La conexión eléctrica

En estos tiempos de frío nos venimos escandalizando de la subida del precio de la electricidad. Oímos que las pérfidas empresas eléctricas pueden haber falseado la última subasta eléctrica; una puja que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia calificó de «atípica».

Esta polémica plantea la cuestión de los llamados sectores regulados, como, por ejemplo, el de la electricidad, pero también el del gas, el del agua o el de las telecomunicaciones. En un sentido más amplio, también serían sectores regulados el transporte, pero también la educación o la sanidad privatizadas. En realidad, buena parte de los servicios que se consideran esenciales para la comunidad se tienden a regular, con la finalidad de garantizar la máxima calidad del servicio al mínimo precio. Otro tema es qué entendemos por esencial. Hasta el momento, seguimos considerando esenciales todas las actividades relacionadas con una forma de subsistencia cada vez más sofisticada. Este concepto de lo esencial hace que el ciudadano se considere cada vez más investido de derechos frente a un Estado proveedor y que hayan crecido en número e importancia los sectores a que aquí me refiero.

En cualquier caso, lo que está claro es que del acierto en la regulación de estos sectores esenciales depende, en buena medida, lo que solemos llamar nuestra calidad de vida; pero también un funcionamiento económico saludable. Esto resulta evidente en el sector eléctrico, ya que la energía es uno de los costes que soporta cualquier industria o empresa, por lo que su competitividad va a depender, en buena medida, de que consigamos garantizar una energía de calidad y a un precio reducido.

Pues bien, en el sector de la electricidad -como en muchos otros sectores regulados- en los últimos años se ha visto la mayor concentración de estupidez e ineptitud político-administrativa que podamos imaginar. Ineptitud que está exasperando por igual a los dos elementos claves del buen funcionamiento del sector: consumidores y empresas reguladas.

Desde los economistas clásicos, esos que se estudian en la facultad, sabemos que la clave para el buen funcionamiento de estos sectores es la existencia de un organismo regulador/supervisor que funcione eficazmente. ¿Cuál es su finalidad? Lograr que se alcance un equilibrio razonable entre los intereses de los consumidores, es decir, que se les preste un servicio variado y de calidad a bajo precio; y los intereses de las empresas que presten el servicio, que, como toda empresa, lo que perseguirán es obtener una rentabilidad razonable a cambio de la inversión que realizan. No podemos ser tan cínicos como para escandalizarnos de que una empresa aspire a obtener y maximizar su beneficio. Ya sé que vivimos en un país donde escasea el espíritu empresarial, pero si alguno tuviéramos la osadía de montar un negocio, invirtiendo nuestros ahorros, ¿no aspiraríamos a ganar dinero o simplemente estaríamos interesados en dar el mejor servicio con unas buenas pérdidas?

En un mundo ideal tendríamos un organismo regulador dotado de independencia de los políticos y de las empresas del sector regulado, en el que sus consejeros o vocales fueran seleccionados por criterios estrictamente profesionales. He puesto varias veces el ejemplo de cómo se selecciona en Reino Unido al Gobernador de su Banco Central: mediante concurso público de méritos al que se puede presentar cualquiera que cumpla los requisitos de la convocatoria y selección por un Tribunal en función de los méritos de los candidatos. Como curiosidad, en la última convocatoria salió elegido un canadiense.

Supongamos que ya tenemos un organismo independiente y profesional. Vamos a verle ahora en funcionamiento. Ese organismo debería tener capacidad para diseñar una estrategia del sector a largo y medio plazo, de modo que se cree un entorno seguro para los consumidores y las empresas que prestan el servicio, que atraiga la inversión y garantice calidad y precios estables. Para conseguirlo, lo primero que necesitaría tener es un diagnóstico claro del sector, una fijación de objetivos y la planificación de los escenarios para lograrlos.

