LA DEUDA DE LOS DERECHOS O LOS DERECHOS DE LA DEUDA

En las Cartas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reconocen una serie ilimitada de derechos. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos que proclama: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (artículo 25). El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11); el derecho a un trabajo que proporcione como mínimo condiciones de existencia dignas para el trabajador y sus familias (artículo 7); el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12); y, en fin, el derecho de toda persona a la educación (artículo 13).

Para verificar el grado de cumplimiento de estos derechos se crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (uno de los muchos Comités de la ONU).

También existe un sistema europeo de protección de derechos humanos, con el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos a la cabeza; un sistema americano de protección, que se plasma en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y un sistema africano recogido en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. ¡Ya podemos estar todos tranquilos!

Los clásicos derechos liberales pretendían limitar la injerencia del poder en la vida de los ciudadanos. Se garantizaba así la libertad personal, que impedía que alguien pudiera ser detenido arbitrariamente; la libertad de pensamiento, ideológica y religiosa; la libertad de creación artística, literaria y científica; etcétera.

Frente a estos derechos clásicos, las nuevas generaciones de derechos económicos y sociales son derechos de prestación, en los que alguien debe dar algo a quien carece de ello en cantidad suficiente. Por supuesto, nadie repara en quién es ese alguien que debe dar, quién es el que carece, cuál es esa cantidad suficiente, cuánto cuesta eso ni cómo se financia. Simplemente todos nos consideramos con un derecho ilimitado a percibir la prestación en cantidad creciente hasta el infinito y más allá. Nos incomoda leer la letra pequeña.

Sin embargo, los constitucionalistas saben que estos no son auténticos derechos, sino aspiraciones de una sociedad democrática, que solo pueden realizarse en función de la capacidad económica de cada Estado. Eufemísticamente, y para que nadie lo entienda, se les denomina mandatos constitucionales de optimización, es decir, que imponen a los poderes que su concreción se realice en cada momento en la medida de lo jurídica y fácticamente posible. La determinación de lo que sea posible en cada momento es algo que corresponde al poder, mediante juicios de ponderación con otros mandatos de optimización que se sitúan, unos frente a otros, en una situación de tensión y concurrencia, aunque solo sea por la limitación de los recursos económicos del Estado. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional, la Constitución impone, por ejemplo, un deber de configurar el sistema de Seguridad Social “más adecuado para conseguir los fines constitucionalmente previstos”, pero siempre “dentro de las posibilidades reales que tampoco este Tribunal puede ni debe conocer ni valorar». En el constitucionalismo, el reconocimiento de estos derechos/mandatos de optimización no implica la prohibición constitucional de disminuir un nivel de protección alcanzado, si «la medida de lo posible en un momento dado», como consecuencia, por ejemplo, de un empeoramiento de la coyuntura económica general, hace necesario ese descenso del nivel de protección. Es decir, estos mandatos no contienen un principio general de lo que se ha denominado como «irreversibilidad de las conquistas sociales». Esto en pura teoría. A ver quién es el guapo que explica y defiende esto políticamente.

Por supuesto, estas cosas nadie quiere oírlas. Pero sigamos. Es que, aunque fueran derechos, tampoco nos hemos tomado la molestia de comprender el funcionamiento básico de esa institución. Desde primero de carrera se aprende que el derecho solo es uno de los elementos de una relación jurídica. El otro elemento, sin el cual simplemente no existen ni la relación jurídica ni el derecho, es el deber jurídico u obligación. Es decir, la realidad es que no existe un derecho si no hay alguien obligado a prestarlo. Sin esa obligación el derecho es una patochada, por muy solemne que sea el texto en que se proclame.

Y ¿quién es ese alguien obligado? Nadie y todo el mundo. Es decir, papá Estado. Y ¿de dónde se saca el dinero? Ah!!! El Estado se encargará. En los países democráticos esto genera una demanda ilimitada de derechos por parte de la ciudadanía, que los partidos políticos, si quieren seguir salir elegidos, tienen que recoger en sus ofertas electorales. Es decir, una auténtica burbuja que amenaza con devorar el propio sistema democrático. Y así nos va. Con todos los Estados democráticos, sin excepción, endeudados hasta las cejas para mantener esta carrera en la satisfacción de derechos.

En este blog, hemos señalado como en los 11 años que van desde 2000 a 2011 la deuda pública acumulada en el mundo ha pasado de 18 billones a 42,6 billones de dólares. Centrándonos en España es significativo señalar como en diciembre de 1980 la deuda pública sólo llegaba al 16,56% del PIB, con lo que repartida entre cada españolito sólo debíamos 700 € por cabeza. En diciembre de 2013 la deuda pública llegó al 92,1% del PIB, lo que supone que cada uno de nosotros debemos 20.538 €. Y la cosa sigue aumentando. Tampoco creamos que somos una excepción. Tomemos el país occidental que tomemos, todos están endeudados hasta las cejas. Por ejemplo, Francia lo está en un 92,2% o Estados Unidos en un 104,2%.

En España, más del 60% del gasto público se destina a prestar estos derechos económicos, sociales y culturales y la cifra tiene tendencia a crecer.

Y no es que sea imposible ni indeseable que los 7.600 millones de seres humanos de la Tierra tengan acceso a los derechos que proclama la Carta de Naciones Unidas. No. Es que si no se señala claramente al responsable de prestar esa obligación, todo es una farsa. Una mentira. Sencillamente, ningún Gobierno puede dar lo que la Carta promete. Todo lo demás es un engaño. ¿Y a quién hay que señalar?. Pues a cada uno de los ciudadanos que viven en este planeta. La Carta sería mucho más auténtica si dijera: cada persona es responsable de que la persona que tiene al lado pueda disfrutar de los derechos humanos; es decir, cada uno de nosotros somos responsables de que los demás no pasen hambre, tengan un techo dónde cobijarse, se les asista cuando están enfermos o reciban una educación. Pero claro eso sería asumir responsabilidades. Probablemente también estaríamos dando un paso de gigantes hacia una sociedad más Humana.