IMPUESTOS Y DEMOCRACIA

Con el lema «no taxation without representation» en el Reino Unido se puso la semilla de la que surgirían las actuales democracias parlamentarias. Una clase media que empezaba a emerger expresó de este modo el hartazgo por tener que soportar con sus impuestos los despilfarros del soberano y de sus nobles, que, como castas superiores, estaban exentos de esta carga, mientras las clases ‘bajas’ soportaban el gasto. Las democracias representativas nacen así vinculadas a dos ideas: todo lo que gasta el poder soberano lo pagan los ciudadanos y, por tanto, éstos han de decidir cuánto y en qué se gasta y cómo se paga. A decidirlo, claro, a través de sus representantes seleccionados en elecciones periódicas.

Años después algunas cosas han mejorado y otras no tanto. Hoy, en principio, no hay privilegios tributarios y todos deben pagar según su capacidad económica. Esto es, al menos, lo que dice nuestra Constitución. Todos sabemos, sin embargo, que las grandes rentas tienen posibilidades de escudarse tras personas jurídicas y pagar menos; y que las sociedades tributan menos que las personas físicas. Por tanto, la misma ‘clase’ social, el trabajador, sigue soportando la mayor parte de la carga fiscal. Cierto que ahora el nuevo ‘noble’ y hasta el ‘clero’ contribuyen, pero, por lo menos el primero, en menor medida de lo que lo hacen las rentas del trabajo.

Sin embargo, en los modernos Estados de Bienestar hemos olvidado los principios elementales que dieron origen a la democracia representativa: todo gasto debe venir soportado por un tributo que pagan los ciudadanos. Ahora parece que el dinero cae del cielo benefactor en forma de un maná celestial que, desde que la razón matara a dios, se ha transformado en derechos que ‘debe’ garantizarnos un Estado divinizado. Porque sí; como si nadie tuviera que pagarlo. Como si el hecho de nacer dentro de las fronteras de lo que llamamos sociedades del bienestar nos hubiera concedido un derecho hereditario que no tuviéramos que revalidar cada día. Como si por fin hubiéramos ganado nuevamente el Edén y superado la maldición bíblica del «ganarás el pan con el sudor de tu frente».

Sencillamente no es así. Hay que recordar cada día que si queremos gastar todos los años cerca de un 8% del PIB en sanidad pública, es decir, 80.000 millones de euros, tendremos que pagarlo entre todos. Si queremos dedicar más de 110.000 millones de euros en pensiones (más del 10% del PIB) habremos de rascarnos el bolsillo para pagarlas. Y si queremos mantener ayudas al desempleo por valor de 30.000 millones de euros anuales, pues otro tanto.

Y no vale decir que tenemos un derecho divino a que ‘los mercados’ nos presten el dinero que necesitamos. El abuso del endeudamiento sólo es trasladar el problema a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y si seguimos así no hay duda de que todos ellos se quedarán sin Estado Social, por muchas proclamas vacías que hagamos hoy. Además, los mercados no son más que gentes que prestan y que aspiran a recuperar lo que han prestado. Y si ven que hay Estados que sistemáticamente gastan más de lo que ingresan (generan déficit) y que, por tanto, van aumentando su deuda año tras año y, además, no muestran capacidad de crecimiento, piensan que al final no van a poder devolverles el dinero. Parece que olvidamos que el inversor en deuda pública tiene el perfil más conservador y miedoso de todos. Opta por la inversión en teoría más segura porque no quiere sobresaltos. Si hay riesgo de perder el capital, sale despavorido hacia otros lares. ¿Es acaso eso pecado?

Tampoco es muy realista la proclama de que el descuadre de las cuentas lo paguen los ricos, los grandes capitales o las grandes sociedades. Me parece justa, pero olvida algunas variables importantes. Vivimos en un mundo globalizado en el que el dinero se mueve libremente. Hoy es tan fácil abrir legalmente una cuenta en Suiza o en cualquier país de la Unión Europea como rellenar un simple formulario ante el Banco de España. Puro trámite. A muchos ricos les va a resultar indiferente situar su residencia fiscal aquí o allá si en un sitio les fríen a impuestos y en otro no. Con las grandes sociedades resulta incluso más claro: muchas veces la decisión de instalarse o permanecer en un país determinado depende, entre otras cosas, de los impuestos que tengan que pagar. Queramos verlo o no, ya está en marcha una ‘guerra fiscal’ entre países para atraer a los ‘ricos’ y a las ‘grandes sociedades’ a través de regímenes fiscales favorables. Está ocurriendo dentro de la propia Unión Europea. Si no nos damos cuenta de esto estamos fuera del mundo.

