Cualquiera que sea la actuación ciudadana por desarrollar, de uno u otro modo se halla regulada y en su caso intervenida por el poder público. No resulta fácil citar algún caso de acto humano que carezca de relevancia pública y en consecuencia, no deba conocer de él por alguna razón la Administración. También los particulares son frecuentemente afectados por actos y decisiones de aquella, sin proponérselo.
Esta cita está tomada del “Manual de Responsabilidad Pública”, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado (página 299).
Por mucho que el párrafo transcrito parezca exagerado –acercándonos peligrosamente a ese universo Orwelliano del Gran Hermano que todo lo vigila- lo cierto es que, efectivamente, restan pocos espacios de la vida humana no intervenidos.
El conocido empresario Elon Musk apuntaba en una entrevista que, a su juicio, una de las razones por las que el sector de la electrónica había progresado tan rápidamente en los últimos años frente a otros, como por ejemplo el farmacéutico, era que mientras aquel estaba prácticamente desregulado, este estaba sometido a una intensa normativa y a rígidos controles administrativos.
No cabe duda de que el desarrollo del ser humano requiere de un espacio de libertad lo más amplio posible donde ejercitar su inteligencia a través de la prueba, el error y el fracaso, que lo impulsen hacia una nueva invención. En este sentido, un marco normativo excesivamente denso y una intervención administrativa demasiado invasiva tienden a la asfixia de aquella parte más esencial del ser humano, como es la capacidad de imaginar y soñar un mundo distinto.
Es cierto que, en el estado de desarrollo en que se encuentra la humanidad, en el que, sin la imposición coactiva de normas de convivencia, estaríamos sometidos a la ley ancestral del más fuerte, son precisas leyes y estructuras estatales que traten de garantizar una cierta justicia y la protección del débil. El cumplimiento de estos y otros objetivos requiere de un legislador sensato y de un aparato estatal eficaz que garantice e imponga el orden racional diseñado por aquel.
Sin embargo, la legitimidad de tales fines ha supuesto que se haya ido estirando progresivamente y hasta límites insospechados la intervención normativa y estatal en nuestras vidas; resultando hoy cierta la afirmación de que prácticamente no hay ningún acto humano no fiscalizado por los poderes públicos. Y a esta situación hemos llegado a través de la propia demanda ciudadana de más Estado o, al menos, con el tácito asentimiento de una ciudadanía confusa.
Ciertamente, en muchas zonas del mundo podríamos convenir en que les vendría de perlas un marco normativo claro, que reconociera derechos y obligaciones, e instituciones serias que los garantizaran. Por poner un ejemplo esta sería una reivindicación muy razonable en muchos países africanos.
Sin embargo, en los países europeos, a lo que nos han llevado esa reivindicación es a normativas excesivamente tupidas, complicadas e inabarcables, que hacen imposible entenderlas o saber, en cada ámbito, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto nos hace vivir en una continua actitud de miedo hacia una infracción que no sabemos si podemos estar cometiendo y a recibir la correspondiente sanción. Esta situación provoca que inconscientemente estemos más pendientes de no infringir unas normas inabarcables, que de imaginar, crear y evolucionar como seres humanos.
No parece, por tanto, que en las sociedades occidentales dispongamos de ese marco normativo claro que reivindicamos para países que consideramos subdesarrollados.
Prácticamente todo el “mundo desarrollado” tiene problemas con Estados desenfrenados que se meten a regular donde nadie les llama, pero en España la cosa llega a unos niveles realmente grotescos. En el primer nivel normativo tenemos a una Unión Europea que cada vez tiende a regular sobre más cuestiones, dictando normas de aplicación directa publicadas en un Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) que pocos leen. Esta ya es una normativa difícil de abarcar incluso para los profesionales del Derecho. Internamente, nuestra Constitución ha legitimado un tejido regulador denso y difícilmente descifrable. Para la mayoría de las materias, al Estado le corresponde legislar sobre lo que considera básico o nuclear, de forma que se garantice una mínima unidad nacional, publicándose sus normas en un Boletín Oficial del Estado (BOE) absolutamente congestionado. Por su parte, las Comunidades, respetando lo básico, pueden dictar normas de desarrollo para articular “políticas propias” autonómicas; publicitándose sus normas a través de los respectivos Diarios de cada Comunidad. La mayoría de los conflictos que tienen desbordado al Tribunal Constitucional consisten en peleas entre el Estado y las Comunidades sobre si esto o aquello es básico, sobre si el Estado ha regulado demasiado y ha invadido competencias autonómicas o sobre si estas han respetado las bases estatales. Precioso.
