Guerra contra el terror

A unos días de los salvajes atentados del aeropuerto de Bruselas, y de los no tan cercanos pero igual de salvajes atentados de Lahore, o los que se producen casi cada día en Irak, se alzan las voces en todo occidente para responder de forma contundente ante la barbarie.

La pregunta del millón, naturalmente, es cómo hacerlo sin coartar por el camino las libertades civiles, sin renunciar a aquello que nos hace ser “civilizados” y sin dar alas a los terroristas ofreciéndoles con nuestras acciones una justificación para las suyas. Parece evidente que encender velas en los lugares donde cayeron las víctimas, darnos las manos en corros en las plazas de los pueblos y guardar minutos de silencio en los estadios de futbol no van a amilanar a los terroristas, pero tampoco parece que derrocar dictadores a los que antes apoyábamos e invadir países en el más puro estilo Bush tenga demasiado efecto.

Una vez más hay que elegir y contestar a varias cuestiones: ¿estamos dispuestos a ceder parte (a veces mucha) de nuestra libertad a cambio de un aumento (o de la ilusión de un aumento) de nuestra seguridad? ¿Estamos dispuestos a obviar el derecho internacional que mantiene en el poder a regímenes que patrocinan el terrorismo, como alguna de las monarquías del Golfo, por ejemplo?¿Es ético invadir estos países para cambiar sus gobiernos, sobre todo sabiendo lo que pasa cada vez que se derroca un dictador en regiones tan convulsas?¿Tiene sentido gastar los 34 mil dólares que cuesta cada bomba “inteligente” –de las que por cierto se están acabando las existencias en occidente- en bombardear al Estado Islámico en Siria?¿Es ético hacerlo sabiendo que de vez en cuando una de esas bombas de 34 mil dólares acierta de lleno en un hospital?

Muchas preguntas de difícil respuesta y aunque no es nuevo enfrentarse a estas cuestiones, ahora, como cuando Aníbal sitiaba Roma y el Senado decidía dar a un Cónsul los plenos poderes de dictador, la Sociedad, enfrentada a un peligro externo, se encuentra ante una difícil disyuntiva, no solo teniendo que ponderar Seguridad frente a Libertad, sino teniendo que ponderar hasta dónde hay que llegar para defender nuestro modelo: ¿Hasta dónde debe ejercitar el Estado el monopolio de la violencia que le caracteriza para garantizar los logros de nuestra sociedad? ¿Debe hacerlo aunque, como en una extraña paradoja propia de la física cuántica, para defender el modelo se vea obligada a llevar a cabo acciones que le alejen de ese modelo?

Pongo un ejemplo: la detención incomunicada en España se consideró por Naciones Unidas como contraria a los derechos humanos. España, con diferentes Gobiernos, la mantuvo porque era eficacísima en la lucha antiterrorista. Se consiguió mucha información decisiva durante el período de incomunicación y posiblemente se evitaron muchos nuevos atentados.

Parece claro que contra el terrorismo hay que luchar con violencia, porque son ellos o nosotros, y cuando se trata de sobrevivir hay que pelear con todo lo que se tiene. No obstante, en un momento en que una gran parte de la población parece estar de acuerdo en que la “mano dura” contra los terroristas es necesaria conviene también recordar que primar las políticas que dan demasiado poder al Poder puede ser contraproducente, y que las guerras, cualquier guerra, más allá de los daños colaterales, tienen efectos secundarios que, en segundas y terceras derivadas, pueden ser más perniciosos de los que se pretenden erradicar.

Para mí, un claro ejemplo, aunque solo sea porque hemos tenido más tiempo para ver sus nocivos efectos y sus escasos resultados, más revelador aún que la invasión de Irak o Afganistán, las primaveras árabes o el fin de Gadafi, más incluso que el carajál que hay montado en Siria, es el de la Guerra contra las drogas que declararon los Estados Unidos a finales de la década de los 70.

Los Estados Unidos, con el 5% de la población del planeta mantienen en la cárcel a 2,3 millones de criminales, la mitad de los que hay en las cárceles del mundo entero. En 1980 había en EE.UU. 40.000 personas presas por delitos relacionados con las drogas, hoy hay más de 500.000. Muchos de los que no están encarcelados por delitos directamente relacionados con las drogas estaban bajo los efectos de estas o del alcohol cuando cometieron los delitos por los que les condenaron.

