Según la ONU la sociedad civil es el tercer sector de la sociedad, junto con los poderes públicos y el sector privado. Está formada por todas las asociaciones de ciudadanos que se agrupan voluntariamente con la intención de alcanzar un fin que no es el gobierno ni el enriquecimiento personal.
Esta definición, por tanto, excluye a la Administración, el ejército, los partidos políticos y las empresas; pero se podría aplicar a los sindicatos, los colegios profesionales, las Iglesias y las ONG tanto como a los think tank, las asociaciones culturales o los clubs sociales.
Por otro lado, el que una asociación no aspire al gobierno no implica necesariamente que no persiga fines políticos (en el sentido de intervenir en los asuntos públicos); lo mismo que no tener ánimo de lucro no significa que no deba obtener ingresos ni tener una economía solvente. Para conseguir sus objetivos, las organizaciones necesitan de cierto poder y dinero.
El concepto de lo civil es muy amplio y difuso y tiene distintos significados según el contexto o quiénes sean los que lo manejan. En sus orígenes, lo civil era todo aquello que se refería a la ciudad y los ciudadanos, a la civilización. Con el paso del tiempo lo civil también servía para designar a aquello que no era ni militar ni eclesiástico, como la aviación, el matrimonio o el cementerio civiles.
Lo que actualmente se entiende por sociedad civil procede del liberalismo clásico y se emplea para distinguir entre lo que corresponde al Estado y aquello en lo que no debería interferir. Según Tocqueville, una de las condiciones para que exista una verdadera democracia es que haya un denso tejido de asociaciones que sea capaz de conciliar el interés general con el respeto a las libertades individuales.
distinguir entre lo que corresponde al Estado y aquello en lo que no debería interferir
Si se opone el concepto de sociedad civil al de Estado, esto implica que la sociedad civil es una especie de contrapoder frente al gobierno y las instituciones públicas. Su acción consiste en reequilibrar el poder político con el de la ciudadanía; en poner algún tipo de freno a los posibles abusos de los gobiernos.
En las llamadas democracias representativas, el concepto de sociedad civil resurge cuando los ciudadanos no se sienten bien, o suficientemente representados. Cuando sienten que no participan ni son tenidos en cuenta en la gestión de los asuntos que les afectan. Los ciudadanos no quieren ser únicamente electores sino también actores con competencias, con cierto poder de negociación y decisión; como el que llegaron a tener las asociaciones de vecinos antes de ser colonizadas por los partidos políticos.
Las democracias actuales se basan en la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) de modo que “sea el poder el que detenga al poder”. La experiencia demuestra que esta separación no se ha producido o ha desaparecido y se necesitan otros poderes que detengan al poder. Ahí es donde interviene la sociedad civil.
se necesitan otros poderes que detengan al poder
Además de los tres poderes canónicos, hay muchos otros poderes fácticos (el de la banca, el de la Iglesia, el de los medios de comunicación, el de las organizaciones sindicales y el de las multinacionales y las grandes fortunas; y también el de algunas ONG y colectivos) que pueden incluirse o no dentro de lo que podríamos llamar el poder civil.
Pero cuando se habla de la sociedad civil no se está pensando en este tipo de poder tan poderoso, se tienen en mente el altruismo y el bien común y no se está teniendo en cuenta que las instituciones y organizaciones a medida que crecen adquieren más poder y más peso político y podría darse el caso de que antepusieran su propia importancia al interés general y los fines por los que se fundaron. Por otro lado, en este momento y dada su debilidad, la sociedad civil, entendida como contrapoder benéfico, es más un deseo que una realidad.
No obstante, además de la resistencia personal, todavía hay mecanismos para limitar los excesos del poder, como las demandas colectivas, la recogida de firmas, la abstención masiva, la creación de un estado de opinión o la desobediencia civil. Y, por supuesto, eso tan genérico que llamamos educación. Además de apoyar con nuestro trabajo o nuestros recursos todas aquellas iniciativas que contribuyan a lo que, desde nuestro punto de vista, sería un mundo mejor; especialmente si este apoyo se hace en lo más cercano, en aquello sobre lo que podemos incidir de forma inmediata.