Después de que el Estado y las 17 Comunidades hayan regulado, le toca el turno a los más de 8000 Ayuntamientos que tenemos en España. Dentro del marco comunitario, estatal y autonómico, también ellos tienen derecho a establecer políticas propias y a decirnos lo que podemos y no podemos hacer, publicándose sus normas en los correspondientes Boletines municipales (como, por ejemplo, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid o BOAM). ¿Alguien se cree que un ciudadano que tenga la osadía de imaginar un nuevo negocio, invención o arte puede estar pendiente de tanta ocurrencia política y administrativa?
En este contexto ¿puede realmente seguirse afirmando que seamos realmente libres, por mucho que nuestra Constitución proclame la libertad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico? ¿No consistía la libertad en poder ordenar nuestras vidas según nuestra propia razón con el límite de no interferir en la misma libertad del otro?
Por otro lado, viviendo con ese miedo a tropezar permanentemente con una espesa normativa inescrutable ¿no es lógico que estemos creando un mundo en el que hasta los niños sueñan con ser funcionarios o pensionistas? ¿Quién va soñar con emprender, inventar o imaginar en una sociedad tan encorsetada por un tejido normativo tan rígido e impenetrable?
¿No eran los modernos Estados nación un intento de establecer sociedades ordenadas bajo el imperio de la Diosa Razón? Realmente ¿puede considerarse racional que nuestras vidas estén reguladas por políticos de más de 8000 entidades dispuestas a decirnos lo que podemos o no podemos hacer o que sus normas debamos buscarlas en los boletines más diversos? Sí, ya sé que el ciudadano de Madrid no está sujeto a lo que regulen las Comunidades o Ayuntamientos vecinos, pero, salvo que quieras quedarte dentro de las fronteras de tu municipio, en cuanto te muevas, vas a tener que estar pendiente de lo que rige en las tierras vecinas o te arriesgas a la correspondiente sanción. ¿Interesa fomentar ese inmovilismo provinciano?
Obviamente, surge inmediatamente la siguiente pregunta: si esta situación vuelve locos a los profesionales del Derecho ¿cómo debe estar afectando al ciudadano de a pie que se ve literalmente rodeado de fuerzas extrañas que ni conoce ni entiende?
Es evidente que un orden social verdaderamente racional exigiría limitar considerablemente el número de autoridades con poder para dictar normas jurídicas. Igualmente resulta imprescindible clarificar, simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico, de forma que no sea un jeroglífico imposible incluso para quienes pongan su voluntad en tratar de entenderlo. Estos son objetivos perfectamente realizables y que supondrían aumentar considerablemente las posibilidades de evolución intelectual del ser humano, a través de un ejercicio responsable de su propia libertad.
Sí, Isaac, un número excesivo de normas jurídicas y administrativas. Y también un aparato legislativo y administrativo enorme para crear normas y otro aparato judicial y administrativo enorme para aplicarlas. Aunque se siguen dictando normas que entretienen a abogados, burócratas y otros, su aplicación por funcionarios y su cumplimiento por los ciudadanos siguen siendo errática y arbitraria, y por lo tanto fuentes de incertidumbre y corrupción.
Esa situación, sin duda, está relacionada con las deficiencias graves de la institucionalidad de la política y el gobierno en las democracias constitucionales. Digo relacionada porque en parte es consecuencia de algunas deficiencias pero también es causa de otras deficiencias. Pero seguimos sin tener claro primero cómo hemos llegado aquí, y segundo cómo se puede contener a las fuerzas que presionan para que siga creciendo y ojalá para revertirla.
Un ejemplo de aplicación y cumplimiento errático y arbitrario en esta columna publicada hoy en El Mercurio de Santiago de Chile
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/04/23/50537/Religion-democratica.aspx
Nota. Para quienes vivimos en Chile, un motivo adicional para reírnos de lo sucedido a Javiera Parada es que su movimiento Revolución Democrática es muy pequeño y ahora ha entrado en la nueva coalición del Frente Amplio que agrupa movimientos de jóvenes, «muy izquierdistas». Con suerte, en la elección presidencial de noviembre esta coalición sacará un 10% de los votos.
