porque los responsables y expertos del supervisor aspiren a ser contratados por esas empresas, o por cualquier procedimiento turbio que sirva para ganarse su voluntad. Por supuesto, hay que pensar en un régimen legal de incompatibilidades, en tener bien procedimentados los procesos de toma de decisiones dentro del organismo supervisor unido a buenos sistemas de auditoría interna, en dotar de un estatus de independencia a los responsables del organismo supervisor, etc.

En mi opinión, por tanto, sería perfectamente posible tener el tipo de Administración que pudiese ejercer a plena satisfacción el papel de supervisión que corresponda en cada ámbito. Pero reconozco que sería bastante costoso. La cuestión es que no nos podemos permitir el lujo de no tenerlo. Por eso, cuando se habla de la necesidad de defender el Estado de Bienestar, habría que preguntarse qué modelo de protección de nuestro bienestar es el que más nos conviene y cuáles son nuestras prioridades.

Si llegáramos a la conclusión de que, por ejemplo, con la carne que comemos habitualmente nos estamos sobresaturando de antibióticos, sin saberlo ni aprobarlo, y que el día que el médico nos los recete no nos harán ningún efecto por haber abusado tanto de ellos, ¿no nos inquietará, sanitariamente hablando, mucho más eso que, por ejemplo, el estatus laboral del médico que nos atiende?