La reciente dimisión del Fiscal General del Estado nos permite reflexionar sobre el papel de una institución de la importancia de la Fiscalía en un funcionamiento democrático saludable.
En el antiguo proceso penal inquisitorial, el mismo juez que investigaba la existencia de un delito, acusaba a los presuntos responsables y, eventualmente, los condenaba. Este sistema tenía el grave inconveniente de que, durante la investigación, el propio juez iba perdiendo la imparcialidad necesaria para emitir un juicio sobre la culpabilidad de alguien sobre el que ya en la investigación se había formado un veredicto. Para evitarlo, el proceso penal fue evolucionando a otro denominado acusatorio, en el cual debía haber alguien que investigara y acusara a los presuntos responsables de un delito; y después un juez distinto que condenara o absolviera con imparcialidad. En un buen número de países, la primera fase de investigación y acusación se ha terminado atribuyendo a la Fiscalía. Sin embargo, en España la solución que se ha dado es distinta: la investigación inicial corresponde a un juez -el instructor-, la acusación a la Fiscalía y la decisión sobre la condena o la absolución a un juez diferente al instructor.
A mi juicio, ninguno de los dos modelos actuales es mejor o peor, siempre que se organice inteligentemente para conseguir el fin; es decir, que el proceso penal se desarrolle de forma justa y respetando los derechos de las partes. Pero lo que está claro es que, en cualquiera de los dos modelos, el papel de la Fiscalía es esencial: en otros países porque investiga los delitos y acusa; y en el nuestro porque tiene el monopolio de la acusación pública.
En España, para que se pueda seguir un proceso penal contra una persona, son al menos necesarias dos voluntades: la del juez instructor, que entienda que hay indicios suficientes para abrir juicio contra alguien, y la de una acusación, que quiera sostener la acción penal. La acción pública, esto es, en defensa de la colectividad, solo la puede ejercer el Fiscal. También puede acusar el directamente perjudicado por un delito, como acusación particular (los familiares de la víctima en el homicidio, el propietario en el robo). Y, por último, nuestra Constitución permite que cualquier ciudadano pueda acusar en defensa de un interés difuso a que se aplique la ley. Es lo que se conoce como la acusación o la acción popular (a todos nos suena el papel que ha tenido Manos Limpias). El problema radica en que, en sonados casos mediáticos, se ha cuestionado el papel de esta acusación popular. Todos recordamos el caso Botín, en el que ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado acusaban y solo lo hacía la acusación popular. En ese caso, el Tribunal Constitucional dictó una jurisprudencia según la cual, para sentar a alguien en el banquillo, no bastaba solo con la acusación popular, sino que era necesario que acusara además la Fiscalía o el perjudicado directamente por el delito.
La importancia de la Fiscalía es evidente: en la generalidad de los delitos de corrupción no suele existir un perjudicado en concreto por el delito, que pueda ejercer la acusación particular; salvo, en su caso la Hacienda Pública (que somos todos) representada por el Abogado del Estado. Pero claro, la Abogacía del Estado depende del Gobierno y está sujeta a las instrucciones que reciba del mismo. Por tanto, para perseguir al poder en los delitos de corrupción solo nos queda la Fiscalía, dado que no basta con que algún ciudadano o asociación decida ejercer la acusación popular; que por sí sola no es suficiente para que el juez pueda abrir una causa penal.
Resulta claro que, si no queremos vivir en una sociedad infantilizada e irresponsable, convendría clarificar legalmente el papel de la acusación popular para permitir que, en los casos de corrupción, baste con ella para que el proceso pueda continuar, si así lo decide un juez. Es decir, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería ir en la línea contraria a los borradores que andan circulando (que apoyan PP y PSOE) y que pretenden consagrar la limitación impuesta jurisprudencialmente sobre el ámbito de actuación de la acusación popular. Si saliese adelante lo que pretenden PP y PSOE la persecución de los delitos de corrupción que salpicasen a los políticos dependería aun más de la voluntad del Gobierno. Estamos viendo estos días como, en el caso de la Infanta, se está discutiendo si es aplicable la doctrina Botín y, por tanto, si puede sentársela en el banquillo acusando únicamente la acción popular.
Pero además ha de abordarse de una vez por todas la definición del estatuto del Ministerio Fiscal. El borrador de reforma procesal penal, siguiendo el sistema de otros países, pretende atribuir al Fiscal no solo la acusación sino también la instrucción de los delitos. Esto aumenta considerablemente su poder, pero, claro, sin afrontar simultáneamente una clarificación de su estatuto de independencia.
