La reciente investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, tras el acuerdo alcanzado, sobre todo, entre el PSOE y Junts, el partido de Puigdemont, ex Presidente de Cataluña y actualmente prófugo de la justicia española, ha provocado unos niveles de indignación en la sociedad española como creo que no se recordaba desde hacía décadas.
Desde luego, motivos para la indignación hay de sobra. Para empezar, el texto de ese acuerdo parte de una explicación de lo sucedido en Cataluña en la que únicamente se recoge la versión del independentismo, plagada de sesgos y manipulaciones, con lo que la ausencia de otra versión distinta, reflejando el punto de vista del constitucionalismo, solo puede interpretarse como renuncia del PSOE a defender este punto de vista y quizás, por tanto, como debilidad frente a la posición de Junts.
Por otra parte, el texto conlleva un ataque a la independencia de los jueces, al asumir la posibilidad de que algunos de los que han llevado los procesos judiciales ante actuaciones independentistas lo hayan hecho movidos por intereses políticos (el famoso “lawfare”). No solo eso. Se habla de comisiones parlamentarias que podrían investigar la actuación de esos jueces y, si encontrasen fallos, a juicio de esas comisiones, pedirles “responsabilidades”. Es decir, que desde el Parlamento se juzguen, y en su caso sancionen, las actuaciones de determinados jueces. ¿Dónde queda la separación del poder judicial respecto del poder legislativo, básico en cualquier democracia?
Los que infringieron descaradamente las leyes y la Constitución ¿van a juzgar ahora, desde esas comisiones parlamentarias, a los jueces que protegieron el Estado de Derecho y el orden constitucional vigente (que, dicho sea de paso, en Cataluña fue aprobado por más del 90% de los catalanes)?
Se supone que si unos políticos actúan ilegalmente debe aplicárseles la ley, pero si estos son independentistas catalanes hacerlo ¿significa judicializar la política? ¿Qué ley “del embudo” es esta?
Se comprende, por supuesto, que mucha gente, de todo el arco parlamentario, se indigne al ver que los independentistas procesados por actuar contra las leyes y la propia Constitución puedan ser amnistiados, sin que por su parte haya el más mínimo compromiso de no volverlo hacer.
Cuando, en relación con la financiación de Cataluña, se lee en dicho texto que “el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera”, ¿de verdad se va a permitir que los ingresos fiscales generados en Cataluña a disposición de la Generalitat aumenten en relación con lo que venía siendo hasta ahora, en detrimento del resto de los españoles? ¿Se va a avanzar en sentido contrario a la solidaridad interterritorial? ¿Se van a reducir, por tanto, los ingresos fiscales disponibles para financiar las pensiones, el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad y todas esas políticas del Estado de Bienestar para el resto de los españoles?
Por no hablar de la sensación de tomadura de pelo que le quedará a buena parte de los españoles al ver cómo, tras las numerosas veces que Pedro Sánchez, y otros ministros y miembros del PSOE, han hecho declaraciones negando con rotundidad la viabilidad y la conveniencia de aplicar la amnistía a los independentistas catalanes, nos la justifican ahora como si fuera algo positivo para España. Si lo es ahora, ¿por qué no lo era antes? A poco que a los españoles les moleste que les tomen por imbéciles, hay razones de sobra para la indignación.
Tantas que me pregunto: ¿Cómo lo justifican los votantes socialistas?
Según el sondeo que publicaba hace unos días el diario.es, de tendencia izquierdista, un 38,7% de los que votaron al PSOE en las elecciones del 23 J no le votarían ahora si se repitieran las elecciones. Dato que coincide básicamente con el que da El Confidencial. No obstante, si lo extrapolamos a los resultados del 23 J, ese dato significa que, pese a todo lo dicho, casi 5 millones de españoles siguen prefiriendo a Sánchez. Y supongo que no es porque simpaticen con el independentismo catalán y menos aún con las maneras de Puigdemont. Entonces, ¿por qué es?
