En las décadas centrales del siglo XVII se produjo un fuerte enfriamiento conocido como la pequeña era glacial, que provocó hambre, enfermedades y guerras.
En España ocasionó una grave recesión económica que, unida a la agotadora Guerra de los Treinta Años y al proyecto del conde-duque de Olivares de la Unión de Armas -que pretendía que Aragón y Portugal contribuyeran a los gastos militares de forma equivalente a como lo hacía Castilla- desencadenó la conocida Guerra de los Segadores. El 7 de junio de 1640, fiesta del Corpus, los segadores entraron en Barcelona sembrando el caos, amenazando con sus hoces a los funcionarios reales y asesinando al virrey. El 17 de enero de 1641 la Generalidad, comandada por el clérigo Pau Claris, proclamó la República de Cataluña. Ante la inminente llegada de las tropas de Felipe IV, Claris se acogió a la protección de Francia nombrando conde de Barcelona a Luis XIII.
Tras años de guerra y decepcionados los catalanes por el centralismo de Francia, Cataluña volvería a España en 1652. La guerra devastó y desmembró al Principado. En el camino se quedó la llamada Cataluña del norte, que Francia se anexionó, suprimiendo los fueros y reprimiendo el uso del catalán.
¿No resulta familiar eso de que las crisis económicas unidas a los agravios fiscales dan alas a las declaraciones de independencia?
Tampoco cambia el interés de internacionalizar el conflicto. Entonces acogiéndose al paraguas del rey de Francia. Ahora al de Europa.
Volviendo a nuestros días, desde que el separatismo catalán emprendió la vía unilateral, la idea era dar la principal batalla jurídica y política en los foros internacionales. Y en esa batalla tenía especial relevancia desprestigiar la calidad democrática de España fundamentalmente a través de dos medios: artículos teledirigidos y continuas intervenciones en medios extranjeros que fuesen generando un caldo de cultivo en la opinión pública de países estratégicos. Lo cual está funcionándoles sin la oposición de nuestros servicios exteriores.
Y, en segundo lugar, conseguir resoluciones de tribunales o comités de defensa de derechos humanos que declararan que, en cualquier cuestión puntual del procés, España se había excedido y había vulnerado derechos fundamentales. Esta segunda pata de la estrategia, por ahora, les está saliendo rana.
Por supuesto, para desbaratar la estrategia separatista, es fundamental que España vaya ganando las pequeñas batallas jurídicas que se están y se seguirán planteando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En este sentido es una victoria sin paliativos la Decisión de 28 de mayo de 2019 del TEDH de inadmitir, por carecer manifiestamente de fundamento, la demanda planteada por los 76 diputados de Junts pel Sí y la CUP, entre los que se encontraba la ex presidenta del Parlamento catalán -Forcadell- y el expresidente de la Generalidad -Puigdemont-.
El caso que se planteaba ante el TEDH era el siguiente: la Ley catalana del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), preveía que si había más votos favorables, el resultado implicaba la independencia de Cataluña, que debía declararse por el Parlamento catalán en un plazo de 10 días. Celebrado el pseudo-referendo del 1 de octubre, inmediatamente se convocó una sesión del Parlamento para el 9 del mismo mes, con tal fin. 16 parlamentarios socialistas presentaron recurso de amparo ante el TC contra esa convocatoria pidiendo su suspensión inmediata. El 5 de octubre el TC suspendió el pleno convocado para el 9. Aun así, como sabemos, el 10 de octubre el presidente Puigdemot compareció ante el Parlamento para declarar la independencia de Cataluña, invitando inmediatamente al propio Parlamento –en una de las actuaciones más kafkianas que se recuerden- a suspender los efectos de esa declaración.
Ante el TEDH los diputados nacionalistas alegaban que la suspensión del pleno del Parlamento por el TC había vulnerado su libertad de expresión y su libertad de reunión y asociación.