Y otro ejemplo lo encontramos en esta columna
http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/la-juez-alaya-y-la-eterna-nostalgia-de-la-ley-82076/
Lo llaman «diarrea normativa» en los ámbitos jurídicos pero, curiosamente, no se denuncia más allá de los comentarios en redes sociales. Nuestra libertad de acertar o equivocarnos ha sido sustraída en unos casos y delegada en los más por comodidad (la responsabilidad transferida) y resignación. El que nadie quiera mojarse política y socialmente es una muestra de cómo hemos entregado o se han apropiado de nuestra soberanía personal.
Hace tiempo que el llamado «estado de Derecho» ha perdido su sentido de servicio público para sustituirlo por una forma de sometimiento de los administrados a sus administradores. Por eso se confunden (intencionadamente) los términos «administración» y «gobierno» con «estado». «¡El Estado soy yo!» decía Luis XIV en la época del absolutismo monárquico. Ahora el Estado se cree que es sólo el mundo de las administraciones públicas y la política y pocos o escasos académicos o juristas, pocas o escasas instituciones públicas intentan corregir este craso error.
Lo hemos dicho muchas veces, no sólo por haber participado en la llamada «transición» sino también porque la deriva errática de la organización del Estado se nos ha ido de las manos a partir de un texto constitucional con sus virtudes iniciales, pero también con sus muchas sombras posteriores. De ahí la absoluta necesidad de reescribirlo de nuevo. Más tarde pocas y muy claras leyes de desarrollo que derogaran la mayor parte del producto «diarreico» y, sobre todo, tener muy claro que es y qué va a ser esa UE a cuyas directivas debemos someternos aunque no se cumplan o se reinterpreten a conveniencia. Eso nos llevaría finalmente a la consolidación del proyecto europeo con una sola constitución, un sólo parlamento, un solo gobierno y una sola jurisdicción. Lo que no es admisible jurídicamente es el caos en que nos movemos convertidos en simples súbditos de un absolutismo que se llama a sí mismo «democrático» Un saludo.
O’farrill, se trata de un fenómeno común a todas las democracias constitucionales y las diferencias entre países me parece se debe a diferencias en el punto de partido que se tome para la comparación.
Respecto a escribir una nueva constitución y nuevas leyes que simplifiquen lo existente, considero que la probabilidad de hacerlo –y en particular de hacerlo de acuerdo con los principios básicos de una democracia constitucional– es muy baja. Además, cualquiera sea el resultado de la segunda vuelta en Francia, el proyecto de la UE ya es historia y ahora sólo queda ver cómo y cuán larga será su agonía.
Por último, no calificaría a la nueva situación como «absolutismo» porque el conjunto de normas jurídicas y administrativas de cada país no responde a un criterio o a unos pocos criterios. Ese conjunto es el resultado «caótico» de intentos muy variados para controlar y guiar la acción individual y en particular las interacciones sociales. Cualquiera que haya estudiado «las fuentes del Derecho» como se estudiaba hace más de 50 años jamás podría encontrar una «lógica» a ese conjunto.
¿Qué consecuencias tendrán los cambios políticos que estamos observando en varios países para la «producción» de más normas jurídicas y administrativas y para su aplicación y cumplimiento? No hay nada que haga presumir que serán buenas. Por más que uno denuncie las horribles experiencias de un Obama o de un Zapatero o de un Rajoy o de una Bachelet o del grotesco Holland, los nuevos gobiernos se verán forzados a «producir» más para «atenuar» los efectos de las existentes y también para conseguir cualquier cosa nueva que deseen, y también se verán enfrentados a grandes desafíos para cambiar las prioridades en aplicación y cumplimiento porque tendrán muchos problemas para cambiar jueces y burócratas. Lo mismo pasa con las finanzas públicas: dada las grandes dificultades para reducir el enorme gasto público para alimentar ejércitos de parásitos y pagar favores a cómplices y financistas de las campañas, los nuevos gobernantes tendrán que aumentar el gasto para conseguir algo de lo que quieren, pero como la deuda pública es altísima (excepto en Chile, pero ojo que no hay mucho margen para endeudamiento) habría que aumentar impuestos.
El artículo de Isaac reabre un mundo y nos planta de lleno en lo sistémico.