Claro que hay que insistir en la lucha contra el fraude. La cooperación internacional está tratando de arrinconar a los paraísos fiscales (es interesante el documento de la OCDE sobre regularizaciones fiscales. Pero lo cierto es que cuando se consigue acabar con uno aparecen otros países deseosos de aprovechar el negocio.

Por supuesto que no estoy proponiendo que se siga cargando la presión fiscal sobre los asalariados y que paguen menos los ricos y las sociedades. Eso sería una indignidad. Lo que sí sugiero es que el debate sea realista, que tenga en cuenta todos los parámetros y que no se base en proclamas vacías. Esto es, que tengamos un debate propio de sociedades maduras, basado en un pensamiento complejo que tome en consideración todas las variables de las decisiones que se adoptan.

Como ciudadanos pensantes lo primero que deberíamos exigir a un político es que cuando dice que va a inaugurar una obra faraónica nos diga cómo la vamos a pagar, porque el político que promete un hospital, un aeropuerto o un AVE no va a costearlos de su bolsillo, sino que nos va a obligar a rascárnoslo a todos los demás. Los políticos van y vienen; las deudas están para quedarse.

Resulta curioso ver cómo, según las últimas encuestas del CIS, la gente tiene la percepción de que paga demasiados impuestos y, sin embargo, al mismo tiempo pide más gasto e incluso valora mejor al político que gasta. Como si el gasto de un político fuese reflejo de su generosidad hacia un pueblo que todavía se siente súbdito y no ha dado el paso hacía la mayoría de edad de una ciudadanía responsable. Parece que no tenemos asimilada una cosa tan obvia como que si quiero que me bajen los impuestos porque creo que pago demasiado, habrá que bajar también los gastos públicos.

Del avance de resultados de la encuesta del CIS sobre «opinión pública y política fiscal» resulta que una mayoría cercana al 60% piensa que el Estado gasta poco en los servicios más directamente relacionados con el Estado de Bienestar (enseñanza, protección por desempleo, sanidad, vivienda, seguridad social/pensiones o ayuda a personas dependientes). Sin embargo, a continuación el 66% considera que paga muchos impuestos. Los encuestados entran en una especie de cortocircuito cuando se les pregunta directamente si prefieren que suban los impuestos para mejorar los servicios o que bajen aunque signifique reducir los servicios públicos. Aquí la mayoría se sitúa en el intermedio, es decir, en el ni lo uno ni lo otro.

Resulta también curioso como nos tragamos el imposible y como no queremos oír lo que no nos gusta que nos cuenten, aunque sea la pura realidad. Viene alguien con el mensaje de que va a mejorar los servicios públicos, a bajar los impuestos y a reducir el déficit y la deuda y nos lo creemos. Son buenas noticias. Aquí tenemos a un auténtico mago. Luego nos extraña que llegue al poder y haga exactamente lo contrario. ¿Realmente podemos quejarnos de que nos hayan engañado cuando nos dicen lo que queremos oír? Cuando resulta que al que diga las verdades del barquero, no le vota ni dios. Si tuvieramos clara la ecuación más gasto igual a más impuestos, seríamos también más exigentes con la eficacia en ese gasto. Reclamaríamos al político que nos rindiera cuentas como buen administrador de nuestros fondos.

Es cierto que la clase política se ha desprestigiado por sus propios méritos, pero deberíamos reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como votantes. De no hacerlo seremos cómplices de esa especie de alianza siniestra entre el político populista y demagogo y el electorado simplón, que no quiere ni ver, ni escuchar, ni hablar. Si no lo hacemos va a ser cierta la expresión gitana de ¡tenemos lo que sus merecéis!