Kafka resucita en Cataluña

“La nación de Jumilla desea estar en paz con todas las naciones extranjeras y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si ésta se atreve a desconocer nuestra autonomía y a traspasar nuestras fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del 2 de mayo…, y no dejará en Murcia piedra sobre piedra”.

Jumilla es una ciudad del norte de la región de Murcia que hoy cuenta con unos 25.000 habitantes y es famosa por sus vinos. En 1873, con la anterior declaración, Jumilla culminó el esperpento en el que murió la breve primera República española. El cantonalismo llegó a tal nivel de despropósito que, por ejemplo, la ciudad de Cartagena se dirigió al Presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant, para solicitar la adhesión de la ciudad a la Unión.

Sin llegar a ese grado de locura, lo cierto es que en Cataluña se están viviendo tiempos bastante estrambóticos, que, con la perspectiva de los años, se contemplarán con cierto sonrojo. Tras la activación por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución, se oyen proclamas políticas que sorprenderían a alguien tan de vuelta de todo como el mismísimo Kafka.

Desde 2015, la Generalidad catalana se ha declarado en rebeldía a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a toda la legalidad que emana de esas dos normas institucionales. El Parlamento de Cataluña, en la resolución de 9/11/2015, que dio inicio al proceso de secesión, ordenó al Gobierno de la Generalidad -curiosa orden, dado que ese Gobierno controla con mano de hierro al Parlamento- que solo obedeciera las normas que emanaran de esa Asamblea autonómica, ignorando cualquier norma o resolución judicial del Estado, particularmente, las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Todo esto, que en cualquier lugar serio del mundo se entendería como un golpe a la democracia misma, dado que no hay democracia sin ley, los separatistas catalanes lo están vendiendo –con sorprendente éxito- como un ejercicio de democracia y libertad.

Hay que recordar que, en las elecciones autonómicas catalanas de 2015 que dieron lugar al actual Gobierno de la Generalidad, la suma de todos los separatistas (Junts Pel Si y la CUP) solo supuso el 47,8% de los votos y eso les dio para alcanzar 72 de los 135 escaños del Parlamento. También es importante recordar que los catalanes, en su norma de autogobierno, es decir, el Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado por ellos en referéndum, consideraron que esa mayoría ni siquiera bastaba para reformar el propio Estatuto, exigiéndose para ese fin una mayoría de 2/3 del Parlamento catalán (90 diputados). Si los catalanes consideraron necesaria tal mayoría para acordar una simple modificación del Estatuto de Autonomía ¿cómo es posible que 72 diputados se hayan arrogado la facultad de derogar la Constitución, su Estatuto de Autonomía y toda la legislación estatal y autonómica? ¿Cómo es posible que 72 diputados se hayan autoatribuido la potestad de situarse por encima del poder judicial, desobedeciendo las resoluciones de este? Y lo peor: ¿cómo puede ser que todo esto a algunos les parezca normal?

Estas aberraciones, que en cualquier Estado con una más sólida tradición democrática serían inconcebibles, resulta que han dado lugar a que los partidos políticos se hayan situado en un discurso del mundo al revés. Así, vemos al Presidente del Gobierno y al PSOE con una actitud poco firme en la exigencia del retorno a la legalidad y a la democracia. Oímos al populista Podemos afirmar que la aplicación del 155 de la Constitución es un ataque a la democracia y una ruptura de los pactos constitucionales de 1978. Y, en fin, los separatistas catalanes han llegado a decir que la aplicación del artículo 155 de la Constitución supone un golpe de Estado (sic) en esa Comunidad. Como si la aplicación de un artículo constitucional pudiera ser algo de eso.

Podíamos decir que los secesionistas catalanes o bien se han colocado premeditadamente fuera de la Constitución y de la ley, lo que les convierte en unos fuera de la ley; o bien pretenden situarse por encima de la Constitución, de la ley y del mismo poder judicial, lo que les tornaría en unos totalitarios que, como Franco, solo responden ante Dios y ante la historia.

No creamos que es exagerado hablar de totalitarismo. La teórica política Hannah Arendt caracteriza el totalitarismo por someter al Estado, entendido como organización política que garantiza los derechos individuales, a una idea superior que todo lo justifica, ya sea Religión, Raza, Nación… También por el desprecio del totalitario a los hechos, que son suplantados por falsedades solidificadas a través de la propaganda. El historiador John H. Elliott contaba estupefacto como un universitario catalán estaba empeñado en convencerle de que la Guerra Civil española había sido un conflicto de España contra Cataluña. Desprecio por los hechos. Al colocarse la Generalidad por encima de la Constitución, la ley y el poder judicial, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de Cataluña frente a ese Poder absoluto? Si un catalán ve vulnerados sus derechos por la Generalidad y reclama ante los tribunales para obtener justicia ¿qué garantías tiene de que ese autoproclamado Poder no sometido a nada vaya a respetar la decisión judicial? El sometimiento de los poderes públicos a la ley es la única garantía del ciudadano; de no ser así, pierde esa condición de ciudadano y queda reducido a súbdito sujeto al capricho del gobernante.