Ahora bien, en la fijación de objetivos hay importantes decisiones políticas que realizar. Siguiendo con el ejemplo del sector energético: ¿queremos tener una presencia importante de la energía nuclear, en teoría de calidad y más barata, pero con costes indirectos y riesgos ciertos, o queremos apostar por energía limpia pero que todavía resulta bastante cara y que necesita producir en lo que se ha llamado régimen primado, esto es, subvencionado? Estas son decisiones políticas, pero que deberían tomarse con plena información, dada por el supervisor y oídas las empresas del sector, sobre los costes y beneficios, sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones. De modo que el ciudadano sea consciente de lo que se decide y por qué se decide y así pueda fiscalizar o asumir la decisión. Por desgracia no es infrecuente que el proceso sea el contrario: el político toma una decisión, que piensa que puede rentabilizar electoralmente, y a partir de ahí el regulador empieza a construir una justificación coherente con la que vendérsela al ciudadano confuso.

Además, el supervisor debería hacer de tal. Una vez diseñado un escenario a largo plazo, su función esencial sería la de establecer las condiciones de prestación del servicio y, en particular, su precio, de modo que se cumpla con la premisa de equilibrar el interés de los consumidores y el de las empresas. Para eso, el precio debería fijarse en función de los costes reales de la actividad, añadiendo una tasa razonable de rendimiento del capital invertido. Pero, por supuesto, el supervisor debe velar por que las empresas que actúen en el mercado regulado funcionen eficientemente. Si el supervisor no hace este trabajo correctamente, existen pocas garantías de que las compañías que operan en el sector regulado no aumenten los costes mediante una producción ineficiente, ya que saben que el precio que se fije siempre cubrirá esos costes más una rentabilidad razonable. Sin esa supervisión eficaz, no existen garantías de que las empresas no inflen costes artificialmente y mucho menos de que incorporen nuevas tecnologías que permitan abaratar costes y mejorar la calidad del servicio.

Hasta aquí lo que debería ser el supervisor. Veamos donde estamos. En nuestra legislación no hay ninguna cautela para que los consejeros de los reguladores sean seleccionados siguiendo criterios de profesionalidad e independencia, más allá de la buena voluntad de los órganos políticos a los que les toca elegir. De hecho, cada vez que hay que renovar a los miembros de un regulador comienza un grotesco espectáculo de contactos entre quienes se postulan para el puesto y aquellos que deben decidir o pueden influir en la decisión. Todo entre bambalinas, en la penumbra, oculto. Solo con alguna filtración periodística, más o menos interesada. ¿No serían mucho más saludables unos procesos públicos y abiertos de selección, a la vista de todos y en los que cualquier interesado que reúna los requisitos mínimos pueda concurrir? Procesos en los que decida un Tribunal o Consejo con criterios puramente profesionales. De este tema ya he hablado en otro artículo, por lo que no me voy a repetir aquí.

Lo del diagnóstico claro y la planificación a largo plazo que genere un escenario previsible ya es casi de risa. Desde 2009 hasta la fecha, se ha regulado un sector de la importancia del eléctrico mediante 10 decretos-leyes, que son normas que el Gobierno solo puede dictar en circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad». Arrebatos con escasa reflexión y sin un diagnóstico preciso. La Comisión Nacional de la Energía, en un extenso informe de 7 de marzo de 2012, señaló que, desde 2006, los costes de la energía habían aumentado muy por encima del precio que se pagaba por ella, lo que estaba generando un déficit de tarifa con una deuda acumulada de más de 21.000 millones de euros. Ese desfase lo imputaba en más de un 40% a la apuesta por energías ‘renovables’ subvencionadas (primadas). Las decisiones que nos han llevado a esta situación se tomaron sin un análisis serio de las consecuencias que iban a tener a largo plazo sobre el modelo.

Por último, la supervisión de la eficiencia de las empresas, de modo que quede garantizado el mejor servicio al menor precio y la rentabilidad razonable del sector, entre nosotros es simplemente ciencia ficción. No creo que haya ningún sector regulado en el que se haya intentado mínimamente.

Me resulta indiferente que la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de la Competencia pasen ahora a llamarse Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los problemas son profundos y exigen un cambio total de actitud. Teniendo en cuenta la importancia de los sectores regulados existentes, nos estamos jugando mucho. Lo que debería preocuparnos seriamente es si disponemos de un modelo eficaz de supervisión, que nos permita tener la certeza de que la Administración hace su papel eficazmente y que deja a las empresas privadas hacer el suyo.