Empieza la carrera electoral

Nos encontramos en el camino de vuelta al confortable bipartidismo, con algunos actores secundarios con los que llegar a acuerdos de gobernabilidad. Y, aunque todavía queda un año para las próximas elecciones generales, parece que los candidatos ya están afilando sus armas y todo se interpreta y entiende en clave electoral.

Es, por tanto, un momento idóneo para reflexionar sobre cómo la etapa democrática más exitosa en la historia de España parece estar deslizándose por las tuberías del desagüe (perdón por ser tan gráfico).

El primer problema, sin duda, es el de garantizar la división de poderes. No hay democracia ni Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente de influencias externas y que sólo esté pendiente de aplicar la Constitución y las leyes.

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde esta afirmación se comprende la necesidad de dividir y compartimentar el poder, de manera que unos actúen como contrapeso de otros y nadie ostente un poder absoluto. En particular, el Judicial tiene la esencial función de garantizar que se respeten las reglas del juego. Precisamente por esa función de árbitro del partido, los otros poderes han querido influir en sus decisiones.

Desde que el entonces vicepresidente del Gobierno, el señor Guerra, presentó en sociedad la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 con el lema de hemos matado a Montesquieu (uno de los padres de la división de poderes) no ha hecho más que crecer la influencia política en ese Poder. La excusa entonces fue que había demasiados jueces conservadores en puestos relevantes que frenaban los avances progresistas, por lo que había que democratizar la justicia. Sin embargo, el argumento parte de una falacia: la justicia no es democrática porque reciba su legitimidad del Parlamento, sino porque es independiente y su legitimidad le viene dada precisamente de su exclusiva sujeción a la Constitución y a la ley.

En 1985 se pasó de un gobierno de los jueces en el que 12 de sus 20 miembros eran designados por y entre jueces y 8 por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5, a un sistema en el que los 20 miembros eran seleccionados por el Parlamento. Teniendo en cuenta que al Consejo General del Poder Judicial le corresponden los nombramientos de los más altos puestos de la carrera judicial, el régimen disciplinario sobre jueces y magistrados y la inspección de los juzgados, puede entenderse que el poder político de los partidos sobre ese gobierno judicial haya ido irradiando al propio Poder Judicial, singularmente a la cúpula de este: Tribunal Supremo o Audiencia Nacional.

Por supuesto, la preocupación política por controlar a los jueces ha ido creciendo a medida que han avanzado las causas criminales contra líderes de los principales partidos políticos. Y, desde la ciudadanía, deberíamos estar ciertamente preocupados: el principal freno frente a la corrupción y al despotismo es el respeto a la ley que deben garantizar los jueces.

Es urgente volver a un Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros sean designados mayoritariamente por los propios jueces (no las asociaciones de jueces que tienden a reproducir los vicios de los partidos). Resulta poco gratificante el espectáculo al que estamos asistiendo del cambio de cromos entre los partidos políticos para garantizarse mayorías en el gobierno de los jueces.

Siguiendo con la justicia, también es importante asegurar una mayor independencia de la Fiscalía. Actualmente su estatuto es confuso dado que, aunque la Constitución habla de su sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, también la somete a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y lo cierto es que el jefe de la Fiscalía, esto es, el Fiscal General del Estado es designado por el Gobierno. Para entender la importancia de su independencia basta señalar que, en los delitos con un interés difuso, esto es, los que afectan a toda la ciudadanía, pero a nadie en concreto, sólo la Fiscalía está legitimada para acusar con carácter general. Por lo tanto, la persecución de los delitos de mayor relevancia política depende de que la Fiscalía pueda trabajar con independencia.

También convendría que los políticos mostraran un mayor respeto al Tribunal Constitucional. Aunque formalmente no está integrado en el Poder Judicial, ejerce jurisdicción; y, en particular, le corresponden dos importantes funciones para la vida política y social: actuar de legislador negativo, expulsando del ordenamiento jurídico las leyes estatales y autonómicas que sean contrarias a la Constitución; y garantizar que en los Parlamentos se respeten los derechos de las minorías a través del amparo parlamentario. Lo deseable sería que se recobrara el respeto institucional de los primeros años de esta democracia en los que la preocupación era que los juristas más capacitados accedieran al Tribunal Constitucional. Pero siendo difícil la realización de esa ilusión, convendría establecer un procedimiento previo presidido por la transparencia y que garantice la capacitación de los candidatos.

Saliendo de la Justicia, la siguiente gran reforma que llevamos mucho tiempo aplazando es la del sistema electoral. En sus fallos y limitaciones se encuentra el germen del separatismo rupturista en el que estamos inmersos. Y el fallo no está, como se ha afirmado, en el sistema D´Hondt, que es el más mayoritario entre los métodos proporcionales de reparto de escaños, sino en una circunscripción electoral demasiado pequeña, que termina primando el voto concentrado frente a igual número de votos dispersos entre distintas provincias. Esto hace que el sistema funcione como estrictamente proporcional respecto de los partidos regionales que concentran sus votos y como mayoritario respecto de los que presentan candidaturas en toda la geografía.

Esta prima electoral a la concentración de voto regional no tiene sentido desde una perspectiva de justicia y, además, actúa como una fuerza centrífuga que amenaza con romper la unidad. O el sistema es estrictamente proporcional para todos, con las dificultades de gobernabilidad que eso supone (véase el caso de Israel como ejemplo de sistema proporcional) o es mayoritario y, por lo tanto, prima a los partidos más votados con independencia de que concentren o no su voto en determinadas provincias.

Esta disfunción de nuestro sistema electoral está condicionando gravemente las dinámicas parlamentarias, dado que el éxito de iniciativas políticas de interés general, demasiadas veces depende de la satisfacción de las exigencias de partidos regionales con pocos votos totales, pero un gran peso parlamentario.

En fin, en el fondo de todos los problemas señalados se encuentra, sin duda, la llamada partitocracia que va extendiendo sus tentáculos a los distintos ámbitos. En la lista de deberes que pongo a los políticos se trata de ir cortando esos canales de expansión.

Como decía Tocqueville, la democracia es el sistema de gobierno más exigente con la ciudadanía, ya que, sin una ciudadanía responsable y formada, la democracia degenera en demagogia. Así que hagamos caso a Nietzsche y asumamos nuestra principal tarea como individuos: estar bien despiertos. De otro modo, nos irán colando lemas y doctrinas que calarán como verdades en nuestro cerebro y limitarán nuestra libertad y nuestra opinión.

Atentos a lo que realmente nos proponen en esta carrera electoral.