Estas cosas deberían estar claras para todos los que tenemos un mínimo respeto por la democracia, como forma de gobierno dentro de la ley. Y desde luego deberían tenerlo diáfano los tres partidos políticos que están defendiendo la Constitución, esto es, PP, PSOE y Ciudadanos, que, ante la gravedad de la situación, deberían, de una vez por todas, olvidarse de sus cálculos electorales y formar un Gobierno de concentración que haga frente a esta crisis constitucional, evitando que los últimos 40 años de estabilidad y prosperidad queden como un paréntesis en nuestra convulsa historia constitucional.

La vuelta a la ley es imprescindible y, en ese sentido, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21/10/2017 para aplicar el artículo 155 de la Constitución es un paso adelante. Sin embargo, su puesta en práctica deja dudas.

El acuerdo del Gobierno, que requiere de la previa aprobación por la mayoría absoluta del Senado, prevé el cese del Presidente y de todos los Consejeros del Gobierno de la Generalidad y su sustitución por “los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación”. A partir de ahí se dispone que toda la monumental estructura que constituye la Administración autonómica catalana actúe “bajo las directrices” de esos órganos estatales. Es decir, los órganos o autoridades estatales, de los que todavía nada sabemos, tienen que hacerse con el mando de los más de 170.000 funcionarios autonómicos. El Consejero de Exteriores de la Generalidad ya se ha apresurado a decir que los funcionarios catalanes no seguirán las órdenes de Madrid.

Además, el acuerdo de aplicación del artículo 155 se refiere específicamente a tres áreas de las competencias autonómicas que considera esenciales para restablecer el orden constitucional: la policía autonómica, la hacienda y las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación audiovisual. En estas tres áreas de actividad, el acuerdo reafirma que las competencias de la Generalidad se ejercerán por los órganos o autoridades que designe el Gobierno de la Nación.

La pregunta es: ¿cómo se consigue el control efectivo de una Administración autonómica si los funcionarios y el personal de la misma continúan con la actitud rebelde de los dirigentes destituidos? Poco importa que el Presidente y los Consejeros de la Generalidad cesados se atrincheren en sus despachos si, una vez dejen de cobrar del dinero público, la Administración no sigue sus instrucciones y cumple con las del Gobierno de la Nación. El Presidente y los Consejeros quedarían como simples bufones lanzando soflamas sin importancia.

Pero ¿qué ocurre si una parte relevante de la Administración catalana sigue las directrices del Gobierno cesado y otra parte acata las instrucciones de la autoridad estatal? El acuerdo del 155 prevé que los funcionarios rebeldes sean sometidos a procedimientos disciplinarios por incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales. Esta infracción se considera muy grave en el Estatuto del Empleado Público y puede llevar consigo la separación del servicio público o la suspensión de funciones de hasta 6 años. Pero la tramitación de cada procedimiento disciplinario lleva su tiempo (el plazo máximo para su resolución es de 6 meses). Puede que la tramitación de los primeros expedientes haga que la mayoría de los funcionarios decidan acatar la Constitución o puede que mantengan su resistencia. El riesgo de perder empleo y sueldo es un poderoso incentivo para respetar la legalidad.

En cualquier caso, la autoridad estatal va a aterrizar en una Administración autonómica moldeada durante años por los nacionalistas. Al principio va a tener difícil saber de quien se puede fiar y de quien no. Identificar a los colaboradores y a los rebeldes llevará su tiempo y más aún reunir los suficientes cargos contra quienes no sigan las instrucciones del Estado, instruir los correspondientes procedimientos e imponer eventuales sanciones. Es probable que la autoridad central tarde en aterrizar y le lleve tiempo y recursos dirigir efectivamente la Administración autonómica.

Sin embargo, el acuerdo de aplicación del 155 impone un plazo máximo de 6 meses, desde su aprobación por el Senado, para que el Presidente del Gobierno de la Nación convoque nuevas elecciones en Cataluña. Dependiendo de las resistencias, ese puede ser un plazo manifiestamente insuficiente para restablecer un orden constitucional tan dañado en la Comunidad catalana y para sacar a esta de la hipnosis en la que se encuentra bajo un Gobierno de tintes totalitarios. No obstante, el propio acuerdo prevé la posibilidad de adaptarse a las circunstancias que vayan surgiendo, lo que podría incluir la ampliación del plazo anterior, obteniendo la previa autorización del Senado.

En definitiva, una vez activado el 155 hay que llevarlo a buen puerto. De no ser así, la Constitución quedaría desprovista de su último mecanismo de defensa. Su aplicación puede chocar con dificultades múltiples difíciles de prever y resulta esencial que, para volver al Estado de Derecho, los partidos constitucionalistas se mantengan unidos durante todo el tiempo que requiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una vez activado el mecanismo excepcional no se puede fallar en su ejecución. Nos jugamos una democracia a la que nos ha costado Dios y ayuda llegar.