ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS Y LOS PRIVADOS

Buena parte del debate político se resume en cuánto, y de qué manera, estamos dispuestos a depender del Estado o de las empresas privadas. Con este dilema de fondo se sitúan muchos de los problemas que afectan a la sociedad y, desde luego, la respuesta no es sencilla.

Parte del debate se centra en el grado de eficiencia con el que prestan sus servicios el sector público y el privado; pero en mi opinión el aspecto más sensible no es ese, sino el del poder que unos y otros acumulan, cómo lo utilizan de cara a los ciudadanos y qué defensa tienen los primeros frente a los posibles abusos de los segundos.

Cuando hablamos de las empresas privadas, no nos estamos refiriendo a las pequeñas y medianas empresas que, aun siendo las más numerosas, apenas tienen poder; hablamos de las grandes empresas, en su mayoría multinacionales, cuyo poder supera con creces al de muchos países. Para hacernos una idea, según el Banco Mundial, de las 100 mayores economías del planeta en 2003, 51 eran empresas privadas y 49 eran países; y según la revista Forbes, las 15 empresas más grandes del mundo tienen un valor accionarial equivalente al PIB de los 27 países de la Unión Europea.

No hace falta recordar que la presente crisis económica mundial se originó, en gran medida, por las prácticas abusivas en el sector financiero de Estados Unidos. Lo curioso es que, cuando estalló la crisis en el año 2008, 21 de las 100 empresas con mayor valor bursátil del mundo pertenecían a este sector, y hoy son 23; es decir, su poder no parece que haya menguado. Lo cual adquiere más relevancia si además tenemos en cuenta que, la suma de la capitalización de las 100 principales empresas es hoy un 45% mayor que hace cinco años, mientras que en ese tiempo la riqueza de los países más desarrollados se ha reducido o apenas ha crecido.

Precisamente, una de las funciones del Estado es la de protegernos de los posibles abusos de estas grandes empresas. De hecho, la crisis del 2008 ha generado una demanda de mayor control del sector financiero por parte del Estado; tanto para proteger a la economía del país como a la de los ciudadanos. Es decir, frente a los excesos del sector financiero exigimos más Estado.

Pero esto no se limita al sector financiero. También podríamos hablar mucho acerca de los riesgos de que las grandes empresas petrolíferas campearan por el mundo a sus anchas, pactando sus precios, impidiendo otros tipos de energía más baratos o menos contaminantes, etc. O de que las principales compañías farmacéuticas comercializasen sus nuevos fármacos sin ningún control y solo bajo su criterio. O de que los grandes del sector tecnológico (Microsoft, Google, etc.) utilizasen nuestros datos sin cortapisas y ningún control público. En fin, la lista podría ser muy extensa y en todos los casos llegaríamos a la conclusión de que, si bien a las grandes empresas privadas les debemos buena parte de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo económico, también es verdad que llegan a acumular tal poder que no se las puede dejar que lo utilicen como quieran; y para evitar que se extralimiten necesitamos un Estado fuerte que se lo impida.

Para protegernos de eso y de otras amenazas, como las que representan las organizaciones criminales, el terrorismo e incluso otros países. En realidad, queremos al Estado para que nos proteja de casi todo: lo que afecta a nuestra seguridad física, a nuestra seguridad económica e, incluso, yo diría que para mucha gente también es necesario que nos ampare frente a ideologías, creencias o valores que creemos perniciosos y desestabilizadores. El problema es que, a cuenta de la protección que nos proporciona en más y más ámbitos, el Estado cada vez es más grande y los ciudadanos cada vez estamos más en sus manos. Como ya me he referido a esta cuestión en otros artículos no me extenderé sobre ello ahora.

Por supuesto, el hecho de que el Estado sea cada vez más grande no significa que muchas de sus funciones, y de los servicios que proporciona, no sean necesarios y, además, estén siendo bien valorados por la sociedad.