En mi opinión, hay dos razones por las que tantos españoles creen que lo acordado con Junts es un precio que a España le merece la pena pagar. La primera es evitar un Gobierno que incluya a Vox. Entiendo que, para muchos de ellos, Vox es una amenaza aún mayor que la que representan los líderes independentistas, con Puigdemont al frente, tratando de chantajear, un día sí y otro también, al gobierno de Sánchez, a la vez que reiteran una y otra vez su intención de repetir el intento de lograr la independencia, mientras se pasean impunemente por toda Cataluña. La segunda es considerar que un gobierno “de izquierdas” en España, también justifica el pacto con Junts porque, en su opinión, permitirá que se lleven a cabo políticas “más sociales” de las que se beneficiarán la mayoría de los españoles.
A esas dos razones se podría añadir una tercera: la de confiar que la amnistía contribuya a seguir reduciendo el peso electoral de los partidos independentistas, al eliminar el efecto psicológico que sobre una parte del electorado catalán pudiera tener el ver a los principales líderes independentistas en el exilio. Sin la aureola mística de estar siendo perseguidos por el Estado español, esos líderes quedarían sometidos, día a día, al escrutinio de sus propuestas por parte de los catalanes. De hecho, aunque obviamente todavía es pronto para ver por dónde se mueven las tendencias de fondo en Cataluña, el tercer barómetro del CEO, el CIS catalán, parece dar la razón a este optimismo.
En cualquier caso, tampoco debería sorprender a nadie que haya mucha gente que lo vea de una manera y mucha que lo vea de otra. Pero, llegados a este punto, a mí me ha llamado mucho la atención otra cuestión: el escasísimo debate interno que todo esto ha suscitado en el seno del PSOE.
¿Cómo se explica que, mientras casi el 40% de quienes votaron al PSOE el pasado 23 de julio considerara preferible ir a una repetición de las elecciones antes de conceder las amnistía a los independentistas (según publicaba el diario.es el 20 de octubre), solo dos miembros, de cerca de 300, expusieran sus discrepancias en la última reunión del Comité Federal, máximo órgano entre congresos? ¿Por qué, en esa reunión, no hubo un debate que reflejase la diversidad de opiniones que expresan sus propios votantes? ¿Porque todos (menos dos) piensan igual? ¿Porque, aunque no piensan igual, creen que no les conviene discrepar del líder del partido, aunque sea en una reunión a puerta cerrada? En definitiva, ¿qué ha pasado con la libertad de opinión dentro del PSOE ante esta controvertida decisión?
Por supuesto, no creo para nada que, ante una coyuntura similar, en el seno del PP las cosas hubieran discurrido de modo muy distinto.
Esta cuestión, sin embargo, nos lleva a otro punto:
Si bien es evidente que los dos grandes partidos son esenciales para sustentar la democracia española, en la medida que encarnan las opciones alternativas entre las que pueden elegir los españoles, paradójicamente su cultura y sus costumbres internas les configura como la anti-escuela, como lo contrario del lugar en donde deberían ejercitarse valores tan fundamentales para la democracia como son, entre otros, la libertad de pensamiento, de opinión y el nivel de participación en el debate.
Personalmente me consta que hay mucha gente en el PSOE inteligente, honesta y capaz de tener sus propias opiniones.
Pero, si en el PSOE de ahora (insisto, no creo que en el PP las cosas sean distintas), el proceso de elección de sus principales dirigentes, los que se reúnen en el Comité Federal, lleva a que éstos, ante una decisión tan delicada y controvertida como la del pacto con Junts, sean incapaces de debatir con libertad, respeto y altura de argumentos, habrá que preguntarse si en este partido (y en el otro) se están seleccionando y formando a los dirigentes políticos que de verdad van a mejorar la calidad de la democracia en España.
Estoy de acuerdo con todo lo que se dice en el artículo, pero tendremos que admitir que la democracia tiene esas cosas: que pueda gobernar legalmente quien no haya ganado las elecciones si, en cambio, es capaz de conseguir apoyos suficientes. Y eso lo tenemos que admitir, nos guste o no. Sobre la Ley de Amnistía, de momento los letrados de nuestro Parlamento no han visto mayores inconvenientes en cuanto a su constitucionalidad. Dejemos que se discuta y se enmiende y que nuestro Tribunal Constitucional se pronuncie. Después han de ser los jueces quienes la apliquen. Por lo tanto, podemos estar tranquilos.