Desde que se lanzó la cruzada contra los estupefacientes se han invertido centenares de miles de millones de dólares en luchar contra la droga, han muerto miles de personas y sin embargo la droga cada vez es más fácil de conseguir en cualquier ciudad de occidente. Para más inri, debido al curioso sistema sanitario que tienen los norteamericanos, un drogadicto americano que quiera abandonar las drogas generalmente no podrá pagarse el tratamiento, y el Estado no lo hará por él: prefiere invertir el dinero en encerrarle en una prisión cuando cometa un delito para conseguir su dosis o en pagar un cargamento de un pesticida altamente tóxico para fumigar algún campo de coca en Bolivia o Colombia.

Las guerras mueven enormes interese económicos, y la guerra contra la droga es un caso evidente de cómo, si se aplica una estrategia inadecuada sin pensar en todas las posibles consecuencias, los que intentan acabar con ellos se convierten en los principales valedores de aquellos a los que intentan combatir. Puede acabar ocurriendo con los terroristas -ya pasa en algunas naciones, incluso en el seno de ciertos barrios europeos- lo que ha pasado con los narcos: los narcotraficantes ganan dinero y son poderosos simplemente porque hay una guerra desatada contra ellos.

Lo que los impulsores de la Guerra contra la Droga no consiguen llegar a comprender es que con los miles de millones de dólares invertidos en medios policiales, cárceles para meter a los delincuentes y apoyo a gobiernos de dudosa legalidad lo único que se consigue es que la droga sea más difícil de mover, lo que provoca artificialmente un monopolio y hace ricos a los jefes de los cárteles; pongamos el caso de Méjico, por ejemplo: si no fuese por la presión que el Gobierno Norteamericano ejerce en la frontera para luchar contra el tráfico ilegal de estupefacientes, cualquiera con un camión viejo o una barca agujereada podría transportar drogas desde al otro lado de la frontera y entonces, con tanta competencia, en un mercado abierto, el precio no compensaría el esfuerzo.

La droga crece, literalmente, de los árboles, pero tal como están las cosas, un narcotraficante mejicano tiene que comprar a un montón de policías y crear una logística brutal para proteger los alijos que incluye sobornar a jueces y políticos. Gracias a las dificultades que pone la Ley hacen falta millones de dólares para mover las drogas y solo pueden hacerlo grandes organizaciones, que actúan como monopolio o cartel (un cartel consiste en que un grupo de productores con una cuota de mercado significativa pacta precios para comportarse como un monopolio). Con el agravante de que en este mundillo la gente está dispuesta a matar para conservar su posición de poder. Antes de la Guerra contra las Drogas solo había pequeños cultivadores y traficantes. No había Pablos Escobares ni Chapos Guzmán bañando países en sangre.

No quiero decir que el Estado Islámico opere en régimen monopolístico (desgraciadamente hay más grupos terroristas) por alguna externalidad de la legislación internacional antiterrorista, pero lo que sí que es cierto es que se ha convertido en un referente para aquellos que ven la forma de vida occidental como algo demoníaco, y parte de la culpa de ello pueden ser las consecuencias de ciertas políticas llevadas a cabo en los últimos años.

Antes del 11-S Al Queda parecía el epítome de organización terrorista, ahora, después de años de guerras con la excusa de acabar con ellos, lo que queda de la organización de Bin Laden se ha convertido en un problema menor ante la magnitud del salvajismo y del fanatismo del Estado Islámico, una organización que es un producto directo de la cruzada emprendida por Bush para vengar el ataque a las Torres Gemelas.

Por eso, antes de poner en marcha una legislación como la que prepara occidente que prime (aún más) la seguridad frente a la libertad, hay que analizar exhaustivamente cuáles pueden ser las consecuencias, potencialmente devastadoras, de esa legislación.

Es lógico clamar por venganza, pero tenemos que tener cuidado de que las medidas que tomemos en la Guerra contra el Terror no acaben generando algo peor que el Estado Islámico; o que los gobiernos de occidente, armados con una nueva legislación mucho más “contundente”, no acaben convirtiéndose en estados policiales.