Indultos

Trump muere matando; matando a la Justicia. El indulto al padre de su yerno -¡Vaya familia!- a contratistas condenados por la masacre de civiles en Iraq, y a otra veintena de corruptos, da una idea de la ausencia de ética y del enorme poder de un Jefe de Estado que no da explicaciones por sus actos.

Putin se asegura la inviolabilidad ante cualquier acusación futura de abuso de poder o de crímenes instigados por él o por sus secuaces.

Juan Carlos I se sintió a salvo para cometer sus tropelías, con la connivencia de los medios y de todas las instituciones del Estado.

Aquí el Gobierno pretende indultar –despreciando informes legales en contra- a quienes se saltaron la Ley proclamando unilateralmente la República catalana,

tras haber declarado repetidamente su intención de volver a hacerlo. Y no sólo desprecian el indulto –pero, oh cinismo, permiten que alguien lo pida en su nombre-, que implica la asunción del delito y, de ser aprobado, el perdón de la pena, sino que exigen la amnistía, que supone el perdón del delito. Con el indulto sales de la cárcel, pero sigues teniendo un pasado de delincuente; si te amnistían, pelillos a la mar, no has cometido actos censurables.

Ha habido otros indultos cuestionados, como los dos tercios de la pena que concedió el presidente Aznar a la cúpula socialista del Ministerio del Interior, condenados por el saqueo de los fondos reservados y la creación de los Gal, aunque Felipe González, presidente del Gobierno durante los hechos, exigía el indulto total.

En los máximos niveles del sistema judicial –Fiscalía, CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional- muchos de sus miembros responden básicamente ante los políticos, que son quienes mayoritariamente los nombran y los ascienden. Por eso, todos los partidos pugnan por colocar en lo más altos cargos a gentes de su cuerda, para asegurarse en lo posible una futura impunidad, ya que todos ellos saben que en un momento u otro han burlado la Ley, generalmente por dinero.

Pueden darse casos de honesta rebeldía frente a presiones políticas de jueces que desempeñan su labor bajo el foco mediático, pero dependiendo del color del Gobierno, sus carreras se verán congeladas o catapultadas. Y no escasean los ejemplos en los que un juez demora años la instrucción de una causa por motivos ideológicos o por prevaricación, que viene a ser lo mismo, facilitando que algunos delitos prescriban antes de ser juzgados.

Mueve a perplejidad que asociaciones y miembros de la Judicatura se alineen en bandos “progresistas” o “conservadores”, como si las leyes pudieran interpretarse en función de la ideología, en cuyo caso, están contaminadas, dejan margen al engaño, y un golpe de Estado queda convertido por arte de birlibirloque en mera “ensoñación” de los perpetradores.

Se ha repetido que una justicia lenta no es justicia porque una espada de Damocles pende sobre el que espera juicio y veredicto, condicionando su vida.  

Un ciudadano roba alimentos, y tras varios años, se le comunica que debe ingresar en prisión, para penar por su hambre. Si hubiera sido un banquero, le habrían aplicado la doctrina Botín o González, y habría quedado libre.

El Gobierno actual es un yonqui de los decretos; un entusiasta de la promulgación de nuevas leyes con aplicación retroactiva; de la modificación interesada de aquéllas que implican delitos de rebelión o sedición, acompañadas o no de violencia, de malversación de caudales públicos, etcétera.

Los políticos, y en especial los integrantes del Ejecutivo, tratan de invadir todas las áreas y competencias del Estado, en la senda de la escalofriante predicción que hiciera Alfonso Guerra, cuando dijo sin pestañear tras ganar los socialistas sus primeras elecciones: “Montesquieu ha muerto”, es decir, la separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, base inexcusable de un sistema democrático.

Parece ser que es a lo que venían, y el tiempo lo ha confirmado. ¿De qué nos extrañamos?