El legislador gripado

Mucho se está comentando lo difícil que es formar gobierno en este multipartido de líderes ego centrados en el que a los sufridos votantes continuamente nos sacan de ese día a día que tan intensamente vivimos siguiendo series y realitis, para someternos a la tortura de tener que informarnos y decidir nuestro voto.

Pero poco se ha hablado de una de las grandes virtudes de estos tiempos: el Boletín Oficial del Estado se ha quedado transitoriamente seco de leyes, al menos estatales, ya que, por desgracia, las comunidades autónomas siguen dándole a la manivela.

Uno de los padres del Estado democrático, el amigo Locke, decía que donde no hay ley no hay libertad. Locke vivía en una época en la que los súbditos estaban sometidos al capricho de reyes y nobles, que ejercían un poder sin control. El súbdito no sabía a qué atenerse, ni tenía certeza sobre lo que podía hacer o tenía que dejar de hacer. Los palos le podían venir de cualquier lado y de forma imprevisible.

En este contexto, los defensores de la libertad miraban a la ley como sagrado remedio que limitara el poder del príncipe y garantizara un espacio de libertad al ciudadano. Un invento maravilloso que cambió la vida del ser humano, que pasó así de súbdito a ciudadano: una ley que debería ser respetada por todos, incluso por reyes y nobles y que limitara el poder de estos. Una ley que pudiera ser invocada por el súbdito frente al poderoso y que delimitara un espacio sacro de libertad.

Otro de los padres del moderno Estado democrático, Rousseau, afirmaba que la libertad sigue siempre la suerte de las leyes, ella reina o perece con estas: no hay nada que yo sepa con mayor certeza. En esta concepción, el ser humano es libre porque no está expuesto a la arbitrariedad.

Pero Rousseau era consciente de que los atenienses habían perdido su democracia porque cada uno proponía leyes a su capricho y por eso afirmaba que cuando la ley está sometida a los hombres, no quedan más que esclavos y amos. Rousseau desconfiaba del pueblo del que decía ¿cómo podrá una muchedumbre ciega, que a menudo no sabe lo que quiere porque raramente sabe lo que es bueno para ella, poner en ejecución por sí misma una empresa de tal magnitud y tan difícil como un sistema de legislación?

Para Rousseau el problema sólo podía resolverse de un modo: legislando lo menos posible. Dictando aquellas leyes mayúsculas que configuraran un sistema jurídico cierto, que amparara las libertades de los ciudadanos frente al poder. Los ilustrados comparten estas ideas y alimentan el sueño de códigos generales, inspirados en la Razón, que rigieran sociedades justas.

Pero el problema seguía y sigue siendo, ¿de qué libertad estamos hablando si quedamos sometidos a un legislador arbitrario?

Los iusnaturalistas lo resolvían diciendo que sólo es verdadera ley aquella que se inspira en la ley natural, superior al hombre. Sin embargo, ante la imposibilidad de conocer esa ley natural y la consiguiente caída en descrédito del iusnaturalismo, había que buscar otro asidero. Rousseau lo buscó en la voluntad general como concepto objetivo que superaba la suma de voluntades individuales, pero que resultó ser igualmente inaccesible que la propia ley natural.

El último gran paso en este camino, fue el trascendente invento de las Constituciones, como textos generales que reconocieran un espacio mínimo de libertad que pudiera imponerse incluso frente al propio legislador. La Constitución se erige así como última garantía frente a la arbitrariedad del poder, también del legislativo.

Sin embargo, diversos factores han provocado que vivamos en sociedades con legislaciones motorizadas, como gráficamente las denominaba Carl Schmitt. Estamos en un momento en el que un político que no proponga cambiar un buen número de leyes o dictar unas cuantas leyes nuevas, parece que no tiene un plan. Que no sabe qué hacer y qué no es de fiar. Sin embargo, las leyes bien hechas deberían marcar un terreno de juego en el que se pudieran desarrollar distintas opciones políticas. Leyes bien concebidas debían poder regir un buen número de años, como el código civil que tardó cerca de 80 años en aprobarse y sigue vigente desde 1889.

Es una calamidad que cada político de turno se considere compelido a cambiar una buena parte del ordenamiento jurídico. Si a este factor unimos que nunca en la historia ha habido una densidad normativa como la que vivimos en estos momentos, el resultado es una confusión generalizada. Análogamente a lo que ocurría en la época de Locke, la falta de sistemática y la profusión de normas provoca que nadie tenga claro cuál es su espacio de libertad, tampoco qué puede hacer y qué no puede hacer y así resulta que los palos le pueden venir del sitio más insospechado.

De este modo, las sociedades modernas se convierten en coros de confusión en los que todos reclaman, en un griterío, sus derechos. Sin conocer su fundamento, como lo van hacer, sin saber si tienen base. Pero en un griterío. Además, el abuso del recurso a la ley hace decaer el respeto a la misma. Son textos de usar y tirar, que hoy aprueban unos y mañana cambiarán otros, de forma que pierde su carácter sacro. Y así todos reclaman sus derechos, pero por encima de una ley que nadie respeta porque nadie conoce.

La ley es una herramienta extremadamente potente de configuración social. Su correcto uso puede conducir a la evolución y el progreso social. Por el contrario, el abuso al que está siendo sometida -que supone una absoluta falta de respeto a su misión- genera sociedades confusas y decadentes.

Por tanto, si alguna virtud tiene este multipartidismo es que por lo menos pone freno al obsceno espectáculo de esa continua afrenta al Poder Legislativo.