Lo que está claro es que, en este control mutuo entre poderes, tanto el Estado como las grandes corporaciones, intentan controlar o poner a su servicio a las asociaciones civiles, subvencionándolas, financiándolas o institucionalizándolas. Y a medida que el Estado va asumiendo más funciones (le correspondan o no) la sociedad civil se debilita. Se renuncia a la propia responsabilidad a cambio de perder en libertad.
Dentro de esos contrapoderes a los que alude el artículo, en la actualidad hay que hacer un hueco a las redes sociales.
Recientemente he oído a un analista comentando sobre los medios que emplean los ciudadanos para emitir sus quejas ante el mal funcionamiento de los servicios públicos o de empresas privadas. En los países anglosajones a los que se refería el análisis una mayoría (65%) de las quejas se hacen por teléfono o por carta, pero si los ciudadanos consideran que sus quejas no han sido suficientemente atendidas, el tema lo escalan a las redes sociales.
¿Qué significa escalar en este contexto? Que, cuando los ciudadanos consideran que no se les hace caso en su reclamación individual, lo ponen en conocimiento de toda la sociedad, o mejor dicho, de una gran cantidad de ciudadanos que siguen las redes sociales, ya que saben el efecto multiplicador que tienen las redes.
No podemos desdeñar el poder de las redes sociales y si no que se lo digan a los políticos que han encontrado en ella una herramienta para hacer llegar sus mensajes.
Interesante artículo sobre la «sociedad civil» que paso a comentar. Para empezar toda la sociedad sería «civil» de partida y de ella salen elementos con funciones determinadas. Por eso no hay contraposición entre «sociedad» y «estado» ya que éste es la forma de organización política y administrativa de la sociedad. Es decir, el Estado somos todos los que vivimos en una nación como ciudadanos de la misma.
La Administración Pública o las AA.PP. en su conjunto, no son el Estado, sino sus administradores y por ello se les encarga tal función y se les pide explicaciones por cómo la llevan a cabo. En todo caso se podría vincular al Estado con su representación política (el Parlamento), siempre y cuando ésta fuera la adecuada (representación directa con mandato imperativo e igual valor de voto en todas las circunscripciones). El Poder Judicial también es «administración» de Justicia, como lo son el resto de las instituciones que cuelgan de la estructura administrativa. También lo son (aunque en forma distinta) las que constituyen «excrecencias» de la misma en formas diversas (desde los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc. hasta las asociaciones creadas desde la sociedad pero regadas con dinero público o a instancias de la política). Como vemos, poco margen queda para una sociedad civil independiente de verdad cuando lo público y lo privado se han mezclado interesadamente.
Dice Enrique dice que «para conseguir sus objetivos necesitan poder y dinero». Ahí radica la cuestión. Mientras las organizaciones dependan de quien les proporcione «poder y dinero» que no sea el suyo propio, hay que buscar el hilo que las mueve y con qué fines. Por ejemplo, en Andalucía creo que se hablaba de unas 200 asociaciones para la «violencia machista» regadas por unos 40 millones de euros públicos que, finalmente, pueden ser (o lo son) parte del entramado administrativo gubernamental (municipal y autonómico principalmente). Son parte del «sistema» público y viven de él de una forma más o menos directa.
Tenemos un sistema «sovietizado» en Europa, según reconocía el propio Gorbachov hace ya bastantes años, donde una gran mayoría vive de los impuestos de otra parte de la sociedad que la mantiene. Lo llaman «economia distributiva» pero no para todos, sino para quienes apoyan y aplauden el río de subvenciones de todo tipo para las más variopintas «tareas», en las que falta generosidad y sobra negocio.
Un saludo.