Ya he señalado que, en principio, da lo mismo que el Fiscal instruya o que lo haga el juez instructor, siempre que el modelo que se organice no sea una tomadura de pelo para procurar la impunidad de los delitos de los políticos. No estamos para aguantar una farsa de ese calibre. Y para ello, en uno u otro modelo, resulta imprescindible contar con una Fiscalía independiente, que pueda actuar al margen de presiones del poder político. Que tengamos la certeza de que cuando acusa al Presidente de la Generalitat lo hace por la convicción de que ha cometido delitos y no por que reciba consignas políticas; o que se emplea tan a fondo en los casos de corrupción que afectan al Gobierno como en los que se refieren a la oposición. Sin estas certezas, el modelo sencillamente parece un puro teatro de títeres en el que el poder político maneja los hilos. Y no creamos que la independencia del Fiscal es una cuestión pacífica: notables catedráticos defienden que debe ser un simple instrumento de política criminal del Gobierno. Por tanto, hay que estar atentos a este tema.
Es verdad que nuestro problema está en la propia Constitución que dice al mismo tiempo una cosa y la contraria: el Fiscal General del Estado es designado por el Gobierno y la Fiscalía está sometida a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Sin embargo, en el mismo párrafo nos dice que la Fiscalía actúa con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. ¿En qué quedamos?
¿Cómo se soluciona en otros países el dilema? En EE.UU. los fiscales son cargos electos: abogados a quienes los ciudadanos eligen para que ejerzan como fiscales y a los que el Estado pone los medios a su alcance. El modelo no funciona bien y menos lo haría en un país como el nuestro en el que los partidos políticos fagocitarían la elección. En España los fiscales se seleccionan mediante una oposición. Con todas las dudas que pueda plantear la oposición como procedimiento selectivo (en cuanto valora habilidades concretas que no tienen porqué definir a un buen o mal fiscal) lo cierto es que sí garantiza que accedan quienes hayan acreditado ante un tribunal haber adquirido unos conocimientos determinados. Es decir, es difícilmente manipulable en el sentido de permitir el acceso a amigos del poder de quienes luego se esperen actitudes dóciles. En un país como el nuestro, tan dado al nepotismo, esta ventaja es indudable. Por tanto, la independencia de la Fiscalía no falla en la selección, sino en la propia carrera profesional (ascensos, sanciones, etc.). Esta depende básicamente del Fiscal General del Estado y del Consejo Fiscal. Y ya hemos dicho que el Fiscal General es designado por el Gobierno, esto es, por su Presidente (hay que ser muy ingenuo para no saber que en materia de nombramientos el Gobierno se limita a validar lo que decide el Presidente). Resulta de risa la cantidad de nombramientos que dependen directa o indirectamente del Presidente del Gobierno de cargos esenciales para el correcto funcionamiento de una democracia.
Hay multitud de sistemas de elección del Fiscal General que mejorarían sustancialmente lo que tenemos. En este blog propusimos un sistema de selección de nuestras élites que garantizaría su independencia del poder político y su formación que sería perfectamente aplicable al Fiscal General.
Como sociedad debemos estar alerta a cada fallo del sistema y a cada reforma que nos proponen. No basta con el quejido lastimero de la casta es culpable y nos roba. Si queremos vivir en algo más parecido a una democracia y no en esta caricatura grotesca, hay que tener claro dónde estamos y pensar cómo se puede solucionar; y a partir de ahí ser exigentes con nuestros gobernantes. Nos jugamos mucho: nada menos que la diferencia entre vivir en una democracia o en una república bananera. En estos momentos la moneda está en el aire y puede caer de un lado o del otro ¿Qué va a ser?
Buen articulo en donde, Salama mismo, creo yo, ve grandes dificultades para una eleccion Imparcial, adjetivo que, para mi, casa mejor que independiente. Nada en los Poderes Publicos es Independiente. El Ministerio Fiscal es parte del Poder Judicial, con «autonomia funcional». O sea cumple una funcion singular. Bueno, en realidad, lo que se quiere decir con «independencia» es que sea «imparcial». O sea que no tome Partido. Pero no tomar partido no implica que no se tenga un pensamiento politico y que no se tenga como referencia la Constitucion Politica y su desarrollo organico.
La separacion de los Poderes, como concepcion de Montesquieu, perdio cierta vigencia al ser nombrado el Ejecutivo, su Presidente, por el Congreso de los Diputados compuesto por miembros , de acuerdo a la mayoria politica. Luego las Leyes emanan de ese Poder Legislativo y el Poder Judicial debe velar por su cabal cumplimiento. Es cierto que esto complejiza el ejercicio de los Poderes Publicos y es dificil que no exista cierta parcialidad.
Leido el articulo de Salama,conexo a este,de como se nombran las Elites. Puede uno controvertir sobre la «meritocracia», que evidencia que la facultad valorada puede ser el velar por la ley consagrada, Esto puede impedir un desarrollo de la Constitucion y su dinamismo procesal.
Lo que es evidente es que la «imparcialidad» permite mayor accion «justa» que la parcialidad. Como la Ley, tiene un «hueco» interpretativo es complejo tema. Recordemos que, ya, desde Aristoteles el Hombre es «un animal politico»
¿Pero qué podemos hacer los ciudadanos?
Votar en unas elecciones a un partido o a otro no parece que fuese a solucionar las cosas.
Por otra parte, ¿cuál de los partidos merece credibilidad a ojos del ciudadano?