¿Qué pasará? No lo podemos saber. Quizá sea un auténtico fracaso para el PSOE que no le permita levantar cabeza en años, se tengan que repetir elecciones y el PP consiga una mayoría suficiente y sepa aliarse con partidos moderados que le permitan gobernar sin la ayuda de Vox. Quizá se consiga que las ansias independentistas catalanas se calmen, que incluso se pueda celebrar un referéndum consultivo y no vinculante de acuerdo con la Constitución y que los catalanes voten mayoritariamente a favor de seguir formando parte de España. O por el contrario, el catalanismo independentista, a pesar de no ser mayoritario, siga en sus trece y prefiera no colaborar en la gobernabilidad de España. Quién sabe. Pero de momento, creo que sería mucho mejor mantener la calma, y esperar que nuestras leyes vayan poniendo a cada uno en su sitio. El actual Gobierno lo tiene más difícil que nunca. Mucho tendrían que cambiar los políticos catalanistas para ganarse la simpatía del resto de España y conseguir que ese anticatalanismo tan visceral diera paso a un reconocimiento del hecho diferencial catalán. Muy difícil, pero no imposible. Ojalá los ánimos se puedan ir calmando y vuelva a haber concordia entre todos los españoles. Ese es mi deseo y por lo tanto, ya que después de las elecciones, ha salido el Gobierno que ha salido, le deseo todo lo mejor.
Magnífico artículo. Muy bueno en todos los aspectos que plantea para entender esta decisión tan controvertida.
Yo me quedo, sin embargo, con lo último apuntado: si no se refuerza y ejercita -que es obvio que no se está haciendo- el debate interno, la diversidad, el enriquecimiento ideológico a través del encaje de diferentes puntos de vista y la libertad para poder exponer alto y claro, estamos creando cada vez más una sociedad basada en el temor, en la desconfianza y la intriga. Y esto es lo más alejado que pueda entenderse de lo que es una democracia participativa. Bajo el palio de la palabra «democracia» y «gobierno progresista» (nunca hubiera creído que PNV y Junts fueran partidos progresistas), se está construyendo un modelo hecho a la medida, personalizado, direccionado y cada vez más constreñido. Tristemente todo esto es ya muy conocido y sabemos en qué desemboca.
Enhorabuena por el artículo.
Las matemáticas son una ciencia exacta , es una afirmación que no admite discrepancias . Cuando se empieza a estudiar en el colegio la asignatura de matemáticas se empieza por las sumas , nos dicen que dos mas dos son cuatro y que esto es aplicable a unidades iguales a lo que se quiere sumar , por ejemplo , dos manzanas y dos manzanas son cuatro manzanas , no se puede afirmar lo mismo cuando decimos que dos manzanas y dos peras son cuatro ,no se puede sumar manzanas y peras , hay quien pueda afirmar que son cuatro piezas de fruta ,pero no es un resultado valido desde el punto de vista matemático , porque la fruta en este caso seria un factor X ,una incógnita que habría que resolver por no saber a que tipo de fruta nos referimos, no olvidemos que estamos tratando con números ( lo que viene a ser un problema ) Dicho esto que me parece obvio aunque no tengo mucha idea de matemáticas ni de otras ciencias. Veo un un problema en los políticos que nos gobiernan que no en la política y parece ser que es de tipo matemático en parte . Los políticos tiene un trabajo especifico y un contrato que firman con el pueblo cuando están en el gobierno que no es otro que acatar la la constitución y hacerla cumplir como norma primordial y la oposición tiene como trabajo vigilar que el gobierno cumpla con sus obligaciones . En las ultimas elecciones el gobierno actual no ha conseguido la suma necesaria para gobernar con mayoría y ha tenido que sumar a su partido político otros grupos políticos con los que ha tenido que firmar un contrato que es contrario al firmado y jurado ante el Rey y ante el pueblo español . Podría extenderme en explicar los conceptos de juramento y lo que es contrario a la ley ,pero para eso están los poderes del estado y su separación de poderes , y no diré nada mas ya que todo lo que escriba pude ser utilizado en mi contara .
Saludos
Empiezo por el artº 1.1 de la Constitución que «propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el PLURALISMO POLITICO».
Pues bien, la contjnua demonización de un partido político como es Vox, la simplona calificación de «ultra….» e incluso el tratamiento mediático de los medios de comunicación (bien engrasados al efecto), tiene más de propaganda totalitaria que de respeto al primer artículo constitucional que, en un alarde de contradicción, dice «España se constituye en un estado social y democrático» lo que sería contrario a un constituyente plural. Los que en su día estuvimos cerca de cómo se gestó el texto, sabemos de qué hablamos.