Es decir, en las cuestiones que suceden no por un acto concreto de una voluntad sino por un mecanismo diseñado previamente y que adquiere vida propia por así decirlo.
El asunto es bien conocido en el mundo de la ingeniería –en general– porque todos los sistemas necesitan «controles» y «automatización» de los mismos por lo que sus efectos están bien estudiados pero muy poco difundidos en las ciencias sociales.
Hay unas pocas reglas cibernéticas muy importantes sobre las que nunca se habla.
1. La Ley de Ashby.
Más o menos dice que el Controlador debe poseer al menos un Grado más de Diversidad (libertad) que el Controlado.
Tiene muchísimas implicaciones prácticas. Por ejemplo la frase con la que Isaac arranca el artículo es una de ellas.
Otra conclusión de esta Ley es que, como los Controles son Carísimos, un sistema complejo pronto se hace Ineficiente. Es decir, los Costes de sus Controles pronto exceden a los de su Producción Real y el sistema entra en Rendimientos Negativos.
Como consecuencia de lo anterior, al Controlador le queda la Opción de Reducir los Grados de Libertad del Controlado. Esto es lo que sucede hoy comparado con cualquier momento previo. Seguro que todos reconocemos los dos corolarios de Ashby en lo que nos sucede.
2. El principio director del diseño de sistemas de Stafford Beer: «Los Objetivos reales de un sistema se infieren de sus Resultados». Tremendo. ¿A que sí?
Realmente con estos dos personajes in mente se entienden las cosas muy bien. Si las pensamos despacio, claro.
Pero no se divulgan porque no son intuitivas y atacan directamente a la principal exigencia de nuestras actuales modalidades de Poder Social: El Control Total.
Saludos
Hola Manu, hace ya mucho tiempo que las promesas de Cybernetics and Systems Research o sea CSR (ver http://www.linkgroup.hu/docs/13Systems.pdf ) dejaron de ser atractivas. Y dejaron de serlo porque poco o nada aportó como complemento a las ciencias, en particular a las ciencias sociales. En el análisis económico, los intentos de los años 60 se terminaron pronto porque precisamente sólo servían como instrumento de control, algo que la disciplina rechazaba luego del largo debate iniciado en los años 30 (la historia personal de Oskar Lange –de académico en EEUU a ministro de Polonia comunista– recuerda ese debate).
Lo más gracioso es que habiendo yo llegado por primera vez a Chile durante la presidencia de Allende nunca supe del «programa secreto» para que Stafford Beer lo ayudara en construir un sistema que le permitiría gestionar y controlar la economía. Me enteré años después de la caída de Allende. La historia de este cuento se puede leer en https://mitpress.mit.edu/books/cybernetic-revolutionaries (sí, lo publicó MIT Press) y la autora trata de mezclar los cambios políticos con el cambio tecnológico, pero seguro que se equivoca en lo que dice sobre política y economía y probablemente también sobre el proyecto de Stafford Beer.
Sí, le puedo asegurar que en los años 70 muchos pensamos que CSR podía aportar algo al análisis económico, pero nos equivocamos. Quizás una comparación con los Living Systems de James Grier Miller le permitiría entender las limitaciones de CSR para las ciencias sociales, aunque es un ejercicio que toma mucho tiempo.
Pero yendo al tema del post, y conociendo algo de lo que se llama «las fuentes del derecho» no me extraña que quienes se han dedicado a su estudio poco o nada se interesen por CSR. Su enfoque es histórico, es decir, centrado en la recolección y procesamiento de evidencia sobre la existencia de normas jurídicas. Si uno quiere explicar cómo se originaron normas específicas y cómo su contenido se va adaptando a nuevas situaciones, ese enfoque no es suficiente. Dado el grado de abstracción de CSR no veo cómo puede relacionarse con ese análisis de «las fuentes del derecho».
Terrible artículo.
Si le añadimos todo el jugo (información particular puesta en las manos del gran hermano) que se puede extraer de las denominadas redes sociales, pasado por los deliririos totalitarios de los abogados de estado cómo para echarse a temblar.
Respecto a la interesantísima observación de Manu y sobre si sus reglas de los sitemas son aplicables a ese monstruo..
Los sistemas antes o después son validables por la realidad.
La realidad es que antes o después tendremos 500 millones de seres entrando sin llamar en Uropa que se van partir de risa ante cualquier razonamiento legal que les haga un abogado del estado.
un cordial saludo