EL GRAN PECADO DEL GUARDIÁN

En estos momentos nuestro modelo constitucional se encuentra en una profunda crisis, que puede sintetizarse en dos fuertes tensiones: la ruptura de la unidad nacional y el descrédito de las instituciones, en particular, de la clase dirigente. La primera de las tensiones ha tenido su foco de atención en Cataluña y País Vasco. Pero es que, a la intensificación de la cuestión catalana (es de suponer que en breve el País Vasco seguirá un camino similar), se están ahora uniendo otras Comunidades ricas, que empiezan a quejarse de un presunto mal trato en el sistema de financiación. Véanse las últimas declaraciones de los presidentes de las Comunidades balear y madrileña. El nacionalismo empieza a crecer alimentado por el sentimiento de que un territorio está siendo tratado injustamente por el todo. Ahí empieza siempre la historia. Y ese sentimiento se está agitando continuamente en España, sin que se haya planteado un debate en profundidad sobre una cuestión de tan graves consecuencias para el futuro del país.

La segunda de las tensiones está afectando a las propias instituciones y al sistema democrático. El virus del descrédito de la clase política se ha extendido a Gobiernos y Parlamentos. Incluso en algunos foros se discute el sistema representativo de elecciones periódicas y hay voces que abogan porque sea el pueblo quien directamente se gobierne, quien dicte sus propias leyes.

Ante estas tensiones, surge la gran cuestión de quién defiende nuestra Constitución. Como se ha dicho en otros post, la Constitución es el mapa genético de nuestra sociedad, el que define lo que podemos llegar a ser. Es, en este sentido, el gran mapa en el que se enmarca el conjunto de nuestras posibilidades como sociedad. Dentro de ese amplio campo de posibilidades, el pueblo elige a sus representantes quienes, a través de la ley, van dando forma a lo que queremos ser. Pero ¿qué ocurre si la ley se sale del mapa constitucional? Por ejemplo, ¿qué ocurre si un Parlamento autonómico declara sin más a su territorio Estado independiente?, o, puestos en casos absurdos, por extremos, ¿si una ley ‘popular’ aprobara la incautación de los bienes de los banqueros, de los judíos, de los musulmanes o de cualquier otro colectivo? Entonces el guardián de la Constitución debe velar porque nuestro código genético no se pervierta. Porque se respete el Gran Pacto recogido en la Constitución.

En Derecho Comparado existen dos grandes modelos de defensa de las Constituciones: el anglosajón o de jurisdicción difusa, en el que cualquier juez puede inaplicar una ley que considere inconstitucional; y el europeo continental o de control concentrado, en el que se atribuye a un único tribunal el monopolio del control de la constitucionalidad de las leyes. En España ese monopolio lo tiene el Tribunal Constitucional. Nadie más que él puede garantizar que los 18 legisladores que hay en España (el estatal y los 17 autonómicos) se mantengan dentro del marco que fija la Constitución. Por eso su función principal siempre se ha dicho que es la de un legislador negativo, en cuanto que debe expulsar del ordenamiento jurídico aquellas leyes que sean contrarias a la Constitución. No puede decirle a los Parlamentos lo que deben hacer, pero sí lo que no pueden hacer dentro de la Constitución.

¿Está nuestro Tribunal Constitucional realizando adecuadamente esa esencial función de guardián de las esencias? Cuando se aborda esta cuestión en foros mediáticos se suele criticar a este Tribunal por la falta de independencia de sus magistrados. Así, se afirma que son designados por órganos políticos y muy susceptibles a decidir con criterio extrajurídico, al menos en los asuntos de mayor relevancia. Esto, de ser cierto, podría afirmarse de prácticamente cualquier Tribunal Constitucional del mundo. De hecho, se ha dicho de las dos Cortes Constitucionales más respetadas: el Tribunal Supremo americano y el Tribunal Constitucional alemán.

Debe decirse, además, que nuestro Tribunal Constitucional, en cuanto a la calidad de sus resoluciones, en general saca buena nota. En comparación con los restantes Tribunales internos, sus resoluciones son de mucha mayor calidad; en relación con Tribunales Constitucionales de otros países está al nivel de los mejores. Y, ¿por qué no decirlo?, sus sentencias tienen un nivel muy superior al de la mayoría de los Tribunales Internacionales. No hace falta más que leer las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la constitucionalidad de la doctrina Parot y la desafortunada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el mismo tema.