Hoy por hoy -y por desgracia- el citado «pluralismo» se reduce a unos intereses particulares regados con dinero para las «agendas» absurdas establecidas (todos excepto VOx) y quienes aún quieren mantener valores, principios y creencias ligados a su historia (que también se trata de anular). Los conceptos clásicos sólo sirven para distraer y manipular al personal, pero están rancios y aejnos a la realidad política y social.
Un saludo.
Hace tiempo que creo que la obsesión de Sánchez por controlar poderes del estado que no debiera controlar por diseño democrático es la prueba de que estamos en un proceso de Golpe de Estado de los que en términos militares se conocen como «grises» y, al menos en teoría, sin derramamiento de sangre.
Adaptado a nuestras circunstancias en España este proceso replica el de Chávez en Venezuela en lo referente a la ocupación y toma de control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Hace unos días uno de los nombrados, el ex ministro Campos, tuvo la delicadeza de autoexcluirse pero ni su presidente, Sr. Pumpido, ni otros nombramientos lo han hecho de momento.
Veremos porque lo que está pasando es gravísimo e impropio de la honestidad y lealtad que sustenta la verdadera legitimidad (Guglielmo Ferrero, 1942, «Poder, los genios invisibles de la ciudad» en Tecnos).
De momento el proyecto de Ley acaba de esquivar la valoración previa del Consejo de Estado y de otros órganos de control y asesoramiento amén de destituir de un día para otro al Letrado Mayor de las Cortes para a dedo nombrar a un peón de brega a su servicio que naturalmente hizo lo que de él se esperaba sin pedir la opinión de los letrados.
No voy a insistir en ello pero traigo un dictamen de cuatro juristas (Supremo, Constitucional,, Abogacía del Estado y Consejo de Estado).
El dictamen llama la atención sobre algo de lo que no se habla. El arículo 62.i de la CE 78 que otorga al Rey –y no al Congreso– la Prerrogativa de los actos de gracia (Indulto particular, indulto general y amnistía)., El texto que en su día fue editorial de El Debate es el siguiente.
Cita
El llamado «derecho de gracia», en el que se incluyen la amnistía y el indulto, no es competencia de las Cortes sino una prerrogativa real. Así se desprende del artículo 62 de la Constitución española, según el cual «Corresponde al Rey:… i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Constitución que reitera esta idea en otros lugares, como su artículo 87.3 sobre iniciativa legislativa popular, que dispone que «No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia», pues aquí diferencia y separa las leyes que cita (emanadas del Parlamento) de la prerrogativa de gracia (del Rey), no habla de posibles “leyes de gracia”; o su artículo 102.3 sobre responsabilidad criminal del Presidente y miembros del Gobierno, que establece que «La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo», como vemos este precepto habla claramente de una «prerrogativa real», que corresponde al Rey, a un Rey que no puede indultar a un Presidente de Gobierno. Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional que, por ejemplo, en Auto 278/1997, de 16 de julio, dice que «el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia, corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey».
El Rey ejerce tal prerrogativa real «con arreglo a la ley», dice el citado artículo 62. ¿Qué nos dice la ley acerca de la amnistía? La Constitución ni la menciona; el artículo 130 del Código Penal sobre «Causas que extinguen la responsabilidad criminal» tampoco la cita, a diferencia del anterior Código Penal de 1973, que en su art. 112 incluía entre estas causas de extinción de penas tanto el indulto como la amnistía, y establecía que esta «extingue por completo la pena y todos sus efectos»; y la ley aplicable para el indulto es la Ley de 18 de junio de 1870, sobre normas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero. De manera que actualmente el único derecho de gracia posible es el indulto el particular que concede el Rey por Real Decreto, refrendado naturalmente por el Ministro competente, según esta norma. La amnistía no es viable hoy día, y en ningún caso lo es para beneficiar a un prófugo de la justicia. Así se desprende del silencio de la Constitución y del Código Penal, de la prohibición en aquella de los indultos generales (la amnistía tiene efectos más beneficiosos aún), y del artículo 2 de la Ley de 18 de junio de 1870 citada, que exceptúa del indulto a los que «no hubieren sido condenados aún por sentencia firme» y a «los que no estuvieren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena».