Pero todos sabemos que el Estado, y sobre todo las elites que lo gobiernan, no es un ente puro y angelical; también tiene sus tentaciones de abusar del poder que acumula. Aunque nos creyéramos que su única motivación fuera defender a los ciudadanos, si no se les frena pueden llegar a controlar toda nuestra existencia, como el papá obsesionado con que a su hijo no le pase nada. Un ejemplo muy ilustrativo lo aporta el escándalo reciente sobre las interceptaciones masivas de conversaciones telefónicas y correos electrónicos por los servicios de espionaje de EEUU e Inglaterra, con la colaboración de las grandes empresas privadas proveedoras de esos servicios, y quizás con la de otros servicios de espionaje europeos, incluido el español. ¿Protegernos es el objetivo real o solo un pretexto? ¿Está siempre clara la línea divisoria entre lo primero y lo segundo?

Ante esta situación, la pregunta obvia es: ¿hay algún límite a esta tendencia del Estado a tener cada vez más poder? ¿Quién lo impondrá? ¿Podemos confiar tranquilamente en que serán los propios Estados los que se autoimpondrán ese límite? ¿Podemos confiar en que serán los políticos que gobiernan los Estados los que, renunciando al poder que les proporciona, fijen esos límites? ¿Hay algún indicio de que eso vaya a ser así? Y si los políticos no frenan esta tendencia, ¿qué haremos los ciudadanos?

Hace un par de meses se publicó un interesante estudio del BBVA realizado a partir de una encuesta a 15.000 personas de los diez principales países de la Unión Europea. De las conclusiones de este estudio merece la pena destacar las siguientes: el 74% de los españoles (frente al 54,5% del conjunto europeo) creía que el Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. Sin embargo, al preguntar sobre los políticos (que son, en gran medida, los que gestionan el Estado), en una escala de 0 a 10 los españoles declaraban tener la mínima confianza en ellos (1,5) y en los partidos políticos (2,0); asimismo eran los que menos confianza tenían en el funcionamiento de la democracia (3,6).

Según estos datos los españoles tenemos un serio problema: por una parte nos ponemos en manos del Estado para que nos proteja en buena parte de las facetas de nuestra vida y, por otra, desconfiamos enormemente del sistema político (políticos, partidos y funcionamiento de la democracia) que gestiona ese poder y que, al mismo tiempo, es el que debería servir para defendernos de los posibles abusos del Estado.

Frente a los atropellos y extralimitaciones de las grandes multinacionales y de los Estados, los ciudadanos no tenemos más remedio que optar entre resignarnos, con un grado mayor o menor de indignación, u organizarnos para evitar que eso sea así.

En mi opinión, la única salida que tenemos es la de avanzar en la calidad de nuestra democracia. Me parece evidente que una sociedad compleja como la nuestra necesita un Estado que la proteja. Pero, como complemento imprescindible, necesitamos desarrollar los instrumentos que proporciona la democracia para controlar los posibles excesos de ese Estado. Esos instrumentos, de los que ya hemos hablado muchas veces en este blog, son, en síntesis: una auténtica división de poderes entre el Gobierno, el Parlamento y la Judicatura; y un control efectivo de la actividad de los partidos y de los políticos. Lo cual solo es posible en la medida en que se produzca una activación social, política y cultural de los ciudadanos. Activación que pasa por formarse, informarse y crear organizaciones que actúen de abajo arriba en los diversos ámbitos de nuestra vida en comunidad.

En realidad, lo que nos jugamos los ciudadanos tiene mucho más alcance que el de defendernos ante el mal uso del poder que acumulan unos y otros. Lo que está en juego es la posibilidad de que podamos desarrollar nuestra libertad y nuestra capacidad para hacer que nuestras vidas, y el modelo de sociedad en el que vivimos, puedan ir aproximándose a lo que nos gustaría que fueran. Así de sencillo y así de complejo.