ENTRE LA DEUDA Y EL ANARQUISMO

Ver a todo un Presidente de Gobierno, arropado por una potente mayoría absoluta recién ganada en las urnas, aceptando el mandato de la Unión Europea de reducir el déficit público del 2012 hasta el 5,3%, en vez del 5,8% que solo una semana antes él mismo había considerado como el razonable para España, ya no sorprende a nadie. A fin de cuentas, ya vimos a Zapatero pasando por trances similares. Los motivos son de sobra conocidos. Sin embargo, evidencian la naturaleza del cambio que se está produciendo en el papel del Estado.

En las últimas décadas hemos venido apostando por un modelo en el que se supone que el Estado nos protege, garantizando ciertas prestaciones (educación, sanidad, pensiones, desempleo, justicia, seguridad, etc.), a cambio de que los ciudadanos paguemos los impuestos y obedezcamos las leyes que se establezcan. El cuadro se completa con la potestad que tenemos de expresar nuestra opinión, asociarnos, manifestarnos y contribuir a cambiar al Gobierno con nuestro voto.

Este modelo se empezó a fraguar en los comienzos de la revolución industrial, cuando frente a los excesos de un capitalismo salvaje surgieron los grandes movimientos obreros y se planteó la necesidad de un Estado que protegiera al conjunto de la sociedad e impusiera ciertos límites a los grandes capitalistas. En este contexto, a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar un interesante debate en las filas de la izquierda. Los anarquistas, por una parte, desconfiaban del Estado por entender que como toda institución de poder acabaría aliándose con los otros grandes poderes (económico, religioso, militar) contra los ciudadanos de a pié. Su alternativa era construir una potente sociedad civil, basada en redes de cooperación horizontal y en una educación que capacitara a los ciudadanos a gestionar el mundo desde abajo. Los socialistas, en cambio, apostaron por utilizar el Estado como gran herramienta de transformación social y económica, aceptando las reglas de la democracia y, por tanto, los retrocesos temporales que, en su opinión, introducirían los gobiernos conservadores. Frente a ellos los comunistas apostaron por adueñarse del Estado y eliminar las servidumbres de la democracia, para así poder realizar sus proyectos de transformación social de un modo supuestamente más eficaz.

La Historia ha demostrado el terrible error del enfoque comunista y apenas ha podido vislumbrar las posibilidades reales del planteamiento anarquista. De aquella apuesta socialista, junto con la convergencia de propósitos que hicieron las fuerzas políticas de derechas, ha derivado el Estado de Bienestar actual. Los logros son impresionantes y están a la vista. Nadie querría volver atrás en esta historia. Sin embargo, hay evidencias de que este modelo se está viniendo abajo por una combinación de factores políticos, económicos y sociales.

Políticamente el modelo se va corrompiendo a medida que los partidos se acostumbran a poner bajo su control a las diversas instituciones (Parlamento, Poder Judicial, Gobierno, Administración, etc.) que debían garantizar un ejercicio democrático del Poder, mientras paralelamente los propios partidos se van convirtiendo en maquinarias al servicio de unos pocos. Este deterioro se debe también a la cesión que hacen la mayoría de los ciudadanos de sus propias responsabilidades hacia lo colectivo en beneficio de los llamados políticos. Por comodidad, incapacidad, resignación o por el motivo que sea, los ciudadanos tienden cada vez más a abandonar el campo de la acción política, mientras crece su desconfianza. Esta situación era tolerada porque el Estado era capaz de impulsar un crecimiento económico del que, más o menos, se beneficiaba todo el mundo. Así, el éxito económico ha servido para anestesiar el malestar social ante un modo de ejercer la política tan distante y frustrante. Pero, ¿qué pasará con este país cuando existen ya serias dudas sobre su capacidad para seguir creciendo económicamente en el futuro, con los grandes cambios que ello exigiría en su capacidad exportadora y, por tanto, en su competitividad, educación, legislación, Administración y en tantos otros aspectos? ¿Qué pasará cuando el envejecimiento de nuestra población haga muy difícil financiar el Estado de Bienestar, con sus pensiones, sanidad, educación, etc., gratuitas? Hay razones de peso para dudar de que el éxito económico que ha vivido España en estos últimos 40 años vaya a seguir siendo lo normal en el futuro.

Sin irnos tan lejos, tenemos aquí y ahora el problema de la Deuda Pública. Su cuantía varía en función de lo que se incluya, pero podría estar rondando ya los 900.000 millones de euros. Y seguirá creciendo. Para irla pagando necesitamos que los inversores nos hagan nuevos préstamos, aun a costa de mayores intereses. Para pagar los intereses, en 2011 se presupuestaron 27.000 millones de euros. Con los 91.000 del déficit del 2011, será necesario mucho más dinero para pagar esos intereses en 2012. Una cifra cercana a esos 35.000 millones que nos va tocar sacar de dónde sea para reducir el déficit al 5,3% que exige la UE. Y estos intereses continuarán creciendo en los próximos años. En tales condiciones, cualquier Gobierno está en manos de los grandes inversores privados. Hará lo que sea para que le presten el dinero que necesita a un interés menor. Uno o dos puntos arriba pueden comerse el ahorro de, por ejemplo, una bajada en las pensiones.

Por negligencia, electoralismo o ignorancia, los sucesivos Gobiernos que hemos tenido nos han traído a una situación en la que, o bien somos capaces de crear un nuevo modelo productivo que recupere la senda del crecimiento o acabará siendo imposible financiar este Estado de Bienestar, por mucho que se suban los impuestos. El caso es que el Estado solo ya no puede hacer frente a la nueva versión de capitalismo salvaje que domina los mercados. Para ganar esta batalla no tiene otra alternativa que integrarse con el resto de los Estados europeos para configurar ese MegaEstado que es la Unión Europea. Ante un capitalismo mucho más poderoso que el de comienzos del siglo XX, se pretende erigir como solución un Estado mucho más poderoso que los de nuestros ya sobrepasados Estados nación. Un Estado que también es mucho más distante y difícil de controlar democráticamente por los ciudadanos. Parecería que los ciudadanos estemos abocados a elegir entre someternos a las directrices de los grandes inversores o a las de los funcionarios de ese MegaEstado con sede en Bruselas.

Ante este panorama, es esencial revitalizar la acción política. Necesitamos, por una parte, partidos de ámbito europeo pero mucho más abiertos y conectados con la sociedad. La construcción europea, por ejemplo, puede ser una oportunidad apasionante si, entre otros aspectos, conllevase un reforzamiento de la calidad democrática. Por otra parte, es imprescindible que la sociedad civil, los ciudadanos, se activen, se organicen y ganen mucho más protagonismo. Creando opinión y movimientos que generen cambios en la cultura política y en las prácticas del Poder. La activación de la sociedad civil debe extenderse a muchos otros ámbitos de la vida. Para, por ejemplo, crear nuevos modelos educativos y culturales que enseñen a buscar otras formas de vivir menos consumistas, menos dependientes de las prestaciones del Estado y, sobre todo, más alineadas con las aspiraciones de las personas. Para crear otros modelos de organización económica más autosuficientes. Y, en definitiva, para crear redes de ayuda y cooperación en cualquiera de los ámbitos de la vida en sociedad. Quizás convenga desempolvar algunas de las viejas aspiraciones anarquistas.