FEDERALISMO

En la novela 1984, George Orwell describe el procedimiento más eficaz que utilizaría una dictadura imaginaria para impedir el pensamiento heterodoxo o divergente. Esa dictadura todos los años imprimiría un nuevo diccionario y cada edición contendría menos palabras que la anterior; y por tanto menos formas de pensar. Año tras año el pensamiento se reduce y con él las posibilidades de desarrollar mentes libres.

Algo así ocurre cuando el poder establecido confunde, consciente o inconscientemente, unas palabras con otras, unas ideas con las contrarias, generando una confusión intelectual en la que ninguna palabra simboliza lo que realmente quería decir en origen. Es bastante grave que esa confusión se genere en las leyes, como está ocurriendo continuamente; pero mucho más lo es cuando se traslada a la ley de leyes de las sociedades modernas, es decir, a la Constitución.

En los últimos tiempos, varios partidos en la oposición han hablado de la necesidad de reformar la Constitución: UPyD para que el Estado recupere competencias; el nacionalismo catalán porque considera que ‘Cataluña no tiene encaje en la Constitución’ (en palabras de un ex magistrado del Tribunal Constitucional y hoy presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional); y recientemente nos ha sorprendido el PSOE con una propuesta de reforma constitucional presentada como la solución a los problemas de integración de las Comunidades más nacionalistas, pero que más bien parece concebida para evitar una ruptura con el Partido Socialista de Cataluña.

Y el mantra de estos tiempos se llama ‘federalismo’. Parece que si nos empezamos a llamar Estado federal se van a solucionar todos nuestros problemas por la sola fuerza de la palabra. Repentinamente Cataluña y País Vasco van a empezar a sentirse cómodas y el Estado a funcionar eficazmente al servicio de sus ciudadanos. ¡Que vivan las Federaciones!

Vamos a empezar por lo obvio. En los países de mayor tradición democrática, cuestiones de tanta importancia como una reforma constitucional se toman ciertamente más en serio.

En los Estados modernos resulta evidente que no hay norma jurídica más importante que la Constitución. En este texto se deben decidir las grandes cuestiones que van a condicionar la vida política de un país durante bastantes años. ¿Alguien tiene alguna duda de que España hubiera sido totalmente distinta si los constituyentes hubieran optado por un modelo centralista? ¿O si hubieran redactado una Constitución liberal en lugar de haberse decantado por una social? Esta decisión constitucional ha condicionado la evolución de España como Estado del bienestar e incluso la concepción que tenemos, dentro del modelo, de cada uno de ‘nuestros’ derechos.

Por tanto, cuando hablamos de reformar la Constitución habría que tener claro que son palabras mayores. Las Constituciones contienen el código genético que va a hacer que la sociedad crezca en una u otra dirección. Es un código que se puede cambiar, pero las consecuencias de la intervención son siempre relevantes y marcan buena parte del futuro de una sociedad.

En un país como el nuestro, si hay una decisión verdaderamente importante que debe tomar la Constitución es la forma en que territorialmente se va a distribuir el poder del Estado. Entre los modelos clásicos de formas de Estado, se suele distinguir entre un Estado centralizado (como Francia), regional (como podría ser Italia) y federal (como EEUU, Suiza o Alemania). Nuestro sistema autonómico siempre se ha dicho que se sitúa entre uno regional y otro federal, inspirándose en el modelo fallido de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931.

¿Qué diferencia a nuestro Estado de los Estados federales de referencia? Antes de responder a la pregunta es importante destacar que el análisis que se hace a continuación es estrictamente jurídico-constitucional y, por tanto, no entra en consideraciones históricas o sociológicas, que tienen importancia, pero no pueden abordarse en este formato.

Desde esa perspectiva constitucional, es cierto que el Estado de las Autonomías es un Estado con rasgos federales, especialmente en lo que se refiere a la extensión y alcance de las competencias autonómicas, que resisten la comparación con las de los Estados miembros de federaciones. Pero hay una diferencia esencial: en los Estados federales clásicos, las partes (federaciones) preceden al todo federal, histórica y lógicamente.

Así, en la Constitución de los EEUU de 1787 era precisa su ratificación por nueve Estados “para que esta Constitución entre en vigor en los Estados que la ratifiquen”. De hecho, la Constitución americana aparece hecha “por consentimiento unánime de los Estados presentes” y firmada por G. Washington, como Presidente y Diputado por Virginia; B. Franklin por Pensilvania; o Sml. Johnson por Connecticut.

En el Constitucionalismo español –histórico y vigente– las cosas no fueron así. Es la Constitución española la que, desde la unidad y a partir de un único titular de la soberanía nacional, el pueblo español, otorga un grado de autonomía política o administrativa a las regiones.

De esta diferencia esencial derivan todas las demás. Los Estados federados participan en la aprobación y en la reforma de la Constitución de la Federación, precisamente porque son previos a esta y porque la Federación nace del pacto entre instancias preexistentes que actúan en plano de igualdad. Por ejemplo, las enmiendas a la Constitución americana requieren la aprobación de tres cuartas partes de los Estados, por separado o en convención.

Nada de eso ocurre en España, donde la Constitución no es el resultado de un pacto entre entidades jurídicas preexistentes, sino obra de un único poder soberano: el pueblo español. Precisamente por eso, a diferencia de los Estados federados, las Comunidades Autónomas no son soberanas y sus Estatutos no son Constituciones. Nuestros Estatutos de Autonomía deben su legitimidad a la Constitución española y están completamente subordinados a ella.

Y es que, en España, a diferencia de los Estados federales, el contenido y la existencia misma del Estatuto de Autonomía y de la propia autonomía son disponibles para el poder constituyente; que, por su propia voluntad puede decidir un cambio de forma de Estado. Lo cual no es posible en los Estados federales sin contar con la voluntad de cada uno de los Estados federados o, al menos, de una mayoría considerable de estos.

Por tanto, no llamemos manzanas a las peras. Ni la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni la del País Vasco, ni ninguna otra tienen una existencia previa a la Constitución; sino que a esta le deben jurídicamente su existencia. Esto fue así en 1978 igual que en la Constitución republicana de 1931.

Por tanto, aunque retorzamos las palabras no somos un Estado federal. Otra cosa es que queramos debatir sobre si las Comunidades Autónomas deben tener más o menos competencias. O que se pueda discutir sobre la eficacia del modelo actual y sus costes en relación con el beneficio que reporta a los ciudadanos. Estos debates son perfectamente legítimos, siempre que se planteen y articulen desde el respeto a las leyes. Pero si no queremos acabar como en la pesadilla orwelliana, podíamos empezar por no confundir a la gente transmutando el sentido de las palabras.