Por supuesto, como en todo, hay mucho que perfeccionar, y se puede y debe profundizar en aquéllos mecanismos que garanticen la excelencia y la independencia de los magistrados. Pero aquí quiero centrarme, como dice el título del artículo, en el gran pecado del guardián. Pecado, por otro lado, en el que no han caído, al menos tan estrepitosamente, los Tribunales Constitucionales de otros países. La gran tacha que se le puede poner a nuestro Tribunal es que tarda una eternidad -nada menos que diez años aproximadamente- en resolver un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra una ley. Esto quiere decir que una ley inconstitucional puede estar en vigor, aplicarse y modificarse durante un buen tiempo antes de que el Tribunal se pronuncie sobre ella. De hecho no es infrecuente que el Tribunal no tenga que resolver sobre un asunto porque la ley en cuestión ya ha sido derogada. Es decir, una ley manifiestamente inconstitucional podría estar definiendo lo que vamos a ser durante diez largos años y, cuando el daño está ya hecho, a ver quién se atreve a decir que todo aquello fue inconstitucional.

En teoría la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene mucha más fuerza que su derogación. La derogación es la muerte jurídica de la ley hacia el futuro, pero lo que se hizo en el pasado bajo su cobijo, bien hecho está. La declaración de inconstitucionalidad mata la ley a futuro pero también obliga a revisar lo que, en el pasado, se hizo a su amparo en contra de la Constitución. Aunque, claro, si una ley ha estado vigente diez años muchos de sus efectos son imposibles de borrar físicamente (por ejemplo, si la ley del aborto de ZP se declara inconstitucional, ya nada puede hacerse con las interrupciones del embarazo inconstitucionales) o jurídicamente (porque se trate de situaciones ya consolidadas por sentencia judicial firme). Con lo que la ley inconstitucional -a veces manifiestamente inconstitucional- ha dejado un rastro importante en nuestro ADN social, sin que el guardián haya hecho sus deberes.

Pero con ser grave esta consecuencia del pecado, todavía lo es más la absoluta irrelevancia política y social en que ha colocado al Tribunal. Pongámonos en la cabeza de cualquier político de esos (la mayoría) que piensan en las siguientes elecciones (y no en las siguientes generaciones), es decir, a cuatro años vista. Ciertamente tienen poco incentivo para ser respetuosos con la Constitución, si el guardián, es decir, quien les tiene que vigilar, no va a decir nada hasta muchos años después de que ellos hayan salido de la vida política (al menos del poder). Y esta desaparición del guardián en la psicología del político se está apreciando muy nítidamente en las últimas leyes autonómicas e incluso estatales. Cuando el político se entera de que el Tribunal tarda diez años en pronunciarse sobre su ley, le importa bien poco lo que entonces diga. ¡Barra libre!

El pecado del guardián es grave y no es precisamente común entre los países más serios de nuestro entorno. Hablando con una juez francesa me comentaba que su Consejo Constitucional resuelve en tres meses sobre la constitucionalidad de una ley. Las alegaciones de las partes se van preparando durante la tramitación parlamentaria de la ley. El proceso transcurre con gran celeridad y el Consejo dicta una resolución bien fundada, clara y mucho más breve que las sentencias enciclopédicas de nuestro Tribunal. No pido tanto, pero entre tres meses y diez años hay un trecho.

Ciertamente en los últimos años se percibe una evolución. Hace bien poco se ha notificado alguna sentencia sobre alguna ley de 2010. Pero aun así no veo razones por las que, en general, un proceso de inconstitucionalidad no esté resuelto en el plazo de un año como mucho. Las partes de ese proceso tienen 15 días para alegar y en ese tiempo se estudian la ley y valoran su constitucionalidad. El proceso es sencillo y queda visto para sentencia en poco tiempo. ¿Por qué el Tribunal no puede estudiar el asunto y resolverlo con celeridad? Sí ya sé que hay mucho retraso acumulado y que, en los últimos tiempos, el Tribunal está haciendo un esfuerzo por ponerse al día; pero los ciudadanos debemos estar vigilantes para que los políticos pongan los medios que permitan al Tribunal funcionar correctamente (no debemos olvidar que a nadie le interesa que le controlen eficazmente) y exigir al Tribunal que asuma con vigor el papel principal que le corresponde. Sin complejos y con valentía. Nos jugamos mucho, ya que sin guardián la Constitución corre riesgo de difuminarse hasta desaparecer.