En su respuesta es muy importante que el TEDH comience por destacar las conclusiones de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), que señalaba que las resoluciones del Tribunal Constitucional deben ser respetadas por todos y que ignorar una resolución de ese tribunal equivale a ignorar la propia Constitución y al poder constituyente, violando los principios del Estado de derecho. Un aviso a navegantes ya que desde 2015 la Generalidad se ha pasado por el arco del triunfo innumerables resoluciones del TC.
Respecto de la restricción por el TC de las libertades de expresión y reunión, el TEDH señala que la ley española atribuye al TC la facultad de adoptar cualquier medida cautelar y que la ley española responde a los requisitos de calidad y previsibilidad. También considera que la suspensión perseguía una finalidad legítima como era garantizar la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos de los diputados de la minoría.
Pero la cuestión más delicada para que fuese admisible la restricción era la de su necesidad en una sociedad democrática. Para la apreciación de tal necesidad el TEDH reconoce un margen reducido a los Estados, por lo que había cierto riesgo en la decisión del TC. Aun así el TEDH entiende que la suspensión era esencial para garantizar los derechos de los parlamentarios de la minoría y para evitar que se consumara una vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
Además, el TEDH recuerda que los partidos pueden hacer campaña a favor de una modificación de las estructuras jurídicas o constitucionales de un Estado pero siempre que los medios sean estrictamente legales y democráticos en todos los aspectos y que la modificación sea compatible con los principios democráticos fundamentales.
A pesar de los esfuerzos del separatismo, España sigue siendo un país respetado en los tribunales y organismos de protección de derechos humanos. De hecho, como comenté en este post es uno de los países que menos condenas tiene por el TEDH.
Pero la partida jurídica que está sobre la mesa con el independentismo catalán es compleja y era esencial ganar la primera batalla.
La llamada Cataluña Norte se perdió por la avaricia de la oligarquía catalana, algo que no ha cambiado más de tres siglos después. Querían que Castilla les defendiese el territorio, pero gratis sin poner ellos dinero ni soldados cuando estaba en juego su propio territorio. Luego vino la traición a Felipe V durante la guerra de sucesión, la proclamación de la República Catalana de Fransec Macià en 1931 y el golpe de Estado de Companys contra la II República en 1934. Lo triste es que viendo estos antecedentes, en 1978 la Constitución española le cediera tanto poder a la Generalidad de Cataluña (el mayor de toda su historia, más del que tenía antes de los decretos de nueva planta de 1714). Un error tremendo cederle la seguridad ciudadana y la enseñanza a esa oligarquía desleal y traidora desde hace siglos. Luego no es de extrañar lo que ha pasado con el procés.
Aunque da cierta pereza volver a insistir sobre todo el esperpento jurídico-político a que estamos asistiendo, resulta interesante señalar el carácter complejo del mismo -como hace el autor-, tanto por su desarrollo en el tiempo y sobre todo en la Transición y su contradicción constitucional.
No se trata de armarnos de paciencia y debates que no van más allá del momento, sino de una vez por todas enfrentar la situación desde la solidez del Estado. Mientras discutimos si son «galgos o podencos»continúa la actividad adoctrinadora y deconstructora de la nación española y el enfrentamiento entre los ciudadanos (cada vez más agrio).
De todos los posibles delitos que puedan imputarse a estos responsables públicos que en Cataluña, Pais Vasco, Baleares, Valencia, etc. vienen apoyando las tesis de fragmentación del Estado (desde la abierta independencia al federalismo) el más grave es haber vuelto de a las trincheras del enfrentamiento social subvencionado desde los presupuestos públicos, rompiendo el espíritu reconciliador inicial. Abrir heridas donde no las hay o están a punto de cicatrizar, romper sociedades que viven en paz y armonía y manipular las mentes desde el rencor, debería ser el pecado capital por excelencia en este caso.
Ya no se trata de que los estados de Derecho del mundo occidental estén viviendo su crisis más aguda, sino de que no seamos capaces de darnos cuenta de la intencionalidad oculta en todo ello.
Un saludo.