Otro aspecto de la cuestión, no menos importante, es la de la finalidad de la amnistía y el indulto, los cuales, como vemos, históricamente son manifestaciones del derecho de gracia del Rey. Su fin natural es rehabilitar al condenado, corregir errores judiciales o templar el excesivo rigor de penas legalmente impuestas, la equidad. A pesar de eso de hecho la amnistía se ha utilizado muchas veces por simples razones coyunturales de política, incluso como un arma política. En la práctica el indulto general y la amnistía se han utilizado políticamente, sobre todo esta última, que normalmente supone ruptura o cambio de un régimen político (así las leyes de 23 de diciembre de 1939, tras la guerra civil, considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, y la menos amplia ley de 18 de octubre de 1977, sobre amnistía, en la transición a la democracia). Por estas razones, a la vista de la manipulación política a la que se prestan y de la ruptura política que suponen, con buen criterio nuestra Constitución y nuestras leyes han suprimido esta figura. Como dicen Muñoz Conde y García Arán en su Derecho Penal, «la Constitución de 1978 prohíbe los indultos generales y, por tanto, también la amnistía (art. 62 i), quedando como única institución del antiguo derecho de gracia el indulto particular regulado por Ley de 18 de junio de 1870, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero».
En cualquier caso es indudable una cosa: la finalidad de la amnistía no es otorgarla para obtener votos en una votación de investidura como Presidente del Gobierno. Eso es una desviación de poder, el uso de un poder público para fines distintos de los naturales previstos en el ordenamiento jurídico. Cambiar amnistía por votos en el Parlamento supone no sólo atribuirse funciones que no se tienen, no solo ignorar la finalidad de aquella, es una perversión del sistema democrático, de la democracia misma. Pues incluso el poder legislativo democráticamente elegido tiene sus límites, pues como ha dicho el Tribunal Constitucional «Las Cortes Generales, como titulares “de la potestad legislativa del Estado” (art. 66.e de la CE) pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites derivados de la propia Constitución» (STC 76/1983, de 5 de agosto). Los poderes públicos, todos, están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico y les está vedada la arbitrariedad, según dice la Constitución misma en su artículo 9. Y arbitrario es utilizar una potestad pública, legislativa o ejecutiva, para beneficio particular o de un determinado partido político. No hay que olvidar nunca que el poder político es del pueblo español, en él reside y lo transfiere a sus representantes políticos. Pero se lo transfiere para que hagan buen uso de él, no para que un partido o una coalición de partidos hagan cesiones y trapicheos post-electorales cambiando amnistía por votos para así conseguir el poder político, obtener la Presidencia del Gobierno y ocupar personal y programáticamente unos poderes del Estado que emanan del pueblo español, según nos dice la Constitución en su mismo inicio.
Fin de cita
Saludos.
Nota sobre el concepto de «guerras grises».
El padre del concepto hoy estudiado en todas las academias militares occidentales procede del general ruso Gerasimov. En España lo ha descrito el profesor Baqués coautor con Bartles de «Getting Gerasimov Right & «Grey Zones». Su antecedente histórico está en Antonio Gramsci y, más recientemente, en la obra de Laclau y Mouffe «Hegemonía y estrategia socialista».
Hace unos años,Vox en su inicios, Espinosa de los Monteros, escalera plegable y megáfono en mano, cuando ese día dijo a una periodista de la Cuatro que interrumpía su «charla» a la puerta del Icade … Cuatro no moleste … Eso era Vox en estado puro.
Ahora, con la entrada en el partido de el Yunque, grupo mexicano paramilitar, ultracatólico y de extrema derecha, que dice que hay que instaurar el reino de Cristo en la tierra y combatir a satanás, con el infame Buxadé y no menos infame Garriga del Opus Dei en cataluña … no hay más que rrascar. Se veía venir.
Abascal y su núcleo duro descabeza a todos los liberales del partido: Sánchez del Real, Rubén Manso, Espinosa de los Monteros y al ya defenestrado al que le han quitado los galones en el congreso Ortega Smith, que no entiendo por que sigue ahí, no se va y los manda a hacer puñetas.
Abascal, has engañado a tus votantes. La próxima vez te va a votar tu PM por que me gusta la fruta. Lo mismo para perro Sánchez, Feijó, y demás