Al final se termina votando no al que se prefiere, no al que se elegiría con convicción sino nada más al que suponemos el “menos malo”; para venir así a resultar que el partido que gobierna a lo largo de cada legislatura no ha sido en verdad el deseado por quienes les votaron y sí nada más al que se resignaron.
Y luego, además, y tal y como está el panorama actualmente en que ninguno de los grandes sacaría posiblemente mayoría, aquel que más votos sacó (aun votado sin todas las ganas del mundo), digamos partido A, se ve obligado a pactar con otro (partido B) al que los que dieron sus votos al A es muy posible que no les guste en absoluto.
Y termina gobernando una coalición, una especie de amalgama descafeinada que ni es A, ni es B, ni la votó nadie y que, por aquello de los consensos y mandangas, es una cosa así como una sopa fría o un gazpacho caliente.
No sé por qué no tiene que haber en España, como sí hay en otros países, partidos más definidos, de marcada y claramente izquierda y marcada y claramente derecha. Y tener sus propios programas, todo lo radicales que estimen oportuno (aunque, también, todo lo que sea “extrema” tanto izquierda como derecha parece que produce sarpullido) y que él votante sepa si aquello que está eligiendo le convence realmente.
Pero en España no; en España todos los partidos quieren ser de “centro”, que no sé si es ser de centro o sólo estar colocado en el centro y tener así el abanico más abierto.
Vamos, que no hay diferencias sustanciales entre unos partidos y otros; que todos aspiran a gobernar pero no por hacerlo bien, sino por tener el poder, y el ciudadano no importa nada.
Pero… ¿qué hacer?
Abstenerse porque “todos son iguales” y meter la cabeza debajo del ala tampoco es solución.
Y votar en un acceso de rabieta, y sólo por castigar a lo ya conocido, al primer novedoso que llega prometiendo milongas inviables (por fortuna, que imaginadas llevadas a la práctica ponen los pelos de punta) pues tampoco parece que sea un criterio muy…
Así que, si los ciudadanos tenemos tan poquito arte y tan poquita parte (aunque se nos llene la boca con eso de “pueblo soberano”) en la decisión de quién nos gobierna, y los que nos gobiernan son tan determinantes en estos temas tan complejos de la Justicia, y si todos quieren tener más o menos las espaldas cubiertas y los hilos sujetos para no correr riesgos cuando cometan algún desmán… ¿para qué rayos hacemos falta ninguna los ciudadanos?
Por más, señor Salama, y entendiendo que usted tiene razón, que la sociedad queramos estar alerta y remediar algo, me temo que todo cuanto atinamos a hacer es, como se dice en algunos lugares de la geografía española, dar coces al aguijón.
Pero, ¿y de qué sirve?
“Hacienda Pública (que somos todos) “
Resulta triste que usted repita Propaganda sin el más mínimo análisis. La separación entre Estado y sociedad civil no es un artificio. ¿Por qué cree que los sueldos y derechos son superiores en el sector público? Con el dinero de otro paga cualquiera,…,
El Estado tiene una dinámica –corporativa–, y la facultad definidora (Hacienda, extracción forzosa de recursos) junto su efecto (violencia: policía, jueces, fiscales,…) son dinámicas de poder.
Es el poder es la política,…
“No estamos para aguantar una farsa de ese calibre. Y para ello, en uno u otro modelo “
Nunca en la historia la desigualdad o asimetría social ha provocado un cambio radical (revolución). O sea, que usted está para aguantar eso y mucho más. El porcentaje de personas dispuestas a modificar su conducta por “ideitas” siempre ha sido marginal. Y en general, solamente las afrentas a la idiosincrasia, que suele incluir la dieta, provocan una acción contundente de la masa social. Recordar por ejemplo los “caballeros asaltadores”. Todos los cambios “a piñón fijo” siempre han sido creados por las dinámicas de poder de las élites.
Es el poder es la política,…
“la propia Constitución que dice al mismo tiempo una cosa y la contraria “
¿Recodamos quien, cómo y cuando se escribió la Carta Otorgada del 78?
Es el poder es la política,…
“Es decir, es difícilmente manipulable en el sentido de permitir el acceso a amigos del poder de quienes luego se esperen actitudes dóciles “
Ciertamente no acabo de ver la conexión entre “Oposición” y “Fulano independiente”.
Es una visión “liberal” pero poco o nada tiene que ver con la realidad.
Recordando lo de “Hacienda somos todos”, quien paga manda. Las dinámicas internas del Estado son de grupos, la oposición no es garantía de nada. Especialmente en cuanto a no lesionar los intereses de la sociedad civil –que no son los intereses del opositor ni del tinglado corporativo del Estado–.
Es el poder es la política,…
Impecable síntesis de la funesta ambigüedad -en sentido formal y práctico- de la Fiscalía, dentro y fuera de un proceso judicial.
Añadiría que, una vez superada la oposición, forman parte del cuerpo de funcionarios y, las más de las veces en su mayoría, desempeñan sus funciones burocráticamente quedando bastante lejos de la actitud proactiva e imparcial de aplicación de la Ley.
Un saludo,